Después de una larga espera, se conocieron las dos primeras sentencias del Tribunal de Justicia Transicional, creado en 2017, relacionadas con dos macrocasos. El primero aborda el secuestro sistemático cometido por las FARC durante el conflicto armado, un delito que afectó a cerca de 50.000 colombianos, quienes vivieron una experiencia comparable a una muerte en vida. La sentencia condena a la antigua cúpula de las FARC a ocho años de cárcel como pena máxima, aunque no implica prisión tradicional, ya que se trata de una sanción restaurativa, en línea con el enfoque del tribunal, el cual forma parte de la justicia transicional pactada en el Acuerdo de Paz. Esta justicia reconoce que tanto las FARC como el Estado colombiano, a través de la Fuerza Pública, cometieron crímenes atroces en un conflicto complejo. Sin embargo, muchas víctimas han criticado a la JEP porque consideran que las sanciones no reparan adecuadamente el daño y que los condenados no han aportado suficientemente a la verdad. Ante estas dudas, el magistrado Camilo Suárez, de la Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz, fue entrevistado para explicar el alcance y la naturaleza de estas sentencias iniciales, así como para responder a los cuestionamientos surgidos en torno a ellas.

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