En pleno mes de julio, con media España pendiente del aire acondicionado, la alta factura de la misma, la sombrilla y la crema solar, el Gobierno ha decidido que es un buen momento para rescatar del cajón una ley con aroma a mordaza. Y no precisamente contra terroristas, sino contra periodistas. El Consejo de Ministros ha aprobado su nueva Ley de Información Clasificada, una norma que sustituirá, eso dicen, a la ley franquista de 1968

Otra de las consecuencias más graves que ocasiona esta ley tiene que ver con los periodistas. Es decir, se acaba el secreto profesional. Un derecho, hasta ahora, de la profesión periodística. Esta actuación se podrán ejecutar por dos razones: o bien cuando revelar la fuente sea el único medio para evitar un dato que afecte a la seguridad o bien cuando se quiera evitar un riesgo para la seguridad nacional.

En un pleno histórico en el Ayuntamiento de Valencia, gracias a los votos del Partido Popular y Vox, se ha aprobado que la nomenclatura de la ciudad deje de ser exclusivamente en valenciano y pase a ser bilingüe, con la vuelta del acento cerrado en “València”. Hablamos con Juan Carlos Caballero, portavoz del PP en el Consistorio, explica cómo este paso significa recuperar la libertad lingüística frente a la imposición de la izquierda.

En el panorama internacional nos trasladamos hasta Siria, donde la violencia no se detiene y las minorías étnicas, como los drusos, están siendo víctimas de auténticas matanzas a manos de milicias paramilitares. En solo 72 horas se han reportado hasta 1300 víctimas en la región de Sawaida, mientras la comunidad internacional, incluido el gobierno español, mantiene ayudas y apoyo diplomático al régimen.