¿Se trataba de una componenda cualquiera como las que se ven todos los días en redes sociales para desacreditar enemigos? O ¿se trata más bien de una estructuración orquestada desde el más alto nivel del poder para manipular a la opinión pública? O acaso, ¿hay una especie de gestión conspirativa que pudiera colocarse en medio de los dos extremos anteriores?

Durante ya tres semanas, un escándalo que detonó la propia ministra de Salud a propósito de la ruptura de la relación contractual con su propio mercenario digital, ha escalado hasta colocarnos en una trama novelesca a la que cada día se le agrega un nuevo capítulo.

No pretendemos colocar la zaga en el nivel de la penetración funesta que sufrió Estados Unidos en las elecciones del 2016 a favor Trump o al grado de la injerencia algorítmica ampliamente demostrada en el referéndum por el Brexit en 2017.

Pero lo cierto, querámoslo o no, es que hoy tenemos abundantes elementos fácticos para reconocer que la democracia costarricense también está siendo amenazada a partir de redes de odio, mensajes políticos dirigidos a la descalificación con mercenarios digitales que están disparando a la institucionalidad para afianzar figuras o pseudo líderes salvadores en el pináculo de las esperanzas de un segmento muy voluble de la opinión pública.

El escándalo obligó el miércoles (acaso tardíamente) a la Casa Presidencial a intentar desmarcarse de la “acción unilateral”, según dijo, de funcionarios públicos, que contrataron servicios para sus campañas de odios y apoyos incondicionales. Pero el desaguisado está lejos de terminar.

Cerramos nuestra semana Hablando Claro con los experimentados comunicadores Esteban Mora y Boris Ramírez.