Editoriales y Opiniones

La semana pasada se celebró el 72.° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 39.° aniversario de la masacre en El Mozote. En estos días previos a la Navidad, nada resulta más parecido a la matanza de inocentes que narra el Evangelio que la masacre en El Mozote, brutal y abundante en el exterminio de menores de edad. El desprecio por la igual dignidad de la persona quedó patente en esa barbarie y se prolongó sistemáticamente en el tiempo, a través de la destrucción y muerte de la guerra civil. A lo largo de ella, el batallón Atlacatl continuó liderando la bandera de la infamia, asesinando, cometiendo masacres y mostrando un terrible desprecio por la vida humana.

Ciertamente, en aquellos años, la igual dignidad de la persona no formaba parte de la cultura. Los defensores de derechos humanos se convertían fácilmente en objetivos militares. Ellos dedicaron su vida a la defensa de la dignidad concreta de tanta gente asesinada, torturada y violada. Hoy se les recuerda con aprecio y admiración crecientes. Sin embargo, la cultura de la igual dignidad sigue siendo débil y deficiente. Esto se constata en la persistencia de la pobreza, en los bajos niveles educativos, en la prevalencia del machismo, en la porosidad de la violencia y en la desigualdad socioeconómica. Y se advierte incluso con mayor claridad en la negativa a reconocer oficialmente la brutalidad de la guerra y en la dura resistencia a tomar acciones concretas para honrar los derechos humanos.

Vemos una Fuerza Armada incapaz de pedir perdón por los graves crímenes cometidos en el pasado. La negativa del Ejército a obedecer al juez que lleva el caso de El Mozote y abrir los archivos militares de hace 40 años no solo es un acto de prepotencia, sino también de desprecio a nuestra gente. Que ante ello otras instituciones del Estado se limiten a bajar las orejas muestra la honda corrupción del sistema democrático salvadoreño. Porque en una democracia la corrupción más grave no es la económica, por aguda que esta sea, sino la que lleva a traicionar cobardemente la dignidad de los sencillos y de los pobres. A este respecto, no hay que engañarse: la corrupción económica nace precisamente de esa soberbia del poder político y militar que lleva a sus líderes a despreciar los derechos de los humildes.

La pandemia de covid-19 ha sumido al país en una intensa crisis. La pobreza, la enfermedad y la violación de derechos humanos afectan más a los que menos recursos tienen. Recomponer una sociedad construida sobre la cultura de la prepotencia, de la ley del más fuerte y del abuso del poderoso requiere tiempo, paciencia y cultivo de la conciencia. Hay testigos del pasado que nos iluminan en este caminar, como monseñor Romero y los niños masacrados de El Mozote. También hay muchas personas hoy que buscan construir una sociedad coherente, reconciliada y respetuosa de todos sus miembros.

También celebramos aniversarios y fechas que señalan el rumbo correcto a seguir. La Navidad, ya próxima, es tiempo de “paz en la tierra para los seres humanos de buena voluntad”. El diálogo, la búsqueda de soluciones a nuestra conflictiva realidad y la reflexión seria sobre el valor primordial de todo ser humano son más importantes que el consumo de esta época o las elecciones próximas. Sin compromiso y trabajo en favor de la igual dignidad humana, El Salvador no superará sus graves problemas.

OPINION 10-12-20 LA SITUACION DE LOS DH EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA POR COVID19

Iniciamos un nuevo año litúrgico cuyo primer período es el tiempo de Adviento. Recordemos que “Adviento” significa venida o llegada del Mesías esperado; venida o llegada que es vista en una triple dimensión: Jesús vino (nacido de María de Nazaret), está viniendo (en los signos de los tiempos) y vendrá (al final de la historia). La Iglesia primitiva usó la palabra adventus para indicar que Dios nos ha visitado en Cristo y se ha quedado a vivir entre nosotros, por lo que podemos encontrarlo en nuestra propia historia. Él es la presencia visible del misterio invisible.

En Adviento, por tanto, se unen pasado, presente y futuro. Es un tiempo de alegría anticipatoria y también de preparación arrepentida para un futuro que está por venir. Desde luego, esta alegría anticipatoria y futura no es vaga y genérica, sino muy concreta. Los textos tomados del profeta Isaías para los domingos de Adviento hablan del anhelo de Israel y de la promesa de Dios de una clase diferente de mundo.

Isaías 11, 1-10 expresa la esperanza de un rey ideal sobre el cual descansará el espíritu del Señor. Con justicia juzgará a los pobres y decidirá con equidad en favor de los humildes. Su reinado significará el final de la violencia: el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se tenderá con el cabrito y nadie causará heridas ni destrucción. En el capítulo 2, versos del 1 al 5, se expresa la esperanza de un mundo en paz: las naciones forjarán arados de las espadas y podaderas de las lanzas, y ya no se adiestrarán para la guerra. Y en el capítulo 61 se habla de uno a quien ha ungido el espíritu de Dios y cuya tarea es “dar la Buena Noticia a los pobres, curar los corazones desgarrados y anunciar la liberación a los cautivos”.

Los textos bíblicos hablan, sobre todo, de una esperanza contra toda esperanza. Isaías 35, 1-10, proclama que la cercanía de Dios traerá fraternidad, libertad e igualdad, valores fundamentales en un mundo donde parece predominar el fratricidio, la opresión y la inequidad.

Ahora bien, situados en un mundo en crisis dominado por la pandemia del covid-19, que sigue causando cientos de miles de muertes y una vulnerabilidad permanente, ¿qué puede significar el Adviento, entendido como un hacer memoria de la cercanía de Dios y su consecuente esperanza? Digamos, ante todo, que, para captar esa presencia esperanzadora es preciso “vivir despiertos”. Esta es la primera llamada que se hace en la liturgia de la palabra.

El teólogo José Antonio Pagola da unos significados sobre este modo de estar en la realidad que son a la vez personales y políticos, íntimos y públicos. “Vivir despierto”, afirma, significa no caer en el escepticismo y la indiferencia ante la marcha del mundo. No dejar que nuestro corazón se endurezca. No quedarnos solo en quejas, críticas y condenas. Significa vivir con pasión la pequeña aventura de cada día”.

El papa Francisco, hablando de la esperanza en medio del covid-19 y de las sombras densas de la injusticia, el racismo, la depredación ambiental y el hambre, entre otras, ha dicho que esta pandemia “nos permitió rescatar y valorizar a tantos compañeros y compañeras de viaje que, en el miedo, reaccionaron donando la propia vida”. Ellos son fuente de esperanza porque fueron testimonio de cercanía y ternura. Nos enseñaron a reconocer “cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes que, sin lugar a dudas, escribieron los acontecimientos decisivos de nuestra historia compartida: médicos, enfermeros y enfermeras, farmacéuticos, empleados de los supermercados, personal de limpieza, cuidadores, transportistas, hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas... comprendieron que nadie se salva solo”.

Desde ese testimonio, el papa invita a caminar en la esperanza “enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive”. Esperanza entendida como “una sed, una aspiración, un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor”. Esperanza que “sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna”.

El tiempo de Adviento, pues, está vinculado a la esperanza humana y cristiana. Por eso sus principales llamados son a vivir cada instante de forma consciente y salir del estado de amnesia, apatía e indolencia. Es el tiempo para despertar a la realidad. Estar presto para lo que todavía no es, pero que tiene no solo posibilidades, sino necesidad de realización: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hablamos de garantizar vida digna y justicia para los pobres de hoy.

Adviento es tiempo para estar conscientemente en la realidad: la inmediata (el covid-19) y las pandemias ocultas del hambre, la pobreza y la carencia de oportunidades. Es tiempo para pensar la refundación de nuestro mundo sobre bases de justicia y fraternidad. Es tiempo de la reacción compasiva, porque la esperanza es un estilo de vida, una manera de afrontar el futuro de forma activa y confiada, sin dejarse atrapar por el derrotismo. Así se reaviva la esperanza.

* Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología (Universidad de Santa Clara) y de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco; docente jubilado de la UCA; y exdirector de Radio YSUCA.

La deriva autoritaria del Ejecutivo, los ataques entre instituciones del Estado y la falta de respuesta estructural a los problemas económicos y sociales llaman a entablar un diálogo racional con el objetivo de cambiar el país. El empobrecimiento de la población y el aumento de la deuda imponen una reforma fiscal, pero si no hay reflexión colectiva sobre ello se terminará improvisando, lo que provocará que la desigualdad crezca, los poderosos se terminen beneficiando y los más pobres se encuentren con mayores dificultades para sobrevivir. Lo típico sería que se aumentara el IVA, por lo que al final la población vulnerable será la que correrá con el costo de pagar una deuda que no la ha beneficiado.

En El Salvador, la improvisación manda. Y no solamente en el Ejecutivo, que intenta ocultar con propaganda sus fracasos y debilidades. Tanto la Fiscalía General de la República como la PNC necesitan reformas serias. En el caso de la Policía, sus principales mandos han estado vinculados a crímenes o han incurrido en graves irresponsabilidades en la persecución del delito. Desde hace muchos años hacen falta una inspectoría interna realmente independiente, una depuración a todo nivel, una formación y selección de agentes más exigente, y una readecuación salarial que dignifique la función policial. Pero nada de eso se hace, sino que más bien se colocan parches y paños tibios. Frente a necesidades estructurales, las respuestas coyunturales no hacen más que agravar la situación.

Por otro lado, la corrupción campea en diversas instituciones básicas de la democracia. Elementos corruptos se pueden encontrar fácilmente en el seno de la Corte Suprema de Justicia. En la Sala de lo Penal hay magistrados que exhiben sin pudor su ausencia de ética y rectitud. En la Corte de Cuentas, la politización de su labor fiscalizadora es parte ya de una tradición de farsa. En el Tribunal Supremo Electoral, el deseo de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales ha sido rechazado por décadas debido a los intereses de manipulación y control de los partidos políticos. En el día a día, la hipocresía y el simulacro tienen prioridad sobre la Constitución de la República, cuyos mandatos no se cumplen y buscar ser retocada insustancialmente en beneficio de ambiciones personalistas.

Urge salir del grito y de lo coyuntural, y comenzar a conversar en serio sobre las reformas que el país necesita en los campos fiscal, policial y judicial, así como en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de los servicios de educación, salud y seguridad social. No se avanzará sin un diálogo nacional que tenga en cuenta los derechos básicos de los pobres y vulnerables, que componen la gran mayoría de la población salvadoreña. Las respuestas coyunturales y poco reflexivas a las crisis solo conducen a permanecer en el subdesarrollo no solo económico, sino también ético y moral.

La coyuntura actual en el país es tan relevante como la que dio como resultado la reforma política conocida como los Acuerdos de Paz de 1992. A poco menos de tres meses de realizarse unas cruciales elecciones de diputados y diputadas al Parlacen, a la Asamblea Legislativa y de Concejos Municipales, los actores que muestran mayor protagonismo son algunos voceros de los partidos políticos, funcionarios del actual gobierno y unos cuantos formadores de opinión pública. Ello contrasta grandemente con el protagonismo de otros grupos sociales que presionaban al principio de la década de 1990 por la salida pacífica al conflicto armado que vivía el país.

Una posible explicación de esta notable, aunque silenciada, diferencia es que, en aquel entonces, centros académicos y de investigación, iglesias, organizaciones de trabajadores y empresarios tenían un mayor grado de activismo político. Con posiciones diferentes, grupos de los mencionados sectores sociales consideraban que acabar con el conflicto armado era una condición necesaria para salir del retraso económico y social que el país mostraba en diversos indicadores. Pacificar al país era una condición necesaria para hacer crecer la economía, para detener el flujo de salvadoreños que salían del país huyendo de la violencia y de la falta de oportunidades, para impulsar una democratización de la política más allá de los límites autoritarios que desde su vida independiente mostraba el régimen oligárquico salvadoreño. Independientemente de los resultados posteriores, no puede negarse que había un cierto optimismo social sobre lo que significaría el cese al conflicto armado.

Las botas se transformaron en votos con los acuerdos de 1992. La derecha empresarial y su partido Arena no perdieron tiempo para impulsar una reforma económica de corte neoliberal de gran calado. En la izquierda política y en el recién convertido partido político FMLN se postergaba la ilusión de los cambios estructurales porque antes había que consolidar la fuerza política acumulada, ganando escaños legislativos y gobiernos municipales, hasta alcanzar el control del Órgano Ejecutivo. Junto al partido FMLN, centros académicos y de investigación, iglesias y organizaciones de trabajadores más algunas ONG´s continuaron su activismo reformista con la esperanza puesta en que el cambio llegaría con un gobierno de izquierda.

Y el momento llegó. Quince años después de las “elecciones del siglo” de 1994, las elecciones presidenciales de 2009 dieron como ganador al partido FMLN, que ya no era simplemente el frente guerrillero convertido en partido. El cambio en el partido de gobierno fue facilitado por una candidatura que no provenía de las filas del partido y que muy pronto le planteó problemas de identidad al partido mismo. Los desencuentros entre miembros del gabinete del primer gobierno de izquierda y líderes del FMLN llevaron a plantearse la cuestión de qué era ese gobierno y ese partido. El FMLN llegó a entenderse como partido en el gobierno, y no como partido de gobierno, por su alianza de gobierno con otros partidos y grupos sociales no efemelenistas.

La derecha empresarial mayoritariamente siguió alineada con Arena, solo que en la oposición desde 2009. Esos empresarios siguieron su activismo político acusando al gobierno efemelenista de inepto, de incapaz y de no tener un rumbo claro. Las organizaciones tradicionales de trabajadores y ONG se alinearon con el gobierno del FMLN y perdieron protagonismo y fuerza de cambio. Por su parte, los centros académicos e iglesias tomaron distancia de las políticas gubernamentales, del partido FMLN, sin que eso significara pasar a la oposición junto con Arena y sus empresarios. Más bien se enajenaron del proceso político nacional creyendo que sus aportes técnicos y espirituales tendrían fuerza suficiente, como por arte de magia, para impulsar cambios.

Cuando un segundo gobierno del FMLN fue electo en 2014, las fuerzas sociales transformadoras habían sido neutralizadas. El partido FMLN se acomodó y algunos de sus líderes prefirieron los beneficios que su posición les otorgaba antes que mantener una fidelidad a las ilusiones de miles de víctimas que ofrendaron su sangre por un El Salvador mejor. Con el partido se hundían también las organizaciones de trabajadores y ONG que perdieron su identidad al subsumirse en el gobierno. Los centros académicos se “profesionalizaban” cada vez más. Y las iglesias se espiritualizaban más aún convencidas que el reino de Dios corresponde a la otra vida y no a “este valle de lágrimas”. Arena y sus empresarios siguieron activos en la oposición, esperando el turno de la alternancia. Pero esta no llegó.

Un hartazgo social con los partidos políticos que habían gobernado por 30 años fue aprovechado por el actual presidente salvadoreño. Su política y discurso antipartidos tradicionales ha sido efectiva y ha logrado domesticar el espíritu de cambio que aquel hartazgo implicaba. Nada está escrito y no hay lugar a determinismos. Si bien el proceso parece dirigirse hacia la implantación de un régimen de claro corte autoritario, como en una “física social”, el resultado dependerá del choque de fuerzas.

Las elecciones del 28 de febrero de 2021 serán importantes en la dilucidación de la dirección del cambio pero no serán las definitivas. Muchos cambios pueden originarse del resultado de esas elecciones si el partido Nuevas Ideas logra, con ayuda de GANA, una mayoría legislativa. Pero aun así, el grupo económico (empresarial y no empresarial) y la camarilla que apoya al Presidente tendrán que esperar hasta las elecciones de 2024 para ver consolidado su proyecto. La gestión del gobierno tendrá que ser exitosa para que esa consolidación se abra campo, pero el comportamiento de la economía nacional y de las finanzas públicas no parece estar a su favor.

Un segundo gobierno de un mismo partido, así como una mayoría legislativa que le apoye, no debiera ser motivo de preocupación. Pero, si el partido en el gobierno y sus líderes tienen tendencia a no respetar el marco legal e incluso a violentar las disposiciones constitucionales, entonces las alarmas debieran encenderse. Partidos de oposición (no solo algunos de sus líderes), gremios empresariales, centros académicos y de investigación, iglesias, organizaciones de trabajadores y ONG debieran activarse, no para defender un statu quo que es rechazado por la mayoría de la población, sino para convertir ese rechazo en una palanca hacia la democratización del régimen político, la lucha contra la corrupción y los abusos de poder, y en contra de las tendencias autoritarias de los recién llegados al poder.

A las fuerzas autoritarias hay que oponer fuerzas democráticas. La acción política contra el autoritarismo debe desatarse mientras existan los espacios para ello. Los costos de hacerlo después serán más altos. Pero, ¿hay fuerzas democráticas suficientes para ello en el país? ¿Hay fuerzas democráticas dentro de los partidos tradicionales, entre los gremios empresariales, en los centros académicos y de investigación, entre los miembros de las distintas iglesias, en las organizaciones de trabajadores y en las ONG? El nulo o poco activismo que muestran todos estos grupos están siendo aprovechados por las fuerzas autoritarias. Si estas se imponen, la lucha por la democracia seguirá siendo una tarea pospuesta otra vez, como ocurrió después de la reforma política de 1992.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 25.

Por Rodolfo Cardenal

El secretismo gubernamental se extiende como mancha de aceite hasta incluir información inocua. El Ministerio de Salud ha reservado prácticamente toda la información institucional, incluida la estadística epidemiológica, un instrumento fundamental para controlar las enfermedades endémicas. El secreto militar es un baluarte que protege al Ejército, la Policía y la inteligencia de los curiosos. El Ministerio de Agricultura oculta sus actividades y gastos como cualquier corporación privada. Y así sucesivamente. La información relacionada con el poder ejecutivo es tan sensible que está protegida por el secreto de Estado. Sin embargo, ahí donde se escarba aparece la negligencia, la malversación y la corrupción.

Así, pues, el secreto tiene sus razón de ser: oculta tanto la incompetencia como la corrupción del poder ejecutivo. El presidente Bukele administra directamente el acceso a la información sobre su gestión. La ciudadanía solo tiene acceso a lo que se considere oportuno, y la oportunidad la dicta la narrativa publicitaria de Casa Presidencial. La información es dosificada como si la ciudadanía fuera menor de edad. La vuelve dependiente del mandatario y, en esa medida, la infantiliza. Trata de evitar a toda costa que piense por sí misma y dude de la actuación presidencial. Busca la subordinación total para facilitar la manipulación. El secreto es un instrumento útil para condicionar a gran parte de la ciudadanía a no creer en nadie más que en Nayib Bukele.

Los argumentos con los que se intenta justificar el secretismo gubernamental son cada vez más extravagantes, hasta el extremo del ridículo. El Ministro de Hacienda es un buen ejemplo del absurdo presidencial. Este curioso funcionario reaccionó airadamente contra la Corte de Cuentas por revelar que él dispone de fondos para cancelar la deuda con las alcaldías. Esa información, a su juicio, desprestigia su ministerio. Y agrega, a modo de explicación, la “situación muy complicada en la caja fiscal”, afirmación que no contradice el hallazgo de la auditoría, ni prueba con balances financieros. La cuestión no es si hay o no fondos en hacienda, sino que se difundió información sin autorización del presidente. Por esa razón se despidió al presidente del Banco Central de Reserva; el anterior ministro de Hacienda renunció antes de ser despedido.

Los ministros y los otros altos funcionarios no gozan de libertad para pensar y actuar. Dependen directamente de las órdenes presidenciales. Piensan, dicen y hacen según lo que les es ordenado. Así lo reconocen ingenuamente en las veloces respuestas a los tuits presidenciales. Aparentemente, trabajan 24/7 en el terreno. En realidad, son figuras sobre un escenario mediático, donde el pueblo no es más que el telón de fondo. Todos son descartables. Interesa su lealtad total al presidente, no sus competencias. Aquellos que ahora son candidatos a diputados serán reemplazados rápidamente por otros incondicionales. Ningún otro requisito es exigido, puesto que el presidente determina el qué, el cuándo y el cómo hacer.

Aparentemente, esta manera de proceder resulta más eficaz que el trabajo en equipo. La centralización exalta al presidente como proveedor diligente, pero tiene la desventaja de que también carga con los fracasos. Los reveses son muy probables, porque es humanamente imposible que Casa Presidencial pueda dirigir el día a día del poder ejecutivo. El impacto de la publicidad no suple los resultados reales. Distrae un tiempo, hasta que la realidad se impone inexorablemente. Cuando la narrativa no entrega lo que promete, la opinión favorable se revierte y el encanto de la dependencia se rompe. Los estruendosos fracasos electorales de Trump y Bolsonaro son avisos que no pueden despreciarse.

La información independiente representa una amenaza para la narrativa presidencial. Por eso es contestada como un ataque directo contra un presidente identificado con su pueblo, aunque no se mezcla con él ni lo escucha. En consecuencia, contradecir al mandatario es atacar al pueblo. El presidente Bukele se escuda en el pueblo para satisfacer sus ambiciones personales. Se sirve del pueblo, pero no sirve al pueblo. Un cartel, exhibido en una de las cada vez más frecuentes protestas callejeras, lo ha captado agudamente: “Nayib ama tanto a los pobres que los multiplica”. Casa Presidencial desestima estos mensajes como electoralmente viciados. El horizonte electoral en el que se mueve desde junio del año pasado le impide captar la advertencia.

La información veraz y la prensa independiente ponen en entredicho la narrativa oficial, de la cual depende el éxito de la gestión del mandatario. La irracionalidad y la agresividad de las reacciones presidenciales ponen de manifiesto el poder del pensamiento crítico y de la libertad de opinión. Son reacciones alimentadas por la inseguridad de quien sabe que gobierna desde la ficción mediática. Es miedo a que los vientos de libertad que comienzan a soplar con fuerza derrumben el castillo de naipes tan esforzada y costosamente construido. En definitiva, esta es la gran debilidad de la presidencia de Bukele.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Utilizar para fines partidarios-particulares un cuerpo policial que se debe a los ciudadanos es una práctica antidemocrática. Utilizar con los mismos fines a nuestra Policía Nacional Civil, señalada desde hace décadas por reiteradas y graves violaciones a derechos humanos, no solo es antidemocrático, sino también un juego peligroso. Este parece ser el camino emprendido por la administración Bukele, o más bien dicho por el presidente, pues cada día es más evidente que el poder ejecutivo se ha convertido en un mero reflejo del humor del mandatario.

Como sabemos, la Policía Nacional Civil está lejos de ser aquella institución definida por sus principios orgánicos. Infiltrada por altos mandos que nunca fueron depurados, ha estado sistemáticamente involucrada en asesinatos, detenciones ilegales y desapariciones. Saber esto y utilizarla para fines político-partidarios es como jugar ruleta rusa con un arma casi completamente cargada. El uso arbitrario de la institución policial es evidente desde cualquier perspectiva.

Aunque las relaciones entre Policía y Fiscalía General de la República siempre han sido inconexas y descoordinadas, nunca habíamos presenciado lo sucedido el 10 de noviembre de este año, cuando miembros de la corporación policial, bajo las órdenes de sus autoridades, activamente intentaron obstaculizar un allanamiento judicial realizado en las instalaciones del Ministerio de Salud. Lejos de colaborar en una diligencia investigativa de un potencial acto de corrupción grave, los agentes policiales parecían más interesados en vigilar a los agentes fiscales.

Pocos días después, el 20 de noviembre, las mismas autoridades ordenaban la detención de un miembro de la junta electoral de la ciudad de Usulután, bajo el cargo de manchar declaraciones juradas presentadas por miembros del partido en el poder. El supuesto delito no puede ser más absurdo: manchar un texto público no califica como delito de “supresión, destrucción y ocultación” de un documento, pues, como cualquier estudiante de derecho medianamente informado sabe, para ser tal, la supresión u ocultación de caracteres debe ser susceptible de incorporar un contenido específico al tráfico jurídico, lo que no sucede con pequeños manchones.

Por supuesto, por esta simple razón, la Policía Nacional Civil nunca ha realizado “detenciones en flagrancia” en casos de falsedades documentales. Nunca. Se trata de comportamientos que siempre han requerido la valoración especializada de un fiscal, para conocer su eventual tratamiento. Hasta que alguien manchó la declaración jurada de un miembro de Nuevas Ideas, siempre fue así. Pero si quedaban dudas de este juego riesgoso, cuatro días después se realizaría una segunda detención en flagrancia, nuevamente sobre un miembro de junta electoral, esta vez de la ciudad de San Salvador por el delito de “expresiones de violencia contra la mujer”.

Como se sabe en cualquier tribunal, el delito antes mencionado apenas tiene pena de “multa” (no hay prisión, aun cuando exista condena), razón por la cual no existe un “peligro de fuga” que justifique ordenar la detención del imputado, tal como se observó en el caso del candidato a diputado Walter Araujo o el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, quienes fueron procesados por este delito y no fueron detenidos. Claro, ellos no eran delegados de un partido opositor, circunstancia que decididamente fue remarcada en el caso del miembro de la junta electoral: el 25 de noviembre, la cuenta institucional en Twitter de la Policía Nacional Civil destacó la captura de un “delegado del partido Arena”.

En honor a la verdad, Nayib Bukele no hace nada nuevo. Vulgarizar la imagen de la Policía Nacional Civil ha sido una práctica en la que cada administración ha puesto su particular impronta. A pesar de lo anterior, y como parece estar sucediendo con la administración Bukele, existe un particular interés en retomar practicas torcidas, para ver si pueden torcerse aún más.

* Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Que la Fiscalía General de la República necesita reformas, es más que evidente. El nombramiento político de su titular, las deficiencias en la investigación, las relativamente pocas condenas que se consiguen en los tribunales, la impunidad, el centralismo autoritario, la mala relación con la PNC en casos importantes y, a la vez, la tendencia a aceptar sin crítica la información policial sobre delitos sin mayor repercusión social son algunas de las múltiples deficiencias de la institución. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por el fiscal general no solo es incompleta, sino que entraña peligros para el respeto a los derechos humanos.

El nombramiento de fiscal general ha sido siempre un acto politizado en extremo. Para remediarlo, podría incorporarse un proceso ciudadano de calificación de los candidatos y una especie de auditoría de los nombramientos. Por otra parte, la jerarquía en la institución da muy poco margen a la autonomía de los procedimientos internos: el Tribunal Fiscal y la Inspectoría tienen una exagerada dependencia del fiscal general, y más aún los responsables de áreas especializadas. En la propuesta de reforma, simplemente se refirman estos errores.

En segundo lugar, si bien la mejora de la investigación fiscal es indispensable, la idea de crear el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal no apunta a otra cosa que a una Policía alternativa. En vez de ser un cuerpo de investigadores especializados, la propuesta los caracteriza como simples policías, adaptados y obedientes al mandato de los fiscales e incluso con posibilidad de acciones encubiertas. Pese a que una de las debilidades más marcada de la Fiscalía está en la investigación compleja, no solucionará nada crear un grupo dotado de armas de guerra y que, además, se encargará de proteger a los ex fiscales generales. Por esto último, este grupo parece más una Guardia de Corps que un grupo de investigación.

En tercer lugar, la reforma conserva y añade elementos que chocan con los estándares internacionales de derechos humanos. Una Fiscalía incapaz de investigar casos en menos de dos años, que tiende siempre a ponerse en contra de la presunción de inocencia y que suele solicitar medidas cautelares privativas de libertad quiere ahora ampliar el plazo de imposición de medidas a tres años. ¿Indemnizará el fiscal general a quienes resulten inocentes en juicio y hayan pasado tres años presos? La pronta justicia como mandato constitucional no parece interesar en absoluto a la Fiscalía.

Ojalá la Asamblea Legislativa sea por una vez sensible a los derechos constitucionales y humanos de los salvadoreños, y analice y dialogue con la sociedad civil sobre las disparatadas reformas fiscales que se están proponiendo. El Salvador y su gente requieren de una Fiscalía profesional, eficiente y respetuosa de los derechos humanos.

Aunque desde la Psicología y la Psiquiatría se aborda el exhibicionismo desde una perspectiva sexual, hay una acepción más extendida que se aplica al comportamiento ordinario. En este sentido, el exhibicionismo es el comportamiento motivado por el placer de llamar la atención y de ser tomado en consideración.

Personas exhibicionistas hay en todas partes, de todas las condiciones y ha habido en todas las épocas, pero cobran más realce las que ocupan cargos públicos importantes. El estar frente a los reflectores constantemente potencia o fortalece la personalidad exhibicionista. Además, en la política salvadoreña actual, parece que el exhibicionismo es una especie de consigna, una suerte de estrategia política comunicacional para granjearse simpatías que se traduzcan en votos en el proceso electoral de febrero próximo. Por supuesto, a los que ya padecen de exhibicionismo, esta estrategia les cae de maravilla y les potencia una tendencia que les es natural. Es decir, en el ejercicio actual de la política tradicional -aunque algunos funcionarios no se identifiquen con ella a pesar de que son dignos representantes- vemos un exhibicionismo provocado, inducido.

De esta suerte y en plena era de la comunicación, parece que ya no es suficiente con asistir a entrevistas, sino que es necesario andar rodeados de periodistas que siguen los pasos de los funcionarios donde quiera que vayan. En este contexto hay que entender las imágenes del Ministro de Defensa posando en una sesión de fotos frente a varios fotógrafos cuyos lentes lo captaron cuando simulaba trabajar con una herramienta. Parece que los políticos de la actualidad han desplazado el “pienso, luego existo” cartesiano, por el “publico, luego existo”. Hoy parece que a los que tienen algún poder de decisión en la vida nacional, les es indispensable satisfacer su necesidad de elevar la autoestima y llenar vacíos afectivos que ya no son tan profundos sino evidentes. Incluso, el mundo de las redes sociales se ha convertido en un escaparate para hacer realidad sus sueños de ser una especie de superhéroes. Y al exhibicionista, el ego se le infla cuando aparecen, en cuestión de segundos, los “likes”en Twitter, y no se diga cuando sus imágenes se convierten en trending topic, aunque detrás de todo esto estén troles pagados por hacer precisamente eso.

Es cierto que los políticos deben dar a conocer lo que hacen para que la ciudadanía lo sepa, pero eso no debería incluir esperar a que lleguen las cámaras para llenarse de lodo la cara o para dar un abrazo aparentemente de respaldo. Difícil es olvidar que, a principios de junio, un equipo de la Presidencia instaló el podio presidencial en el lugar donde se realizaban las labores de rescate de siete personas que murieron soterradas por un deslave en una colonia del municipio de Santo Tomas. Esto fue el mejor ejemplo de cómo la política de hoy, como la de ayer, juega y se aprovecha del sufrimiento de la gente. Al exhibicionista no le importan los demás.

Los políticos utilizan a los medios para promoverse, tanto a los medios complacientes que les siguen el juego publicando como noticia lo que es publicidad, como a sus propios medios como órganos de propaganda. Los políticos y sus asesores saben muy bien que la mente humana acepta y recuerda con más facilidad las sensaciones visuales que las palabras. El cerebro de las personas receptoras de la información procesan antes lo que ven que lo que escuchan. Asimilan mejor el contenido de una fotografía o de un video que un conjunto de fonemas. Y no solo es que el cerebro las capte mejor, sino que da más veracidad a una imagen que a una explicación. Aquello de que “una imagen vale más que mil palabras” está siendo sobreexplotado por los políticos actuales aunque esas imágenes y esas palabras, si las hay, no tienen nada que ver con la realidad. De esta manera, los políticos venden cercanía donde siempre hay lejanía, venden mentira como que fuera verdad, compasión cuando hay interés, preocupación por el otro cuando solo hay una estrategia electorera. Qué casualidad que cuando el ahora exministro de Gobernación y candidato a alcalde de San Salvador, Mario Durán, ayudaba a una persona en el deslave de Nejapa el pasado 29 de octubre, un periodista de su escolta le tomó una fotografía en primer plano, lodo en la cara incluido, para difundirla por las redes sociales. En los sueños de los exhibicionistas está su figura misma y en la de los políticos, las próximas elecciones. Sus motivaciones altruistas empiezan y finalizan en eso.

Estos políticos que se están acostumbrando a envalentonarse ante las cámaras e insultan a quienes los cuestionan y descalifican con dichos chocarreros sus argumentos, quieren sustituir la ausencia de experiencia, de conocimiento y de inteligencia, con comportamientos que impacten en las percepciones de la gente. En realidad son personas que no han madurado ni desarrollado capacidades sociopolíticas y quieren llenar esas deficiencias de otras maneras. Estos políticos son capaces, como ya vimos, de sacar en los medios hasta el más pequeño signo que le granjee votos, pero son incapaces de rendir cuentas sobre cómo invierten millonarias cantidades de dinero público. Algunos de ellos, que han sido cuestionados, pareciera que también son creyentes de la frase “el político pobre es un pobre político”, de tal manera que para ser exitoso, deben también disponer de muchos recursos.

Como dijimos arriba, exhibicionistas hay en todas partes y en todo tiempo. El problema hoy es que los exhibicionistas políticos se están multiplicando a partir de una estrategia electoral y preocupa que son ellos los que toman las decisiones por el país. En periodos electorales el exhibicionismo se exacerba. Por eso, es saludable que la población no crea todo lo que se ve ni todo lo que se dice. Lo ideal sería exigir datos, trayectoria, testimonio. Pero esto, aunque debería ser el tamiz para medir las candidaturas, parece ser la excepción cuando la imagen y lo que proyecta son los factores decisivos a la hora de votar.

* Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 24.

La oración es como el fuego: necesaria y útil para calentarse, para comer, para iluminar y para purificar. Pero con el fuego no se juega. El segundo mandamiento advierte con claridad que no se debe tomar el nombre de Dios en vano. La oración creyente es buena y necesaria, aunque, como cualquier actividad humana, es proclive a la perversión. La oración del soberbio, que da gracias a Dios por no ser pecador como los demás, se pierde en el vacío. La oración puede ser camino de salvación, pero también una de las mayores formas de engaño y perdición.

En la actualidad, proliferan expresiones religiosas con dosis muy altas de superstición. Algunas de ellas afirman que todo lo que sucede es enviado directamente por Dios y, por tanto, si Él quisiera, podría evitarlo. Esta forma de pensar surge con fuerza en las catástrofes. Nunca faltan predicadores que interpretan los fenómenos naturales o las epidemias como castigo divino. Este dios castigador es muy injusto, porque la mayoría de las víctimas suelen ser pobres, que así resultan doblemente sancionados: a la penuria en la que sobreviven se agregan las calamidades asociadas a los desastres. Los ricos, en cambio, aunque igualmente pecadores, viven en la abundancia y en sitios seguros, donde difícilmente los alcanzan los embates de la naturaleza y la enfermedad. En cualquier caso, disponen de medios para recuperarse.

Las crisis impulsan mecánicamente a dirigirse a Dios para pedirle clemencia, como si fuera responsable directo de ella. El decreto ejecutivo sobre “el día nacional de oración” adopta esa actitud. Atribuye a Dios calamidades cuyo origen es la irresponsabilidad humana. El presidente Bukele invita a rezar para “pedir a Dios que nos proteja” de la pandemia y del huracán Iota, “y [que] nos libre del sufrimiento que ambas situaciones, ajenas a nuestra voluntad, pudieran ocasionar”. En principio, el origen de esas “situaciones” es natural, pero su incidencia es obra de la irresponsabilidad individual y social, y de la desidia e incompetencia de los gobernantes. La prevención, el cuidado mutuo y la responsabilidad reducen drásticamente la devastación. Es falso, pues, que sean situaciones “ajenas a nuestra voluntad”.

La pandemia y los huracanes son un llamado de atención para cambiar el estilo de vida. No podemos seguir como hasta ahora, indiferentes al medioambiente y abandonados al consumo desenfrenado. La covid-19 y los desastres provocados por las lluvias son señales claras de que la naturaleza ya no puede cargar con el peso de una sociedad depredadora y que el progreso no es indefinido. Los desastres ponen de manifiesto que la sociedad de consumo ha llegado al límite. Si el presidente Bukele desea proteger la vida y la salud, debe actuar en consecuencia y no trasladar esa tarea a Dios. Este entregó la creación a la humanidad para que se sirviera de ella y la cuidara. La sabiduría popular, con experiencia genuina de Dios, enseña que “a quien madruga, Dios lo ayuda” y recomienda “rogar a Dios y dar con el mazo”.

La oración presidencial tiene otras notas falsas. Pide continuar “unidos trabajando para sacar adelante” al país y para “seguir convirtiendo a El Salvador en una nación prospera para todos”. Es imposible dar continuidad a la unidad inexistente. La división no solo prevalece, sino que es cultivada intensamente. Lo mismo ha de decirse de la prosperidad. No se puede pedir prolongar un bienestar ausente para la inmensa mayoría. Estas son peticiones miopes. Mejor dejar a Dios fuera de la política partidista. El Dios de Jesús es padre de todos y todas, no desconoce a nadie y se hace cercano a todos.

El Dios cristiano no es causa de ningún tipo de mal, porque es bueno y solo puede ser bueno, incluso con los malos y los pecadores. Dios protege la vida y la salud de sus hijos e hijas, de los buenos y de los malos, porque los ama a todos por igual y porque no puede hacer otra cosa que amarlos. Su amor es desinteresado e incluyente, no discrimina a nadie. No se reza con verdad cuando al mismo tiempo se alimenta la división y el odio. La oración predilecta de Jesús invoca a un “Padre nuestro”, de todos. Por eso, pidió orar por los enemigos y bendecir a quien maldice.

La invitación al “día nacional de oración” está viciada desde la raíz. Es políticamente interesada y, en ese sentido, egoísta y, por tanto, anticristiana. Se vale del profundo sentido religioso del pueblo para fines políticos ajenos a la fe. Es una oración dirigida a los consumidores de las redes sociales, no al Dios de Jesús. No busca ser escuchada por Él, sino por los electores potenciales. Es una oración dirigida a un dios fabricado por manos humanas. En fin, es una oración supersticiosa, que brota del miedo a perder la popularidad. La superstición es una forma degradada de idolatría, el pecado más fustigado por la Escritura.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.