José Luis Ábalos, en prisión provisional por el ‘caso Koldo’, será citado a declarar en el Senado el próximo 8 de enero. 

La citación llega tras conocerse la auditoría encargada por el PSOE, que descarta financiación ilegal en el partido. Aunque detecta gastos “llamativos” durante la etapa de Ábalos como secretario de Organización: comidas en restaurantes, hoteles en París y facturas en Bélgica y Andorra. 

El informe concluye que el sistema de caja es “coherente y verificable”, sin movimientos externos, pero señala pagos impropios vinculados a Ábalos y su entorno.

2. El PSOE despide a una trabajadora para colocar a la jefa de prensa de Alegría

Pilar Alegría, líder del PSOE en Aragón y candidata el 8 de febrero, ha ordenado cesar a una asesora del grupo municipal en Zaragoza para contratar a su jefa de prensa, Rebeca Muñoz. Con un sueldo de unos 55.000 euros como asesora. Rebeca Muñoz trabajó con Pilar Alegría en el Ministerio de Educación, y goza de su confianza, por lo que ahora se incorpora para dirigir la campaña.

Según publica ABC, la decisión fue ejecutada por la portavoz municipal Lola Ranera. Ha contribuido a generar aún más malestar interno, ya que se suma a la exclusión de perfiles cercanos al expresidente Lambán en las listas. 

En el partido definen a Rebeca Muñoz como “comisaria política”, por su control sobre la comunicación y su intervención directa en medios para vigilar comentarios sobre Pilar Alegría.

Hungría se suma a Italia y prohíbe la venta de carne sintética

Hungría ha prohibido la producción y venta de carne cultivada en laboratorio.

No es el primer país europeo que lo hace, ya que Italia ya anunció el veto a este producto sintético, hecho artificialmente en el laboratorio, bajo criterios medioambientales. 

El Parlamento húngaro aprobó la medida por motivos de salud, soberanía alimentaria y también medioambientales.

El Gobierno de Viktor Orbán, promotor de la iniciativa, ha explicado que la carne sintética no es segura ni sostenible. Y que además deja el control de la alimentación en manos de grandes corporaciones, desplazando al sector primario (a los ganaderos y también agricultores).

La norma, que entrará en vigor tras la ratificación presidencial, afecta a todos los alimentos elaborados con cultivos celulares de origen animal, salvo los usos médicos y productos vegetales que imitan carne.