¡A la mierda! | alamierda.eu

Pedro Sánchez ha salido una vez más a escena para decirnos, con esa voz templada de telepredicador, que en sus siete años de gobierno ha «regenerado la democracia». Lo ha dicho sin que se le caigan los calzoncillos al suelo de la risa, lo cual ya es un mérito. Así que, ante semejante acto de contorsionismo verbal, uno no puede sino preguntarse: ¿a qué llama este señor «democracia»? ¿Y qué demonios entiende por «regenerar»? Porque si regenerar es lo que ha hecho, que venga Montesquieu y lo vea. Ah, no, que ya lo mataron.

Hay que reconocer que el Gobierno tiene una virtud: la de la comedia involuntaria. Esta semana nos ha regalado un nuevo episodio de realismo mágico sanitario con la presentación de la Estrategia Española de Salud Global 2025-2030. Un plan que suena a himno planetario, escrito entre las nubes de la ONU y las volutas de incienso de algún foro de Davos. España, según sus autores, se erige como adalid de la salud mundial, defensora de los derechos humanos y arquitecta de un nuevo orden sanitario global. Ole, ole y ole.

Últimamente oigo a algunos rasgarse las vestiduras porque las instituciones en España se están yendo al carajo. Que si el gobierno nombra amigotes, que si no hay separación de poderes, que si los presupuestos ni están ni se les espera. ¡Pero por favor! ¿Ahora os dais cuenta? Es como si hubiéramos confiado la seguridad de un hospital a un curandero porque nos caía simpático, y luego nos indignáramos al ver recetas con pócimas de ruda y sanguijuelas.

España no es una democracia liberal, es un feudo partitocrático donde los ciudadanos votan una vez cada cuatro años y callan el resto del tiempo. No hay sistema de contrapesos, ni independencia institucional, ni dignidad parlamentaria: hay una coreografía de cartón piedra, con urnas, aforados y ruedas de prensa sin preguntas.

Últimamente están saliendo múltiples casos del gobierno y su partido político que huelen a chamusquina. Contratos opacos, colocaciones estratégicas, blindajes judiciales exprés… Y de repente, todo el mundo se lleva las manos a la cabeza.

Francamente, me sorprende que sorprenda. Porque si uno abre la hemeroteca y bucea en las entrañas de la historia reciente, lo que encuentra es directamente acojonante.

Qué velocidad, qué sprint, qué donaire para el disimulo. Miguel Ángel Gallardo, exalcalde de Villanueva de la Serena, ha batido récords: menos de 24 horas entre aceptar el escaño autonómico y abrazar el cálido abrazo del aforamiento.

Tan rápido fue el movimiento que la jueza apenas tuvo tiempo de abotonarse la toga antes de que le cambiaran el terreno de juego. ¡Zas! De juzgado ordinario al Tribunal Superior de Justicia. La justicia, como el tren, depende del billete: clase turista para los mindundis, preferente para los bien colocados.

En el inmenso circo semántico del Estado moderno, pocas palabras han sido tan prostituidas, vejadas y vaciadas de contenido como el adjetivo “gratuito”. Nos lo lanzan a la cara con la alegría de un trilero borracho: sanidad gratuita, educación gratuita, transporte gratuito, vivienda gratuita.

Pero no nos engañemos: lo gratuito no existe. Lo que no pagas tú directamente, lo pagará otro por ti. O, para ser más precisos: lo pagará el pringado de siempre, el ciudadano ordeñable, el contribuyente neto, ese esclavo fiscal que no puede esconderse en un despacho ministerial ni refugiarse en una deducción creativa. “Lo pagamos entre todos”, dicen con sonrisita de comunión. Pero el “todos” siempre acaba siendo “unos pocos”, los que no saben ni cómo deducirse el café del bar.

Nos dijeron que el Estado del Bienestar era un avance civilizatorio. Que por fin íbamos a vivir seguros, protegidos, cuidados desde la cuna hasta el ataúd. Que el Leviatán moderno era un padre amoroso y no un inspector de Hacienda con complejo de niñera. Y nos lo creímos… incautos.

El problema es que este Estado del Bienestar no es bienestar, ni es del pueblo. Es una red clientelar sostenida con el sudor de los que producen, para que funcione como red de seguridad para los que no lo hacen… y de paso, como alfombra roja para los burócratas, los políticos y su séquito de intermediarios innecesarios.

Dice el Gobierno que la economía va como un tiro. Que el empleo bate récords. Que el PIB se comporta como un alumno aplicado. Que todo va de maravilla. Y uno, claro, se lo creería, si no tuviera la costumbre reaccionaria de leer los datos. Porque basta con rascar un poco en el esmalte de los titulares para descubrir que debajo no hay oro, sino pintura barata.

Empecemos por el mercado laboral, ese animal mitológico que, según el Ejecutivo, galopa libre y robusto por los prados del progreso. ¿Récord de ocupados? Sí. Pero con matices: fijos discontinuos, parciales, contratos que parecen indefinidos pero duran menos que un trending topic. En febrero de 2025, un 27% de los contratos «fijos» eran fijos discontinuos. Es decir, indefinidos de quita y pon. Y otro 25% eran a tiempo parcial. Bienvenidos al paraíso de la precariedad estable.

A todos los políticos se les llena la boca al condenar el régimen nazi, y en eso, sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo, porque pocas ideologías han parido un engendro tan repugnante, criminal y totalitario. El nazismo fue una maquinaria de exterminio revestida de himnos, condecoraciones y discursos patrióticos. Una cloaca histórica que merece cada gramo del desprecio universal que genera.

Pero, ay, qué curioso: una parte del legado nazi parece haberse colado sin pudor en los manuales de estrategia de más de un partido actual. Me refiero, por supuesto, a la máquina de propaganda de Joseph Goebbels.

Hay una peste silenciosa que recorre Europa, más tóxica que el mal vino y más asfixiante que un BOE en pleno agosto: la peste de la hiperlegislación paternalista. Esa que, bajo la máscara del bien común, te roba el derecho a decidir en nombre de tu supuesta protección. La nueva religión estatal no tiene santos ni dogmas: tiene reglamentos, normativas y artículos por centenares. Y todos dicen lo mismo: “No se preocupe, ciudadano, nosotros pensamos por usted”.

Pues miren, no. No quiero que piensen por mí. No quiero que me protejan como si fuera un niño de seis años con una venda en los ojos. Quiero —y exijo— mi derecho humano a equivocarme.