No es una sospecha. No es una suposición. Son datos. Datos objetivos. Y son, también, profundamente preocupantes. Nuestro país ha pasado en tan solo cinco años del puesto 23 al 14 en el ranking de corrupción política entre los 38 estados miembros de la OCDE. Es decir, nos colocamos entre los quince países más corruptos de las democracias avanzadas. Lo señala el Instituto de Estudios Económicos, utilizando como fuente al instituto sueco adscrito a la Universidad de Gotemburgo. Pero el dato más alarmante no es solo la posición actual. Es la velocidad del descenso. España ha registrado una caída del 178 por ciento en su puntuación desde 2019. Ningún otro país ha empeorado tanto.

A partir de mañana, el Congreso de los Diputados dejará de llamarse así. ¿Por qué? Porque ya no basta con ser diputado: ahora hay que ser diputado y diputada. La iniciativa del PSOE y Sumar deberá ser votada, pretenden un lenguaje inclusivo, y con él, una redacción que hasta el corrector automático se negaría a revisar. Mientras tanto, también se amplían los supuestos para votar desde casa: si fallece un familiar o hay que cuidarlo. Y como broche de oro, se crea un Consejo Consultivo que vigilará a los periodistas, les podrá quitar la acreditación si graban donde no deben o hacen demasiadas preguntas. La Cámara Baja se reinventa: ahora más inclusiva, más vigilada… y más enredada que nunca.

España y Estados Unidos no pasan por unos de sus mejores momentos en cuanto a las relaciones diplomáticas se refiere. ¿El motivo? Un contrato con una compañía china tecnológica. El Ministerio del Interior de Marlaska decidió contratar a Huawei por más de 12 millones para el almacenamiento y gestión de las comunicaciones y escuchas que hacen la Policía y la Guardia Civil en sus respectivas investigaciones