Las denuncias de la Policía de Control de Drogas (PCD) y de Vigilancia Aérea, respecto de la desmovilización de los oficiales de detección de drogas en puertos, muelles y aeropuertos, así como el desmentido del ministro de Seguridad al respecto, dejaron al descubierto dos asuntos sustantivos: por un lado, que hay en curso un plan de reorganización del trabajo de los policías administrativas del país del cual no teníamos conocimiento y, por otro, que existen fuertes tensiones a lo interno de una cartera ministerial que resulta neurálgica en la coyuntura que vivimos.

Esto ocurre cuando el país enfrenta la ola de criminalidad más grande de su historia, por pugnas entre bandas que defienden territorios para el almacenaje, custodia y distribución de drogas. Este martes contabilizábamos 649 asesinatos violentos en lo que va del 2023, con lo que hemos pasado en tan solo dos años a triplicar el promedio diario de homicidios, de 1.4 a 4.2 de acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial.

Tal es la realidad que la inseguridad es el principal problema nacional y de acuerdo con el 70 % de la ciudadanía, la situación solo ha empeorado, según el último estudio de opinión de CIEP-UCR, que indica además que es creciente el porcentaje de la gente que desconfía que el gobierno pueda resolver esta grave situación.

Como si todo esto no fuera suficientemente preocupante, la semana pasada la expresidenta Laura Chinchilla, experta en temas de seguridad, advirtió acerca del peligro latente de entregar poder a las bandas de crimen organizado. "Hay que estar ojo al Cristo porque así como en algunos países se dio la tentación de contemporizar con bandas criminales o más bien de explotar el temor de inseguridad para justificar negociaciones indebidas o para justificar políticas de mano dura, no deberíamos descartar nada por acá".

Para poner en contexto todo esto, conversamos con el ministro de Seguridad, Mario Zamora.