El Gobierno de México, a través de la Comisión Presidencial por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa, iniciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) los recursos legales correspondientes para investigar a funcionarios de la Fiscalía, ministerios públicos y jueces, con el objetivo de deslindar responsabilidades por la violación al debido proceso en las indagatorias de la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, que derivaron en la liberación de 53 presuntos delincuentes —uno de ellos acusado de desaparición forzada— y la disolución de 63 pruebas.

Así lo anunció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia de prensa matutina.