Última sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Aunque oficialmente se llama "sesión de control", es más un ejercicio de control al Ejecutivo que una verdadera acción de rendición de cuentas. El presidente del gobierno se sometió al último pleno del año manejando los tiempos para evitar, por ahora, un terremoto político. No tuvo que responder a las incómodas preguntas de Junts, que la semana pasada Miriam Nogueras le instó a mover el culo, de manera literal.

Cuanto más complicada se vuelve la situación, más sencillas parecen estas sesiones de control. El horizonte es tormentoso, aunque Pedro Sánchez haya ganado tiempo aplazando la cuestión de confianza que Carlos Puigdemont exigía. Esto es solo un aplazamiento, lo que acumula más tensión. Siempre hay alguien que pide cuentas y hoy ha sido Alberto Núñez Feijóo quien se las ha pasado a Sánchez, recordándole que han sido 12 meses de mandato en los que ha acumulado más de 12 causas judiciales.

Por otro lado, Begoña Gómez se ha presentado esta mañana ante el magistrado Peinado, siendo esta la tercera vez que comparece. En las dos ocasiones anteriores se acogió a su derecho a no declarar, pero hoy sí lo hizo, aunque solo contestó a las preguntas de su abogado.

En medio de esta situación, el Ejecutivo ha dado un paso discutido con la llamada Ley del Derecho de Rectificación, que busca regular a los medios digitales y a los influencers. Aunque la premisa parece ser garantizar información veraz, el contexto en el que se presenta esta ley genera dudas, ya que un gobierno acosado por los tribunales legisla sobre la libertad de expresión. Aunque se asegura que no se trata de censura, el paso a la limitación de la palabra en medio de estos escándalos cada vez se acerca más a una forma de control.