Hoy ponemos el foco en la hipocresía del discurso político: mientras algunos cargos públicos se quejan de insultos en redes, olvidan que ellos mismos descalifican desde sus púlpitos a quienes no piensan igual, llamándoles "extrema derecha" y criminalizándolos. Se ignoran escándalos mucho más graves en su propio entorno —como fiestas con prostitutas, habitaciones destrozadas y conexiones con redes delictivas— y se desvía la atención con victimismo barato. Aquí no hay filtros: o se condena todo, o se es cómplice.

Además, se abordó el caso revelado por Javier Chicote sobre un sindicalista de UGT que fue despedido ficticiamente por la empresa pública Tragsa justo un día antes de jubilarse, permitiéndole cobrar una indemnización de hasta 60.000 euros. Al día siguiente, solicitó la jubilación, lo que evidencia una maniobra pactada para obtener beneficios indebidos.

Julio Ariza comentó que este caso no es aislado, sino un ejemplo más de cómo muchas empresas públicas están siendo utilizadas como plataformas de colocación y privilegios encubiertos. Señaló la necesidad urgente de denunciar estos abusos y exigir responsabilidades por el deterioro ético e institucional que suponen.