El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra bajo la lupa judicial tras una serie de reveses legales que amenazan con llevarlo al banquillo. Tras el fallo del Tribunal Supremo sobre el nombramiento de Dolores Delgado, ahora enfrenta la apertura de una causa impulsada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso y una solicitud de dimisión en el Senado. Estos acontecimientos se suman a las críticas por su gestión y a la polémica generada por la difusión de conversaciones privadas, poniendo en entredicho su actuación en favor del gobierno de Pedro Sánchez.