Todos los propietarios de vehículos desean una rebaja en el costo del marchamo. De eso no hay duda. Pero es un tema que debe abordarse con cabeza fría.

Parte de la oposición en el Congreso ha logrado colocar con este tema al gobierno del presidente Chaves en un difícil predicamento, al obligarlo a ir un paso más allá de sus habituales frases ensayadas, para tener que explicar por qué vetaría una eventual disminución del costo del marchamo que pretende un numeroso grupo de legisladores.

En el aspecto técnico hacendario, las razones ante el faltante que provocaría reducir este impuesto son contables y sonantes. Se trata de 118 mil millones de colones que recibe el erario público a fin de año y que resuelven muchas necesidades de pago para el gobierno.

Pero en el aspecto social y político es harto difícil que ese hecho hacendario convenza a los dueños de automotores que todos los años esperan que el marchamo, en lugar de subir, baje de precio.

Ahora bien, respecto del proyecto en discusión: ¿Es cierto que esta iniciativa favorecería a las personas más con más poder adquisitivo? ¿De qué manera se debería resolver entonces el mal diseño del impuesto a la propiedad de los vehículos? ¿Cuánto perjudica a la política social reducir esta fuente de recaudación?

El Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, levantó la mano durante el polvorín que se ha desatado, aconsejando a la Asamblea Legislativa no aprobar la anhelada rebaja.

Para conocer más sus criterios técnicos conversamos con el economista Fernando Rodríguez.