Editoriales y Opiniones

O el presidente no está familiarizado con el sistema de salud del primer mundo o no ha visitado ningún hospital público nacional ni la consulta externa del Seguro Social. Lo primero es improbable, lo segundo indudable, excepto el nuevo hospital. Solo desde el desconocimiento pudo afirmar en la Asamblea General de Naciones Unidas que, “en cuestión de meses”, ha transformado el sistema público de salud en uno del “primer mundo”. En la actualidad, no existe la infraestructura, el personal, la tecnología y la inversión que ese nivel requiere. La mejora de algunas instalaciones y la apertura de un nuevo hospital no dan pie para hacer semejante afirmación. La actualización de los sistemas de salud, educación y seguridad ciudadana requiere de políticas de Estado, que ni siquiera se han planteado.

Este año, el presidente salvadoreño volvió a reclamar la reforma del sistema de Naciones Unidas en general y de la Asamblea General en particular. Pidió que la organización “cambie para que como humanidad podamos usar esta gran herramienta […] en el destino conjunto de la humanidad”. Sin embargo, pasó por alto que uno de los obstáculos para ello es el veto de la potencias que conforman el Consejo de Seguridad. Tampoco dio pistas sobre cómo hacer relevante la asamblea anual, excepto la conocida mención a Internet y al celular. Más aún, no se conoce ninguna propuesta formal reformadora de El Salvador. La crítica se queda corta y sus palabras no “pueden sonar fuertes” como quisiera. Criticar el veto de las potencias es criticar a Estados Unidos, algo a lo que Bukele no se atreve. Al contrario, su posición es similar a la de Trump. Los dos han echado en cara a Naciones Unidas la falta de liderazgo para enfrentar la pandemia.

No obstante, el presidente tiene razón al afirmar que el hambre, la falta de vivienda y muchas enfermedades son “problemas relativamente fáciles de resolver como humanidad” si esta “decidiera resolverlos”. Ahora bien, contraponer la falta de voluntad de los líderes mundiales con “la capacidad de transformación” de El Salvador es presuntuoso. El presidente extrapola el esfuerzo hecho en el área de salud, forzado por la crisis de la pandemia, a la realidad nacional. La pobreza, según la Cepal, en lugar de disminuir, ha aumentado en más de siete puntos este año y aumentará más. No toda la población tiene “una supercomputadora en el bolsillo”, como él aseguró. Muchos ni siquiera tienen acceso a Internet, tal como lo muestra la dificultad para implementar la educación a distancia en amplios sectores sociales y el elevado índice de deserción escolar. Por el momento, el país no experimenta ninguna “regeneración” ni es ejemplo de cambio.

La gran habilidad de Bukele y sus asesores es vender humo. Han explotado diestramente las décadas de descontento y frustración de la gente con los Gobiernos anteriores y los partidos tradicionales. Los anhelos de algo diferente han llevado a aceptar como real los que no son más que deseos. La recién nominada embajadora en Washington lo ha expresado lúcidamente, al declarar que hablará “del desarrollo que vendrá a El Salvador a través de proyectos”. La alienación expresa tanto la profundidad del desengaño con la política tradicional como la habilidad de Bukele y sus asesores para explotarlo a su favor. El sueño adquiere realidad por el poder de la desilusión. Paradójicamente, los residentes en Estados Unidos han mostrado la limitación de esta política del funambulismo. Mientras la citada embajadora asegura que Bukele prepara las condiciones para el regreso de los inmigrantes, estos han rechazado tajantemente esa posibilidad. Esas condiciones son irreales. La visión alternativa de la realidad les descubre el engaño. No confían en la promesas de la diplomática ni comparten los sueños de los seguidores locales del presidente.

Presumiendo de apertura en la Asamblea General, el presidente se permitió invitar a “pensadores y hacedores” de fuera a contribuir con la construcción del “milagro salvadoreño”. La invitación es cínica, pues Bukele desprecia la inteligencia. Solo acepta la colaboración de los sumisos. Ni siquiera sus ministros, supuestamente funcionarios de confianza, tienen espacio para desplegar sus conocimientos y sus habilidades. Ocupan cargos para cumplir las órdenes presidenciales, incluso las ilegales. De ahí que los planes de salud, educación y seguridad no aparezcan. Son innecesarios, ya que el presidente no solo provee, sino que exige un acto de fe en su providencia, algo totalmente inaceptable, porque solo en Dios se puede creer. Lo demás es idolatría.

El “milagro salvadoreño” no existe. Si algún milagro hay es cómo se las arregla la mayoría de la población para sobrevivir en condiciones adversas, cómo se arma de valor y emprende la arriesgada travesía hacia Estados Unidos, y cómo se sacrifica para enviar dinero a la familia que dejó atrás. El elevado volumen de las remesas evidencia lo poco que ha cambiado la situación y lo lejos que están las condiciones para su eventual retorno.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Se ha publicado la tercera encíclica del papa Francisco, titulada Fratelli tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social. Se trata de un texto inspirado en el testimonio de san Francisco de Asís, que “se sentía hermano del sol, del mar y del viento, se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne”: los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos”. Esta carta está dirigida a la humanidad y el papa la entiende como “un humilde aporte a la reflexión para que, frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras”.

El texto tiene ocho capítulos: “Las sombras de un mundo cerrado”; “Un extraño en el camino”; “Pensar y gestar un mundo abierto”; “Un corazón abierto al mundo entero”; “La mejor política”; “Diálogo y amistad social”; “Caminos de reencuentro”; y “Las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo”. El hilo conductor es que, a partir del reconocimiento de la igual dignidad de la persona, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Y el espíritu que anima ese deseo se pone de manifiesto en las siguientes palabras del papa: “Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos”. Es un nuevo sueño que busca darle actualidad histórica a la utopía, posible y deseable, de constituirnos en familia humana. Porque nadie debe pelear la vida aisladamente.

Ahora bien, la propuesta de Francisco va más allá de las buenas intenciones y busca, ante todo, posibilitar transformaciones sociales que nos acerquen a una mayor solidaridad y subsidiaridad. De ahí que su primera actitud es echar una mirada crítica ante algunas de las tendencias del mundo actual que desfavorecen el desarrollo de la fraternidad universal. Algunas de las realidades históricas que rompen la fraternidad son los conflictos anacrónicos que se consideraban superados: nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. Es la persistencia de numerosas formas de injusticia, nutridas por un modelo económico basado en las ganancias, que no duda en explotar, descartar e incluso matar al ser humano. Imperan reglas económicas que resultaron eficaces para el crecimiento, pero no para el desarrollo humano integral. Aumentó la riqueza, pero con inequidad y nuevas pobrezas.

Ruptura de fraternidad es también el hecho de que una parte de la humanidad vive en opulencia mientras otra ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada, y sus derechos fundamentales ignorados o violados. Es el mundo donde los sentimientos de pertenencia a una misma humanidad se debilitan y el sueño de construir juntos la justicia y la paz parece una utopía de otras épocas. Un mundo donde los migrantes no son considerados suficientemente dignos para participar en la vida social como cualquier otro.

Asimismo, a las sombras de un mundo cerrado, pertenece la comunicación digital. Sobre todo “cuando esta se convierte en una especie de espectáculo que puede ser espiado, vigilado, y la vida se expone a un control constante”. Cada individuo es “objeto de miradas que hurgan, desnudan y divulgan, frecuentemente de manera anónima. El respeto al otro se hace pedazos”. Por ello se afirma que la actual comunicación digital “no basta para tender puentes, no alcanza para unir a la humanidad”.

Con respecto a la crisis sanitaria mundial, el papa expresa sus preocupaciones por lo que puede ocurrir pasada la crisis. Expresa que la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Y enseguida pone de manifiesto cuatro hondos deseos para contrarrestar esas tendencias:

Ojalá que al final ya no estén los “otros”, sino solo un “nosotros”. Ojalá no se trate de otro episodio severo de la historia del que no hayamos sido capaces de aprender. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado.

Con la encíclica Fratelli tutti, el papa vuelve con ahínco sobre uno de los temas centrales de su ministerio pastoral: la necesidad de cultivar una cultura o civilización del encuentro. Está convencido de que “el aislamiento y la cerrazón en uno mismo o en los propios intereses jamás son el camino para devolver esperanza y obrar una renovación, sino que es la cercanía, la cultura del encuentro”. Y como una exigencia del presente y del futro, proclama: “El aislamiento, no; cercanía, sí. Cultura del enfrentamiento, no; cultura del encuentro, sí”.

El primer capítulo del documento concluye con una invitación a la esperanza: mirar al futuro con realismo, sin hacerse falsas ilusiones, pero sin descuidar las posibilidades de mayor justicia e inclusión que puedan construirse. Es la esperanza “enraizada en lo profundo del ser humano, independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive”. No es simple optimismo o deseo de que las cosas vayan bien. El papa habla “de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor”.

* Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología (Universidad de Santa Clara) y de la Escuela de Liderazgo Hispano de la Arquidiócesis de San Francisco; docente jubilado de la UCA; y exdirector de Radio YSUCA.

La semana pasada se celebró el día dedicado a la niñez y el de la no violencia, dos efemérides que tratan temas de una importancia sustancial para el desarrollo de El Salvador y que, además, están profundamente relacionadas. En efecto, si en el país se continúa propagando la cultura de la violencia, la niñez heredará actitudes y modos de entender la vida que llevan siempre al fracaso. Porque la violencia, del tipo que sea, no prepara para el desarrollo humano. Al contrario, lo frena y dificulta. Un compromiso activo con la no violencia, tan ligada a la cultura de paz, es el único camino para garantizar un proceso exitoso hacia la construcción de una sociedad y un futuro en los que todas las personas puedan desarrollar libre y solidariamente sus capacidades.

El tema es importante porque en El Salvador continúa vigente la cultura de la violencia. La pobreza y la desigualdad económica y social son manifestaciones claras de la violencia estructural. Los altos niveles de delincuencia responden a la violencia física. El maltrato a la mujer, el castigo físico, los grupos de exterminio, el espíritu vengativo, manifestado muchas veces en tratos crueles y degradantes a personas privadas de libertad, son muestras claras de esa cultura violenta de larga data. Y a ello se suma la violencia verbal, con el agravante de que hoy más que nunca es alentada y promovida desde las más altas esferas de la política. Ver a un presidente acuerpado por militares llamando delincuentes, corruptos y asesinos a los diputados no solo es inédito en el país, sino totalmente repudiable. La respuesta en términos parecidos de algunos diputados nos muestra una clase política que, aunque han renunciado a la violencia física, sigue promoviendo una cultura violenta y de pésima educación cívica.

Construir una cultura de paz es una responsabilidad de todos. Los adultos tienen en la educación de los jóvenes una responsabilidad semejante a la de los padres o las escuelas. Aunque los valores recibidos en la familia suelen quedar fuertemente arraigados y protegen a muchas personas de la corrupción y la tendencia a la agresión, los adultos echan a perder con facilidad los esfuerzos de padres y maestros. Porque el niño y el adolescente es siempre sensible a lo que observa como constante social: si convive con un exceso de violencia física, si se ve rodeado del grito agresivo convertido en cultura coloquial, si escucha a funcionarios del Estado insultando con el fin de generar odio o desprecio, la garantía de desterrar la cultura de la violencia desaparece. Y aún más si a esta cultura de la agresividad lo acompaña una situación económica y social que es de por sí violenta, marginando de un desarrollo digno a las grandes mayorías salvadoreñas.

En la Constitución de la Unesco, la institución de la ONU encargada de alentar mundialmente la educación y la interculturalidad, se dice lo siguiente: “Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Ello implica, en primer lugar, transformar el lenguaje cuando es fuente de agresividad, desprecio u odio. Y exige un claro respeto a los derechos humanos y buscar soluciones racionales, humanistas y del mayor consenso posible a los problemas. En este tiempo de pandemia en el que el país se ha empobrecido y se abren enormes desafíos económicos y sociales, se necesita más que nunca un diálogo racional, educado, solidario y generoso para enfrentar el futuro. Lo contrario significará retroceder y hundirnos en más conflictos amargos que sufriremos todos. Sufrimiento que se transmitirá a las nuevas generaciones, que además de solucionar sus propios problemas tendrán que corregir los errores actuales, convertidos por el paso del tiempo en heridas sociales purulentas.

El país se está acostumbrando a que en los conflictos más publicitados, el Gobierno, con el presidente a la cabeza, sea protagonista y promotor. Ya sea un escándalo que revela irregularidades gubernamentales o bien cortinas de humo para taparlo, el Ejecutivo siempre está en el centro de la escena. La última polémica es el retraso en el pago de los salarios de septiembre a empleados de los órganos judicial y legislativo. Ya se hizo efectivo el pago a los primeros, pero los segundos siguen en vilo. El Gobierno dice no tener fondos y que mientras no se aprueben más préstamos, no les podrá pagar. Ante esta explicación, hay dos posibilidades. La primera, que sea verdad que no tiene recursos; y la segunda, que se trata de una venganza o un chantaje contra el primer órgano del Estado. En todo caso, la situación no habla nada bien de la actual administración. Si es cierto que no tiene fondos, entonces el país está mucho peor de lo que se dice y las finanzas públicas han colapsado. Si el asunto en el fondo es una venganza o chantaje, la acción es grave porque no solo viola la ley, sino que toma a un grupo de trabajadores del Estado como rehenes de la guerra política y electoral que libra el Ejecutivo.

Por los antecedentes, es difícil creer que el Gobierno no tenga dinero. Hay varias razones para pensar que esta es una maniobra más. Primero, porque el chantaje es una de las estrategias preferidas de Nayib Bukele para lograr sus objetivos. La toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero se debió a que los diputados no le aprobaban un préstamo por $109 millones para la segunda fase del Plan Control Territorial. Segundo, porque el mismo presidente amenazó en mayo pasado con no pagar los salarios a los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia si no le aprobaban una cuarentena estricta de 15 días. Tercero, porque es difícil creer que el Gobierno se ha quedado sin fondos cuando, con dinero público, ha contratado a decenas de periodistas y comprado equipos para montar sus propios medios de comunicación. Cuarto, los afectados por la acción son los miembros de los otros dos poderes del Estado, encargados de hacer los contrapesos propios de una república democrática. Si hubiese falta de liquidez en las finanzas públicas, el Gobierno debería dar ejemplo rebajando o reteniendo los salarios de sus funcionarios de más alto nivel. Quinto, porque el Ejecutivo se ha rehusado a rendir cuentas de los cientos de millones de dólares que ha gastado en la pandemia, y al condicionar el pago de salarios a la aprobación de más préstamos seguiría en el camino de la opacidad y del secretismo que lo caracterizan.

En el hipotético caso de que el Gobierno se hubiese quedado sin dinero, ello sería fruto de la falta de planificación y priorización de los gastos. Algunos seguro argumentarán que el exceso de gastos y la disminución de ingresos se debe a la pandemia, lo cual no es falso. Sin embargo, otros países han pasado por lo mismo y no han llegado al impago de los empleados del Estado. La decisión de emprender obras millonarias con fines publicitarios, haber contrapuesto maniqueamente la salud a la economía, exacerbar el conflicto entre los poderes del Estado y gastar a manos llenas sin tener ningún plan de gobierno está metiendo al país en una de las peores crisis económicas de su historia. Haya o no verdad en la razón esgrimida por el Ejecutivo para echar adelante su nueva polémica, El Salvador se hunde entre memes y aplausos de barras bravas.

Cuando uno está enfermo difícilmente puede hacer la guerra. Pero lo que es evidente para el individuo no es tan claro en las relaciones sociales. El Salvador está enfrentando una pandemia grave que no solo ha afectado la salud de muchos salvadoreños. Ha causado estragos también en la economía, el trabajo, el bienestar y la educación. En otras palabras, podríamos decir que El Salvador está realmente enfermo. En realidad, nunca había salido del todo de una etapa convaleciente, tras la grave enfermedad de la guerra civil y la incapacidad de superar la violencia social y estructural. Pero ahora se recrudece una nueva fase de tensión y de enfrentamiento social y político enfermizo, que aumenta el malestar. Estamos enfermos y nos hacemos la guerra. O más bien, la guerra sigue siendo nuestra enfermedad, aunque de momento, violencia estructural a parte, más inmersa en la virtualidad, aunque algunos griten que de lo virtual se pase a lo real. Nuestros políticos parecen más interesados en el insulto que en la salud, tanto ciudadana como del Estado. ¿Podremos desde el insulto y el grito labrar un futuro mejor? Hasta ahora lo que se conoce es todo lo contrario. Solamente cuando el grito agresivo desaparezca se iniciarán perspectivas de bienestar en el futuro.

Frente a la cultura de paz, definida y propugnada por la ONU, en muchos aspectos apoyándose en amplias tradiciones religiosas mundiales, en nuestro país se ha preferido privilegiar una cultura de guerra, al menos virtual. El gobierno actual mantiene una especie de visión apocalíptica de la historia salvadoreña. Se ve el pasado como una suma absoluta de males y se presenta al nuevo liderazgo gubernamental como el destructor de la maldad del pasado y el iniciador de una nueva era de aspectos redentores y salvadores. El bien y el mal están en lucha frontal y absoluta, y todo el que manifiesta cualquier tipo de crítica que sea diferente de la gubernamental no es más que un aliado de los malos. Frente a la cultura de paz que privilegia la no violencia activa y rechaza todo tipo de violencia, se está imponiendo la agresión sicológica, la tergiversación y manipulación de la realidad, la mentira total o parcial como estrategia.

En la cultura de paz, además de impulsar los valores de la generosidad creativa y el respeto al medio ambiente, se insiste en la necesidad de escuchar para comprender. La dinámica gubernamental parece más dedicada a insultar para imponer. La persecución y ataques al periodismo de investigación, el privilegio de la propaganda sobre la verdad, la incapacidad de planificar el futuro desde un diálogo inclusivo reflejan esta mentalidad apocalíptica simplona que ve como malignos enemigos a todos los que tienen una opinión divergente, por pequeña que sea. Enemigos malignamente aliados contra la verdad y el esplendor de un nuevo gobierno, caracterizado por el apoyo de una mayoría, supuestamente indestructible, aunque ya se perciban síntomas claros de decepción y cansancio incluso en sus propias filas.

Violencia estructural y violencia cultural han sido desde la independencia problemas graves y nunca plenamente superados de El Salvador. La violencia física se manifestó brutalmente en varios momentos de nuestra historia, muchas veces unida a la violencia cultural. Las guerras de exterminio contra indígenas e incluso contra su cultura y su lengua, cuando estos reclamaban sus derechos, no fue solamente un problema de la conquista colonial. La masacre del 32 permanece como una herida histórica en nuestra patria al no ser nunca aceptada por el Estado como un verdadero delito de lesa humanidad. El machismo continúa como una expresión deleznable de la violencia cultural contra la mujer, fomentada todavía descaradamente por algunos individuos. Aunque la violencia física ha sido superada relativamente tras la guerra, hoy ha aumentado la violencia verbal. Este último tipo de violencia agrava siempre las otras violencias, especialmente la cultural y la estructural, porque estas últimas solo pueden vencerse a través de la escucha, el diálogo y la planificación económica y social derivada desde el análisis serio de los problemas. Quedarse casi exclusivamente en la apocalíptica violencia del lenguaje no lleva más que a acrecentar, en el mediano o largo plazo, las otras violencias. Y con ellas, al fracaso político, económico y social.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 16.

A partir de la Revolución Francesa se ha asumido, especialmente en Occidente, que las bases de la democracia se enmarcan en las tres palabras consagradas como lema revolucionario hace ya casi 250 años: libertad, igualdad y fraternidad. En El Salvador, para avanzar en democracia, es fundamental realizar un examen colectivo sobre el funcionamiento de los valores que subyacen a esas tres palabras. Es esta una tarea pendiente en muchos aspectos, porque en general los políticos y gobernantes han optado por la búsqueda de poder antes que por la ética. Habiendo entrado ya en el tiempo preparatorio para el 200.° aniversario de la independencia patria, sería oportuno abrir debates sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad en el país, y así diagnosticar la salud de nuestra democracia.

La libertad es el valor en el que más se ha insistido en el país desde la independencia. Sin embargo, la tendencia ha sido a privilegiar una libertad individual e individualista que al final beneficia al más fuerte ante la ausencia o debilidad de las instituciones estatales. Ocupados en las tareas de subsistencia, los salvadoreños más pobres y desfavorecidos quedan desprotegidos a la hora de desarrollar sus propias capacidades, y así es muy difícil disfrutar de las posibilidades que la libertad ofrece. Algunas libertades concretas, como la de religión, libre asentamiento de domicilio, libertad de expresión y de prensa han sido con frecuencia perjudicadas y dañadas por quienes ejercen el poder, en parte a causa de conflictos internos políticos o sociales, pero también porque el poder desarrolla en su propia estructura la organización de grupos de delincuentes dedicados a combatir a los opositores. Frente a ello es indispensable abrir la libertad para todos, controlar el mal uso de la misma por los fuertes y garantizar el respeto del Estado a las libertades ciudadanas concretas.

Por otra parte, la Constitución afirma que todos somos iguales ante la ley, pero la desigualdad campea y los poderosos tienden a verla como natural. La desigualdad en el campo del conocimiento, de los servicios estatales y del dinero hace que todos terminemos siendo desiguales ante la ley. Combatir la desigualdad desde un compromiso serio del Estado con el desarrollo de las capacidades humanas de toda la población resulta indispensable. Tanto en la libertad como en la igualdad hay graves déficits seculares que deben enfrentarse con mayor determinación. Si bien es cierto que durante el período colonial no había libertad en muchos campos y la desigualdad estaba consagrada por el sistema de castas, los 200 años de independencia deben recordarnos que es necesario caminar mucho mejor y más aprisa para la vigencia de estos valores.

Y finalmente la fraternidad. Aunque a lo largo de la historia el pueblo salvadoreño ha dado profundas pruebas de fraternidad en circunstancias difíciles, el Estado y una buena parte del liderazgo social y político tienen en este campo unas pésimas credenciales. Basta recordar las numerosas masacres de la guerra civil y la incapacidad de los diversos Gobiernos de hacer justicia. Cualquiera que sea el contenido que hoy le demos a la fraternidad, sea solidaridad, amistad social, benevolencia o tolerancia, el déficit es grave. Además, si en la dinámica política se impone el insulto y la agresión verbal como forma de relación, la cultura de la fraternidad sufre un verdadero descalabro. No es este el único momento en la historia en que se insulta sin piedad, pero dado el sufrimiento de tanta gente a raíz de la pandemia, debería primar un diálogo permanente y cordial. Ello sería bueno para la democracia, para la recuperación y el desarrollo, y para ofrecer un mejor horizonte a las nuevas generaciones.

José Saramago decía que si había que darle un título al tiempo actual, ninguno calzaba mejor que “la época de la mentira”; una mentira, decía, que se impone masivamente en la mente de las personas gracias a la gran industria de la comunicación y la cultura. Y no se equivocaba: las mentiras se usan a diario como estrategia política, repitiéndose con descaro. Sin embargo, construir sobre mentiras es hacer castillos de arena. Sin duda, puede ser más impactante y espectacular el hacer desde la falsedad, pero cuando la verdad resplandece, las máscaras se caen.

En los últimos días, tres de los pilares con los que el Gobierno construyó su discurso han colapsado o están tambaleándose. El primero, que la drástica reducción de homicidios se debe al Plan de Control Territorial. Este pilar se fue socavando poco a poco. En parte porque del Plan no se sabe nada y en parte porque las pandillas pasaron de ser el enemigo número uno a desaparecer en el contexto de la pandemia. Muy pronto, diversos expertos en el fenómeno alertaron de la posibilidad de que existiera un nuevo pacto gubernamental con las pandillas para reducir los homicidios. Un reportaje de El Faro, con documentos oficiales como prueba, lo confirmó. La credibilidad de la investigación trascendió las fronteras, mientras los esfuerzos por mantener la mentira no ha tenido éxito fuera de los más ciegos seguidores del presidente.

El segundo pilar, que este Gobierno “no ha recibido ni un centavo partido por la mitad” de parte de la Asamblea Legislativa. Este discurso también contrastaba con la realidad y con las denuncias de numerosas irregularidades en el uso de los recursos. La mentira se desmontó cuando el hoy expresidente del Banco Central de Reserva afirmó en la Asamblea que más de 3 mil millones de dólares han ingresado al erario público en concepto de deuda y donaciones. Y por decir la verdad, el funcionario fue castigado. En tercer lugar, la negativa del Ministerio de Defensa a abrir los archivos sobre la masacre en El Mozote mostró la falsedad del discurso presidencial a favor de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos. La negativa militar a obedecer una orden judicial, además, echó abajo la narrativa de una nueva Fuerza Armada. Este esfuerzo en pro de la impunidad y de la defensa de los verdugos hermana a Bukele con aquellos a los que él llama “los mismos de siempre”.

Tanto se han tambaleado estos pilares que el mandatario impuso una cadena nacional para atrincherarse en sus mentiras, recurriendo a su ya distintivo estilo confrontativo y tóxico. Tanta es su desesperación que hizo los arreglos necesarios para que tres medios de comunicación le formularan preguntas acordadas de antemano, de modo que él pudiera contestarlas exhibiendo videos. En la noche del 24 de septiembre, el presidente alcanzó un nuevo hito en su triste carrera hacia la ignominia. Nayib Bukele se equivoca al pensar que denigrando personas e instituciones logrará ocultar la verdad. El que miente todo el tiempo termina ahogándose en sus propios embustes. Y al parecer, ese será el único legado de quien prometió renovar la política: insultos, mentiras y decepciones.

Al mismo tiempo que celebramos la independencia de Centroamérica han aparecido noticias sobre una posible reforma de la Constitución salvadoreña, la ley fundamental que rige la convivencia entre todas las personas que viven en El Salvador y que por tanto debe ser trasparente y adecuadamente conocida por todos. Conocida no sólo en sus artículos, sino especialmente en los valores que los sustentan. Y en esto encontramos ya un problema. Los valores y conceptos de fondo que sustentan la Constitución salvadoreña son poco conocidos incluso por algunos políticos de diversos partidos. Que el Estado esté al servicio de la persona humana, y por supuesto de toda persona que habita en El Salvador no ha sido entendido por demasiados políticos: si lo entendieran, hubieran luchado con mucho mayor denuedo contra la pobreza, todavía demasiado extendida en nuestro país. Los conceptos de justicia social, bien común, bienestar que aparecen en los primeros artículos, tampoco han tenido mayor impacto en el liderazgo político o económico que ha ido marcando el rumbo del país. Nuestra propia gente se ha acostumbrado a tratar de salir adelante a partir de la iniciativa individual, porque del Estado se espera muy poco, a pesar de los bellos conceptos constitucionales. ¿Debe ser esto así? De ninguna manera. La iniciativa personal y privada es importante, pero el Estado debe aportar siempre los medios para que las personas desarrollen al máximo sus propias capacidades.

        Cuando se redactó la primera Constitución de la Centroamérica independiente, el mundo universitario puso los primeros cimientos de los valores que deben regir una Constitución. El sacerdote salvadoreño José Simeón Cañas, Rector de la guatemalteca Universidad de San Carlos y diputado de la Asamblea Constituyente, presentó la propuesta de la abolición de la esclavitud basándola en la igual dignidad de la persona humana. Este sentido socialmente responsable se fue abandonando después, en favor de un liberalismo demasiado dependiente de las nuevas élites económicas que propugnaban internamente, en la práctica, un desarrollo desigual. En El Salvador se puede decir que volvió a recuperarse el sentido social a partir de la constitución de 1950, que recogió muchos aspectos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la larga tradición de desprecio de los pobres, mantuvo en la práctica una situación de profundas e injustas desigualdades. Se impuso así la tendencia a dejar como papel mojado los textos y los mecanismos que conducen a la concreción de la igual dignidad de la persona humana y al apoyo del desarrollo de sus capacidades.

        Ahora se habla de hacer reformas constitucionales. Está bien, pero tal vez es importante primero reformar la conciencia ciudadana de lo que es una constitución. Aunque la Constitución actual reconoce el derecho a indemnización por retardo judicial desde hace 37 años, por poner un ejemplo, ni los abogados que redactaron estos artículos, ni los diputados que juran ser fieles a la Constitución, ni el Ejecutivo con su capacidad de propuesta de ley, se atrevieron a impulsar una legislación secundaria que hiciera efectivo el texto constitucional. Y el retardo judicial continúa endémico, y no precisamente al servicio de la persona humana. Tener un sistema público único y universal de salud no cabe todavía en la mente de nuestro liderazgo político, a pesar de ser lo más coherente con la justicia social que defiende la Constitución. Está bien hacerle reformas a la Constitución en algunos aspectos, pero antes tiene que ponerse de acuerdo la ciudadanía en algo tan sencillo como el bien común, que tantas veces invocamos, y probablemente seguiremos invocando, dada la escasez de vocabulario en el léxico político. Entender el bien común como el cumplimiento pleno de derechos tanto civiles y políticos, como económicos y sociales, no parece que quepa en la cabeza de algunos diputados presentes y futuros. Por eso, aunque el desarrollo técnico de algunas reformas constitucionales se realice en privado, la discusión pública y ciudadana es indispensable para que la Constitución no siga siendo un juguete de papel y la Independencia sea algo más que el lujo privado de los poderosos.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La conexión casi natural entre política y mentira es milenaria. Sin espacio para realizar una reseña de la laberíntica relación entre ambas nociones, podemos afirmar que en nuestros días vivimos una nueva metamorfosis de la utilización de la mentira con propósitos políticos diversos (por ejemplo, desacreditar al opositor, inflar un presunto logro de gobierno, manipular la opinión pública, etcétera); maquillada dichas mentiras, eso sí, como verdades auténticas e inobjetables. Es a lo que llamamos posverdad o verdades alternativas. Muchos de nuestros actuales gobernantes en el poder imprimen este sello característico a su gestión. Nuevamente, de Donald Trump a Nayib Bukele, pasando por el mexicano Andrés Manuel López Obrador podemos citarlos como ejemplos extremos y cercanos de la perversa relación que en la actualidad se establece entre posverdad y política en nuestros países.

Sustentaré esta afirmación haciendo una breve referencia a viñetas periodísticas recientes. Hace un par de semanas, el rector de la UCA, Andreu Oliva, afirmó: "La mentira es una estrategia del Gobierno actual para hacer creer a la población cosas que no son verdad, eso ha sido en múltiples niveles", (La Prensa Gráfica, 25 de agosto, 2020, edición digital). Otro ejemplo es el del gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador quien gobierna haciendo ostentación de un excesivo, aunque sin duda eficaz, ejercicio diario de comunicación. Es un estilo de comunicación que dice mucho y hace poco, pero sobre todo muchísimo de lo que ahí se afirma son, en efecto, dichos sin comprobación posible, medias verdades o claramente mentiras duras y burdas. “Según SPIN, Taller de comunicación política, hasta el 15 de julio, en 409 (conferencias) mañaneras realizadas a esa fecha, había hecho 4 mil 827 promesas, 2 mil 598 compromisos y 20 mil 715 afirmaciones incomprobables. Además, había pronunciado mil 563 mentiras” (Guillermo Valdés Castellanos, “La evasión”, 2 de septiembre de 2020, Milenio Diario, edición digital). Respecto a Donald Trump, existen montañas de ejemplos de la utilización artera de mentiras para apuntalar su abusiva, y con frecuencia ilegal, forma de gobernar.

Ahora bien, ¿Cómo se puede definir este fenómeno de la posverdad? ¿Cómo se relaciona con el otro fenómeno de las noticias falsas o fake news? ¿Cuáles son sus rasgos característicos en el contexto del desarrollo tecnológico del presente? Empezaré por la definición. Según el Diccionario de Oxford, se entiende por posverdad lo “relativo o referido a circunstancias en las que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales” (https://verne.elpais.com/verne/2016/11/16/artículo/1479308638_931299.html).

De acuerdo con esta definición, la posverdad es un fenómeno de la actualidad política que se caracteriza por imponer estrategias argumentativas en el debate político basadas en el principio de que lo importante no es la verdad de los hechos o argumentos en disputa, sino simplemente ganar la discusión entre adversarios. Es decir, la verdad ha perdido importancia a tal grado que ya no constituye el ideal central del debate, sino que ha sido orillada a un lugar carente de relevancia e importancia. Por supuesto, una noticia falsa es eso, una afirmación que, aunque se presente como verdadera, es evidente y ostensiblemente una mentira. Sin embargo, se convierte en una posverdad cuando se le acepta como una verdad efectiva pues concuerda con los valores y emociones de quién la valida como tal. Volveré en el siguiente párrafo sobre la importancia de reivindicar las emociones frente a la razón argumentativa al exponer los aspectos novedosos sobre la posverdad. Antes haré una breve recapitulación de lo antiguo y permanente de este fenómeno político.

A través de las distintas épocas de la historia de la humanidad puede sostenerse que siempre hemos vivido rodeados de mentiras en el ámbito de la política (aunque no solo en este ámbito). Los actos de propaganda y desinformación no son nada nuevo. Siempre ha habido justificaciones para mentir en nombre de una verdad o causa superior. Pensemos como en el siglo XIX cada nación fue creando su propia mitología nacional u otros casos extremos y ahora ya bien conocidos y documentados, como la aplicación de los principios de la propaganda nazi o el funcionamiento de la maquinaria de propaganda soviética. Ni qué decir que no podemos obviar el desarrollo complejo y espectacular de la publicidad comercial, tan eficaz para seducirnos y persuadirnos a consumir a partir de, en efecto, noticias falsas y atractivas ficciones narrativas que integramos en nuestro ser, sin dejo de crítica alguna. Un dato que debemos aceptar, en consecuencia, es que las historias falsas que nos inundan tienen una ventaja intrínseca frente a la verdad cuando se trata de unir a las personas, especialmente en contextos de grandes problemas o desafíos sociales. Entonces, ¿Qué es lo novedoso de la posverdad?

Ya se ha dicho. La capacidad de negar los hechos que una realidad compleja ofrece frente a diversos problemas sociales. Tal negación se sustenta en la fuerza de las emociones y convicciones de la ciudadanía forjada bajo una determinada cultura política. Cabe, pues, enfatizar aquí cómo el desarrollo de la tecnología digital ocupa un lugar central en los sofisticados y eficaces mecanismos de manipulación de las emociones. Al parecer hemos sido víctimas de una atractiva promesa fallida: el acceso masivo a dicha tecnología haría más fuerte a nuestras democracias pues permitiría una participación directa en la política de las personas comunes y corrientes haciendo realidad el famoso dictum de poder del pueblo (demos/kratos). Tristemente, la verdad es la opuesta. La tecnología digital conduce a escenarios de vigilancia y control político que en el pasado estaban reservados a conocidas visiones distópicas. Lo cierto es que las redes sociales han permitido el reposicionamiento de la mentira en el espacio público. La posverdad es un abierto desafío a la democracia. Es sin duda alguna, un problema grave. Los políticos no deben tener licencia para mentir con malicia e impunidad. Este tema merece posteriores colaboraciones para continuar con su exploración y análisis.

* Ángel Sermeño Quezada, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 14.

Para el presidente Bukele, el ministro de defensa actual es el mejor que ha tenido el país. La Asamblea Legislativa pide su destitución y promete enviar copia de su posición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos. El vicepresidente de la República quiere hacer cambios en la Constitución relativos a los derechos políticos y civiles. Algunos sectores se oponen a ello presuponiendo una maniobra para aumentar el autoritarismo. Buen parte de la discusión se entabla entre quienes manejan la política desde sus propios intereses; los demás salvadoreños quedan al margen, o se les trata de convencer a través de propaganda de que se hagan partidarios y votantes de unos u otros. ¿Son debates hipócritas?

La realidad de la gran mayoría, pobre o vulnerable, va por un lado y el de la minoría que maneja y gestiona el mundo de la política va por otro. La verdad es que no ha habido ningún buen ministro de defensa en los últimos 50 años. Todos fueron militares militaristas, autoritarios, encubridores de crímenes de guerra y de lesa humanidad. La necesidad de un ministro de defensa civil y civilista es de suma importancia, pero eso parece no preocupar ni al Gobierno ni a la Asamblea Legislativa, mucho menos a los “prohombres” que analizan los cambios constitucionales. La pugna más bien consiste en ver quién puede poner de su parte a la Fuerza Armada como peso político, a pesar de que la Constitución dice que es una fuerza apolítica.

Por otra parte, los cambios constitucionales de los que habla el vicepresidente se refieren mayoritariamente a los mecanismos que controlan los derechos civiles y políticos, dejando de lado los derechos económicos y sociales. De nuevo, la pugna es sobre aquellos aspectos que son de interés para la minoría de la población que tiene acceso o incidencia real en la política. Los derechos económicos y sociales no les interesan o los ven como algo secundario, importantes solo cuando les reporta beneficios. La gran mayoría queda al margen de la discusión y sujeta a ser manipulada por el sector de quienes viven bien y desean mantener el desarrollo desigual e injusto que caracteriza a El Salvador.

Ahora los diputados acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero cuando esta recomendó en el año 2000 reabrir los casos de monseñor Romero y de la masacre en la UCA, un buen número de ellos aplaudieron al entonces presidente de la República, que declaró que no seguiría las recomendaciones de la Comisión mientras se embolsaba dinero de Taiwán para beneficio de su partido. Cuando los defendidos por la Comisión o por el Alto Comisionado son reos, los diputados se vuelven sordos. En esto están unidos con Nayib Bukele y sus funcionarios. Al fin de cuentas, todos ellos pertenecen al sector privilegiado del país.

Los grandes problemas nacionales (desigualdad, bajos salarios, economía informal, poca eficiencia del Estado en la gestión de los derechos económicos y sociales) no se abordan más que en la propaganda y en discursos demagógicos. Se insiste, por ejemplo, en que la gente se lave las manos en este tiempo de pandemia, pero más de la mitad de los hogares no tiene servicio continuo de agua para consumo y saneamiento. Se recetan recomendaciones de un mundo civilizado e ilustrado como si todos pudieran cumplirlas. No faltan quienes dicen que, al menos de momento, hay lluvia suficiente para que quienes no tienen agua la recojan de sus techos. Así, el cinismo se suma a la hipocresía.

La hipocresía proviene de una palabra griega que literalmente alude a lo que está por debajo, oculto, en decisiones y juicios. Los griegos la referían a la representación de un papel teatral, tal como acá funciona la política: una forma de hacer teatro. Con el agravante de que se hace teatro en favor de intereses particulares. El interés general no aparece más que en declaraciones generales, pero sin ánimo real de serle fiel. Mientras las élites políticas, económicas y sociales de El Salvador no se liberen de su hipocresía y miren con mayor atención a los derechos económicos, sociales y culturales, muchos de sus debates serán estériles y el país seguirá cargando con su injusticia, su violencia y el desamparo de los pobres y vulnerables.