El gobierno de Pedro Sánchez se presenta como el gobierno de la gente, de las mujeres y de los trabajadores, y ha implementado varias medidas en menos de un año. La última medida es la Ley de amnistía, vista como una concesión a los separatistas catalanes, junto con la aprobación del uso de pinganillos en el Congreso, ambas decisiones criticadas por favorecer a Cataluña.

El gobierno también ha tomado decisiones internacionales controvertidas, como el reconocimiento del estado de Palestina, que han generado tensiones con países amigos. Además, los presupuestos generales del Estado han sido pospuestos debido a las Elecciones Catalanas, y no se ha avanzado en la creación de un plan hidrológico nacional, un problema crucial ante la sequía.

Aunque se aprobó la tramitación de la Ley ELA en marzo, esta aún no se ha implementado, y no se han cumplido las promesas de viviendas de alquiler social ni se han solucionado los problemas de transporte, como las averías y retrasos en la alta velocidad.

En resumen, el gobierno enfrenta muchos problemas con pocas soluciones efectivas.