Editoriales y Opiniones

Los recientes sucesos en ciudad de Guatemala, cuando una movilización popular se manifestó en oposición a la aprobación apresurada del Presupuesto de Estado 2021, son una tremenda escuela política para los países de la región centroamericana, caracterizados en mayor o menor grado por sus problemas endémicos de subdesarrollo. El incendio provocado en el Congreso guatemalteco y las peticiones de renuncia a la administración de Alejandro Giammattei evidencian la facilidad con la que fallan los cálculos políticos y cómo la voluntad popular que en un momento apoya a determinada fracción para que acceda al Gobierno puede rebelarse rápidamente, generando una severa crisis de legitimidad sobre el accionar del Estado.

El ataque popular a las instalaciones del Congreso y la consecuente represión policial también encierran un gran significado sociopolítico que es necesario develar. ¿Cuál es la fuerza soberana que se manifiesta en esa crisis, el pueblo o el Estado? Y ¿cuál es el rol que tiene el Estado en el mejoramiento o deterioro experimentado en las condiciones de la vida cotidiana del pueblo? Esta reflexión vuelve importante precisar las nociones de Estado y Gobierno. El Estado es esa abstracción que se manifiesta en el conjunto de estructuras organizativas montadas sobre el pueblo y cuya arquitectura institucional yace predominantemente en la Constitución y las leyes; el Gobierno, por el otro lado, es el timón empleado por personas envestidas de la calidad de funcionarios para mover el poder del Estado sobre el pueblo.

Pues bien, las demostraciones del fin de semana en Guatemala nos hacen pensar que un segmento importante de sus ciudadanos repudia la forma maliciosa en que el Estado se alimenta de la gente y el Gobierno, del Estado, mientras el pueblo, formado como sociedad y dividido en clases, pierde aceleradamente su capacidad de reproducción, haciéndose más visible su empobrecimiento. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que se afincó la idea de que el Estado se encontraba demasiado reducido debido a las políticas “neoliberales” y que desde esa posición no podía cumplir los objetivos de desarrollo que se le han atribuido constitucionalmente. Pero parece que ahora la ciudadanía regional es más consciente de que el aumento en el gasto y la deuda pública no es suficiente para alcanzar la efectividad exigidas a los gobernantes. Y las razones de esto son básicamente dos: la corrupción y la incompetencia.

El Presupuesto de un Estado no solo nos indica cuál es la proyección de las finanzas públicas, sino también el balance y correlación de las fuerzas que lo aprueban o rechazan, así como la agenda política que un determinado Gobierno pretende echar a andar, basada en determinadas expectativas económicas. La realidad de los hechos nos demuestra cada vez más la distorsión que existe entre lo que un Gobierno proyecta o espera a través de su Presupuesto y lo que logra cumplir. Para el caso, la pandemia de covid-19 ha aumentado a un grado superlativo las partidas presupuestarias de la mayoría de países centroamericanos, mientras que la crisis económica engendrada durante este período ha provocado una disminución significativa de los ingresos gubernamentales. Esto sin contar con los efectos destructores, tanto humanos como económicos, que dejaron las pasadas tormentas y huracanes. En este sentido, la manera en que la gestión de la crisis ha arrastrado a sectores enteros de la sociedad ha hecho que esta se vuelva más inquisidora sobre el manejo de los fondos públicos y cuestione más a su Gobierno sobre el recurso del endeudamiento ante la falta de transparencia.

Esta coyuntura recuerda mucho la crisis que le dio paso a uno de los eventos políticos más célebres en la historia, la Revolución Francesa, protagonizada tanto por la clase comerciante como la trabajadora en contra del régimen monárquico y sus planes de incrementar la expoliación a través de más impuestos. Ese movimiento transformó totalmente al Estado; le diseñó un límite. Hoy en día, el hecho que la población se mantenga empobrecida o se empobrezca aún más mientras los Gobiernos se embarcan en proyectos fantasmas que solo lucran a sus funcionarios ha hecho insostenible la situación, encendiendo la mecha de una bomba financiera que abre a la posibilidad de que los Estados queden desfinanciados y, por consiguiente, desarticulados.

Comparando la situación de Guatemala con lo sucedido en Costa Rica nos damos cuenta de que este no es un problema focalizado, aunque se puede manejar de una manera distinta. Desde 2018, Costa Rica viene siendo corroída abiertamente por una crisis en sus finanzas públicas, por lo cual el Gobierno tico buscó endeudarse aún más con el Fondo Monetario Internacional. La protesta popular que se generó contra el anuncio de esa medida hace más de un mes llevó a retirar el proyecto y buscar la formación de una mesa nacional de negociación para alcanzar un acuerdo fiscal y de modernización de la administración pública. Pero todo hace prever que acceder al crédito con el FMI y ajustarse a sus medidas se convertirán en una necesidad.

El gran riesgo de los países centroamericanos para 2021 es, pues, caer en un impago técnico. La mayor lección que podemos sacar de lo que está sucediendo a nivel regional es la necesidad de democratizar lo más que se pueda el debate sobre la elaboración de los Presupuestos y que se respeten ante todo las legislaciones sobre responsabilidad fiscal y el principio de proporcionalidad entre las finanzas públicas y privadas.

* Gabriel Escolán Romero, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Proceso

El cambio más radical que propiciaron los Acuerdos de Paz de 1992 fue separar la seguridad pública y la defensa nacional. A la nueva Policía Nacional Civil se le encomendó la primera, a las Fuerzas Armadas la soberanía y la integridad del territorio y estar supeditados al poder civil. De esta manera, el autoritarismo militar que gobernó todas las dimensiones de la vida nacional durante décadas y cuyas consecuencias derivaron en una guerra civil, podría dar paso a un régimen democrático pluralista y respetuoso de los derechos humanos fundamentales. Es cierto que la ley contempla excepciones a esta regla, dejando abierta la posibilidad de que el Presidente disponga de la Fuerza Armada, pero solo en casos excepcionales. Sin embargo, la excepción se ha vuelto regla en El Salvador.

Apenas firmados los Acuerdos de Paz, desde 1993, al ejército se le comenzó a utilizar en tareas de seguridad ciudadana. Gradual y progresivamente, la Fuerza Armada ha vuelto a ser un actor político de primera línea. Durante los primeros dos gobiernos de Arena (1989-1999), al ejército se le utilizó de manera discreta. Pero a partir de los planes manoduristas, en los siguientes dos gobiernos de Arena (1999-2,009) y los dos del FMLN (2009-2019), a los efectivos militares se les dio mucha más visibilidad en las calles. ¿Quién no recuerda las tanquetas en las esquinas pretendiendo ser un elemento “disuasivo” para la delincuencia? No obstante, ha sido durante el gobierno de Nayib Bukele que la institución castrense se ha vuelto, otra vez, protagonista de la vida nacional. En una anacrónica y errática lectura de la independencia centroamericana, se les declaró héroes en la conmemoración del 15 de septiembre de 2019, y con el mismo adjetivo se les publicita en televisión, desde el gobierno, por sus labores durante la pandemia de covid-19 y durante las emergencias por las tormentas que han azotado al país. Militares se han visto repartiendo comida, buscando langostas, haciendo cercos “sanitarios” y un largo etcétera. ¿Las Fuerzas Armadas siempre han conservado el poder decisorio sobre la vida nacional? ¿Están realmente supeditados al poder civil?

Lo que se ha visto en todos estos años son signos claros que denotan que el estamento militar es una especie de casta superior. La Corte Suprema de Justicia se negó en varias ocasiones a colaborar con los tribunales españoles para aclarar el caso de la masacre de la UCA. Esta es la razón por la que solo uno de los autores mediatos del crimen fuera juzgado recientemente. También la Corte, cobró singularidad en el mundo, al interpretar una difusión roja de la interpol como “aviso de localización” contra los militares señalados por el mismo crimen. El ejecutivo de entonces, presidido por Mauricio Funes, los protegió albergándolos en el cuartel central de la extinta Guardia Nacional, cuna de los escuadrones de la muerte.

El gobierno de Bukele ha continuado con la misma práctica de gobiernos anteriores: la seguridad pública es represiva y la Fuerza Armada tiene un lugar privilegiado en ella. Prácticamente todos los puestos estratégicos en la actual Policía Nacional Civil, comenzando por su director, provienen de las filas del Ejército. A esto hay que sumar también que el actual gobierno ha hecho lo mismo de siempre al impedir y bloquear las investigaciones sobre la masacre de El Mozote y que, a pesar de que las Fuerzas Armadas reciben pagos de parte de las Naciones Unidas por la participación de efectivos y equipos en la misiones de paz impulsadas por la instancia supranacional, ningún ente de control interno ni ningún gobierno, incluido el actual, ha exigido cuentas sobre lo que hacen con ese dinero. Finalmente, la más reciente resolución de la Sala de lo Penal sobre la masacre de la UCA es, según los especialistas en la materia, una aberración jurídica que descaradamente tiene el fin de defender a los militares. Mientras esto ocurre, en la Asamblea Legislativa ya ha sido presentada una propuesta de “Ley de Seguridad Nacional” que, según se rumora, daría poder de decisión a la Fuerza Armada sobre temas estratégicos del país.

Es decir, hay demasiados signos que evidencian que la institución castrense sigue siendo un estamento que está por encima de la ley. Y hay todavía militares, candidatos a diputados incluidos, que se gozan en afirmar que el poder real del país lo tiene la Fuerza Armada. No reconocen los errores de la guerra y siguen negando las atrocidades cometidas por sus miembros a pesar de la evidencia científica que lo demuestra. Los militares que se oponen a las pretensiones autoritarias de Nayib Bukele, que no son pocos, ven en el papel del actual ministro de Defensa una desviación o, a lo sumo, una traición, pero mantienen intacta su convicción de que sin Ejército la República no existiría. ¿Están realmente bajo el poder civil o el poder civil no les exige nada que ellos no quieran obedecer? ¿El presidente los defiende como héroes porque sabe que sin ellos su estilo de gobernar no es viable sin la fuerza de las armas?

Como se ha dicho muchas veces, los Acuerdos de Paz sentaron las bases para fundar un nuevo país. Los Acuerdos fueron, probablemente, el único acuerdo de nación que hemos tenido en la historia del país. El pilar fundamental de la posibilidad de construir algo nuevo era la desmilitarización de la seguridad interna y el sometimiento de la Fuerza Armada al poder civil. Por eso, a la Fuerza Armada se le definió como apolítica, profesional, no deliberante y obediente. En estos tiempos en que, desde su cúpula, la Fuerza Armada se ha constituido en actor político, cuando el mismo ministro de Defensa ha dicho que el actual gobierno es el mejor de la historia, la institución castrense ha dejado de ser apolítica y no beligerante. ¿Cómo confiar en ella cuando traslade las urnas con los votos de los ciudadanos? Lo que está en juego no es solo una elección, sino el sistema de gobierno. Está en juego lo poco que se construyó, en materia de institucionalidad, desde los Acuerdos de Paz. Lo que está en juego es la involución del país hacia el autoritarismo fundado en el imperio de las armas.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 23.

El concepto de dignidad humana aún resulta muy difícil de aplicar de un modo universal a todas las personas. El doctor Salvador Moncada, prominente investigador hondureño, dijo recientemente en la Academia Pontificia de Ciencias que el covid-19 afecta con más fuerza a quienes tienen problemas cardíacos, a los diabéticos y a los pobres. Mientras los dos primeros grupos corresponden a problemas fisiológicos (con cierta frecuencia genéticos), la pobreza es una enfermedad social curable. A pesar de las grandes declaraciones y nobles intenciones —presentes en la mayoría de Constituciones políticas— sobre la igual dignidad de las personas, el trabajo por su respeto suele excluir a amplias capas de la población, dejándolas en la pobreza.

En el país, la Constitución reconoce la igual dignidad humana, pero la realidad dice otra cosa. La indiferencia o el paternalismo hipócrita de las élites frente a la pobreza es una señal clara de lo poco que se respeta la dignidad de todos los salvadoreños. Por otra parte, a pesar de la intensa lucha de muchas mujeres para defender sus derechos, continúan presentes conductas y modos de convivencia que ofenden, rebajan o menosprecian la dignidad de ellas. La cifra anual de violaciones contra mujeres y niñas prueba que algo anda muy mal en nuestra sociedad. Además, tanto entre letrados e iletrados, como entre militares y civiles, policías y ciudadanos, pobres y ricos existe la tendencia a establecer diferencias que dañan la igual dignidad de la persona humana. Y esa tendencia se intensifica cuando se trata de personas privadas de libertad. En este caso, a la consideración de inferior dignidad se añade desprecio, odio y espíritu de venganza.

Este tipo de cultura ha favorecido el apoyo a un lenguaje partidario populista que no oculta modos de proceder contrarios a la convivencia democrática. Y no es de extrañar que el populismo autoritario tenga éxito cuando los poderes del Estado, institucionales y de facto, han marginado con frecuencia y facilidad el respeto a la dignidad humana de una buena parte de la población. Mucha indignación causó, y con toda razón, la toma de la Asamblea Legislativa por parte del presidente de la República, respaldado por el Ejército y la Policía. Sin embargo, no genera mayor reacción que los diputados hayan propuesto una ley de seguridad nacional con abundantes resabios del autoritarismo militar del pasado. Si el populismo no es la solución para los problemas sociales, el militarismo tampoco, menos cuando la Fuerza Armada es experta en despreciar la dignidad de las víctimas de la guerra civil.

El populismo autoritario que ha caracterizado a casi todos los partidos desde la firma de la paz ha sido superado en el dicho y en el hecho por el Gobierno actual. El país no debe volver a un pasado populista ni labrar su futuro sobre un autoritarismo incapaz de respetar a todas las personas. La conversión tanto de las élites como de la ciudadanía en general a una firme y coherente creencia en la igual dignidad humana es la única ruta hacia un desarrollo equitativo y justo. El esfuerzo de la sociedad civil en este aspecto es determinante, como también reconocer y transformar todas aquellas situaciones lesivas a los derechos humanos.

Cuando asesinaron a los seis jesuitas y a Elba y Celina Ramos, tocaba interpretar el contexto de su muerte y no se nos ocurrió más que encabezar nuestros comentarios con una frase evangélica: “Testigos de la verdad”. Ellacuría en particular solía decir que la tarea universitaria más importante en El Salvador era hacer verdad. Y tanto él como los otros compañeros se empeñaban con una constancia y fortaleza admirable en el sistemático análisis de la realidad que exige hacer verdad. Por eso, ahora que celebramos los 31 años de la masacre en la UCA, resulta clave analizar el estado de la verdad en este país nuestro por el que ellos dieron sus vidas.

Para empezar, habría que decir que judicialmente ni siquiera se ha conseguido hacer verdad sobre el crimen cometido contra estos testigos de la verdad. Moralmente se ha llegado a la verdad, ratificada ampliamente tanto en comisiones, estudios y en un juicio en España contra uno de los autores intelectuales. Pero en el sistema judicial salvadoreño queda todavía la suficiente podredumbre como para impedir la verdad judicial, que, en definitiva, es la que debe decir el Estado ante un crimen de la naturaleza que comentamos. Podredumbre que, al menos de momento, está impidiendo que el Estado reconozca la verdad de muchos crímenes del pasado.

Esta costumbre de negar la verdad estatalmente lleva a construir historias e interpretaciones falsas de nuestra realidad. Las confrontaciones con periodistas y medios de comunicación críticos, y la tendencia a aprovechar políticamente las coyunturas para deformar los hechos atacando al opositor son un problema grave de la política salvadoreña desde hace mucho tiempo. Tal vez por eso mucha gente se inclina a favor de quienes atacan a los mentirosos de siempre, aunque en ocasiones utilicen mentiras del mismo porte y nivel.

La tarea indispensable de hacer verdad, sin embargo, permanece en el esfuerzo de muchos. No obstante, mientras continuemos presentando pequeños y aislados pasos como grandes soluciones, más interesados en las posibles repercusiones electorales que en la construcción de un desarrollo real y de largo plazo, difícilmente llegaremos a un futuro que supere nuestras fuertes limitaciones. El diálogo serio y con responsabilidad sobre la realidad del país es esencial. Lo mismo que una adecuada planificación de las respuestas a una situación donde la pobreza aumenta y el cambio climático es cada día una amenaza mayor. Continuar con la furia de gallos de pelea mientras la casa común se inunda o se quema no tiene sentido.

Las elecciones se acercan, y solamente una planificación seria del futuro, que incluya escuchar a la población en sus necesidades, puede devolver la confianza en la política. No sirve decir que de momento el 90% de la gente apoya a uno o a otro. Los apoyos coyunturales son eso, coyunturales. Si la pobreza aumenta, si el trabajo escasea, si los problemas se quieren resolver desde el insulto y la maniobra artera, si la corrupción continúa en los tres poderes del Estado, es muy difícil que un grupo o un líder carismático a solas resuelvan los problemas.

Cuando el estancamiento en la marcha atrás sea demasiado patente, todo se volverá más difícil. Hannah Arendt, una filósofa del siglo XX, decía que la verdad puede aplastarse e incluso destruirse, pero quienes la destruyen tienen siempre un grave problema: nunca encuentran un sustituto adecuado para esa verdad. En este tiempo largo de mentiras que con frecuencia triunfan sobre la realidad, hacer verdad continúa siendo un legado clave de los mártires de la UCA.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Las cuentas no le han salido bien al presidente Bukele. Nunca imaginó que el discurso contra los corruptos de Arena y del FMLN se volvería en contra suya y de los suyos. La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), instituida por él mismo para combatir la corrupción, encontró “irregularidades” notables en la adquisición de bienes por parte de varias dependencias del poder ejecutivo y, según lo acordado, dio aviso a la Fiscalía General, que procedió a requisar la información. La institución insignia contra la corrupción, una de las grandes promesas de la campaña electoral, ha colocado sorpresivamente en aprietos a algunos de los incondicionales del entorno presidencial. Una acción inaudita, porque los corruptos, por definición del mandatario, son Arena, el FMLN y la empresa privada políticamente contraria.

Nunca se le pasó por la cabeza al presidente que los ministros de Salud, Hacienda, Agricultura y Ganadería, y Medioambiente, y los presidentes de Anda y del Fondo Ambiental de El Salvador pudieran ser cuestionados institucionalmente por corrupción. Tal vez porque no duda de su integridad. Tal vez porque está convencido de que los suyos no son de la misma pasta que sus enemigos políticos. Tal vez porque es renuente a reconocer que se equivocó al ponerlos al frente de esos despachos. Tal vez porque, en cuanto incondicionales, son intocables, aun cuando hayan cometido actos corruptos o hayan sido negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones como el director de la Policía, elevado a viceministro para investirlo de impunidad. Sea lo que sea, Casa Presidencial ha salido malparada.

La reacción ha sido furibunda. Valiéndose de la Policía, el Ejecutivo entorpeció la incautación de información en el Ministerio de Salud. Protestó porque los fiscales habrían ingresado en las instalaciones en cantidad excesiva, sin credenciales, sin orden judicial y armados. Interpretó la acción fiscal como un ataque contra los logros gubernamentales y contra “la nueva forma de hacer política”. Insultó a los fiscales, a quienes llamó “sinvergüenzas” y arremetió contra doce congresistas estadounidenses porque uno de ellos respaldó los allanamientos. En el afán de librar a los funcionarios de responsabilidad, Casa Presidencial convirtió al pueblo en víctima de los fiscales: anunció el desabastecimiento de medicamentos por la confiscación de los equipos informáticos del Ministerio de Salud. El fiscal general, según el presidente Bukele, tiene necesidad urgente de “atacar, con toda su podredumbre, al pueblo salvadoreño”. Las razones de la agresión no fueron reveladas por el mandatario, erigido en defensor del pueblo bajo ataque fiscal.

Asombrosamente, el ministro de Salud contradijo la versión de su jefe al dar la razón a la Fiscalía General. Admitió la existencia de “un primer informe” sobre “irregularidades en procesos de compra” y que “no se compró insumos y medicamentos a precio convencional”, sino inflado por el “canibalismo”. A continuación, restó importancia a los reclamos de la Cicies, ya que serían “errores de forma” normales, en “eventos extraordinarios”, cuando es imposible “ser tan minucioso”. Olvidó mencionar que los caníbales son allegados al círculo presidencial.

No deja de ser irónico que mientras Casa Presidencial se empeña en disimular la corrupción de sus funcionarios, su ministro de Hacienda anuncie una campaña contra la fuga del capital a los paraísos fiscales. Bien se cuida el ministro de advertir que el objetivo de la cruzada son “los malos empresarios”. En lenguaje gubernamental, los políticamente contrarios. Los seguidores del presidente, “los buenos empresarios”, pueden estar tranquilos. Sus capitales están seguros. En realidad, ningún capital fugado corre peligro. La lucha contra los paraísos fiscales solo puede ser eficaz si la comunidad internacional decide acabar con ellos. Por el momento, no está por la labor. En cualquier caso, la repatriación de esos capitales tomará tiempo. Si regresan, llegarán demasiado tarde para una hacienda desesperada por obtener liquidez.

El fiscal general sorprendió a Casa Presidencial al retomar la amenaza del presidente Bukele de “meter preso a todo funcionario o a toda persona que se enriqueciera con fondos públicos de la pandemia”. El asombro y la cólera presidencial revelan que esas frases son para animar a los usuarios de las redes sociales, no para tomarlas en serio. Mucho menos para cuestionar la honradez de los funcionarios del presidente. Los allanamientos de las dependencias del poder ejecutivo y de las empresas proveedoras son solo el primer paso. Muy importante, a juzgar por las reacciones presidenciales. Todavía está por ver cuántas condenas consigue la Fiscalía General. Es un paso modesto, ya que por cuarto año consecutivo el país no alcanza el mínimo control de la corrupción establecido por Estados Unidos. Queda mucho por hacer aún.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Lo que al parecer no han entendido algunos funcionarios públicos es que los derechos fundamentales no son concesiones que ellos pueden otorgar a su arbitrio o anular cada vez que el ciudadano critica sus actuaciones. Los derechos son facultades o poderes de actuación reconocidos como consecuencia de las exigencias ético-jurídicas derivadas de la dignidad de la persona, su libertad y su igualdad. Dignidad, igualdad y libertad plasmadas en la Constitución y que, por ello, fundamentan materialmente todo el ordenamiento jurídico, gozando de la supremacía y la protección reforzada de las que goza la Carta Magna.

Sin duda, al actual estado inconstitucional de cosas se agregan los continuos obstáculos los derechos a la información, de libertad de expresión y de acceso a la información pública. Sin embargo, a pesar de las actuaciones gubernamentales que pretenden obstaculizar estos derechos, tarde o temprano la información saldrá a la luz. La libertad de información, tal como lo apunta la jurisprudencia constitucional, asegura la publicación o divulgación, con respeto objetivo a la verdad, de hechos de relevancia pública que permitan a las personas conocer la situación en la que se desarrolla su vida, de manera que, debidamente informadas, puedan tomar decisiones libres. Esta libertad se manifiesta a través del derecho a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión y el derecho de acceso a la información pública.

Este último derecho implica el libre acceso a las fuentes que contienen datos de relevancia pública. La protección constitucional a la búsqueda y obtención de información se proyecta frente a los poderes públicos y a cualquier entidad, organismo o persona que administre recursos públicos o bienes del Estado, o que, en general, ejecute actos de la administración, pues existe un principio general de publicidad y transparencia de las actuaciones del Estado y de la gestión de sus recursos. Las pretensiones ciudadanas de conocer el destino y utilización de estos recursos es un ejercicio legítimo, así como también lo es conocer el aumento en el patrimonio de los funcionarios públicos. Por ello es que la Constitución, en el artículo 240, prevé que si estos se enriquecieren sin justa causa a costa de la hacienda pública o municipal, estarán obligados a restituir lo que hubieran adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que incurren conforme a las leyes.

Estas pretensiones ciudadanas no son una afrenta hacia los funcionarios ni una novedad. Durante su período, Mauricio Funes intentó paralizar el nombramiento de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública cuando recién nacía dicha institución. Además, reservó la información relativa a los continuos viajes que realizaba junto a la primera dama, así como la concerniente a los servicios de agencias de publicidad contratadas para el diseño e implementación de campañas. En igual sentido, la entonces Junta Directiva y el Oficial de Información de la Asamblea Legislativa se negaron a entregar información sobre los gastos efectuados en la compra de obras de arte, regalos de navidad y bebidas alcohólicas en 2012, al haberla clasificado como confidencial.

Ante la negativa de las autoridades de aquel momento de entregar dicha información y ante la clara intención de mantenerla en la más completa oscuridad, los ciudadanos activaron los mecanismos legales y constitucionales para que fuera conocida por todos. Así, la Sala de lo Constitucional le ordenó a la Presidencia de la República que implementara una efectiva identificación, sistematización, resguardo y custodia de la información que generaba en su seno, y que instruyera a las instituciones públicas con las que tenía relación directa para que acataran dichas directrices y se evitaran futuras vulneraciones al derecho fundamental al acceso a la información pública. Asimismo, aclaró que la Presidencia tenía la obligación de colaborar para que a otras instituciones estatales, como la Fiscalía General de la República y el órgano judicial, realizaran las atribuciones que la Constitución les reconoce.

En el amparo 155-2013, la Sala le ordenó al Oficial de Información de la Asamblea Legislativa que entregara el listado de obras de arte, regalos y bebidas adquiridos, así como las facturas correspondientes. En dicha resolución judicial se afirmó también que no había impedimento alguno para que la Junta Directiva de la Asamblea publicara en su portal electrónico las versiones públicas de sus acuerdos.

Las maniobras utilizadas, tanto en el pasado como hoy en día, para ocultar la información pública terminan cediendo ante el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales. Como se afirmó en la sentencia de inconstitucionalidad 1-2010, la transparencia y la rendición de cuentas son necesarias para prevenir, combatir y erradicar toda manifestación o forma de corrupción en el manejo y destino de los fondos públicos, y son imprescindibles para fortalecer el Estado constitucional y democrático de derecho.

* Sandra Santos, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Con frecuencia escuchamos que tras la pandemia debemos prepararnos para la “nueva normalidad”. Este término es ambiguo porque supone que antes del covid-19 había una situación “normal”. Pero ¿qué es normal? ¿Es normal el sistema económico, social y político de dónde venimos y en el que estamos? ¿Son normales las numerosas formas de injusticia, nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano? ¿Es normal que una parte de la humanidad viva en opulencia, mientras otra ve su dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados? ¿Es normal un mundo donde los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro?

Para el papa Francisco, “la normalidad” no será la mera continuación del pasado, como tampoco la cancelación de este duro momento, sino una puesta en juego de todos nuestros recursos y creatividades para transformar el presente en el eslabón de una nueva oportunidad. Para lograr ese cambio, el papa aboga por una organización social basada en el “contribuir, compartir y distribuir con ternura, no en el poseer, excluir y acumular”. Hay que diseñar sistemas de organización social en los que se premie la participación, el cuidado y la generosidad, en vez de la indiferencia, la explotación y los intereses particulares.

En esta línea, ha recalcado que este “no es el tiempo de la indiferencia”, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia. “No es el tiempo del egoísmo”, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas. “No es el momento para seguir fabricando y vendiendo armas”, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. “No es el tiempo del olvido”: la crisis que estamos afrontando no nos debe llevar a dejar de lado tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas.

Es la hora, pues, de ponernos a trabajar con urgencia para diseñar y generar sistemas de organización social inclusivos que posibiliten vida abundante. Es lo que Francisco denomina “sociedad solidaria y justa”. Los medios de comunicación social pueden y deben contribuir a ese propósito. Así lo ha manifestado el papa en sus diferentes mensajes para las jornadas mundiales de la comunicación. En ellos expone formas específicas y decisivas de este aporte: opción de comunicar en la proximidad; utilizar el poder de la comunicación al servicio del encuentro y la inclusión; comunicar esperanza y confianza; y frente a la proliferación de noticias falsas, cultivar la verdad. En pocas palabras, poner a producir la función social de los medios.

Ante lo que el papa llama los “pecados de los medios”, es decir, la desinformación (manipular la noticia), la calumnia (decir mentiras impunemente), la difamación (violentar el derecho a la buena imagen) y la coprofilia (amor al escándalo, a la morbosidad), se proclaman tres exigencias éticas: amar la verdad, poner la comunicación al servicio del encuentro y asegurar el respeto a la dignidad humana. Ese amor a la verdad no tiene un sentido abstracto, sino muy concreto. Verdad, para el papa, “es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es confesar qué pasó con los menores de edad reclutados por los actores violentos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y de abusos. […] Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas”.

Utilizar el poder de la comunicación al servicio del encuentro y la inclusión significa tomar en serio las necesidades, angustias y esperanzas del otro, situarlo como referente y luz de la comunicación. Y uno de los requisitos fundamentales para que esto sea así es el examen crítico respecto al lenguaje que se usa para comunicar la realidad, que no pocas veces termina encubriéndola o distorsionándola, según favorezca el propio interés o ideología.

La tercera exigencia para una comunicación que respete y fomente el valor de la dignidad humana tiene que ver con la recuperación de la memoria histórica. Frente a una cultura de fugacidad y olvido, Francisco exhorta a no caer en la tentación de “dar vuelta a la página”. En la encíclica Fratelli tutti, afirma: “Nunca se avanza sin memoria, no se evoluciona sin una memoria íntegra y luminosa”; “necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”; hay que “despertar y preservar el recuerdo de las víctimas, para que la conciencia humana se fortalezca cada vez más contra todo deseo de dominación y destrucción”; hay que recordar a quienes “en medio de un contexto envenenado y corrupto fueron capaces de recuperar la dignidad y con pequeños o grandes gestos optaron por la solidaridad, la justicia y la fraternidad”. Es el caso de nuestros mártires, cuya memoria es fuente de esperanza para todos, especialmente para los sectores más empobrecidos y vulnerables.

En suma, la propuesta del papa Francisco apunta hacia un estilo comunicativo abierto y creativo, que favorezca la construcción de una “nueva realidad”; que no dé todo el protagonismo al mal, sino que trate de mostrar las posibles soluciones, favoreciendo una actitud responsable y activa en las personas a las cuales se dirige. Esto supone introducir una nueva perspectiva en el enfoque de la realidad comunicada: “Ofrecer a los hombres y a las mujeres de nuestro tiempo narraciones marcadas por la lógica de la ‘buena noticia’”, esto es, “una comunicación constructiva que, rechazando los prejuicios contra los demás, fomente una cultura del encuentro que ayude a mirar la realidad con auténtica confianza”.

* Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología (Universidad de Santa Clara) y de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco; docente jubilado de la UCA; y exdirector de Radio YSUCA.

Este lunes 16 de noviembre se celebra el recuerdo de los mártires de la UCA. Dos mujeres y seis jesuitas asesinados hace 31 años, y que así pasaron a formar parte del extendido número de personas que dieron la vida en El Salvador tratando de defender pacíficamente a los pobres. La masacre cometida en la UCA ha sido reconocida como delito de lesa humanidad y crimen de guerra tanto a nivel nacional como internacional. Sin embargo, la impunidad continúa tratando de imponerse. Primero, políticamente y, ahora, contra todo derecho, en el sistema judicial. Los dos jueces que emitieron recientemente una resolución con visos claros de prevaricato dicen que sienten y lamentan lo sucedido en 1989, pero no les tiembla la mano al firmar una resolución a todas luces reñida con la verdad, con el derecho y con la dignidad.

Más allá de estos avatares jurídicos, el recuerdo y la memoria de los mártires continúa viva y generando vida entre mucha gente de bien. Los mártires despiertan siempre solidaridad y deseo de justicia y de reconocimiento de la verdad. Desde todo punto de vista, sea religioso o laico, quien es víctima de injusticia y de violencia tiene más dignidad que aquellos que matan o abusan. Y tienen más dignidad también que los triunfadores, los aparentemente piadosos o los que se escudan en cualquier tipo de excusa para seguir glorificando a los verdugos. Nos ayudan a entender que merece la pena vivir fraternal y solidariamente, nos enseñan qué es la compasión y la misericordia, que la humanidad es una, y que solo se puede ser humano reconociendo a los demás como prójimos.

Los ocho mártires sacrificados en la UCA fueron constructores de paz e hicieron verdad desde la reflexión y el conocimiento en una sociedad marcada por la violencia, la guerra y los prejuicios ideológicos. Su tarea la continúan hoy muchas personas que, desde diversas posiciones y situaciones, tratan de que el diálogo se imponga sobre el insulto y la polarización; gente empeñada en crear una sociedad de nuevo cuño, en la que todos y todas puedan desarrollar plenamente sus capacidades y convivir en paz. La insistencia de los mártires en la necesidad de cambios estructurales está presente en quienes luchan en favor del agua como un derecho humano, sin afanes de lucro que lo entorpezca. Brilla en los médicos y enfermeras que se empeñan en salvar vidas en medio de la pandemia, a veces incluso en contra del propio sistema público de salud. Adquiere fuerza y vigor en los jóvenes que no se conforman con la situación actual y que buscan un país con sentido para todos.

Cuando mataron a Elba, Celina y los jesuitas, la expresión que más se repitió en aquel momento como grito de esperanza firme fue “No los han matado”. Hoy podemos decir con evidencia que los mártires y las víctimas están cada día más presentes. Vencieron a la infame ley de amnistía. Se enfrentan con los cínicos y mentirosos que incitan al olvido desde su comodidad. Y continúan trabajando, por sobre el griterío visceral de las redes sociales, por un futuro justo, libre, en el que la igual dignidad de las personas se construya siempre desde los desvalidos y sea mucho más que una frase retórica escrita sobre papel mojado.

El presidente Bukele y sus ministros se ríen como quieren de los diputados de Arena y del FMLN. El irrespeto es motivo suficiente para que estos se sientan ofendidos, incluso victimizados, por el poder ejecutivo. Sin embargo, la violencia institucional que sufren es también su responsabilidad. Incautamente han dejado el espacio libre a las ofensivas del presidente y sus funcionarios. Su actividad legislativa es lenta, improcedente e incompleta. Su actividad política, irrelevante. Hasta ahora, en vísperas de elecciones legislativas y municipales, han sido incapaces de articular una propuesta convincente. Se limitan a reaccionar a las iniciativas presidenciales. Entorpecen su ejecución y provocan la ira del presidente, pero no tienen nada que ofrecer en su lugar. Tampoco los diputados de los otros partidos, sumisos a las directrices del mandatario. El cuestionamiento a los funcionarios que han tenido a bien acudir a las comisiones legislativas no ha conducido a ningún lado. La nulidad de la oposición legislativa ha sido aprovechada hábilmente por Casa Presidencial. Los diputados de Arena y del FMLN y su cohorte de asesores no constituyen una oposición que imponga respeto al poder ejecutivo.

Los diputados de Arena y del FMLN descubren hasta ahora el juicio de El Mozote, los archivos militares, la partida secreta presidencial, la democracia, la institucionalidad, la corrupción y la moral pública. Arena tuvo dos décadas y el FMLN una para promover los derechos humanos y la administración de justicia, para fortalecer la institucionalidad democrática e implantar un servicio público basado en el conocimiento, la experiencia y la ética. Ahora que el presidente Bukele sigue sus pasos, levantan sus voces airadas para denunciar lo mismo que ellos descuidaron en tres décadas. Sus protestas tienen mucho de falsas e hipócritas. Si al menos fueran acompañadas por un proyecto sólido, veraz y viable, podrían avanzar en credibilidad.

Lo peor es que no han aprendido de su fracaso. La elección en curso de tres magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia adolece de vicios conocidos. El FMLN no solo insiste, por segunda vez, en meter a uno de sus alfiles, sino que tiene el descaro de defenderlo como servidor público ejemplar, pese a que su mediocre desempeño en la academia de policía es bien conocido. Los dos magistrados de la Sala de lo Penal que temerariamente han fallado en contra de la Sala de lo Constitucional para salvar el pellejo de los militares acusados de la masacre en la UCA fueron elegidos por esos mismos partidos. Ninguno cumple con los requisitos formales para ser magistrado, al igual que el presidente del Banco Central de Reserva y el ministro de Hacienda actuales. Arena y el FMLN no tienen solvencia para reclamar por los desaciertos del presidente Bukele, que no hace otra cosa que imitarlos. El discurso es distinto, pero el modo de gobernar es idéntico. El mandatario enfatiza lo mucho que lo separa de los presidentes de Arena y del FMLN, pero, en la práctica, gobierna como ellos.

Arena y el FMLN no han caído aún en la cuenta que viven inmersos en un pasado inexistente, muy marcado por una guerra sin sentido e irracional, y por una postguerra caracterizada por la corrupción, el fraude y la violación flagrante de la institucionalidad. Los liderazgos políticos de la oligarquía reaccionaria y de la revolución que no fue han envejecido, aferrados al pasado. Convencidos de estar en posesión de la solución para el país, se han negado a abrir espacio a las nuevas generaciones. No aceptan otra forma de hacer política. La desactualización ha erosionado sus posibilidades sociales y políticas y, por ende, también electorales. Gobernaron sin rivales hasta la llegada de Bukele. No es que este tenga mejores respuestas, sino que su enajenación de la realidad nacional le dejó el campo libre.

Bukele es un fenómeno sociopolítico que se encuentra por todos lados, en Europa y en Estados Unidos. Es la protesta de la gente ante la falta de respuesta a sus necesidades más sentidas y ante el miedo frente a un futuro inmediato incierto y amenazador. Bukele ha sabido ofrecer seguridades y ha sugestionado a sus seguidores del poder transformador de su discurso. Eventos como el huracán Eta sirven bien a este propósito. Los funcionarios aparecen al frente de la crisis, aparentan tener la situación bajo control y prometen hacerse cargo de las víctimas. El espectáculo es persuasivo. Otra cosa es que entregue lo prometido. El éxito del presidente Bukele y su partido es la otra cara del fracaso de Arena y del FMLN. Estos cada vez pierden más terreno ante el empuje del partido oficial. Aunque tal vez no por mucho tiempo: el electorado tiende a castigar la política tradicional, pero no agrada ser gobernado por sus reemplazos. Estados Unidos es un buen ejemplo. Se abre así una oportunidad para las nuevas formaciones políticas salvadoreñas que, con el tiempo, pueden convertirse en la némesis de los triunfadores de hoy.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Mosneñor Romero.

Esta primera semana de noviembre ha convocado las noticias y las discusiones en torno a un acontecimiento global que, por un momento, dejó de ser directamente la discusión sobre la pandemia y las nuevas olas de contagio que se viven en distintos puntos del planeta. Esta vez el tema han sido las elecciones de los Estados Unidos en donde se definió no solo la presidencia, sino también la conformación del Senado y de la Cámara de Representantes. El Salvador ha seguido de cerca lo que sucedía en dicho país. En parte, lo han dicho analistas en innumerables ocasiones y lo han repetido los políticos, tiene una larguísima relación con Estados Unidos. Pero no solo eso, la historia de la migración salvadoreña ha tenido también una palabra en este proceso. De acuerdo al Pew Hispanic Center, los salvadoreños son la tercera población más importante de origen hispano, luego de los mexicanos y los cubanos. En esta elección estaba en juego, entre otras cosas, la posibilidad de retorno o permanencia para 200,000 salvadoreños con TPS (Temporal Protection Status) y sus familias.

El poeta Roque Dalton dijo en su poema O.E.A. que “el presidente de los Estados Unidos es más presidente de mi país que el presidente de mi país” y la discusión sobre estas elecciones fue seguida en el país con cuidado. En una campaña política adelantada que lleva ya un largo recorrido en las redes sociales, los distintos partidos han opinado, celebrado y discutido las implicaciones de estos resultados.

Si bien todo indica que el presidente Trump ha perdido frente a su rival demócrata, Joe Biden, nos interesa situar en este espacio las lecciones que se pueden sacar sobre la comunicación y los procesos electorales.

Una primera lección, que los políticos locales deberán empezar a digerir es que el discurso de odio, si bien es rentable a corto plazo, parece que su éxito no necesariamente es sostenible electoralmente, aunque permanezca ahí. Lo que sí parece conseguir el discurso de odio es un posicionamiento político y la movilización de distintos movimientos ciudadanos. Estados Unidos ha registrado las elecciones con mayor participación política de los votantes en los últimos cien años.

Una segunda lección es que la movilización política no es una batalla que se gane de manera improvisada ni respondiendo a los discursos del odio. Se trata de construir una agenda propia a mediano plazo y trabajar de manera sistemática en los barrios, en las Asambleas, se trata de escuchar las preocupaciones de las personas, sus miedos, de llorar con sus muertos tal y como ha hecho Stacey Abrams en Georgia, o Alexandria Ocasio Cortez en Nueva York.

Una tercera lección es que, frente a los movimientos reaccionarios que coquetean con nuevos autoritarismos, que sueñan con una utopía habitada por generales de todos los ejércitos y ciudadanos armados, esto es, frente a una política de guerra, la mejor respuesta es un proyecto del común y del cuido, como ha dicho el nuevo presidente electo de Estados Unidos, se trata de ver en el otro un adversario, no un enemigo. ¿Quién no recuerda aquella frase que se repetía durante la guerra en las comunidades eclesiales de base de: “tenemos que salvarnos juntos, tenemos que llegar juntos a la casa del Padre, ¿qué diría si nos viera llegar a los unos sin los otros?”. El verdadero cambio a largo plazo viene entonces del trabajo en el territorio, de la apuesta por la comunidad y del proyecto de cuidado que muchas veces el talante femenino suele manifestar.

Una cuarta lección es que, aunque nos parezca imposible y lejano, las fake news y la construcción del régimen de postverdad al que han apostado presidentes como Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Jair Bolsonaro o Nayib Bukele tiene un límite.

El límite pasa por un proceso constante de educación, de organización para que las audiencias estén mejor informadas, por el compromiso de medios que apuestan por el periodismo de investigación riguroso y crítico y sobre todo, por la exigencia que todas y todos debemos hacer a las redes sociales para que activen los límites y los filtros necesarios ante las afirmaciones fuera de contexto que muchas veces los políticos llevan a cabo. Eso es lo que hemos visto estos días. Facebook habilitó un espacio para que toda persona pudiera tener acceso a información verificada para conocer sobre las elecciones. Twitter se decidió (por fin) a cerrar la cuenta de Steve Bannon, exasesor de comunicaciones de Donald Trump después que sugiriera “que el Dr. Anthony Fauci y el director del FBI, Christopher Wray, deberían ser decapitados”. También censuró varios tuits de Donald Trump y los marcó como información no verificada. Este límite debe ser aplicado a políticos de todo el mundo que utilizan las redes para enardecer a los ciudadanos, provocar discursos de odio y divulgar versiones no verificadas que normalmente van en beneficio propio.

No son estas elecciones el fin de las fake news, pero quizá asistimos al final del principio. Poco a poco, como sucedió una vez instalada la radio o la televisión la mirada de las audiencias va a afinarse. Falta mucho, pero saber que en este tiempo tan manipulado, más de 76 millones de estadounidenses (muchos de ellos inmigrantes) votaron contra las mentiras manipuladas y contra el discurso de odio, nos permite iniciar noviembre con una serena esperanza.

* Ángel Sermeño Quezada, de la Universidad la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Artículo publicado en Proceso N.° 22.