El Gobierno estudia dar una segunda vida al Bono Cultural Joven. Esos 400 euros que, hasta ahora, los recién cumplidos 18 podían gastar en conciertos, cine, libros o videojuegos, podrían ampliarse a clases de música o material artístico. Lo que en cristiano significa que el Estado ya no sólo invita a ver la película… también a comprarse la guitarra.Para ello, el Ministerio de Cultura tendrá que modificar el real decreto que regula la ayuda. Una letra pequeña que, en teoría, está para dar seguridad jurídica, pero que en la práctica parece escrita en borrador permanente: hoy vale para unas cosas, mañana para otras. La factura anual sigue siendo estratosférica: unos 170 millones de euros cargados a los Presupuestos Generales del Estado. Mientras tanto, la atención está en los incendios que han arrasado miles de hectáreas este agosto. El Consejo de Ministros tiene previsto declarar en los próximos minutos zona catastrófica a los territorios afectados y aprobar un paquete de ayudas. No sólo aprobará ayudas para las zonas arrasadas por los incendios: el paquete incluye también a los territorios afectados por las inundaciones de los últimos tres meses. En julio, una dana dejó un reguero de daños en Aragón que obligó a desplegar a la UME, mientras Cataluña y la Comunidad Valenciana sufrían también riadas y destrozos.

Hoy en Dando Caña habalmos con Federico Grillo, vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Técnicas Forestales, para analizar la crisis de incendios que arrasa España. Federico alerta de que, sin medidas de prevención estructurales, cada verano podría repetirse este desastre con mayor intensidad y daño.

La inmigración ilegal sigue siendo el tema dominante. Rubén Pulido denuncia que las administraciones públicas destinaron en 2023 más de 778 millones de euros a programas de acogida e inclusión de inmigrantes, gestionados en gran parte por ONG como Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Según Pulido, mientras se multiplican las partidas para alojamiento en hoteles, centros y asesoría jurídica para solicitantes de asilo, no existe financiación alguna para frenar la inmigración ilegal en origen, lo que, a su juicio, alimenta el “efecto llamada”.