Hoy en Dando Caña Josep María Francás comenta el informe de la UCO sobre la tragedia de la Dana.

El 29 de octubre del año pasado, una fuerte crecida en el barranco del Pollo, en Valencia, dejó una tragedia tras de sí. Entonces ya se sospechaba de una gestión deficiente por parte de las administraciones, pero ahora un demoledor informe de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) lo deja claro: no hubo ninguna alerta por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar durante el tramo crítico de la riada.

Según el informe de 220 páginas, desde las 16:15, cuando se superó el primer umbral de crecida, hasta las 18:43, no se emitió ningún aviso de emergencia, pese a que ya se registraban 1686 m³/s, una cifra absolutamente descomunal que agravó el desastre.

Julio Ariza y Elisa Vigil analizan las palabras de Pedro Sánchez.

Un informe demoledor de la UCO (Unidad Central Operativa) ha puesto el foco sobre la tragedia de Valencia ocurrida en octubre pasado, donde 228 personas murieron por la brutal crecida del barranco del Pollo. El informe señala una "inexistencia total de avisos" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pese a que el caudal superó todos los umbrales de alarma horas antes del desastre.

Pero la indignación no acaba ahí. Según se denuncia en este programa, el presidente Pedro Sánchez no suspendió su viaje oficial, incluso cuando ya se conocía la gravedad de la situación. Además, se acusa a su gobierno de haber negado la ayuda del ejército, que podría haber intervenido con medios especializados. Esta presunta negligencia política y técnica, según palabras de los tertulianos, mancha de sangre las manos del Ejecutivo.

Josep María Francàs explica que Sánchez ha subido 93 veces los impuestos.

Se lanza una propuesta mucho más profunda: España necesita un cambio estructural “a lo bestia”. Ya no se trata de modificar el IVA o recortar aquí y allá, sino de reconstruir un modelo que hoy permite al político “chupar al ciudadano mañana, tarde y noche”.

Luis del Pino pregunta a la portavoz del PP Elisa Vigil si el PP estaría dispuesto a hacer una reforma constitucional con Vox.

Según los últimos sondeos, de celebrarse unas elecciones generales ahora, la suma del Partido Popular y VOX superaría los 200 escaños en el Congreso. Unos resultados que supondrían un cambio radical en el actual hemiciclo.

Noelia Núñez ha dimitido de todos sus cargos tras la revelación de que su currículum no era auténtico. Génova 13 ha visto como una de sus figuras más emergentes ha abandonado la política. La vicesecretaria nacional de Movilización y Reto Digital, ha reconocido que no terminó sus estudios universitarios. Tras el escándalo, Núñez asumió la responsabilidad de sus actos y, como dicta la normativa interna del PP, presentó su dimisión inmediata, renunciando a su acta de diputada y a todos sus cargos.

Llama la atención que aquellos que exigían su dimisión, han hecho, y siguen haciendo, lo mismo: mentir en su currículum. No hay que irse muy lejos. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, afirmó que tenía un máster del IESE. La realidad es que hizo un curso de Liderazgo Público. No hay que olvidarse de su tesis doctoral, la cual quedó demostrado que plagió. Óscar Puente, uno de los más críticos con Núñez, también tiene varias razones para guardar silencio. El ministro aseguró que tenía un máster de Dirección Político, pero solo hizo un curso en un centro que ni siquiera era una universidad oficial. Patxi López, quién también pidió la dimisión de la ya exdiputada del PP, tiene en su currículum que es ingeniero industrial. ¿La verdad? Que no pasó nunca de primero de carrera.

En el panorama de la inmigración ilegal, la ONG Quorum Social 77 ha recibido 131 millones desde el año 2023 para la gestión de 23 centros de menas. Además, ha sido señalada por utilizar fondos públicos para suministrar tabaco a los menas de un centro en Tacoronte, Tenerife, según publica ‘La Gaceta’.

Contamos con José Ramón Riera para analizar los últimos datos económicos: Yolanda Díaz celebra unos datos del paro que no se sostienen. El Gobierno presume de empleo de calidad mientras oculta las cifras reales de fijos discontinuos. Por otro lado, el sistema de pensiones en España acumula un déficit de más de 25.000 millones de euros. Cataluña y País Vasco exigen quedarse con la recaudación de impuestos… pero sin asumir el coste de las pensiones. ¿Quién pagará entonces la factura?

En pleno mes de julio, con media España pendiente del aire acondicionado, la alta factura de la misma, la sombrilla y la crema solar, el Gobierno ha decidido que es un buen momento para rescatar del cajón una ley con aroma a mordaza. Y no precisamente contra terroristas, sino contra periodistas. El Consejo de Ministros ha aprobado su nueva Ley de Información Clasificada, una norma que sustituirá, eso dicen, a la ley franquista de 1968

Otra de las consecuencias más graves que ocasiona esta ley tiene que ver con los periodistas. Es decir, se acaba el secreto profesional. Un derecho, hasta ahora, de la profesión periodística. Esta actuación se podrán ejecutar por dos razones: o bien cuando revelar la fuente sea el único medio para evitar un dato que afecte a la seguridad o bien cuando se quiera evitar un riesgo para la seguridad nacional.

En un pleno histórico en el Ayuntamiento de Valencia, gracias a los votos del Partido Popular y Vox, se ha aprobado que la nomenclatura de la ciudad deje de ser exclusivamente en valenciano y pase a ser bilingüe, con la vuelta del acento cerrado en “València”. Hablamos con Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Consistorio, explica cómo este paso significa recuperar la libertad lingüística frente a la imposición de la izquierda.

En el panorama internacional nos trasladamos hasta Siria, donde la violencia no se detiene y las minorías étnicas, como los drusos, están siendo víctimas de auténticas matanzas a manos de milicias paramilitares. En solo 72 horas se han reportado hasta 1300 víctimas en la región de Sawaida, mientras la comunidad internacional, incluido el gobierno español, mantiene ayudas y apoyo diplomático al régimen.

Hoy, el Consejo de Ministros ha aprueba una ayuda de 10 millones de euros para los pacientes de ELA. Una cifra que suena bien en el titular, pero que, cuando se analiza, deja un sabor a limosna institucional. Una subvención directa que irá a parar a ConELA, encargada de gestionar una atención que debería ser una obligación moral del Estado. La ley ELA sigue sin aplicarse. No está. Y mientras tanto, se improvisan parches de última hora que difícilmente cubrirán una necesidad vital.

La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, JUCIL, ha denunciado ante el Tribunal Supremo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por dejación grave de funciones durante los disturbios de Torre Pacheco. Hablamos con Pablo Risa, secretario provincial de JUCIL, explica cómo solo seis agentes tuvieron que enfrentarse al caos y la violencia en las calles antes de que llegaran refuerzos, una situación que pone en evidencia la falta de efectivos y medios para garantizar la seguridad.

La inmigración ilegal sigue siendo el tema candente de la actualidad: el Ayuntamiento de La Seu d’Urgell (Lérida) ha aprobado, con el apoyo de la CUP y el PSC, una polémica propuesta para ofrecer empleos públicos a inmigrantes ilegales. Esta iniciativa ha generado un enorme debate sobre legalidad, extranjería y el efecto llamada que podría provocar. ¿Pueden personas sin papeles acceder a plazas de funcionarios mientras los ciudadanos locales pagan sus impuestos y esperan oportunidades laborales?

No es una sospecha. No es una suposición. Son datos. Datos objetivos. Y son, también, profundamente preocupantes. Nuestro país ha pasado en tan solo cinco años del puesto 23 al 14 en el ranking de corrupción política entre los 38 estados miembros de la OCDE. Es decir, nos colocamos entre los quince países más corruptos de las democracias avanzadas. Lo señala el Instituto de Estudios Económicos, utilizando como fuente al instituto sueco adscrito a la Universidad de Gotemburgo. Pero el dato más alarmante no es solo la posición actual. Es la velocidad del descenso. España ha registrado una caída del 178 por ciento en su puntuación desde 2019. Ningún otro país ha empeorado tanto.

A partir de mañana, el Congreso de los Diputados dejará de llamarse así. ¿Por qué? Porque ya no basta con ser diputado: ahora hay que ser diputado y diputada. La iniciativa del PSOE y Sumar deberá ser votada, pretenden un lenguaje inclusivo, y con él, una redacción que hasta el corrector automático se negaría a revisar. Mientras tanto, también se amplían los supuestos para votar desde casa: si fallece un familiar o hay que cuidarlo. Y como broche de oro, se crea un Consejo Consultivo que vigilará a los periodistas, les podrá quitar la acreditación si graban donde no deben o hacen demasiadas preguntas. La Cámara Baja se reinventa: ahora más inclusiva, más vigilada… y más enredada que nunca.

España y Estados Unidos no pasan por unos de sus mejores momentos en cuanto a las relaciones diplomáticas se refiere. ¿El motivo? Un contrato con una compañía china tecnológica. El Ministerio del Interior de Marlaska decidió contratar a Huawei por más de 12 millones para el almacenamiento y gestión de las comunicaciones y escuchas que hacen la Policía y la Guardia Civil en sus respectivas investigaciones

Hoy En Dando Caña hemos tratado todos los temas de actualidad que engloban la política actual y la corrupción que rodea al gobierno.

Fracaso político en el Tribunal Supremo de Félix Bolaños que cede terreno en su intento por controlar dos de las salas clave del mismo. Hablamos de un nuevo revés para el ministro de justicia. Su estrategia para influir en las designaciones de las presidencias de dos de las Salas más importantes del Tribunal Supremo ha fracasado.

Las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso, respaldadas desde los sectores progresistas del Consejo y consideradas afines al Ejecutivo, han retirado su candidatura ante la imposibilidad de reunir los apoyos necesarios. Una renuncia que, en la práctica, allana el camino para que dos magistrados veteranos (Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva) se impongan en la carrera por presidir, respectivamente, la Sala Segunda de lo Penal y la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo.

Félix Bolaños ha recibido un varapalo en el Tribunal Supremo. Tanto Ana Ferrer como Pilar Teso, magistradas del alto tribunal han decidido retirar sus candidaturas para presidir tanto la Sala de los Penal como la de lo Contencioso-Administrativo.

El Gobierno de la Comunidad Valenciana prepara un gran proyecto en la zona cero de la DANA. El Ejecutivo valenciano quiere construir un 'parque inundable' de 35 kilómetros de longitud con auditorio y un memorial para las víctimas. El presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, tiene previsto presentar este proyecto el próximo martes.

Rodrigo Rato rompe su silencio sobre la imputación de Cristóbal Montoro en una entrevista en la que acusa directamente al exministro de Hacienda de haber orquestado una persecución política y fiscal en su contra, valiéndose de su cargo y violando la ley de protección de datos tributarios.

Rato, ex vicepresidente del Gobierno y exdirector del FMI, denuncia que desde 2013 intentó personarse en la causa que investiga el uso indebido de Hacienda con fines políticos, sin éxito, pese a tener correos que prueban cómo desde el Ministerio se planificaban actuaciones fiscales contra él. Según sus palabras, Montoro, su jefe de gabinete y el director de la Agencia Tributaria se coordinaron para activar procesos antes incluso de su detención.

A mitad de julio, y a pesar de lo que marca el calendario y la ley, el Gobierno de España sigue sin mover ficha en uno de los asuntos más relevantes del año: la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. No hay techo de gasto, no hay objetivos de estabilidad, no hay una orden de inicio para redactar ese proyecto presupuestario. Y lo más preocupante: no hay explicación convincente

Hoy en Dando Caña hablamos con Taleb Alisalem, representante del Frente Polisario, denuncia cómo Marruecos instrumentaliza la inmigración para chantajear a España y generar inseguridad en nuestras calles. Explica la falta de contundencia del Gobierno español, especialmente bajo Pedro Sánchez, y advierte que esta crisis migratoria seguirá aumentando mientras no se aborde el problema con realismo y firmeza.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Barcelona bloquea una declaración institucional de apoyo a los enfermos de ELA presentada por VOX, con motivo del Día Mundial de la ELA. La propuesta pedía respaldo público, colaboración institucional y financiación para la Ley ELA aprobada en el Congreso. ERC votó en contra, mientras PSC, JUNTS y COMUNS se abstuvieron; solo el PP la apoyó. VOX denuncia la falta de sensibilidad hacia un colectivo extremadamente vulnerable. Consideran inaceptable el silencio institucional ante una enfermedad que exige acción y compromiso. Rechazar esta iniciativa es dar la espalda a quienes más lo necesitan.

El juicio más incómodo para Pedro Sánchez no está teniendo lugar en el Congreso, ni en el Tribunal Constitucional. Está teniendo lugar en Luxemburgo. Allí, en el corazón de la justicia europea, la Comisión Europea, la institución que vela por el cumplimiento del derecho en toda la Unión, ha hablado con una claridad meridiana: la ley de amnistía no parece responder al interés general. Es, en sus propias palabras, "un acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno de España". Una afirmación demoledora que desbarata por completo la narrativa gubernamental sobre la supuesta reconciliación, el reencuentro o la normalización en Cataluña

Lo que sucede en Torre Pacheco no es un caso aislado. En el madrileño barrio de Hortaleza, los vecinos viven con miedo por la creciente inseguridad ligada al centro de menores no acompañados. ¿Es sostenible este modelo de acogida? ¿Se está protegiendo adecuadamente a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables? Abordamos la situación de inseguridad en zonas como Torre Pacheco y Hortaleza, y el papel del Ministerio del Interior y de los delegados del Gobierno ante esta crisis.

Los vecinos de Torre Pacheco llevan días asegurando que, hasta hace poco, la convivencia entre unos y otros reinaba. ¿Qué ha cambiado ahora? Además de la llegada de más ilegales, muchos estudios apuntan a otra tendencia: las segundas generaciones de inmigrantes. Según una tesis doctoral de la Universidad Comillas, muchos de estos jóvenes, nacidos o criados de hecho en nuestro país, encuentran dificultades para integrarse en nuestra sociedad y nuestra cultura.

Hoy en Dando Caña hablamos con David Santos, comunicador, que ha estado en este municipio desde el principio de los altercados. Él asegura que «ayer vinieron grupos de magrebíes armados» desde otros puntos de España. Además, fue amenazado por un grupo de inmigrantes en este municipio.

Conectaremos en directo con Antonio Martínez, diputado de Vox en la Asamblea de Murcia, tras conocerse que la Fiscalía ha abierto diligencias por un presunto delito de odio contra José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia.

Hoy, la justicia española, comienza a mirar a Bruselas. Lo ha hecho por partida doble. La Audiencia de Sevilla ha decidido llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso ERE. El caso que condenó a toda la cúpula del socialismo en Andalucía, con dos expresidentes de la Junta, por diseñar, aplicar y mantener durante años un sistema clientelar de reparto de dinero público. Ahora, tras las sentencias del Tribunal Constitucional que han suavizado, mejor dicho directamente borrado, esas condenas, los jueces sevillanos se rebelan y plantean una cuestión prejudicial a Europa

El juez del Tribunal Supremo ha decidido mirar con lupa las cuentas de José Luis Ábalos. Y lo hace por una razón concreta: los números no cuadran. Ni a la Agencia Tributaria, ni a la Guardia Civil, ni al propio instructor del caso Koldo. Según Hacienda, el exministro de Transportes habría donado al PSOE más de 44.000 euros. Pero, según sus cuentas bancarias, ese importe se reduce a menos de 8.500. La diferencia supera los 36.000 euros. ¿Dónde están? ¿Cómo se justifican? ¿A qué responden esas cifras tan dispares?

Hoy en Dando Cañ hablamos con el exdiputado Pablo Cambronero, quien denuncia que el Gobierno ha aprobado más de 6.800 millones de euros en transferencias al Ministerio de Seguridad Social sin presupuestos generales en vigor, lo que plantea serias preguntas sobre la gestión arbitraria de los recursos del Estado.

Por otro lado, el PSOE de la Comunidad Valenciana ha pedido a la alcaldesa de Valencia la suspensión del concierto de Los Meconios. Aseguran que la canción 'Vamos a volver al 36' puede constatar un delito de odio.