El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a retrasar la aprobación del real decreto que formalizaría el embargo de armas a Israel. Una medida que el propio presidente anunció el pasado 8 de septiembre como urgente y extraordinaria, pero que un mes después sigue sin estar lista. Lo anunció a bombo y platillo, pero sin tener el texto cerrado ni consensuado con los ministerios implicados. No es un problema técnico, como dice Moncloa. Es un problema político y nacional. Y de primera magnitud: romper contratos con Israel tiene un coste económico, tecnológico y de defensa. La vicepresidente Yolanda Díaz ha presionado a Sánchez para que no se retrase más. Sumar exige que se apruebe en el próximo Consejo de Ministros. Y hasta Izquierda Unida ha pedido a los ministros de Sumar que ni siquiera acudan si no se da el paso. La tensión dentro del Ejecutivo es evidente. Mientras tanto, la batalla política se extiende a la cultura y al deporte. RTVE ha anunciado que no participará en Eurovisión si Israel no es expulsada. En los deportes, sin embargo, nada apunta a que se vaya a adoptar una posición similar.

En el panorama nacional, el inesperado (y polémico) acuerdo entre el Partido Popular y Junts en Badalona ha desatado críticas: ¿está el PP renunciando a defender el español y la unidad nacional? En este vídeo analizamos el contexto histórico —desde la ley de política lingüística de Jordi Pujol en los 90 hasta decisiones recientes—, cómo estas políticas se han ido extendiendo a otras comunidades (Galicia, Baleares, Valencia) y por qué el pacto con Junts abre la puerta a exigencias como la atención en catalán fuera de Cataluña. También comentamos el rechazo a la oficina anticorrupción planteada por Sumar y la incoherencia política que denuncia la oposición.