En Centroamérica en los últimos años se ha palpado un deterioro de ciertas garantías en la libertad de expresión y el derecho de asociación. Los gobiernos han empleado maniobras para criminalizar protestas bajo la apariencia de mayores controles administrativos. Se ha hablado en los últimos tiempos sobre todo de la situación en Nicaragua durante el Gobierno de Daniel Ortega, pero también hay datos alarmantes en El Salvador, Honduras o Guatemala.