Moncloa anunció ayer con gran entusiasmo el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros mensuales, destinada a beneficiar a 2.4 millones de trabajadores. Sin embargo, la celebración se vio empañada por tensiones internas en el Gobierno, cuando Hacienda también quiso su parte del aumento y, por primera vez, los beneficiarios del SMI tendrán que tributar por el IRPF.

Esta medida ha desatado un espectáculo político, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, confesando que se enteró de la noticia por la prensa, mientras la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, trataba de suavizar la situación en medio de reproches y risas tensas. Además, el aumento de 50 euros al mes, equivalente a 700 euros anuales, podría verse reducido hasta en un 20% para un 20% de los beneficiarios debido a la nueva tributación.

Hoy miércoles 12 de febrero se ha producido el primera sesión del año en el Congreso de los Diputados, donde se ha podido ver a un PP algo más valiente y VOX retratando a Pedro Sánchez por levantar enemistades en todo el mundo, la última con Donald Trump.

Hablamos con Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en el CEU, ofrece su perspectiva sobre la posible politización del Tribunal Constitucional, el conflicto entre los poderes judiciales y la interpretación flexible de la Constitución.