La seguridad ciudadana es una de las constantes en la lista de preocupaciones de nuestra opinión pública y para evidenciarlo están frescos los datos que arrojó un exhaustivo estudio de opinión pública que hicieron el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica.

En gruesos trazos de resultados hay pocas sorpresas: por ejemplo, es congruente con nuestra percepción de inseguridad el que 65 de cada 100 habitantes consideren que el país como un todo es poco o nada seguro, pero al mismo tiempo que 63 de cada 100 estimen que el barrio en el que viven es seguro o muy seguro. Lo que sucede es que ver el vaso medio lleno aquí no es consuelo. Lo cierto es que 37 de cada 100 viven inseguros en sus casas. ¿Qué calidad de vida tiene casi el 40 % de nuestra población?

Otro resultado acorde con lo esperado es que sean las mujeres las más vulnerables frente a su seguridad, pues ellas perciben muy alto el temor de ser víctimas de un delito respecto de ellos, tanto a nivel nacional (72,7 % vs. 57,6 %) como en la propia comunidad (41,6 % vs.30,5 %)

¿Acaso seguimos perdiendo las y los ciudadanos el control de nuestros espacios públicos?

Afortunadamente, aún hay confianza en sistema. Los consultados en este estudio creen en mayoría (58,3%) que tenemos alguna o mucha posibilidad de resolver los problemas de la inseguridad y llama la atención que también más de la mitad de los ciudadanos (54,7 %) se consideren a sí mismos como parte de la solución. Eso es positivo si logramos articular políticas públicas que nos orienten y nos pongan en sintonía con el sentido de pertenencia y comunidad para enfrentar los desafíos de la seguridad ciudadana.

Otro elemento relevante es que también hay confianza en la Fuerza Pública, puesto que el 56 % la respaldan, aunque es cierto que apuntan a su limitada efectividad, pues el 62 % dicen que no capturan rápido a quienes delinquen.

Muy mal en la percepción de los ciudadanos aparece el Ministerio Público (más de un año ya por cierto sin Fiscal General en propiedad), 76 de cada 100 personas no concordaron en la política de persecución criminal, pues piensan que no se persigue por igual a ricos y pobres. Pero además también saca mala nota la aplicación de la justicia que no se percibe ni pronta ni cumplida en 6 de cada 10 consultados.

Para cerrar la semana y ahondar en otros temas de la encuesta como la tenencia de armas y el contexto de seguridad en la región centroamericana, conversamos con Randal Brenes, Oficial de Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).