El Partido Socialista y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para repartirse los puestos en el Consejo General del Poder Judicial, tras cinco años de negociaciones intermitentes. Este pacto supone un alivio tanto para el poder judicial como para el gobierno de Pedro Sánchez, quien enfrenta varias controversias y casos de corrupción.

El acuerdo implica una distribución equitativa de los vocales (10 a 10) y una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para fortalecer la independencia de los jueces. Por primera vez, el presidente del Tribunal Supremo será elegido por 12 vocales en lugar de por los partidos, y se incrementará a tres quintos la mayoría necesaria para nombramientos clave. Además, se impedirá que el Fiscal General del Estado haya sido ministro previamente.