Desde que fue invitado a formar parte del comité asesor Ad hoc de Casa Presidencial para el proyecto de referéndum, el abogado Manrique Jiménez declinó, al considerar que la iniciativa que se pretendía plantear (y que finalmente se planteó) cercenaba las potestades de la Contraloría General de la República, lo que devenía en inconstitucional y, por tanto, en inviable para ser sometido a consulta popular.

El punto está en que existe una prohibición expresa de someter a referéndum temas tributarios y la Contraloría tiene incidencia tanto respecto de los presupuestos públicos como en lo referido al control del gasto que se hace de esos recursos. Por ello, se cuestiona que el proyecto de la administración Chaves Robles impediría revisar la legalidad de los procesos de contratación antes de ser ejecutados y limitaría la función del ente contralor únicamente a los procesos posteriores.

Para seguir aportando a esta discusión, mientras el tema está en estudio en la Sala Cuarta, conversamos con el especialista en Derecho Público y Constitucional, Manrique Jiménez Meza.