Alrededor de mil millones de personas, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, padecen alguna de las 400 enfermedades que devienen en trastornos mentales.

Tabúes, estigmatizaciones, discriminaciones y sub tratamientos que violentan los derechos humanos constituyen la realidad de un problema que cada vez tiene más incidencia personal, familiar, comunitaria y social.

Más allá de la ansiedad y la depresión, hablamos de trastornos muy variados como la bipolaridad, el obsesivo-compulsivo, desórdenes del comportamiento alimenticio, del social, de la personalidad, estrés postraumático, esquizofrenia y Alzheimer, como parte de una complejidad de salud pública.

Para atender estas condiciones como un derecho humano, Costa Rica aprobó una Ley de Salud Mental que introduce una definición más amplia del tema, incluye instituciones más allá del Ministerio de Salud y la CCSS, suma más profesiones en el abordaje y reconoce 22 garantías para los pacientes. Crea, además, un Órgano Técnico de Apoyo como instancia experta, remoza las funciones de la Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de Salud Mental y establece un enfoque multidisciplinario remozado en la intervención integral de los pacientes.

¿Por qué es tan necesaria esta nueva legislación? Solo para poner foco en una cuestión, el último Boletín Epidemiológico (#38) de este año, reporta 2.764 intentos de suicidios, de los cuales 1.882 fueron mujeres y el resto (882) hombres.

Para conocer los alcances a los que aspira el nuevo marco jurídico de salud mental, conversamos con la diputada Andrea Álvarez Marín y con el presidente del Colegio de Psicólogos, Angelo Argüello Castro.