Causa y Efecto — Bio Bio

A raíz de una minuta del Ministro del Interior donde indicaba que se cancelarian los conciertos durante los juegos Panamericanos y Parapanamericanos por falta de personal de Carabineros, que horas después rectificarian,, se ha vuelto una tendencia del gobierno la falta de desprolijidad en muchos detalles, en un momento dónde está fuertemente cuestionado por los robos de computadores.

La mañana del jueves se conoció el robo de 23 computadores en el ministerio del Desarrollo Social, donde unos asaltantes, suplantando la identidad del ministro Giorgio Jackson lograron retirar estos implementos junto con una caja fuerte que aún no ha sido encontrada. Nuevos antecedentes surgen a partir de la declaración del chofer de Uber que realizó el transporte de los equipamientos esa noche.

Más interrogantes han surgido tras el robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social y pese a que se han revelado más antecedentes de la dinámica de lo ocurrido las dudas persisten e incluso aun cuando ya se ha formalizado a dos personas por lo ocurrido. Un complejo escenario en donde ha salido a la luz la voz de quienes trabajan dentro del ministerio ya que hablamos de un recinto que debe contar con las medidas de seguridad más exigentes y lamentablemente con esto que ha sucedido solo quedan en evidencia las falencias que presenta.

Un complejo escenario enfrenta la política tras el robo de 23 computadores desde el Ministerio de Desarrollo Social y ante el hallazgo de Carabineros, la interrogante que surge es sí esto corresponde a un delito común o hay una connotación política detrás. Dudas razonables en torno a una investigación que recién está comenzando a levantarse y que podría revelar más antecedentes de la dinámica de lo ocurrido ya que hablamos del robo bajo la modalidad del “cuento del tío” al propio Gobierno de Chile y lo cual también ha dejado en evidencia el deficiente protocolo de seguridad ante estas situaciones.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el requerimiento que se presentó un grupo de parlamentarios junto a la CPC por la denominada ley de delitos económicos y la cual hoy cobra más relevancia en el debate público a raíz de las diferentes irregularidades que han salido a la luz tras el caso Democracia Viva. Un proyecto que ya es calificado como constitucional y que seguirá su avance legislativo pero desde el Gobierno desestimaron los argumentos que se presentaban desde los gremios empresariales y comerciales.

Se acabó el plazo y más de mil indicaciones fueron presentadas al Consejo Constitucional para el ante proyecto elaborado por la Comisión Experta en donde ahora queda abierto un espacio en donde se busca generar consensos y disensos en torno a lo que proponen las fuerzas políticas. Un escenario que no es menor ya que representa la posibilidad de una nueva constitución para el país y de cara a los futuros desafíos electorales que se avecinan y que representa una oportunidad para no repetir los errores que se cometieron en el proceso anterior.

El incremento de la participación internacional de China no es una novedad pero su implicancia dentro de Latinoamérica y el Cariba sí se ha convertido en un tema de interés dentro de la la región por todo lo que implica y tras la cumbre Celac-UE en Bruselas el debate persiste en muchas temáticas. Un alto poder económico que ha permitido a China convertirse en una de las naciones más relevantes en lo que respecta a la inversión y el impulso de la economía en países como el nuestro y más de América Latina con proyectos sumamente ambiciosos como un puerto en el océano atlántico y modernizar sus conexiones con el Pacífico.

La caja de pandora tras el caso fundaciones sigue sorprendido con el incremento de organizaciones involucradas en posibles hechos de corrupción. Administrados en una especie de tierra de nadie y con involucramiento de diferentes autoridades desde gobernaciones regionales y secretarías de Estado. Un escenario que pone en evidencia la necesidad de modernización en el Estado para que dejen de existir estos espacios ambiguos en el traspaso de recursos públicos a entidades que deben realizar tareas específicas y que a veces suponen un financiamiento indirecto en la política.

Se rechazó la acusación constitucional en contra del ministro Marco Antonio Ávila y el intento de sacarlo del gabinete finalmente se tradujo en una división dentro de Chile Vamos por el sector de Evópoli que decidió rechazar la medida y pese a reconocer que la educación chilena hoy enfrenta serias deficiencias. Un momento que se da en una fuerte crisis de institucionalidad y con una agenda educativa sumamente cuestionada desde algunos sectores más conservadores pero que en lo valórico finalmente no supuso un argumento contundente para que la acusación constitucional hacia el secretario de Estado prospere. Sin embargo, los desafíos en la materia persisten y el comienzo del segundo semestre académico será un momento decisivo en lo que respecta a movilizaciones y petitorios por parte de los estudiantes y docentes.