Dando Caña

De lunes a viernes, Dando Caña, programa de El Toro TV, vuelve para ser el azote a la política, el altavoz de las noticias que otros medios silencian y el espacio de debate que incomoda a las élites. Análisis, debate y actualidad en el programa que no se acobarda.

La suma de la invasión terrestre en el Tarajal, el asedio naval con buques de guerra y la instrumentalización de la flota pesquera dibuja una maniobra de guerra híbrida cuyas principales incógnitas continúan sin despejarse. El primer ataque fue el visible: la marea humana agolpada en la frontera terrestre y las playas ceutíes. Sin embargo, mientras miles de personas cruzaban el espigón del Tarajal, en el ámbito marítimo se ejecutaba una estrategia de presión calculada. El segundo elemento lo constituyó la penetración no autorizada de la Marina Real marroquí en aguas de soberanía española. Durante los días más críticos de finales de julio, Rabat movilizó al menos una fragata y varias patrulleras, entre ellas el Mohammed VI, buque insignia de la flota alauita. Las incursiones comenzaron el 30 de julio, pero la respuesta naval española demoró días en visibilizarse en la ciudad autónoma: el Buque de Acción Marítima Rayo, enviado desde Canarias, no arribó a Ceuta hasta el 3 de agosto, pese a existir unidades de la Armada desplegadas previamente en el área del Estrecho. Fue necesaria la posterior movilización de las fragatas Santa María y Navarra, procedentes de la base naval de Rota, para que la presencia marroquí finalmente cesara. El tercer elemento, hasta ahora desconocido, completa la fotografía del conflicto. Las autoridades españolas interceptaron instrucciones directas orientadas a que pesqueros marroquíes se adentraran ilegalmente en aguas de Ceuta de manera coordinada. La simultaneidad de estos tres vectores (migratorio, militar y civil instrumentalizado) anula la hipótesis de la casualidad. Además, conocemos la última hora sobre la juez Biedma, y cómo afectaría la unión de PP-Vox en las próximas elecciones desde el Senado. En la mesa del debate contamos con José Ramón Riera, Luis del Pino, Josep María Francàs.

Un entramado millonario en el que ha tenido que entrar en más de una ocasión los tribunales para llevar a cabo desahucios, sí desahucios, como el de Maricarmen que ahora quiere ponerse como bandera de resiliencia. Pues ni desahucios ni fondos buitres ni grandes tenedores, para Mínguez es una empresa familiar, que cumple con la ley, que paga sus impuestos... y como no, toda esta información no es más que un ataque personal. Como cuando se quiere informar sobre las supuestas tramas delictivas de Begoña Gómez o como cuando se pide información sobre las joyas de Zapatero, para ellos, todo son ataques personales sin fundamentos. Pero, qué curioso. Cuando el PSOE habla de los grandes propietarios, el discurso se llena de acusaciones contra la especulación y los negocios inmobiliarios. Pero cuando las preguntas afectan al entorno de su propia portavoz, entonces resulta que tener decenas de pisos en alquiler es una actividad empresarial perfectamente respetable. De nuevo falta de coherencia, o quizá, Montse Mínguez debería ir a la Puerta del Sol a explicar a los acampados cuando eres bueno por tener decenas de pisos o cuando te conviertes en el malo de la película si pides desahuciar al inquilino que lleva meses sin pagarte la renta. Pero el caso de la portavoz no es algo aislado.

En el programa de hoy, analizamos el Desfile del 12 de Octubre protagonizado, de nuevo, por los pitos y abucheos a la llegada de Pedro Sánchez. Un desfile que contó con la ausencia de varios ministros y también de Santiago Abascal que viajó hasta Ceuta para celebrar el Día de la Hispanidad allí. Precisamente, hoy han viajado hasta la ciudad autónoma los Reyes en un viaje histórico. También, analizamos los sondeos electorales previos a las elecciones generales: todos coinciden en dar la mayoría absoluta al bloque formado por el PP y VOX. El Tribunal Supremo mariene para el 29N la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la 'ley de nietos'. El Gobierno valora ahora llevar la decisión hasta el Tribunal Constitucional. En la mesa de análisis: Alejandra Nuño, Arturo Moreno, Josep María Francás, Ignacio Basco y Julio Ariza.

De lunes a viernes, Dando Caña, programa de El Toro TV, vuelve para ser el azote a la política, el altavoz de las noticias que otros medios silencian y el espacio de debate que incomoda a las élites. Análisis, debate y actualidad en el programa que no se acobarda.

Esta fijación por gobernar por la vía del tráfago legislativo y la excepción permanente muestra a un dirigente dispuesto a cualquier maniobra con tal de conservar el poder. Si en su día prometió traer de vuelta a Carles Puigdemont para sentarlo ante la justicia y acabó entregándole la amnistía a cambio de sus votos para la investidura, la incógnita resulta obvia y alarmante: si es capaz de perdonar a un fiscal general condenado para salvar el relato, ¿Cuál será la siguiente cesión para asegurarse unos cuantos años más en el Palacio de la Moncloa? ¿Un referéndum de autodeterminación en Cataluña? El patrón de saltarse al Legislativo mediante argucias reglamentarias no es nuevo, pero en este periodo preelectoral alcanza un cariz crítico. Ahí está el caso del rescate financiero a RTVE. Tras el sonoro varapalo sufrido en julio, cuando el Congreso de los Diputados tumbó la fórmula inicial para compensar los tributos no deducibles de la corporación pública, el Ejecutivo pretende ahora aprovechase del periodo entre legislaturas para colar un Real Decreto. A este escenario de decretazos e intervenciones se suma el intento de condicionar el marco judicial y electoral. Mientras minimiza la corrupción real que salpica a su entorno tildándola en parte de ficción mediática y judicial, Sánchez no duda en dirigirse al Tribunal Supremo para exigirle de forma apremiante que resuelva el derecho al voto de los afectados por la suspensión de la ley de nietos. ) En definitiva, estamos ante la fase más delicada de la legislatura. Cercado por las decisiones judiciales y con las Cortes disueltas, el presidente del Gobierno liquida los contrapesos democráticos en una carrera a la desesperada. Un escenario que convierte estas ocho semanas previas a las urnas en el momento más peligroso de la política española. En la mesa de 'Dando Caña': Isaac Parejo, Álvaro Ballarín, Josep Maria Francàs y Rubén Herrero.

Detrás de este salto cualitativo se encuentra el último y demoledor informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La reconstrucción de los agentes deja de lado las meras represalias reputacionales para adentrarse en terreno penal punible de la máxima gravedad: contactos directos con el entorno del narcotráfico y testimonios explícitos que apuntan a una estrategia para eliminarla físicamente. La clave reside en las declaraciones de testigos como Cintia Rocho, vinculada a clanes de Badajoz, quien reveló a la UCO cómo uno de los colaboradores de la 'fontanera' socialista Leire Díez llegó a afirmar que a la jueza había que eliminarla. Todo ello bajo la sombra de aquella inquietante anotación hallada en la agenda de Díez que hoy cobra un sentido tan macabro como revelador. Conviene recordar cuál fue el desencadenante de semejante maquinaria de persuasión y hostigamiento. Beatriz Biedma cometió el atrevimiento de hacer su trabajo. Le tocó la instrucción contra David Sánchez Pérez-Castejón y no miró hacia otro lado: formuló las preguntas incómodas sobre la verdadera actividad de la Oficina de Artes Escénicas, analizó con rigor más de 64.000 correos electrónicos y mantuvo la firmeza contra viento y marea, resistiendo las presiones procesales y los embates de una Fiscalía empeñada en restar trascendencia al asunto. La causa, que acabó saldándose en la Audiencia Provincial con nueve años de inhabilitación por prevaricación para el hermano del presidente, convirtió a la juez en el objetivo prioritario del aparato paramilitar de Moncloa y Ferraz. Lo que revela este episodio supera cualquier límite admisible en una democracia funcional. Cuando un partido en el poder es capaz de tejer una red paralela con exmagistrados expulsados, fontaneros de partido, maniobras y presuntos encargos al entorno del crimen organizado con tal de blindar a la familia del presidente y salvar el cuello político, la frontera de la institucionalidad queda pulverizada. No se trata solo de desarmar a una jueza incómoda; se trata de lanzar un aviso a navegantes al conjunto del Poder Judicial. El mensaje implícito del sanchismo y sus satélites es inequívoco: quien ose investigar al entorno de la Presidencia no solo se expone a la muerte civil y al linchamiento mediático, sino a que los tentáculos de la 'cloaca' llamen a la puerta de su vida privada. Además, conocemos la última hora sobre la declaración de Beatriz Biedma y el papel del rey en su visita a Ceuta. En la mesa de 'Dando Caña' contamos con: Marcos de Quinto, José Ramón Riera, Julio Ariza, Josep Maria Francàs y Roberto Marín

Con el reloj en contra, Moncloa ya diseña su atajo definitivo: acudir de urgencia al Tribunal Constitucional para que suspenda la cautelar del Supremo y permita votar a los nacionalizados antes de entrar a juzgar el fondo del asunto. El argumento del Gobierno se basa en que votar es un derecho irreparable. Sánchez creó la urgencia al adelantar las elecciones sabiendo que la Abogacía del Estado era incapaz de revisar 170.000 expedientes dudosos antes de 2027. Ahora pretende que el Constitucional actúe como un rodillo exprés a su servicio. Sin embargo, frente a las maniobras de Moncloa, existe una rendija legal dentro del propio Tribunal Constitucional que podría frenar en seco esta operación: la regla del cuórum. En el TC, la Ley Orgánica que lo regula exige la presencia mínima de dos tercios de sus miembros para poder constituirse y adoptar cualquier acuerdo válido. Con un pleno compuesto por 12 magistrados, la presencia de al menos 8 de ellos es indispensable para que el órgano pueda deliberar y votar. En estos tiempos, decisiones de este TC, han salido adelante por ajustadísimas mayorías doctrinales de 7 votos a favor frente a 5 en contra. La aritmética es demoledora: si los 5 magistrados del bloque conservador decidieran plantarse, ausentarse o negarse a conformar sesión ante lo que consideren un atropello al censo electoral, el Constitucional quedaría paralizado sin cuórum legal (al contar solo con 7 de los 8 miembros necesarios). Sin ese cuórum, el tribunal simplemente no puede tomar ninguna decisión, impidiendo que Moncloa consiga el levantamiento exprés de la suspensión dictada por el Supremo. En un momento donde la credibilidad de las instituciones cotiza bajo mínimos, la minoría del órgano debería plantearse seriamente si debe prestarse a validar de urgencia una maniobra que arriesga viciar el censo electoral del 29-N. Además, rememoramos la desastrosa gestión del transporte con Pedro Sánchez al frente. Hoy, en la mesa de 'Dando Caña': Esperanza Aguirre, Luis del Pino, Josep María Francàs y Javier Pérez. #Gobierno #PedroSánchez #Votaciones #EleccionesGenerales #EsperanzaAguirre #LuisDelPino #JosepMaríaFrancàs #JavierPérez

En su comunicado oficial, CC, OO, y UGT sostienen que “la huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda”, buscando extender la responsabilidad a comunidades autónomas y ayuntamientos. Por su parte, la patronal (CEOE y Cepyme) no ha tardado en calificar de inadmisible la convocatoria, cuestionando su encaje jurídico por tratarse de una medida de presión política contra la gestión gubernamental cuyo coste se pretende trasladar a la actividad económica y a las empresas en pleno proceso electoral. Resulta difícil no señalar la flagrante incongruencia temporal. Hay que remontarse a 2010 y a las dos jornadas de 2012, cuando se manifestaron contra las reformas y recortes del Gobierno de Zapatero y de Mariano Rajoy, para encontrar las últimas huelgas generales respaldadas por estos sindicatos. En estos últimos ocho años no han salido ni una sola vez a la calle de forma rigurosa: ni ante el descontrol de los precios de la vivienda, ni frente a la desbocada inflación, ni por el disparado coste de la luz y el gas. Conviene recordar que llegaron a protestar cuando el megavatio hora rondaba los 70 euros, pero mantuvieron la boca cerrada cuando bajo la gestión de Pedro Sánchez se superaron holgadamente los 140 euros. A lo largo de estos ocho años, estos sindicatos han mantenido un silencio cómplice ante una situación económica y laboral sensiblemente peor que la que en su día motivó sus pancartas. Un mutismo muy conveniente que quizás encuentre su explicación en las suculentas transferencias públicas que reciben. Solo en 2025, el Gobierno de Sánchez ha concedido 23,6 millones de euros a CCOO y UGT dentro de la partida de 32 millones destinada a actividades sindicales (frente a los 17 millones asignados en 2024). Quizás su repentino celo movilizador responda al temor de ver recortadas unas subvenciones que, en aquellas comunidades autónomas donde gobiernan PP y VOX, ya se han reducido drásticamente en un 50%. Además, descubrimos el último movimiento del magistrado de la Sala Penal del Supremo, Pablo Llarena, sobre Puigdemont y analizamos los numerosos casos de corrupción. En la mesa de análisis: Rodrigo Rato, Arturo Moreno y Josep María Francàs.

Pedro Sánchez ha comparecido hoy, desde La Moncloa y sin preguntas de periodistas, como nos tiene acostumbrados, para anunciar que convoca las elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. Lo hace tras los cientos de fracasos que su Gobierno ha cosechado en el Congreso. Era ya algo normal que ninguna de las leyes que llegaban a la Cámara Baja se guardase en el cajón por la falta de apoyos. A partir de ese anuncio, las reacciones no se han hecho esperar. Los populares han iniciado ya la precampaña electoral bajo el lema 'Por fin'. Abascal, por su parte, ha querido alertar a los españoles por el voto por correo. El presidente de VOX ha asegurado, además, que, aunque la convocatoria es una buena noticia, los ciudadanos no pueden bajar la guardia. La nueva coalición de izquierdas, Frente Amplio, anunciará su candidato el próximo 17 de octubre mientras Podemos lanza un mensaje a Sumar al querer ir juntos a la convocatoria electoral. Pero Sánchez, como en otras ocasiones, tiene un as bajo la manga. Utilizará la Diputación Permanente del Congreso para aprobar los dos decretos ley de vivienda. Al margen, hoy, en Dando caña, analizamos también como Andalucía está siendo arrasada por el narcotráfico y la primera vuelta de las elecciones en Brasil. En la mesa de análisis: Josep María Francàs, Ignacio Basco, Alejandra Nuño y Carmen Quintanilla. #EleccionesGenerales #AdelantoElectoral #29denoviembre #PedroSánchez #Feijóo #SantiagoAbascal #DiputaciónPermanente #Vivienda #Narcotráfico #Andalucía #Ceuta #Brasil #JosepMaríaFrancàs #IgnacioBasco #AlejandraNuño #CarmenQuintanilla