Editoriales y Opiniones

OPINION 11 11 20 PANDEMIA DE COVID 19 Y MIGRANTES TRAS CORNEADOS APALEADOS

El viernes 30 de octubre se conoció la sentencia de la Sala de lo Penal en respuesta al recurso de casación de los militares acusados de participar como autores mediatos en el asesinato de Elba y Celina Ramos y los jesuitas. La Sala, con dos votos contra uno, ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en el año 2000 con un razonamiento que no toma en cuenta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto a pesar de que la recomendación de apertura de juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal se sustentaban en dicha sentencia de la Sala de lo Constitucional. La cuestión es grave porque una Sala no puede obviar las razones expuestas en las instancias previas a la hora de cambiar las decisiones de estas. Y más grave todavía porque se prescinde de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de obligado cumplimiento. Solo cabe decir que la sentencia de la Sala de lo Penal es corrupta y que los magistrados que la firman han caído en el prevaricato.

Corrupta porque ratifica el sobreseimiento corrupto dado en el año 2000. En aquel entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado salvadoreño reabrir el caso por la masacre en la UCA. Francisco Flores, presidente en ese momento, dijo enfáticamente que eso no sucedería. Por su parte, el fiscal general, en un acto de desprecio a la Comisión, afirmó que él no había leído la recomendación y repitió lo dicho por Flores: el caso no se reabriría. En ese contexto la UCA presentó la acusación contra seis militares: los señalados por la Comisión de la Verdad como autores mediatos del asesinato de Elba, Celina y los jesuitas, y los que estaban sobre ellos en la cadena de mando.

Cuando al fin el caso se abrió, la reacción de los poderes políticos y económicos dominantes fue agresiva e insultante. A pesar de que hasta el momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el sistema judicial había impedido todo juicio alegando la ley de amnistía, se aplicó la normativa de la prescripción para dar el sobreseimiento a los acusados. Evidentemente, si el propio Estado impide abrir un juicio es imposible que corra el tiempo para la prescripción. Pero sistema de justicia se puso al servicio del partido Arena, y por ello el sobreseimiento fue un acto corrupto.

Con respecto al prevaricato, hay una realidad obvia. Prevaricato significa dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta, y es un delito en el que pueden caer los jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados de la Sala de lo Penal hubieran leído, conocido y obedecido la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, no hubieran podido dictar la sentencia que dieron. En este sentido, los dos magistrados que respaldaron la sentencia no tienen excusa posible. No pueden decir que no conocían la sentencia de inconstitucionalidad, pues si no la conocían cayeron en lo que se llama ignorancia manifiesta e inexcusable, y por ello deben ser destituidos. Y si la conocían, la desobedecieron. La sentencia de la Sala de lo Penal entra en contradicción con la calificación de la amnistía como inconstitucional y con la afirmación de la Sala de lo Constitucional de que la prescripción no corría mientras estuviera vigente la ley de amnistía. Esto es prevaricato.

Ciertamente, la sentencia de la Sala de lo Penal no cerrará la puerta a la justicia, tal como pretende. Existen recursos y se utilizarán por el bien del país. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal hablan repetidamente del Estado de derecho mientras contribuyen a crear inseguridad jurídica al desobedecer una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y si algo necesita El Salvador es seguridad jurídica para las víctimas tanto del pasado como del presente. La impunidad ha sido una verdadera plaga y continúa presente en nuestra sociedad. La sentencia de la Sala de lo Penal es simplemente un paso más en favor de mantener la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Y eso no es coherente con el Estado de derecho ni con los derechos humanos.

La tragedia de Nejapa es un nuevo recordatorio de las condiciones precarias en las que sobrevive la mayoría de la población. Una vez más, un evento de carácter natural, pero ocasionado por la imprudencia y la indolencia humana, deja varios muertos y más de 130 familias sin techo y sin sus escasas pertenencias, adquiridas con mucho esfuerzo. Desdichadamente, esta no es la primera ni será la última calamidad. El huracán Eta amenaza con causar más ruina y pérdidas. La complacencia de unas autoridades que se conforman con alertar, lamentar y prestar auxilio inmediato es escandalosa. El ministro de Gobernación, satisfecho consigo mismo, advirtió que en el caso de Nejapa la alerta había sido oportuna, es decir, él había hecho su parte. Pero si el aviso no llega a quienes están en peligro inminente, no cumple su cometido.

Es fácil culpar a las víctimas de las catástrofes naturales o minimizar su desgracia como inevitable, un daño colateral de la indiferencia social y gubernamental ante el creciente deterioro medioambiental. Afirmar la vulnerabilidad del país no justifica la pasividad y la indolencia. La gente no se asienta en sitios de alto riesgo por capricho, sino porque se le ha negado el acceso a una vivienda segura. Ni siquiera las alertas gubernamentales le llegan a tiempo. Los llamados “a tomar las precauciones necesarias y seguir las indicaciones” gubernamentales caen en el vacío. Son iguales a la indicación de tomar “vías alternas” para evitar el atasco. Las tales vías no existen, pero el aviso descarga la conciencia del funcionario. Muchas personas están forzadas a convivir con el peligro y a retomar su vida desde la pérdida absoluta cuando aquel se concreta. Son tantas y tan comunes que se desconoce su ubicación y su número exacto. Son las mismas a quienes los políticos aseguran servir y cuyos votos buscan en tiempos electorales como los actuales.

La fuerza de la naturaleza es poderosa e inexorable, pero su impacto puede reducirse grandemente con la prevención. Prevenir es mucho más que lanzar alertas cuando la catástrofe está a las puertas. Si las zonas de riesgo hubieran sido intervenidas y las autoridades ejercieran una vigilancia rigurosa, las vidas y los bienes estarían más seguros. Prevenir implica impedir depositar ripio y basura en sitios no aptos, deforestar, construir en sitios no habilitados o desarrollar actividades que amenazan el medioambiente. La prohibición de habitar sitios de alto riesgo debe ir acompañada de alternativas seguras. De lo contrario, la gente se amontona donde puede; por lo general, en sitios inseguros, en los que suelen ocurrir las tragedias que luego se lamentan hipócritamente como inevitables. La vigilancia y la coacción deben ir acompañadas por una intensa campaña educativa.

Intervenir, vigilar y educar para la convivencia segura corresponden tanto al gobierno local como al nacional. El primero, dada su proximidad al territorio, debiera estar familiarizado con sus características y sus habitantes, y no debiera permitir la creación de situaciones de riesgo. Ordenar el territorio y la actividad rural y urbana se imponen. Es suicida continuar como si los recursos fueran inagotables. El gobierno nacional necesita del local tanto para prevenir la catástrofe como para auxiliar a sus víctimas. Pero la altanería del ministro de Gobernación y la prepotencia del director de la Policía en Nejapa evidencian la falsa autosuficiencia de la Casa Presidencial de Bukele.

Presentarse en el sitio de tragedias como la de Nejapa para lamentar pérdidas y desenterrar cadáveres es cruel, puesto que el deslave pudo evitarse. El despliegue de ministros y fotógrafos oficiales, y el frenesí de tuits de diversos funcionarios, más de 340 en las horas siguientes, con imágenes y mensajes, proyectan la conmoción gubernamental, tan ineficaz como cínica. La mayoría de las imágenes exhiben al candidato a alcalde de la capital y actual ministro de Gobernación abrazado a las víctimas y al mando de socorristas, voluntarios y soldados. Es perverso servirse del dolor y del despojo de la población golpeada doblemente por la precariedad habitual y por la catástrofe. La calculada frialdad gubernamental ante la desgracia es insolente.

La tragedia de Nejapa, a la cual se agregará muy probablemente la del huracán Eta, exigen un plan global para intervenir de inmediato las zonas de riesgo. Responsabilizar a los Gobiernos anteriores no alivia el dolor de las víctimas. El descuido no ha sido solo de ellos, el comportamiento del presidente Bukele y sus ministros no es diferente. Todos se contentan con emitir alertas, repartir paquetes para atender necesidades inmediatas y salir en la foto muy posesionados de su papel. Hasta ahora, los Gobiernos han sacrificado el medioambiente en aras de un desarrollo mal entendido. No hace mucho, el mismo presidente Bukele expresó su intención de promover la construcción aun a costa del medioambiente, que considera un estorbo.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

La sentencia de la Sala de lo Penal ratificando el sobreseimiento definitivo del año 2000 a los acusados de autoría mediata en el asesinato de los seis jesuitas, Elba y Celina Ramos requiere nuestra atención. Es tan irregular que resulta lógico que nos preguntemos si hay alguna relación entre la exigencia constitucional de “moralidad notoria” para los jueces de la Corte Suprema de Justicia y las posibilidades de caer en el delito de prevaricato. La respuesta es evidente: cuanta menos moralidad “notoria”, más fácil será caer en el prevaricato. Pero los diputados no parecen entender bien el término “notoria” aplicado a la moralidad.

En el caso del magistrado Juan Manuel Bolaños, da la impresión que los diputados le calificaron “de moralidad notoria” por haber salido bien parado en ocho causas en su contra, incluidas dos acusaciones de estafa. La inocencia decretada en los tribunales siempre es positiva para quien la recibe, pero no es la mejor recomendación para convertirse posteriormente en juez, en especial si tanto las acusaciones como las absoluciones son excesivamente reiterativas. Si “notoria” significa una realidad conocida por todos, debe interpretarse que los diputados que eligieron a este magistrado habían quedado positivamente impresionados por la moralidad de una persona que ocho veces ha sido declarada inocente por la justicia.

De todos modos, no conviene escandalizarse. La Constitución pide moralidad notoria también para los diputados, y ya conocemos notoriamente las incursiones desastrosas en el campo de la ética de un buen número de ellos. No es raro que la moralidad de algunos diputados borrachos, narcos, pistoleros o insensibles ante el homicidio determine moralidades dudosas, incluso en la Corte Suprema de Justicia. Hasta resulta extraño que al magistrado José Roberto Argueta le hayan elegido como tal con una sola manifestación de inocencia ante la justicia. Con esas moralidades notorias, no es raro que se llegue al prevaricato.

Y pasamos así a la reciente sentencia de la Sala de lo Penal. Los magistrados Bolaños y Argueta decidieron hacer caso omiso de la sentencia de 2016 sobre la inconstitucionalidad de la amnistía. Sentencia en la que se afirma con claridad de que son judicializables todos los casos mencionados por la Comisión de la Verdad. Y que elimina, además, la prescripción, pues no podía esta correr apoyada en una ley inconstitucional que impedía enjuiciar crímenes imprescriptibles. Esta sentencia de la Sala de lo Constitucional impide invocar normas cuya vigencia dependiera de la ley de amnistía y pudieran “entorpecer, demorar o negar el ejercicio efectivo e inmediato de los derechos reconocidos en las normas constitucionales e internacionales analizadas”. No tener en cuenta la sentencia de la Sala de lo Constitucional equivale a violar la Constitución, pues se deja de lado la interpretación normativa de la Carta Magna. Y este tipo de violación en la sentencia de cualquier tribunal convierte en prevaricadores a quienes la firman.

Al menos en los últimos meses, continuamente hablamos con preocupación del Estado de derecho en El Salvador. Nos fijamos en el poder ejecutivo como fuente de violación y debilidad de las leyes. Es normal y positivo que lo hagamos. Pero tener jueces en la Corte Suprema de Justicia que caen en el prevaricato es todavía mucho más grave para el Estado de derecho. Es imprescindible que la Sala de lo Constitucional tenga el control de constitucionalidad sobre las decisiones de los poderes legislativo y ejecutivo. Pero también debería tenerlo sobre las sentencias de otras salas de la Corte Suprema. Hace ya unos cuantos años, el entonces presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, hablando en un auditorio de la UCA a estudiantes de derecho, preguntaba y respondía a una pregunta supuestamente jocosa: “¿En qué se parecen los abogados a los tiburones?”. Y respondía: “En que tiburón no come tiburón”. Gracias a Dios, en el país hay muchos abogados decentes, fuera y dentro del sistema judicial. Pero dados los acontecimientos, esperemos que la “sustancia” del chiste no se imponga como realidad al interior de la Corte Suprema de Justicia.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La actividad política requiere de sus practicantes una gran capacidad para sobrellevar con entereza las críticas, la diferencia de opinión y la contradicción. Saber soportarlas y responder de manera inteligente demandan habilidad y tolerancia. Los susceptibles y los irascibles no están capacitados para el liderazgo y, por tanto, carecen de cualidades básicas para practicar la política. Al no tener vocación, lo más sensato es que se retiren y se ocupen de sus intereses particulares. Estarán más tranquilos y, sobre todo, no representarán un obstáculo para la búsqueda del bien general. En el otro extremo están aquellos a quienes la crítica y la opinión contraria los dejan indiferentes. Son líderes insensibles, con frecuencia cínicos, obsesionados con alcanzar sus logros, pese a quien le pese. Los dos tipos de liderazgo están bien representados en la política nacional y ambos debieran abandonarla por carecer de virtudes cívicas y éticas. La honestidad con aquellos a quienes dicen servir y con ellos mismos pide que renuncien a la política, dado que ninguno contribuye positivamente a la búsqueda del bienestar general.

La actividad política se desenvuelve en el ámbito de lo público, donde se opina, se debate y se critica. A veces con razones sólidas, a veces desde la ignorancia, los prejuicios y la mala intención. Quienes tienen vocación política no temen la crítica, ni la opinión diferente, ni el ultraje. Lidian con los rumores y los ataques personales. Son conscientes de que el ámbito de lo privado se reduce a su mínima expresión y no descartan el abuso por parte del adversario. Están dispuestos a sufrir la exposición pública en áreas tan sensibles como el patrimonio, los ingresos, las donaciones y las amistades. El buen político no teme el escrutinio de la opinión pública y la prensa ni los reclamos de la población que representa. Más bien, aprecia sus aportes y procura darles respuesta pronta y eficaz. El buen político acepta la opinión contraria y la crítica; las analiza, retiene lo valioso y olvida lo demás. Favorece el debate abierto para esclarecer las ideas, ganar seguidores, identificar malentendidos, corregir errores y poner en evidencia a los provocadores.

El buen político es suficientemente inteligente como para saber que no está en posesión de la verdad y, por tanto, busca los aportes de los otros. Es humilde como para saber que las contribuciones de los especialistas y los técnicos, y el sentir de las mayorías populares proporcionan pautas válidas para encontrar lo que es mejor para todos. No desprecia los intereses de los privilegiados y cuenta con la comunidad internacional. Es sabio como para comprender que el bien común descansa en un consenso amplio, que solo se alcanza cuando logra la conciliación de intereses forzosamente contrarios. Es prudente como para saber dialogar, escuchar y negociar. El buen político construye a largo plazo, pero sabe también formular soluciones eficientes de corto y mediano plazo.

El liderazgo intolerante y cínico, aparentemente firme, cosecha en abundancia entre la población confundida, amenazada y atemorizada por una realidad incomprensible. El líder promete suprimir la fuente de esas ansiedades y castigar a los responsables de la desorientación. La creciente población hispana en Estados Unidos, los inmigrantes africanos y del Oriente Próximo en Europa, o los partidos de “siempre” en El Salvador… ante ellos, el líder agita la bandera de una identidad fuerte y definida nítidamente: “nosotros” contra “ellos”. Los sectores desorientados y amedrentados sienten que esa es la respuesta adecuada y, en consecuencia, se aferran a la identidad grupal como a una tabla de salvación en un naufragio. Se abandonan completamente a la protección y a las promesas ofrecidas por el líder.

Esta clase de liderazgo convierte así a sus seguidores en receptores pasivos de los lineamientos de quien manda y, en esa medida, tiende a infantilizarlos. En él encuentran la interpretación correcta de la realidad, la orden oportuna que endereza lo torcido y, aparentemente, la palabra eficaz que hace lo que dice. Todo estará bien. No hay margen para el error. No es necesario pensar, sino seguir al líder ciegamente. Este, por su parte, espera ese comportamiento. La crítica y la contradicción no están justificadas ni se toleran. Los críticos y los disidentes son fustigados y castigados. Sobre ellos cae el peso de una institucionalidad estatal manipulada.

Pero la intolerancia y la agresividad no son muestras de firmeza y claridad, sino de confusión, inseguridad y miedo. Por lo general, estos líderes descubren pronto que la realidad los supera y que su poder para transformarla es más limitado de lo que imaginaban. Prefieren los colaboradores leales y sumisos a los competentes: los primeros no piensan ni cuestionan; los segundos tienen conocimiento, destrezas y opinión. La reacción natural a la propia ineptitud y torpeza es la intransigencia y la agresividad. El mal líder teme el desvanecimiento del encanto que cautiva a sus seguidores.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El viernes 30 de octubre se conoció la sentencia de la Sala de lo Penal en respuesta al recurso de casación de los militares acusados de participar como autores mediatos en el asesinato de Elba y Celina Ramos y los jesuitas. La Sala, con dos votos contra uno, ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en el año 2000 con un razonamiento que no toma en cuenta la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esto a pesar de que la recomendación de apertura de juicio tanto del Juzgado de Paz como de la Cámara Tercera de lo Penal se sustentaban en dicha sentencia de la Sala de lo Constitucional. La cuestión es grave porque una Sala no puede obviar las razones expuestas en las instancias previas a la hora de cambiar las decisiones de estas. Y más grave todavía porque se prescinde de la sentencia de la Sala de lo Constitucional, de obligado cumplimiento. Solo cabe decir que la sentencia de la Sala de lo Penal es corrupta y que los magistrados que la firman han caído en el prevaricato.

Corrupta porque ratifica el sobreseimiento corrupto dado en el año 2000. En aquel entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado salvadoreño reabrir el caso por la masacre en la UCA. Francisco Flores, presidente en ese momento, dijo enfáticamente que eso no sucedería. Por su parte, el fiscal general, en un acto de desprecio a la Comisión, afirmó que él no había leído la recomendación y repitió lo dicho por Flores: el caso no se reabriría. En ese contexto la UCA presentó la acusación contra seis militares: los señalados por la Comisión de la Verdad como autores mediatos del asesinato de Elba, Celina y los jesuitas, y los que estaban sobre ellos en la cadena de mando.

Cuando al fin el caso se abrió, la reacción de los poderes políticos y económicos dominantes fue agresiva e insultante. A pesar de que hasta el momento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el sistema judicial había impedido todo juicio alegando la ley de amnistía, se aplicó la normativa de la prescripción para dar el sobreseimiento a los acusados. Evidentemente, si el propio Estado impide abrir un juicio es imposible que corra el tiempo para la prescripción. Pero sistema de justicia se puso al servicio del partido Arena, y por ello el sobreseimiento fue un acto corrupto.

Con respecto al prevaricato, hay una realidad obvia. Prevaricato significa dictar una resolución arbitraria a sabiendas de que es injusta, y es un delito en el que pueden caer los jueces, incluidos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Si los magistrados de la Sala de lo Penal hubieran leído, conocido y obedecido la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, no hubieran podido dictar la sentencia que dieron. En este sentido, los dos magistrados que respaldaron la sentencia no tienen excusa posible. No pueden decir que no conocían la sentencia de inconstitucionalidad, pues si no la conocían cayeron en lo que se llama ignorancia manifiesta e inexcusable, y por ello deben ser destituidos. Y si la conocían, la desobedecieron. La sentencia de la Sala de lo Penal entra en contradicción con la calificación de la amnistía como inconstitucional y con la afirmación de la Sala de lo Constitucional de que la prescripción no corría mientras estuviera vigente la ley de amnistía. Esto es prevaricato.

Ciertamente, la sentencia de la Sala de lo Penal no cerrará la puerta a la justicia, tal como pretende. Existen recursos y se utilizarán por el bien del país. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal hablan repetidamente del Estado de derecho mientras contribuyen a crear inseguridad jurídica al desobedecer una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Y si algo necesita El Salvador es seguridad jurídica para las víctimas tanto del pasado como del presente. La impunidad ha sido una verdadera plaga y continúa presente en nuestra sociedad. La sentencia de la Sala de lo Penal es simplemente un paso más en favor de mantener la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Y eso no es coherente con el Estado de derecho ni con los derechos humanos.

“Hay cultivos que están cerquita, a unos 100 metros del río, pero no nos permiten pasar. La gente necesita ir a ordeñar sus vacas a los corrales pero no los dejan. Las cosechas de café están madurando, ¿qué va a pasar si no se cosecha? Hay familias que quedaron a los dos lados de la frontera pero por la cuarentena no han podido regresar. Gran parte de la gente pobre se va a Honduras a trabajar y viven de estos jornales. Se están perdiendo los cultivos, milpas, frijolares. ¿Qué va a pasar con nosotros?”

Los anteriores son extractos de algunos testimonios de personas que viven en algunos municipios del departamento de Chalatenango que son fronterizos con Honduras. Estas personas narran cómo les está afectando la actuación de militares en tiempos de la pandemia. Este clamor es el que quisieron recoger los alcaldes de cuatro municipios (Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando) cuando pidieron a la Asamblea Legislativa emitir un recomendable para que el Ejército respete sus derechos. A esta iniciativa reaccionó el presidente sosteniendo que “es evidente que intentan pasar droga y/o contrabando y que además cuentan con el apoyo de las autoridades locales” (20 octubre 2020). Y el presidente fue más allá y aseguró que “aquí pueden ver quiénes trabajan para los narcotraficantes y contrabandistas. Alcaldes, medios de comunicación y por supuesto, van adonde quienes los protegen: a la Asamblea”. El presidente, en respuesta a la demanda, ordenó al Ministro de Defensa, redoblar la presencia de los militares.

Este lamentable episodio ocurrido en esos rincones de suelo compartidos entre El Salvador y Honduras llamados “bolsones” desde la sentencia de la Haya en 1992, trascendió a nivel nacional. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en apoyo a los pobladores. También se pronunció la Diócesis de Chalatenango en un comunicado del 26 de octubre firmado por su obispo, Monseñor Oswaldo Escobar Aguilar. Entre otras cosas, el comunicado afirma que “la Diócesis está hablando en nombre de estas comunidades limítrofes, para que la Fuerza Armada les conceda un trato digno y humano para que puedan desarrollar sus labores agrícolas comerciales y de libre tránsito, tal como sucedía antes de la pandemia. En estos lugares viven seres humanos con necesidades de desarrollarse y de vivir con dignidad. Ellos no son narcotraficantes”.

El incidente, aunque muy localizado, ilustra de buena manera la tónica de la actuación gubernamental y lo que debemos esperar en los meses siguientes. En primer lugar, el presidente y todo su gabinete están funcionando en “modo” electoral. Todo lo que en este tiempo hacen y no hacen, lo que dicen y lo que callan, debe analizarse con lentes electorales. Es decir, todo lo que granjee votos al Gobierno será sobredimensionado y toda oportunidad que le haga daño a sus opositores será aprovechada. Muchos municipios fronterizos viven la misma situación que los cuatro municipios en cuestión, pero el presidente y sus asesores vieron en el hecho de que los cuatro municipios están en manos del FMLN la ocasión para seguir hundiendo al partido de izquierda. Pero los cálculos les fallaron. Porque en los mismos términos se han pronunciado los pobladores de la zona y la Iglesia Católica que les acompaña. Además, el trato degradante brindado desde el Gobierno dejó claro el desconocimiento de la realidad que vive la gente, mucha de la cual mostró, hasta estos días, simpatía con el Ejecutivo. En segundo lugar, otra característica de la coyuntura electoral de parte del Gobierno es que el presidente y su equipo es capaz de cualquier cosa con tal de ganar las elecciones en febrero próximo. En ese “cualquier cosa”, cabe la mentira, la calumnia, la manipulación de medios y, en este caso, el sufrimiento de poblaciones enteras que pasa a ser un efecto colateral secundario ante el fin mayor de conseguir más réditos electorales. Probablemente a lo mismo se deba el atraso en el pago de salarios a las dependencias del Estado que incomodan al Gobierno, el atraso en el Fodes a las municipalidades, la gran mayoría en manos de la oposición y también el atraso en las pensiones a los veteranos. El gobierno pondrá toda la maquinaria del Estado al servicio de sus fines electorales. En este caso es el Ejército el que, contrario a su fin constitucional, se pone al servicio de las ambiciones personales del presidente, como ya quedó demostrado el pasado 9 de febrero. En tercer lugar, tanto los pobladores que han dado testimonio, como los alcaldes y la diócesis chalateca que han recogido sus clamores, han dejado bien claro que no se oponen a que se persiga el narcotráfico y el contrabando. La protesta se debe al maltrato de soldados y policías a los pobladores. Reclaman un trato digno. Que en las zonas fronterizas –no solo en estas- ha existido contrabando, ha sido denunciado por las mismas poblaciones. La experiencia ha demostrado que, en muchas ocasiones, las autoridades que deben combatirlo, son las que lo facilitan. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe “Cocaína desde Suramérica a los Estados Unidos, señaló que los flujos de droga en El Salvador están protegidos por la corrupción de alto nivel. La mayoría pasa por las grandes carreteras del país y sale por las fronteras autorizadas. Altos oficiales de la policía vinculados en el pasado al cartel de Texis o señalados en investigaciones como en “Los infiltrados” ocupan mandos estratégicos en la PNC actual. La estrategia de señalar a otros por lo que se hace desde dentro, es también electoral. Así ha sucedido con el nepotismo, con la falta de transparencia, con la malversación de fondos, ¿pasará lo mismo con el narcotráfico?

El sufrimiento infligido sobre poblaciones en un pequeño sector del país, se vuelve entonces, una muestra en pequeño de lo que sucede a nivel nacional.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 20.

Nuestro Estado es débil desde hace muchos años. Y en ese contexto escuchamos muchas veces decir que se está violando el Estado de Derecho. Incluso en ocasiones distintos grupos del país han tenido que acudir a instancias internacionales de Derechos Humanos, precisamente porque el Estado de Derecho en El Salvador no cumplía con sus propias obligaciones. El tema es antiguo. En el pasado solía ser la sociedad civil solidaria con los derechos de los pobres la que acusaba al Estado de violar derechos básicos de la ciudadanía. Hoy, la situación ha cambiado con la pugna que se ha establecido en el país entre el poder Ejecutivo y el poder Legislativo y por la desobediencia del Ejecutivo al poder judicial. Aunque resulta muy claro que una buena parte de las confrontaciones y enfrentamientos tiene un fondo netamente político, lo cierto es que el conflicto actual pone en evidencia que en muchos aspectos la Constitución de la República es solamente papel mojado. En la situación actual predomina la queja por las violaciones de la normativa constitucional en lo que se refiere al equilibrio de poderes y al sistema de controles, pesos y contra pesos, que especifica nuestra Constitución. Sin embargo, las violaciones a los lineamientos constitucionales que nos califican como Estado personalista, social y democrático de derecho, son mucho más amplias.

En efecto, el artículo uno de la Constitución, que define los fines del Estado, afirma que la persona humana y su dignidad son el origen y el fin del Estado. Y extrae de esta afirmación la siguiente consecuencia: “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. De hecho, la división de poderes, los controles mutuos entre poderes, los famosos pesos y contrapesos que con tanto gusto mencionan los políticos cuando hablan de nuestra democracia, no son tan absolutos en la Constitución como el primer artículo enunciado. Al contrario, los tres poderes están al servicio de los fines prioritarios del Estado que menciona dicho artículo. Respetar los derechos de cada poder del Estado y exigir el cumplimiento de las obligaciones de cada uno es indispensable en el Estado de Derecho. Pero es más indispensable todavía que los tres poderes estén al servicio de los fines expresados en el primer artículo de la Constitución. Y ahí es donde los tres poderes tienen graves carencias e incluso errores. Pues en los casi 40 años que tenemos de la actual Constitución, se han mostrado incapaces de hacer un plan operativo conjunto para lograr el cumplimiento de esas cinco exigencias constitucionales. La libertad de los más fuertes, léase los empresarios y funcionarios, ha sido normalmente la más protegida. Pero la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social no son valores que el estado haya logrado universalizar y hacer partícipes de ellos a todos los salvadoreños.

Cuando hoy se defiende sobre todo el respeto a la independencia de los poderes y a la importancia de los sistemas de control se tiene razón, pero se corre un serio peligro. Quienes carecen de bienestar económico o padecen la injusticia social de una educación o de una salud con muy baja calidad, o incluso quienes han sido detenidos en centros de contención durante la pandemia, pueden pensar, y con razón, que el Estado se defiende más así mismo y a los intereses de quienes lo administran y de sus poderosos, que a la población en general. Los demócratas tradicionales hablan con frecuencia del soberano al referirse al conjunto de personas de un país, y utilizan muy bien el término. Pero el problema es que quienes viven en pobreza no se sienten soberanos del país. Nuestra Constitución es ciertamente valiosa en sus principios fundamentales, que ponen siempre como primera prioridad a las personas y su dignidad. De ahí surgen los grandes fines de la Constitución. La separación de poderes, los pesos y contrapesos, las instituciones son los medios para lograr ese fin. Dañar los medios para el fin constitucional que se pretende es grave. Pero olvidar los fines establecidos y marginar a una parte de la población condenándola a carencias de salud y educativas, pobreza e inseguridad, es más grave todavía. Tenemos que defender los medios que hacen posibles los fines, pero nunca olvidarnos de los fines, como se ha venido haciendo y se sigue haciendo todavía. Sin respeto por los fines y sin lucha por alcanzarlos, los medios terminan siendo odiosos.

José María Tojeira

El Hospital El Salvador augura el futuro que parece aguardar al Gobierno de Bukele. La obra fue anunciada como el hospital más grande y mejor equipado de América Latina y, naturalmente, fue recibida con entusiasmo por los seguidores del presidente. Era prueba indiscutible de la diferencia con lo hasta entonces conocido. Los trabajos comenzaron con celeridad. Se habilitaron las dependencias de la antigua Feria Internacional para atender a los contagiados por la covid-19 y se empezó a levantar un nuevo edificio de varias plantas. En los primeros meses, Casa Presidencial informó periódicamente del avance de las obras. El presidente inauguró las dependencias habilitadas para atender a los contagiados por el virus, mientras los trabajos en la nueva edificación perdían ritmo hasta detenerse. El ministro de Salud ni siquiera conoce el costo total de la obra.

La grandiosa idea inicial ha quedado reducida a un centro para atender pacientes infectados, remitidos por los otros hospitales. Un centro bien provisto, sin duda, pero nada más. El proyecto resultó demasiado ambicioso para las disponibilidades y ha sido abandonado discretamente. Hubiera sido más práctico, ciertamente, mucho más económico, establecer hospitales de campaña bien provistos para atender la crisis como han hecho otros países. Pero eso se antojó demasiado poco a un Bukele que había llegado a la Presidencia aupado por expectativas grandiosas y planes deslumbrantes. El tiempo se ha encargado de desvanecer las pretensiones presidenciales, mientras la propaganda oficial proyecta como actividad intensa lo que no es más que agitación superficial. La edición de esta semana de The Economist asocia El Salvador de Bukele con la Nicaragua de los Ortega por la repugnancia a la crítica y a la libertad de pensamiento y opinión. En su momento, la revista saludó como novedad promisoria al joven presidente salvadoreño.

En su última encíclica, Fratelli tutti, el papa Francisco cuestiona esa forma de hacer política. Pareciera que el papa piensa en el país cuando reprueba la política mercantilizada, porque “lo único que logra sembrar es división, enemistad y un escepticismo desolador incapaz de apelar a un proyecto común”. El papa emplaza a estos comerciantes de la política al cuestionarles “para qué” y “hacia dónde estoy apuntando realmente”. Les advierte que cuando ya hayan dejado el poder, poca satisfacción encontrarán en recordar, “¿cuántos me aprobaron, cuántos me votaron, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí?”. Entonces, las preguntas oportunas, probablemente dolorosas, serán estas: “¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas desaté, cuánta paz social sembré?”.

La grandeza de la política se muestra en tiempos difíciles como los actuales. En las crisis, la política sana actúa guiada “por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”. En tiempos seguros, se empeña en “reformar las instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas, que permitan superar presiones e inercias viciosas”. Desdichadamente, advierte el papa, al poder político “le cuesta mucho asumir este deber en un proyecto de nación”, y todavía más en un proyecto común para la humanidad de hoy y de mañana, porque “pensar en los que vendrán no sirve a los fines electorales, pero es lo que exige una justicia auténtica”.

La encíclica avisa también de que los logros espectaculares, como los pretendidos por el presidente Bukele, “a veces no son posibles” o solo “se logran parcialmente”. Los que no entienden la política como simple búsqueda del poder no se angustian. Saben bien que sus esfuerzos no caen en el vacío, pues “no se pierde nunca ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás”. Por eso, lo encomiable es “desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra”. La “buena política”, confiada en “las reservas de bien que hay en el corazón del pueblo”, se funda “en el derecho y en un diálogo leal”, y se renueva con la convicción de que cada generación encierra “una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales”.

La política sana y buena no es la de los líderes mesiánicos, sino la de quienes cultivan lo que el papa llama “la amistad social”, que “no excluye a nadie”, que cultiva “una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello, más allá de sus apariencias físicas o morales” y que “mueve a buscar lo mejor para su vida”. Por el contrario, quien mira “con desprecio […] niega que haya lugar para todos” en la sociedad, porque divide entre personas de primera y segunda clase, “con más o menos dignidad y derechos”. La “amistad social” exige “la mejor política puesta al servicio del verdadero bien común”.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Cada 26 de octubre se celebra en El Salvador el Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos. La fecha es importante para que la ciudadanía tome conciencia del asunto. De hecho, surgen cada vez más grupos que, desde diferentes ópticas e intereses, defienden los derechos que garantiza la Constitución. Ecologistas; defensores de juventud en riesgo, de indígenas, de los derechos de la mujer o de víctimas de abusos estatales; y organizaciones de búsqueda de desaparecidos, entre otros, se asocian, cada uno desde su campo y experticia, para proteger los derechos de la población. Después de tantos y tan numerosos casos de violaciones a derechos básicos, especialmente durante la guerra civil, el tema de los derechos humanos, que parecía patrimonio de instituciones, es asumido por diversos sectores sociales. Ello resulta esperanzador, porque los derechos humanos son una moral externa al poder, que crea cultura de paz.

La tarea de defenderlos no es fácil, y por eso la celebración del 26 de octubre debe mover a la reflexión. En el pasado, el Ejército fue el mayor violador de derechos humanos. Una petición de perdón al pueblo salvadoreño frente al mural de víctimas del parque Cuscatlán, realizada por la Fuerza Armada como institución, sigue siendo una deuda pendiente. La actual negativa a la orden judicial de abrir los archivos militares y las ridículas razones dadas para no hacerlo muestran que la Fuerza Armada sigue poniéndose al margen del respeto a los derechos humanos, y con ello está jugando contra la historia. Tal vez algunos de sus líderes piensan que la frase del general Manuel José Arce “El Ejército vivirá mientras viva la República” les protege eternamente. Pero si entendemos “república” como el ejercicio de la soberanía por parte del pueblo y partimos de la persona como el valor fundamental al que debe servir el Estado, los militares que dificultan o impiden que se haga justicia a las víctimas están destrozando y atentando contra la República. Si es cierta la frase de Arce, el Ejército puede dejar de existir si daña a la República. No faltan jóvenes que piensan de esa manera.

Por lo general, quienes definen los derechos humanos son muy pragmáticos. No les interesa tanto la política cuanto el respeto a los derechos de la gente, más aún de los más débiles. Los jóvenes de hoy, aunque apoyan la justicia contra los crímenes del pasado, suelen criticar con más facilidad los abusos que cometen agentes de la PNC o soldados. Evidentemente, si no se desarrolla en los tres poderes del Estado una cultura seria de derechos humanos, esa moral externa al poder buscará cambios y propuestas que las viejas generaciones dominantes no parecen entender.

El Día Nacional del Defensor y Defensora de los Derechos Humanos nos invita al diálogo. En un Estado laico, los derechos humanos son siempre la moral a seguir. El hecho de que la juventud se interese por esta moralidad, que tiende a hacerse cada día más universal, es un buen signo. El primer artículo de la Constitución les da la razón en su esfuerzo y trabajo. Militares, jueces, diputados y funcionarios de los diferentes órganos del Estado, que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, deben estar abiertos no solo a respetar los derechos humanos, sino a impulsarlos y tenerlos como objetivo de convivencia nacional. De lo contrario, la capacidad de alcanzar acuerdos y la amistad social, necesarios para el desarrollo, serán devorados por la marea de insultos, trampas, desconfianzas y desprestigios que está poniendo en peligro nuestra convivencia democrática.

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