La tragedia de los femicidios tiene implicaciones tan profundamente dramáticas que extienden el círculo de violencia y lo amplifican hasta cobrar la vida de otras víctimas del entorno. La terrible muerte Britney Vílchez, de tan solo 13 años de edad, vuelve a poner en la discusión pública la inmensa responsabilidad que arrastramos en el Estado costarricense ante este flagelo.

La corta existencia de Britney fue un largísimo calvario. Cuando tenía seis años y su hermanito apenas uno, en 2016, el padre les mató a su mamá Margarita Espinoza (27 años) y a su abuelita doña Mayela Arce. Pero ella no recibió atención médica ni psicológica oportuna y el pasado 22 de setiembre, tan solo veinte días después de ser diagnosticada de un tumor cerebral, falleció sola en una cama del hospital México.

El reconocido activista en la defensa de los derechos de víctimas de femicidio, Oscar Morera, asegura que la inacción gubernamental, de la que achaca responsabilidad directa a la ministra de la Condición de la Mujer, terminó con la vida de la pequeña Britney. Porque ¿de qué sirve contar con una Ley de Reparación Integral para Personas Sobrevivientes de Femicidio, si en la práctica la desidia, la negligencia, la burocracia y la indiferencia ganan la partida?

Esta legislación, que ya tiene un año y medio de vigencia, establece que los sobrevivientes de las víctimas, deben recibir atención prioritaria y garantía de acceso a servicios públicos tales como asistencia médica, psicológica y psiquiátrica, becas de estudio, bonos de vivienda, además de asesoría y representación legal.

Pero Britney no recibió nada de eso. Y para profundizar en ello conversamos este jueves con Oscar Morera, de la organización Familias Sobreviviendo al Femicidio, y con Kevin Espinoza Arce, el joven tío que salvó a sus sobrinos de la perversa acción homicida del padre.