Pedro Sánchez utiliza una visita al Valle de los Caídos para desviar la atención de acusaciones de corrupción relacionadas con su esposa. Esta táctica busca contrarrestar críticas de otros partidos y generar apoyo electoral. Sin embargo, la visita se considera ilegal y moralmente cuestionable. Las preguntas sobre las relaciones de la esposa de Sánchez con empresas contratadas por el Gobierno persisten sin respuesta.