Editoriales y Opiniones

El presidente se equivoca al acusar sin fundamento a los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando, todos municipios de Chalatenango, de colaborar con el narcotráfico y el contrabando, y al cercar militarmente esos territorios. Bukele exhibe sin pudor, una vez más, el desconocimiento de la realidad y de la historia del país. Desconoce que en 1992, por un fallo de La Haya, un grupo de salvadoreños pasó a vivir en Honduras, pero sus tierras de trabajo quedaron en el lado de El Salvador. Lo mismo sucedió con ciudadanos hondureños, cuyas casas quedaron del lado salvadoreño. Ambos viven y trabajan en los llamados “bolsones”. Se mueven entre los dos países siguiendo el ritmo que han tenido desde siempre. Son comunidades caracterizadas por el abandono gubernamental. Solo algunas instituciones, iglesias y las alcaldías han tratado de atender sus necesidades.

En el contexto de la pandemia, los hondureños que viven en nuestro suelo no recibieron ayuda de su Gobierno porque habitan en territorio salvadoreño, pero tampoco han sido beneficiarios de las ayudas salvadoreñas porque no tienen documento único de identidad. Similar situación viven las familias salvadoreñas en los bolsones del vecino país. Ellas trabajan de este lado de la frontera y asisten a escuelas y centros de salud salvadoreños. Esta población y los alcaldes de Arcatao, Nueva Trinidad, San Ignacio y San Fernando no se oponen al cuido de fronteras, sino a la violación de sus derechos.

En San Fernando, unas 25 familias tienen sus siembras en el lado hondureño y los militares no las dejan pasar. No pueden ir o venir a ordeñar su ganado. Los soldados han ocupado varias escuelas y hay denuncias de maltrato a la población. Se han perdido cultivos y la crisis que se vaticina es aún más cierta para estos pobladores. Los que acostumbran expresar su fe en las parroquias salvadoreñas, ahora no pueden hacerlo. A esta situación obedece la denuncia de los alcaldes, porque, antes que salvadoreños u hondureños, los pobladores de los bolsones tienen derechos que se deben respetar. Interrumpir el flujo normal de su vida mediante la fuerza de las armas es desconocer esta realidad y una muestra de inhumanidad.

Con su acusación, el presidente desconoce también los logros policiales en los municipios en cuestión, donde agentes de la PNC, autoridades y diversos actores sociales trabajan coordinadamente. A ello se debe que estos municipios no compartan el nivel de violencia de otras zonas del país; Chalatenango ha sido y sigue siendo una de las menos violentas. Según datos oficiales de la Policía, de los 262 municipios del país, 57 no registraron homicidios entre enero y noviembre de 2019; 18 de ellos son de Chalatenango, y entre estos están los cuatro señalados por el presidente.

Es obvio que la paz no necesariamente significa ausencia de narcotráfico, pero la experiencia y la evidencia científica señalan que el tráfico de drogas y su comercio casi siempre están ligados a la violencia. Por otro lado, en materia de covid-19, según datos del mismo Gobierno, Chalatenango es el tercer departamento con menos casos detectados. Arcatao solo presenta 17; San Ignacio, 27; Nueva Trinidad, 3; y San Fernando, 1. Si algo heredaron del conflicto armado estas comunidades fue su cultura organizativa, que incluye, como ya se dijo, a los diversos actores sociales, Policía incluida.

El asunto no es maniqueo ni simple, como lo quiere hacer ver el presidente. Que las cuatro municipalidades estén en manos del FMLN no es razón suficiente para acusar sin fundamento. Otros ediles de otros partidos las apoyan, pero no lo expresan por temor. El afán electoral hace que el mandatario se equivoque de nuevo, esta vez imponiendo sufrimiento y penurias a comunidades pobres que han debido salir adelante por su cuenta ante el abandono del Gobierno.

El presidente Nayib Bukele confirmó, a través de sus medios de comunicación habituales, un rebrote de los contagios de covid-19. Y así, con una información muy breve, sin detalles ni certezas, la sociedad salvadoreña reconfirma que el virus sigue su marcha y que por ahora, no hay vuelta a la vieja normalidad conocida. En las últimas dos semanas la curva de contagios mostró una tendencia al alza, y el 14 de octubre alcanzó un punto máximo con 295 contagios. La discusión entre especialistas y personas comunes sobre qué es lo que posibilitó esta subida en las estadísticas no parece fundamentada en información fiable.

La revista Factum ha documentado que este pasado 8 de octubre, el Ministerio de Salud “incluyó en el Índice de Información Reservada todos los documentos generados por el Laboratorio Nacional que procesa las pruebas de coronavirus. Por una orden del despacho del ministro de Salud, Francisco Alabí, ningún ciudadano podrá tener acceso a la información sobre las pruebas de PCR hechas durante la pandemia hasta el 11 de junio de 2022” (Loida Avelar, revista Factum), esto implica menos acceso a datos que permitan tomar decisiones informadas. Ante la falta de información muchos ciudadanos parecen estar tomando la decisión de permanecer en casa y buscan remedios caseros que les permitan superar la enfermedad o, en todo caso, terminar sus días junto a sus seres queridos y sin la angustia de ser atendidos por un sistema hospitalario que en cualquier momento puede colapsar de nuevo.

Para el 18 de octubre de 2020, la página del Gobierno de El Salvador señaló que existían hasta ese momento 31,666 casos confirmados y 926 fallecidos. Esta información contrasta con los datos proporcionados por las alcaldías y por otras instituciones que contabilizan cifras mucho más altas. ¿De quién se puede fiar la sociedad salvadoreña?

Tampoco tenemos información que permita contrarrestar con otros datos. Si tomamos estos datos, tendremos que señalar que el índice de mortalidad es de 15 fallecidos por cada cien mil habitantes. No se está divulgando información sobre lo que sucede con otras enfermedades ni parecen tomarse medidas al respecto. Por ejemplo, frente a los casi treinta y dos mil casos de covid-19, sabemos que el año pasado, El Salvador confirmó 27,470 casos de dengue, una de las enfermedades infecciosas que más ha afectado América Latina en los últimos tiempos. ¿Qué medidas se están tomando para prevenir el dengue? El dengue es una enfermedad que puede llegar a ser mortal si no se toman las medidas adecuadas, mientras que en años anteriores el gobierno ha buscado replicar la información necesaria, a lo largo de esta pandemia, la información que circula ha sido poca y con casi ninguna visibilidad.

Uno de los mayores problemas de la falta de información cuando se trata sobre situaciones de salud es la imposibilidad de tomar decisiones adecuadas. La información, bien dicen, es poder. El problema de centralizar la información es que llega a los territorios sin hacer diferencias de cada lugar y esto quiere decir, sin la mediación de los líderes locales, los alcaldes, los integrantes de los consejos, las iglesias, que busquen analizar la información y tomar decisiones desde las particularidades de una zona específica. Si bien nuestro territorio es pequeño, no quiere decir esto que no exista una riqueza y una diversidad importante.

Quizá una de las tragedias más grandes en esta situación de urgencia global que se vive haya sido que coincidiera con un período electoral. Los distintos actores políticos más que informar desinforman, y más que tomar decisiones en función de un beneficio colectivo (la definición más antigua sobre la polis) lo que se busca es un beneficio coyuntural.

Ha habido tiempo para los repartos tradicionales que todos los partidos políticos han hecho, por ejemplo, repartir propaganda pagada con los impuestos de todos. Sin embargo, no hubo tiempo ni recursos para una campaña educativa que permitiera a la población tomar decisiones para prevenir la covid-19. El problema de la información es que no necesariamente genera adeptos, sino pensamiento crítico que posteriormente pueda cuestionar la forma en que se ofrecen ciertas soluciones fáciles y maniqueas. De eso se sabe mucho en el país, sin embargo, lamentablemente, no ha sido esa la apuesta política en un momento en que la información es quizá, el bien más urgente para salvaguardar nuestro tesoro más preciado, nuestra salud, nuestra vida, la posibilidad de continuar nuestros proyectos más amados.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 19.

Celebramos la semana pasada dos días internacionales propuestos desde hace ya algún tiempo por organizaciones de las Naciones Unidas; ambos están profundamente interrelacionados: el Día Mundial de la Alimentación y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El planeta produce suficientes alimentos para toda la humanidad, pero casi un tercio de ellos se tira, mientras en torno a 700 millones de personas pasan hambre. En El Salvador, el 14% de la población está desnutrida. Desnutrición que afecta especialmente a los niños de las familias pobres. Se dice que cerca del 30% de nuestros niños pequeños pasan hambre. Y por otra parte, se ha establecido que una tercera parte de los salvadoreños padece obesidad, en buena medida por consumir una comida con exceso de grasa y de azúcar.

Aunque ya se están haciendo algunos esfuerzos, resulta necesario universalizar un programa de atención a la primera infancia (los dos primeros años del niño o niña) que asegure la buena nutrición en esa etapa de la vida tan fundamental para el desarrollo del cerebro, y por supuesto otros aspectos del cuido. Las deficiencias alimentarias en esa etapa vital reducen las capacidades productivas del hombre y la mujer del mañana. Está demostrado desde la ciencia económica que universalizar una adecuada inversión en la primera infancia mejora enormemente la capacidad de desarrollo y bienestar de un país. Cuando la pandemia de covid-19 ha creado mayores niveles de hambre, pobreza y desempleo, se vuelve más urgente preocuparse por nuestros niños. Lo contrario constituiría una perversión de valores, trágica para nuestro futuro.

La erradicación de la pobreza sería el reto prioritario para nuestro país. Muchos de los problemas que tenemos tienen su raíz en la pobreza. Pobreza que, con la pandemia, y según cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se ha elevado en El Salvador hasta afectar a un 40% de la población. Desde el punto de vista religioso, mantener niveles altos de pobreza es pecado social; y desde el punto de vista sociológico, injusticia social. Desde la economía solamente puede entenderse como un abuso de los ricos. Y desde la política, como terrible irresponsabilidad, y con frecuencia hipocresía, que en nuestro caso se multiplica cuando tenemos una Constitución que desde hace 37 años tiene entre los cinco fines fundamentales del Estado “asegurar a los habitantes de la República [...] el bienestar económico y la justicia social”.

La falta de diálogo y el desinterés real sobre estos temas, la polarización política y la incapacidad de los diferentes liderazgos estatales a la hora de reconocer sus fallos de cara al cumplimiento de este primer artículo clave de nuestra Constitución nos pueden conducir a la repetición trágica y recurrente de enfrentamientos entre hermanos y a la perpetuación de la cultura de la violencia. De hecho, ya estamos viendo en las redes sociales la facilidad con que se manifiesta verdadero odio hacia los derechos humanos. Esto, en definitiva, es no conocer nuestra Constitución, despreciarla. Aunque formalmente no se pronuncien palabras de odio contra ella, odiar sus valores, tan vinculados a los derechos humanos, es un odio real a nuestra Carta Magna. Dialogar, consensuar, solucionar problemas alimentarios al tiempo que se trabaje unánime y sistemáticamente en la erradicación de la pobreza son tareas tan necesarias como obligatorias y pendientes en El Salvador.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Desde su fundación en 1986, y a lo largo de tres décadas de dar seguimiento sistemático a la opinión de las y los salvadoreños, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) ha investigado la realidad social salvadoreña y centroamericana a través de estudios académicos, objetivos e independientes encaminados a la transformación de la sociedad. Durante ese tiempo, el Iudop ha sido blanco de ataques de distintos grupos de poder, en particular de aquellos que se ven señalados o cuestionados de forma directa por el sentir y pensar de la población. Sin embargo, los períodos preelectorales han sido particularmente intensos en lo que respecta a acciones que han intentado erosionar la confianza de la ciudadanía en el Iudop.

Es útil hacer remembranza de lo frecuentes que han sido las críticas contra el Instituto en períodos electorales y hacer notar el reciclaje de argumentos tendenciosos utilizados por aquellos que en realidad no saben cómo reaccionar ante la voz de la población. De hecho, quienes intentan desprestigiar los datos generados por el Iudop en el fondo están intentando opacar y silenciar las opiniones de los ciudadanos que se expresan a través de nuestras encuestas; aquellos cuya realidad cotidiana es adversa y, por tanto, tienen una perspectiva cruda sobre el rumbo del país. La incomodidad generada por nuestro trabajo radica en la mística que caracteriza nuestra labor. La imparcialidad, el rigor técnico, el atender a los principios éticos de la investigación, el profundo respeto por cada una de las personas que accede a participar en nuestros estudios de opinión y el procesamiento totalmente transparente de los resultados son estándares de trabajo no negociables para el Iudop.

Figuras públicas, candidatos y funcionarios, entre otros, se encuentran en el registro histórico de quienes han intentado desprestigiar al Instituto. Aunque lidiar con esas acciones es inherente a nuestra labor, preocupa el uso de estrategias cada vez más perniciosas contra las entidades que le brindan a la población una vía para expresar sus opiniones y darlas a conocer públicamente. Este tipo de artimañas ya empiezan a evidenciarse en este período preelectoral: recientemente se divulgó una encuesta falsa en la que se utilizó distintivos e información del Iudop. De este modo, personas inescrupulosas intentan engañar la buena voluntad de las y los salvadoreños, en un momento en que el país debería unirse para atender la pandemia. Suplantar la identidad del Iudop con tal de obtener información personal de la población de cara a las elecciones de 2021 es un acto de bajeza.

La inversión de fondos públicos en publicidad oficial para posicionar insistentemente una imagen determinada de las acciones gubernamentales, la ausencia de espacios de diálogo y el rechazo a la evidencia científica para la toma de decisiones son elementos que delinean un escenario complicado para la investigación académica, cuyo fin último es realizar un servicio a favor de la verdad. Pero los momentos más adversos son una oportunidad, y en este caso el Iudop echará mano de la creatividad, compromiso y entrega de su equipo para seguir cumpliendo la misión que proyectó su fundador, el padre Ignacio Martín-Baró: ser un instituto académico que se constituya como un canal válido de expresión de la voz de las mayorías salvadoreñas.

* Laura Andrade, directora del Iudop.

Aunque en El Salvador se suele presumir de una institucionalidad más desarrollada que otros países de Centroamérica, las instituciones democráticas nacionales son muy débiles. Por ejemplo, tomó 30 años hacer efectivo el derecho constitucional a la indemnización universal, legislado desde 1983. Solo se logró hacer real el derecho hasta que hubo una denuncia de inconstitucionalidad por omisión y la Sala de lo Constitucional le fijó un plazo a la Asamblea Legislativa para legislar sobre el tema. Así, el derecho constitucional fue real hasta el año 2014. También desde 1983 existe el derecho constitucional a indemnización por retardo judicial, pero aún no hay ley secundaria que lo materialice, a pesar de que el retardo judicial es un mal endémico en la judicatura, y más intenso cuanto más arriba se asciende hacia cámaras y salas.

La ley general de aguas lleva debatiéndose 14 años. Los convenios de derechos humanos, que tienen fuerza de ley en el país, son con frecuencia ignorados incluso por los jueces. En un contexto en que instituciones internacionales serias advierten que la pobreza aumentará 8 puntos porcentuales, llegando al 40% de los salvadoreños, el Estado no tiene capacidad de dar una respuesta estructural al problema. A lo más que se llega es a repartir bolsas de comida, con un claro interés electoral. Se podrá decir que esto es mejor que nada, pero El Salvador tiene la capacidad de erradicar el hambre, y por eso no hay que conformarse con poco. Se apuesta por soluciones inmediatistas y temporales a los problemas, sin establecer un diálogo serio de cara al largo plazo. Se prefiere pactar con las pandillas en vez de tratar la delincuencia como un problema social derivado de la desigualdad, la ausencia de trabajo decente, la poca calidad educativa y la pobreza.

La Presidencia de la República cita mal la Constitución y a la Asamblea no le importa olvidarla o interpretarla a su capricho. El sistema judicial, además de su lentitud y corrupción, emite sentencias con razonamientos equivocados sin preocuparse lo más mínimo por los errores. La Sala de lo Penal, por citar un solo caso, confunde en una sentencia reciente el daño inmaterial o moral con el material, negando a causa de esa confusión una indemnización a la familia de un sordomudo asesinado por un policía. Si aparte de los tres poderes del Estado se examinaran los sistemas educativo, de pensiones y de salud, tendrían que constatarse lo desiguales y reproductores de pobreza o de violencia que son. En el país existe un elitismo muy semejante al racismo.

Fortalecer la institucionalidad del país requiere de una voluntad clara de reforma y de afrontar a fondo los problemas económicos, sociales y culturales. Es necesario darse cuenta de una vez por todas que no basta con la democracia puramente formal. No solo porque ni siquiera está bien institucionalizada, sino porque la misma democracia no funciona bien si no va acompañada de una mayor participación de la población en la toma de decisiones y de un mayor respeto y promoción de los derechos humanos. Por supuesto, tampoco es suficiente el mercado para volver al desarrollo; hace falta corregir la tendencia a maximizar ganancia, combatir de verdad la corrupción y la evasión de impuestos, y reconocer la responsabilidad social de la propiedad.

Dadas las insuficiencias institucionales observadas en todo el mundo y los fallos cometidos en la gestión de la enfermedad, la pandemia de covid-19, insisten las agencias internacionales, puede ayudar a reformar los sistemas de convivencia. La pandemia ha afectado más duramente a los más pobres. Toca ahora plantearse un cambio serio, desde el dolor y la solidaridad, en esta sociedad que estaba ya enferma antes del coronavirus y que ha quedado más débil, produciendo más pobreza y desigualdad.

En medio de la encarnizada polarización que vive el país, pocos temas gozan de consenso generalizado. Sin duda, uno de ellos es la necesidad de reconocer en la Constitución al agua y al saneamiento como un derecho humano. La pandemia de covid-19 reconfirmó que el agua es fundamental y que su escasez o ausencia atenta contra la vida. Y los diputados y diputadas por fin lo entendieron. El 15 de octubre, por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que reconoce al agua y al saneamiento como un derecho humano, un paso que podría constituirse en un hito en la historia del país si se da la ratificación en la próxima legislatura y se aprueba una ley general de aguas coherente con ese derecho. Este logro es mérito de las comunidades, organizaciones, instituciones, iglesias y personas que por años han puesto todas sus energías al servicio de esta causa.

¿Qué implicaciones tendrá en la vida práctica la ratificación? En primer lugar, que cada persona, sin importar su condición, tendrá derecho a demandar acceso al agua potable y al saneamiento. En segundo lugar, que el uso prioritario del líquido deberá ser el doméstico, y este primará en caso de conflicto con otro tipo de usos. En el país, la ganadería, los cultivos intensivos y la industria suelen tener privilegios en el acceso al agua. El reconocimiento del derecho al agua haría posible que las personas estuvieran primero. En tercer lugar, que una de las principales inversiones del Estado deberá ser llevar agua potable y saneamiento a todos los hogares.

Se señala que el texto de la reforma constitucional no es el ideal. Hay razón en ello. Pero constituye un gran avance que por fin se haya atendido una necesidad humana tan esencial. En general, los cambios más significativos no se dan de una vez; son fruto de un proceso que los va incubando gradualmente. Lo importante es que se den en la dirección correcta. Y este es el caso. Toda regla es perfectible, y el reconocimiento de este derecho no debe ser visto como un punto de llegada, sino más bien como un punto de partida para seguir el proceso de hacer realidad el derecho humano al agua.

También es cierto que este reconocimiento no cambia automáticamente la realidad. Para revertir la falta de equidad en el acceso al agua y al saneamiento, es condición necesaria el marco jurídico que lo respalde. La regla está dada, ahora hay que darle cuerpo, llevarla a la práctica. Si el agua es un derecho humano, ello debe repercutir en las leyes secundarias y, como bien público, traducirse en la obligación del Estado de garantizarlo a toda la población como uso prioritario.

Asimismo, no hay que asumir que el reconocimiento de este derecho libra al agua de un uso comercial intensivo y sin regulación, tal como ya sucede. Por eso es indispensable que en la ley general de aguas, que está en discusión en la Asamblea Legislativa, se garantice la autoridad pública estatal sobre el recurso, se asegure la participación de los usuarios en las decisiones y se impida que el agua para uso doméstico pueda ser gestionada con fines de lucro.

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, presentó el Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2021. El contexto inmediato era de tensión entre Zelaya y la Asamblea Legislativa por la reiterada negativa del primero para comparecer ante la Comisión Especial que investiga el uso de los fondos públicos durante la gestión de la pandemia. La tensión aumentó todavía más porque el Ministerio de Hacienda no había depositado todavía en esa fecha los fondos para el pago de salarios de todos los empleados de la Asamblea Legislativa, aduciendo la falta de liquidez. Algo similar a lo que había ocurrido unos días antes con los empleados del Órgano Judicial, con la diferencia que ante el reclamo de las autoridades de dicho Órgano, el Ministerio de Hacienda hizo el depósito correspondiente para el pago de esos salarios. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa entendía, entonces, que se trataba de una acción de presión y de revancha contra los diputados.

La disputa continuó con una denuncia de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa ante la Fiscalía General de la República en contra de los responsables del trámite correspondiente para poder pagar a los empleados de la Asamblea, incluyendo al mismo presidente de la República. Se les acusaba de actos arbitrarios y de incumplimiento de deberes. La evolución de la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo dependerá en buena medida del comportamiento de la Fiscalía, que no parece estar a la altura que requiere la defensa del Estado de Derecho en el país, al menos desde que comenzó la pandemia del covid-19.

En medio de esa tensión institucional ha comenzado el debate sobre los ingresos y gastos proyectados para el Presupuesto 2021. Diputados y analistas económicos han comenzado a desfilar por distintos medios de comunicación para expresar sus opiniones al respecto. El consenso general entre los diputados de la oposición y los analistas económicos es que se trata de un presupuesto inflado (en los gastos) e irrealista (en los ingresos).

Cuando el ministro de Hacienda presentó el proyecto de presupuesto expresó que se trataba del presupuesto ideal para el “milagro salvadoreño”. Con ello quiso decir que con ese presupuesto se lograría que la economía salvadoreña saliera del hoyo en que se encuentra y comenzará a crecer como no lo ha hecho, al menos, desde la crisis de 2008. Además, según el ministro, este presupuesto muestra las prioridades del gobierno para atender las necesidades de la población en materia de educación, salud y seguridad. Tres carteras ministeriales que llevan un incremento importante en su asignación presupuestaria para 2021. El mensaje es claro: quien rechace este presupuesto está en contra del pueblo.

Desde que se conocieron los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 ya se podía prever que la gestión del nuevo gobierno sería difícil, en parte por no contar con una fuerza partidaria propia y suficiente para que respaldara sus iniciativas en la Asamblea Legislativa. En parte, porque El Salvador tiene un presidente institucionalmente débil, desde una perspectiva comparada, tomando como base las facultades constitucionales con las que cuenta y los controles institucionales a los que está sometido. Cualquier persona que pretenda ejercer el cargo presidencial debiera conocer esta limitante institucional previamente. Sin embargo, pareciera que el actual ocupante del cargo desconocía esta condición y ahora lo vive con la frustración que le genera el no poder hacer todo lo que él quiere hacer, en la forma como lo quiere hacer. Como todo buen psicólogo lo sabe, esa frustración puede conducir a comportamientos agresivos.

Para ocultar su frustración y sacar ventaja política, el presidente Nayib Bukele ha seguido jugando al papel de víctima de un sistema corrupto, cuyos defensores son “los mismos de siempre”. Como en un juego de ajedrez, el presidente ha puesto en jaque varias veces a la Asamblea Legislativa, donde se encuentran los diputados de los partidos que, en su discurso de toma de posesión, identificó como obstáculos o piedras que hay que quitar. Desde entonces, la apuesta es esa: sacar de la Asamblea los obstáculos que le impidan gobernar como él quiere. Unos obstáculos que pareciera que se han multiplicado fuera de la Asamblea y a quienes el presidente considera empleados de los diputados, en el caso de los Magistrados de la Sala de lo Constitucional, y aliados de los mismos de siempre, en el caso de centros de investigación y universidades que tienen una posición crítica frente al comportamiento, con tintes autoritarios, del presidente.

Siguiendo la metáfora del juego de ajedrez, a finales de 2019, el presidente movió su “alfil blanco” para poner en jaque a la Asamblea Legislativa, al hacer que esta apareciera ante la opinión pública como contraria a la seguridad del pueblo, al no aprobar un préstamo millonario para financiar el supuesto plan de control territorial del gobierno. La Asamblea se negó a aprobarlo pero el “jaque” todavía no era “mate” pues los diputados cuestionaron públicamente la necesidad de comprar un buque para la marina y un sistema de cámaras cuya provisión favorecería a una empresa que habría negociado previamente con el director de Centros Penales.

Después, el 9 de febrero de este año, vino otro “jaque”. Esta vez con la ayuda de una “torre y un caballo”: la policía y el ejército. Una orden “de arriba” evitó que el presidente consumara la “insurrección” que promovía a través de redes sociales contra la Asamblea. Posteriormente, en medio de la pandemia, del ministerio de Salud, otro “alfil blanco” puso en jaque a los diputados, al montar un “cerco sanitario” al Salón Azul de la Asamblea pues, se supone que, había indicios de haberse convertido en un “centro de contagio”. La Asamblea tendría que parar sus funciones en razón de la salud pública. La tensión entre la Asamblea y el Ejecutivo había alcanzado ya niveles críticos.

Finalmente, el presidente ha vuelto a poner en jaque a la Asamblea. Lo ha hecho de nuevo con su “alfil blanco”, el ministro de Hacienda. Esta vez, la Asamblea lo tiene difícil. Aprobar el proyecto de presupuesto implicará endeudar al máximo al país para poder financiarlo. No aprobarlo, será la estocada final para la Asamblea, el “jaque mate”. Pues a escasos meses de las elecciones de diputados y concejos municipales, el presidente argumentará que las cosas están más que claras: esos partidos y esos diputados son los obstáculos para la educación, salud y educación que él quiere dar al pueblo. Por tanto, este pueblo tendrá en sus manos la posibilidad de sacar a esos partidos y diputados de la Asamblea el 28 de febrero. El grito de batalla será ¡de que se van, se van! Si el nuevo año se comienza sin aprobar el presupuesto, esta jugada del presidente será el “jaque mate” de los controles institucionales sobre el Ejecutivo que constitucionalmente le competen a la Asamblea Legislativa. El partido Nuevas Ideas podrá cumplir en febrero el deseo del poder total para el presidente.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 17.

Aprobada en la Asamblea en febrero de este año y vetada por la presidencia de la república, la Ley de Reconciliación cayó en una especie de letargo debido a la pandemia de Covid-19 y la paralización generalizada que supuso para el país durante varios meses. A principios del presente mes, la Sala de lo Constitucional ha convocado para el 30 de Octubre una Audiencia de seguimiento de la Sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía de 1983. El paso es necesario para encontrar un camino decente y común en la realización de la justicia frente a crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos durante nuestra guerra civil, para proporcionar verdad y reparación a las víctimas y para sentar precedentes y normas que impidan la repetición de tan terrible y cruel pasado. Todo ello desde el empeño de lograr una reconciliación en la que la verdad y la justicia construyan paz y amistad social.

El camino hacia la justicia ha sido largo en El Salvador, lo mismo que ha sido y sigue siendo difícil el camino hacia una convivencia democrática marcada por la referida amistad social. Lograr un acuerdo reparador con las víctimas y para las víctimas de una de las etapas más crueles y oscuras de nuestra historia es una oportunidad para avanzar no solo hacia la justicia, sino hacia la democracia. Pues nuestra democracia ha estado sistemáticamente lastrada por la marginación del campesino, el menosprecio del débil suburbano y el abuso del pobre, cuando no por golpes de Estado. Si algo quiere garantizar nuestra golpeada Constitución es el respeto a la igual dignidad de la persona humana. Pero es evidente que ni el liderazgo político ni el poder económico lo han logrado. Hacer justicia a las víctimas, mayoritariamente pobres y débiles de nuestra guerra civil, es un paso que puede marcar un nuevo horizonte en el respeto a la igual dignidad humana de todos los salvadoreños.

Tanto la Sala de lo Constitucional que declaró inconstitucional la ley de amnistía como la Sala actual son muy claras insistiendo en que los procesos de justicia en los crímenes mencionados deben realizarse en el marco de la justicia transicional. Ban Ki Moon, el anterior Secretario General de las Naciones Unidas, hablando sobre esta justicia decía que “los problemas que se plantean después de los conflictos hacen necesario optar por un planteamiento que equilibre múltiples objetivos, entre los que se encuentran la búsqueda de la rendición de cuentas, la verdad y la reparación, la preservación de la paz y la construcción de la democracia y el Estado de derecho”. Todo ello convierte a esta justicia en un verdadero proceso de reconciliación y desarrollo humano.

En el actual ambiente polarizado y agresivo, cumplir adecuadamente los lineamientos de la sentencia de inconstitucionalidad de 2016 se convertirá sin duda en un paso importante hacia la construcción de acuerdos nacionales y hacia una mayor humanización del sistema de justicia salvadoreño. Todavía hay demasiadas personas que agobiadas por la impunidad tanto de ayer como de hoy, aspiran a una justicia desde un espíritu de resarcimiento muy parecido a la venganza contra el criminal, olvidando tanto la obligación de poner en el centro a las víctimas y su reparación, como la obligación del Estado de trabajar en la rehabilitación del delincuente. La justicia transicional, muy atenta a ambos aspectos, facilita la reconciliación, promueve la justicia no solo legal, sino también social y reparadora, y construye cultura de paz. Revisar la ley aprobada en Febrero, el veto del Presidente y llegar a acuerdos aceptados por las víctimas, mejorando lo realizado hasta ahora, es clave para el desarrollo y el entendimiento nacional.

Por José M. Tojeira

Por lo general, los principales documentos doctrinales de los papas son las cartas encíclicas, que señalan aspectos del pensamiento de la Iglesia que los cristianos deben seguir. El papa Francisco acaba de publicar una de esas cartas, la Fratelli tutti (Todos hermanos), que reflexiona sobre un valor básico y fundamental: la hermandad. Este tema nos afecta e incumbe a todos, pues un país sin capacidad de crear fraternidad creciente a través de las personas y de las instituciones está destinado al fracaso. En El Salvador hay una fuerte tendencia a ensalzar la patria, pero no hay patria sin fraternidad. Patria viene de padre, y la maternidad y la paternidad son incomprensibles sin hijos unidos en hermandad.

El papa Francisco desde su carta invita a vivir la fraternidad, que, además de ser un mandato religioso, es uno de los valores humanos que dieron origen a la democracia. Para vivir con espíritu fraterno, dice, es indispensable poner el amor al prójimo como objetivo preferencial de la propia vida. El papa es consciente de que “hay creyentes que piensan que su grandeza está en la imposición de sus ideologías al resto, o en la defensa violenta de la verdad, o en grandes demostraciones de fortaleza”. Por ello, invita a reconocer que “lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no amar”.

Pero el amor no es un sentimiento vago o reducido al pequeño grupo de quienes se llevan bien. El verdadero amor lleva siempre hacia lo que el papa llama “amistad social”; es decir, una forma benevolente de mirar y tratar a todos desde la convicción de la hermandad universal. Somos seres con dignidad personal inviolable, pero también con profundas raíces comunitarias. Por eso estamos llamados a la solidaridad y a servir “a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo”. Una solidaridad que se extiende a cualquier necesidad del prójimo, especialmente las más perentorias. En este sentido, el papa menciona la doctrina tradicional cristiana del destino universal de los bienes.

Frente a un neoliberalismo individualista y consumista, Francisco deja claro el pensamiento de la Iglesia. Estas son sus palabras: “Vuelvo a hacer mías y a proponer a todos unas palabras de san Juan Pablo II cuya contundencia quizás no ha sido advertida: ‘Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno’. En esta línea recuerdo que ‘la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada’. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el ‘primer principio de todo el ordenamiento ético-social’, es un derecho natural, originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, ‘no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización’”.

Unir fraternidad con caridad política y con justicia social resulta indispensable para la construcción de una sociedad pacífica. Leer esta carta con el corazón abierto, dispuestos a la autocrítica y al análisis de la realidad, es una exigencia cristiana y ciudadana que se vuelve sumamente importante dado que en nuestra Constitución tenemos a la justicia social como una tarea obligatoria para el Estado. Justicia que ha sido sustituida, desde hace demasiados años, por la división, el enfrentamiento incendiario, la desigualdad y la injusticia. Décadas después del fin de la guerra, no hemos sido capaces de convertir nuestra sociedad en una comunidad fraterna y con verdadera amistad social ni se ha avanzado gran cosa hacia la justicia social. Superar los odios fomentados en las redes, cambiar de actitud ante el prójimo, unirnos en valores generosos y solidarios es esencial para no convertirnos en un Estado fracasado y en una nación incapaz de encontrar un camino de desarrollo equitativo.

Pretender que solo la propia perspectiva es la verdadera obedece a una profunda ignorancia o a mala intención. Esa actitud es más grave cuando se pasa al plano institucional y de los medios de comunicación. El empeño periodístico de informar con la verdad entronca con la búsqueda de objetividad, pero que un medio diga poseer la verdad absoluta no es otra cosa que una mentira. Nayib Bukele ha apostado por ganar en la arena mediática las próximas elecciones. Si ya su estrategia de fabricar imágenes y eslóganes lo llevó a la silla presidencial, ¿por qué no hacer lo mismo en los comicios de 2021, a fin de librarse de la oposición en la Asamblea y consolidar su poder?

El estilo confrontativo y descalificador del presidente tiene todas las características de una guerra mediática, de una lucha comunicacional e informativa por el control de las ideas. Según parece, para Bukele, gobernar es ganar la batalla de la información. Y como los medios de comunicación son el escenario de esa guerra, desde el Gobierno y con recursos del Estado ha decidido tener los suyos. Poco importa que se contradiga al afirmar que no tiene recursos para pagar empleados públicos cuando sí tiene para contratar a un batallón de comunicadores para que pinten la realidad a su gusto. La punta de lanza ha sido un espacio noticioso televisivo. Luego, anunció la creación de un periódico, tanto en versión digital como impresa. En palabras del presidente, estos medios se caracterizarán porque hablarán con la verdad.

Si las políticas estatales sirven para ganar votos, el actual Gobierno las fabrica para obtener réditos electorales, y se convierte en un productor de información para elaborar fantasías sobre el éxito de esas políticas. Además, usa recursos del Estado para amedrentar a toda institución o persona que no le es afín. No responde a las críticas con argumentos, sino con descalificaciones. Usa la publicidad oficial para premiar, castigar o cooptar a periodistas e instituciones. Con su estrategia, el presidente apunta a establecer una dictadura mediática, a controlar la libertad de información. Cuando ese poder se consolide, los medios de comunicación que ahora buscan complacerlo serán innecesarios. A lo anterior se suma una altísima inversión en publicidad y en blogs, páginas digitales, youtubers y troles al servicio de la verdad presidencial y del amedrentamiento de sus opositores.

A nivel comunicacional, el presidente batalla por imponer su relato nacional. Pero en la realidad está en juego el modelo de país. Unos medios que no responden a los hechos, sino a lo que quiere el poder auguran la imposición de la misma lógica en todas las otras dinámicas de nuestra sociedad.