El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) determinó una sentencia a favor de Costa Rica en el arbitraje por Industrias Infinito, en el caso de la mina Crucitas.

Esto evita un pago por $398 millones, pero aun así Crucitas sigue siendo un tema nacional, ambiental, social y económico que no se logra resolver.

Y encontrar cómo solucionar podría ser como “abrir una caja de Pandora”, ya que oscilamos entre quienes insisten en que tenemos allí un yacimiento de 2 millones de onzas (el de los cerros Botija y La Fortuna) con un valor al precio actual de $5 mil millones. Y otro en la saprolita (formación geológica en la roca), que es explotada de manera ilegal. Ambas situaciones nos colocan en posiciones como la del presidente Chaves dispuesto a abrir el tema a la extracción o buscar soluciones ambientales y sostenibles.

La explotación de las dos minas identificadas sería una tarea enorme, de un gran costo de inversión y con daños ambientales que seguirán profundizando los problemas que se enfrentan que nos pondrían en disputa incluso con Nicaragua, por la contaminación de las aguas.

La extracción minera no es un cajero automático que se le puede solo sacar, sin que haya graves consecuencias, como hay en otros países con este tipo de actividad.

Para tener más elementos técnicos de este tema conversaremos con el geólogo ambiental y especialista en evaluación ambiental, ordenamiento y planificación del territorio, Allan Astorga.