Nunca en la historia republicana del país se ha rechazado la reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para hacerlo, el constituyente previó que tal veto solo sería posible con 38 votos; mayoría calificada. En la práctica entonces, los magistrados en Costa Rica permanecen en el cargo de forma vitalicia, hasta que deseen jubilarse o fallezcan.

Pero los tiempos cambian. Y cambian mucho. De unos años para acá, el cuestionamiento acerca de las condiciones y requerimientos que la Asamblea Legislativa debe considerar para elegir a un/a magistrado/a o para sellar su reelección hacen parte de un intenso debate público. Dejó de ser un asunto de élites políticas, aunque ellas pesan, claro, pero las decisiones deben ponderarse con mucho mayor cuidado. Además de todo, la elección ahora es mediante voto público.

Se trata pues, de tema político de primer orden. Aun en casos en los que se perfilara como de un mero trámite, como por ejemplo en punto a la reelección del magistrado presidente de la Sala Segunda Porfirio Sánchez. Francamente, era casi que un formalismo. Hasta que el pasado 20 de agosto el abogado y ex-juez Mario Rucavado hizo públicas sendas objeciones a dicha reelección.

En el historial de Sánchez aparece el grosero rechazo a una acusación de acoso sexual contra un diputado años atrás, sentencia que debió enderezar un tribunal de trabajo superior de Sánchez Rodríguez, a la sazón juez. También se registra en su expediente cómo le negó derecho de lactancia a una defensora pública y para no dejar dudas de su conducta contra los derechos de juezas y magistradas, pidió derogar años después al acuerdo de Corte Plena que estableció en su día la paridad en los altos cargos de dirección política de ese cuerpo colegiado.

Un señalamiento serio es el relativo a la mora en su despacho. La concentración de atrasos da cuenta de 869 casos con retrasos promedio de más de un año (388 días) Peor aún, tiene 769 casos de litigio laboral y de riesgos laborales con retrasos de ¡827 días!

Como si todo eso no fuera suficiente, Rucavado denunció que Sánchez cometió un acto obsceno delante de una funcionaria judicial. Posteriormente, la jueza Silvia Arce, dio un paso adelante y se identificó como la víctima del hecho. Y a partir de ahí, la reelección de este lunes 2 de setiembre se ha convertido en un tema neurálgico que roza la integridad y la confianza en el Poder Judicial y ha puesto en batalla a la Asamblea Legislativa y a no menos de una veintena de organizaciones de mujeres que se oponen a la reelección, en tanto el magistrado acudió (acaso desesperado) a las poderosas armas de la judicialización del caso y también ha recibido apoyo de un grupo de empleados del Poder Judicial, aunque prácticamente todas las organizaciones gremiales y sindicales han preferido guardar sepulcral silencio.

Para analizar este caso conversamos mañana con Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia, Claudia Paz y Paz del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEJIL y con Ana Hidalgo, de la Red Feminista contra la violencia hacia las mujeres.