Editoriales y Opiniones

El presidente Bukele saludó triunfalistamente la captura del representante de una maquiladora acusada de evasión de impuestos con un “así es como empezamos a cumplir la promesa, de que iban a devolver lo robado”. La persecución de este delito y la recuperación del dinero evadido son prioridad en un país con una agobiante crisis fiscal. Cabe dudar, sin embargo, de la determinación presidencial. El presunto evasor fue capturado y exhibido ante los medios no tanto por haber evadido impuestos como porque la empresa que representa está asociada a un connotado adversario político del presidente Bukele. El rencor es tan enconado que traicionó a los acusadores. Entusiasmados, anunciaron que habían recobrado casi 400 millones de dólares, confundiendo la cantidad imponible con la evadida, que representa poco más de cinco millones de dólares. Incluso el fiscal general, ocupado ya en la reelección, se unió al coro presidencial de la recuperación de los 400 millones. Luego rectificó y atribuyó su desafortunada intervención a un “problema de comunicación”.

La evasión fiscal no solo debe ser perseguida siempre, sino que la persecución debe empezar por los grandes contribuyentes, los que más evaden y los que, amparados en su poder, gozan de impunidad. Contrario a este sano principio, la lucha contra la evasión fiscal es muy selectiva. Solo persigue a los denigrados por el presidente Bukele como enemigos, más personales que fiscales. En cambio, los funcionarios señalados por gestión arbitraria del dinero público, excepto uno, continúan en sus puestos y malandanzas. Y no solo eso, la idea es que puedan hacerlo sin las molestias de los señalamientos, para lo cual Casa Presidencial ha reformado la ley de adquisiciones y contrataciones, con la excusa de la modernización. Esta forma de gestionar la cosa pública no sorprende. Así ha sido siempre. Los fiscales persiguen a los enemigos políticos del régimen de turno y también a los desamparados y los pobres, mientras condescienden con los amigos y los allegados. Por eso, el fiscal general no encuentra delito alguno en la toma militar del recinto legislativo. La corrupción y la defraudación fiscal prosperan en los círculos del régimen de turno.

El doble rasero se observa en la captura del ex comandante del FMLN responsable del asesinato de tres asesores estadounidenses, un hecho ocurrido casi al final de la guerra. En sí misma, la captura es inobjetable. Pero semejante diligencia no se observa en masacres como la de El Mozote y la UCA. La diferencia estriba en la nacionalidad de las víctimas. Las del excomandante eran estadounidenses, mientras que las otras eran salvadoreñas. Las víctimas, como los evasores y los corruptos, no son iguales ante la ley. En su incoherencia, los círculos presidenciales se ensañan con el diputado democratacristiano que alteró las declaraciones de los soldados que participaron en la masacre de la UCA, pero silencian la culpabilidad de los oficiales militares que la ordenaron y la encubrieron. La abundancia de pruebas no perturba a las redes sociales presidenciales. A diferencia de los militares de “la tandona”, el diputado es uno de los pocos opositores lúcidos. A los socios y aliados no se los acusa de crímenes de lesa humanidad, corrupción o evasión. De nuevo, la redes presidenciales condenan al diputado no haber encubierto un crimen horrendo, sino por revancha política. Si defendieran a las víctimas, Casa Presidencial y sus seguidores no descansarían hasta que todos, diputados y oficiales militares, respondieran ante la justicia.

El protagonista de un accidente de tráfico el fin de semana pasado, con un saldo de dos muertos, ha sido tratado indulgentemente por la Policía. Forzada por la presión de las redes sociales, esta reconoció los hechos en una declaración vaga. La actuación policial es tan torpe que no deja duda de la intención de eliminar las pruebas incriminatorias para que el diputado, incondicional del presidente Bukele, sea exonerado de responsabilidad. El mismo lo adelantó justo después del accidente, según lo registra uno de los videos. La fidelidad al presidente Bukele lo ha librado del trato duro, e ilegal, que la policía reserva en estos casos. La costumbre ha normalizado la protección y el encubrimiento de los amigos y allegados, aun cuando hayan cometido delito. Garantizar la impunidad a los incondicionales no solo es normal, sino también un acto de nobleza. En este sentido, la práctica no sorprende, lo asombroso es su continuidad, en un Gobierno que se dice totalmente diferente.

Es todo menos evidente el “no somos iguales a ellos”, tal como el presidente Bukele proclama. En su gestión gubernamental hay mucho de ellos y lo mucho que hay, para quien quiere ver, es demasiado importante como para descartarlo como irrelevante. Su concepto de la política, del poder y del para qué de ambos son idénticos a los de Arena y el FMLN. Si en realidad fueran diferentes, como insiste el mandatario, mostraría la misma aversión a Gana, al PCN y a Cambio Democrático. La exacerbación de la novedad deriva así en hipocresía.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Gobernar, dice el diccionario, es mandar, dirigir, guiar, regirse según una norma, regla o idea. En comunicación política se dice que no basta con gobernar, hay que hacer parecer que se gobierna. Para El Salvador, resulta que el ejecutivo actual parece haber decidido hacer un ejercicio matizado de esto: no es necesario gobernar, basta con parecer que se gobierna.

Y para ello, lo más importante es construir un enemigo. Para parecer que se gobierna, pero en realidad no guiar, sino sacar beneficio privado de algo, es importante confeccionar un enemigo que canalice todas las culpas. Queremos gobernar, pero el enemigo no nos deja. Edificar el enemigo es un ejercicio que no puede ser tomado a la ligera. Se debe obrar con mucho tino, mejor aún si se respeta la tradición. También es posible reinventar un poco.

En El Salvador, la tradición del enemigo ha sido utilizada por todos los gobiernos de turno, al menos a partir del 4 de diciembre de 1931, cuando el general Maximiliano Hernández Martínez encontró la ventaja de confeccionar uno a la medida de los miedos del país: el otro es indígena, comunista. En realidad, Hernández Martínez no tuvo que inventar mucho. Ya estaban ahí, a la vuelta del siglo que recién se iniciaba, las declaraciones del intelectual David J. Guzmán (1843-1927) que había señalado de los peligros de nuestra sociedad, de acercarse al indio y al negro y la necesidad de volcarse a lo blanco, prístino y moralmente superior. No hubo que hacer demasiado esfuerzo para construir un enemigo que impedía que El Salvador brillara en su esplendor. Y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlo.

Los gobiernos que siguieron buscaron cimentar mejor esa figura, aunque los rasgos del indígena empezaron a difuminarse, pues cada vez la población era menor y debía esconder su vestimenta, su lenguaje y su cultura toda para no ser blanco de ataques, quedaban siempre los comunistas. Quedaban los comunistas y jóvenes. Los rebeldes. Los hippies. Los estudiantes. Los gobiernos continuaron confeccionando con cuidado sus características. Ese pensamiento que venía de fuera, que no debíamos permitir. Esa necesidad de defender la patria. Y al arribar la década de 1980 fue aún mejor. Esos jóvenes comunistas en realidad eran unos guerrilleros terroristas y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlos.

Pero firmamos la paz, eso trajo algunos inconvenientes. Firmamos la paz con el enemigo. ¿Cómo continuar con su elaboración? ¿Quién podrá hacerse cargo de que este país tenga una situación de desigualdad tan grande? Por suerte, las deportaciones estaban ahí, y los jóvenes también. Ahora usaban tatuajes, rifaban el barrio, parecían unos nuevos guerreros listos para robarnos esa maravillosa promesa de paz. Gracias a una observación atenta y los buenos consejos de preocupados asesores internacionales los nuevos gobiernos reedificaron al enemigo. Era un nuevo terrorista, mataba sin piedad, había aprendido del mal en las cárceles del norte. Se ensañaba con los pobres y había que hacer lo que se hace con los enemigos: exterminarlos.

Dos décadas después y ya entrados en el siglo XXI había que recomponer al enemigo. Pero afianzarse en la tradición parecía complejo. Entonces vino a la luz, como un golpe de suerte, una realidad que imaginábamos pero que ahora el periodismo de investigación había probado. Los gobernantes, los políticos todos habían negociado con los jóvenes, pandilleros, terroristas. Habían jugado con el país entero por sus pequeños y mezquinos intereses. Así se dispuso el nuevo enemigo: los mismos de siempre.

Los mismos de siempre tienen una gran ventaja frente a las construcciones anteriores. No tiene demasiadas características y puede ser llenado por nombres y rostros según la demanda. Por supuesto son los políticos que negociaron con el enemigo previo. Pero también son, según se requiera, todos los políticos, o enemigos anteriores como los pandilleros. El enemigo se puede reconfigurar a demanda: hoy es un académico, mañana la iglesia católica, varias universidades, todos los periodistas, los ignorantes abogados; eso sí, tiene que ser transparente, no hay lugar para matices o escalas de grises. El bien está aquí, el mal está allá. Por eso hay que hacer lo que se hace con los enemigos. Por eso los enemigos son mil veces malditos, por eso debemos hacer patria y matarlos.

Y si la construcción del enemigo funciona, no hay necesidad de gobernar. Ya sabemos que en nombre de la patria, esa invención de hace casi doscientos años, se ha exterminado, se ha asesinado, se ha muerto. Y la culpa es siempre del enemigo. Pero el enemigo no va a derrotarnos. Debemos ser guerreros, después de derrotar la constitución, los jueces, los periodistas, los fiscales, las feministas, los profesores, los empresarios, los mismos de siempre, los malos, los que no piensan como yo, quizá entonces sea necesario hacer gobierno, concertar, guiar, regirse según la norma. Por hoy, lo importante, es seguir las instrucciones.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 10.

Todas las agencias de desarrollo de las Naciones Unidas están advirtiendo de la posibilidad de que, a causa de la pandemia, aumente la desigualdad en el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo y con altos niveles de pobreza. La pérdida de empleo, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, el endeudamiento, la ineficiencia de los aparatos estatales para promover el desarrollo, la baja inversión en la gente, la carencia de planes de desarrollo bien estructurados y evaluables son algunos de los factores que inciden en el crecimiento de la desigualdad, la cual estanca el desarrollo humano, aumenta el conflicto social y despierta tendencias autoritarias en los partidos políticos, dañando la institucionalidad democrática.

En particular, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dependiente de la ONU, presentó recientemente un estudio sobre la conectividad a Internet en 13 países de la región. La investigación se publicó en el marco de la pandemia, partiendo de que la conectividad es un medio tanto para salir de la crisis causada por el covid-19 como un mecanismo para prevenir el contagio y mantener la productividad de un país. De hecho, las soluciones digitales han tenido un desarrollo muy importante en la lucha contra la enfermedad, en especial en las áreas de salud, educación, comercio y trabajo. Si durante los primeros meses de cuarentena se dio un enorme descenso en las actividades físicas, en las virtuales el crecimiento fue acelerado en toda Latinoamérica, aunque con claras diferencias entre las naciones que ya disponían de un acceso generalizado y las que tenían un acceso relativamente escaso, además de un mal servicio técnico de las operadoras de Internet. El Salvador está entre estos últimos países por su mala, desigual y escasa conectividad.

En el caso de nuestro país, los datos que da la Cepal muestran una enorme desigualdad. El quintil de hogares con menores ingresos tiene una conectividad de aproximadamente el 3%, mientras que el quintil con mayores ingresos tiene una de cerca del 50%. Incluso los tres quintiles de los hogares con menos recursos no alcanzan, juntos, la conectividad del quintil más privilegiado. Aunque en comparación con otros países latinoamericanos incluso el quintil privilegiado está en desventaja, se puede decir que cerca de un 60% de los salvadoreños tiene una nula, escasa o deficiente conectividad, a pesar de que en el estudio se incluye el Internet móvil. De los 12 países latinoamericanos estudiados, El Salvador es de los que tienen más niños sin acceso a Internet. En el quintil de menos ingresos la exclusión de los niños respecto a servicios de Internet es aproximadamente del 95%. Según la Cepal, además, solo la conexión de más de 25 megas permite desarrollar varias actividades en línea simultáneamente. Y en El Salvador, por la deficiencia de las empresas suministradoras de servicios, incluso algunos profesores en cuya casa hay un suministro de más de 25 megas han tenido dificultades ocasionales para dar clase en línea. La educación virtual alcanza con calidad, a lo sumo, al 40% de la población.

Esta situación, ciertamente, coloca al país no solo en el terreno general de la desigualdad grave, sino en una posición desventajosa para avanzar hacia el desarrollo, con el agravante de que no existen medidas ni planes para cambiar rápidamente la situación. A este respecto, la Cepal hace algunas recomendaciones generales. Destaca la necesidad de que la señal de Internet cubra todo el país, se norme y potencie el comercio electrónico evitando abusos del mercado, se facilite la consulta médica virtual en los servicios públicos de salud y se dote a los niños de hogares en pobreza de recursos electrónicos que les permitan acceder a Internet. El Gobierno y la Asamblea Legislativa deben, pues, establecer, por ley, servicios de Internet de bajo costo, incluso gratuitos en algunos casos. La Red debe estar abierta para las pequeñas empresas y los sectores más vulnerables. El Estado tiene que supervisar las tendencias monopólicas de algunas de las empresas que brindan servicios de Internet y regular sus aportes a la fiscalidad del Estado. Si se quiere que la desigualdad no se profundice en El Salvador, es urgente revisar a fondo y normar la conectividad, el teletrabajo, la mercadotecnia y la educación. Y en este último caso, en particular, universalizar la cobertura en todo el país y facilitar a los niños el instrumental necesario para poder formarse en igualdad de condiciones. No hacer nada es solo cultivar y aumentar la desigualdad económica y social, con todas las dificultades que ello crea en la convivencia democrática y ciudadana.

En el marco de la pandemia, no hay país en el mundo en el que diversos sectores sociales no hayan exigido la intervención del Estado en su auxilio. Los que defendían que el Estado era un obstáculo para el desarrollo, ahora, si no se han retractado, guardan un obsequioso silencio. La crisis sanitaria mundial ha mostrado que se necesitan Estados fuertes y solidarios, y ha desnudado las debilidades estructurales de las naciones. Ha dejado claro que el sistema de salud es demasiado importante como para dejarlo en manos de la oferta y la demanda, así como la educación y otros servicios sociales, y que a la población no se le puede excluir de ellos. El Estado debe invertir más en la economía. Sin embargo, en El Salvador no se ha tomado nota de nada de esto. No lo han entendido tanto quienes argumentan que lo privado es mejor que lo público para justificar una privatización como los que exaltan lo público por simple estrategia electoral.

La salud, el agua y la educación son derechos humanos y no deben privatizarse. Reclamarlo no implica ignorar las múltiples deficiencias a superar en la calidad y la eficiencia de estos servicios, ni negar la necesaria fiscalización de los recursos públicos. Por ejemplo, no hay duda de que el ISSS debe mejorar para bien de sus afiliados. Nombrar directores inexpertos y sin capacidad, utilizarlo como caja chica, permitir la corrupción son lozas que le han hecho mucho daño a la institución y que refuerzan el argumento de la necesidad de privatizarlo. Fiel a su estilo, Nayib Bukele reaccionó acremente ante la reciente propuesta de Arena de cambiar las competencias de la Junta Directiva del Seguro Social de modo que la elección del director del ISSS ya no esté en manos del presidente de la República, sino de la Junta. Denunció tal pretensión calificándola de “neoliberalismo puro y duro”. Pero la reacción parece obedecer más al afán de desprestigiar a sus opositores de cara a la próxima elección, pues su Gobierno ha dado sobrados signos de alinearse al neoliberalismo.

Bukele defiende una causa noble solo por conveniencia. En el primero de los dos discursos que ha dado desde su elección como presidente, en la Fundación Heritage el 13 de marzo del año pasado, se declaró fiel seguidor de los principios del neoliberalismo: “la libertad de empresa, el gobierno limitado, la libertad de expresión y la democracia”. El actual Gobierno camina hacia los asocios público-privado, que para muchos economistas son el principal mecanismo para la privatización de servicios públicos vía concesiones. En este esquema, el Estado abandona su rol de productor para ser solo un “garante de calidad”. Estos asocios se puede utilizar de manera corrupta: asignar infraestructura y servicios públicos, permitir sobrecostos y limitar beneficios a los usuarios.

En octubre de 2019 se anunció el desarrollo de cinco proyectos de infraestructura bajo ese modelo, con una inversión aproximada de $545 millones. La iluminación de carreteras y la construcción de una terminal de carga y un centro administrativo, entre otros, se anunció en el formato de asocio público-privados. La pandemia los detuvo. Pero se acaba de anunciar nuevamente la ampliación de la terminal de carga en el aeropuerto, para lo cual, según cifras de los funcionarios, ya hay 33 empresas ofertando. Condenar algo haciendo lo mismo es contradictorio. Desterrar el nepotismo con más nepotismo, criticar la corrupción sin rendir cuentas de lo gastado, hablar de libertad de expresión acosando a los críticos del Gobierno es tan incoherente como rechazar un intento de privatización anunciando la privatización de otros servicios.

Dos sucesos han acaparado los reflectores en los últimos días. Por un lado, la interpelación por la Asamblea Legislativa al ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, por la participación del ejército en los sucesos del pasado 9 de febrero en el hemiciclo legislativo y, por otro, la reapertura de la economía desde el 24 de agosto.

La interpelación al ministro fue un formalismo. Lo evidente no requiere explicación. El país y el mundo fueron testigos de lo que sucedió el 9 de febrero. Quizá la satisfacción inconfesa de los diputados de oposición fue tener en el banquillo, en una maratónica rueda de caballitos, a un funcionario que sabe perfectamente lo que sucedió porque participó del hecho, pero que demostró una aparente incondicionalidad al presidente. La desaparición del sentido de la responsabilidad es probablemente la mayor consecuencia de la sumisión a la autoridad.

Aristóteles planteó el principio de contradicción que sostiene que es imposible que un objeto tenga y no tenga la misma característica al mismo tiempo. El estagirita quedaría perplejo con la realidad salvadoreña. Un mismo suceso ha sido a la vez un atentado a la democracia o un simple procedimiento al que no saben exactamente qué nombre ponerle. El país conoció los llamados a la insurrección del presidente en los días previos al 9 de febrero. También escuchó un día antes de la boca del ministro Merino estar dispuesto a dar la vida por el mandatario.

Igualmente, la arenga presidencial fuera del Salón Azul, prolija de expresiones de odio, insultos y ataques contra los diputados, fue transmitida por los medios de comunicación nacionales e internacionales. La irrupción de los militares con armas de guerra en el hemiciclo, la usurpación por parte del mandatario del lugar del presidente del Congreso, abrir una sesión plenaria y declarar en desacato a los diputados que no se hicieron presentes, no se puede ocultar ni olvidar.

Y cómo no recordar las palabras “ahora queda bien claro quién tiene el control”. Si acaso queda una duda sobre el 9 de febrero es ¿cuál era la verdadera intención de Bukele? ¿Era presionar a los diputados como le afirmó al cantante puertorriqueño René Pérez (Residente) en una conversación que se hizo pública? ¿o era proteger a los diputados de una masa enardecida (que él mismo encendió) que quería destituirlos como escribió en una carta publicada en el Miami Herald el 15 de febrero? En cualquiera de las dos versiones, contradictorias por cierto (pobre Aristóteles), Merino mintió y contradijo a su Comandante General en la interpelación, porque afirmó que la presencia de los de verde olivo era solo para proteger al presidente. ¿O la intención era dar un golpe de Estado como se podía deducir de los signos que precedieron al nefasto día? Si este fue el caso, Merino también habría mentido. ¿Fue Dios, en línea directa, el que le pidió paciencia? Entonces ¿sobre qué le pidió paciencia? ¿Fue la reacción de sectores nacionales y la comunidad internacional la que lo detuvo? ¿Fue el tímido pero opuesto tuit del embajador estadounidense?

En todo caso, cualquiera que haya sido el propósito, lo del 9 de febrero fue el primer gran error político del presidente, que le costó la condena de la comunidad internacional, la reacción contraria de no pocos sectores organizados del país y la primera derrota en las redes sociales donde hasta ese momento estaba invicto. Por todo lo anterior, preguntarle a Merino por lo que pasó el 9 de febrero era pura retórica.

El mundo vio lo que pasó, sabe bien quién dio la orden y quiénes la obedecieron sumisamente, aun contrariando la Constitución. Solo los funcionarios y el fiscal general no vieron eso. La masa incondicional respalda sin juicio crítico.

Por otro lado, el país volvió abruptamente a la tan ansiada “normalidad” a partir del 24 de agosto. Pero no lo hizo de la forma esperada y recomendada. Esta reapertura no es un punto de llegada después de un proceso escalonado y ordenado de retorno a las actividades, ni tampoco es fruto del estudio de la evolución de la pandemia de covid-19 que aconsejara hacerlo. La lamentable y ya cansina falta de acuerdos entre los poderes del Estado provocó que a partir de ese día no exista ninguna restricción legal para la total apertura de los sectores económicos y otras actividades como las religiosas.

De hecho, la economía comenzó a abrirse desordenadamente desde hace semanas por la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, cada quien aferrado a su propuesta de ley de reapertura económica y rechazando la del otro, aunque tuvieran mucho en común. La Asamblea aprobó “su” proyecto de Ley el pasado 12 de junio, que a juicio de entendidos es una buena ley, muy parecida a la presentada por el Gobierno, pero que exige la aplicación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP).

El presidente la vetó argumentando inconstitucionalidad. La Asamblea superó el veto generando así una controversia constitucional. Ante esto la Sala de lo Constitucional tenía que resolver y lo hizo el pasado 19 de agosto, dándole la razón a la Asamblea y mandando al presidente a sancionarla lo más rápido posible, no sin antes pedir a la Asamblea adecuar las fechas de las fases de la reapertura. Pero el presidente no la sancionó antes del 24, fecha en que vencía el decreto ejecutivo 31, por lo que la Asamblea tampoco pudo hacer la actualización de las fechas, como lo ordenó la Sala. Por eso, el país y la población quedaron huérfanos de leyes que lo protejan de la pandemia. Por eso, el país y la población quedaron huérfanos de leyes que lo protejan de la pandemia.

Pero para ellos, lo primero es primero. Para el presidente y para los partidos antes que todo, incluida la protección de la población, están las elecciones del próximo año. La campaña electoral le ganó a la pandemia. Toda la maquinaria del gobierno está en campaña para que el anhelo del presidente de no tener controles ni contrapesos en el ejercicio del poder se cumpla el próximo 28 de febrero. Pero esto no es nada nuevo.

Es lo mismo de siempre, ya es parte del folclor el uso y abuso de los recursos de todos para promocionar a quienes están en el gobierno. Y los partidos, los más grandes y los pequeños, quieren sobrevivir a la amenaza de la irrelevancia o de la desaparición. En una situación inédita, a pesar de que Nuevas Ideas debutará electoralmente, es el partido en el poder y tiene el botín del Estado abierto.

Mientras tanto la población queda a su suerte. Esperar un entendimiento entre el Gobierno y la Asamblea es poco menos que imposible. Pero la gente, a pesar de la necesidad, está aprendiendo a convivir en esta situación difícil. La autoprotección y la exigencia de medidas de bioseguridad a las empresas, comercios y establecimientos en general, debe ser un derecho ejercido por la población. Nunca más cierto que los políticos piensan más en las próximas elecciones que en las nuevas generaciones.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 11.

En El Salvador tenemos la costumbre, al hablar de seguridad, de fijarnos casi exclusivamente en el problema de la delincuencia. Es normal, porque la delincuencia violenta continúa siendo uno de los mayores problemas del país. Algunas veces le añadimos el término “seguridad ciudadana” solamente para quitarle el tinte de violencia que tradicionalmente han tenido los cuerpos de seguridad. Alguna gente inteligente habla de vez en cuando de seguridad alimentaria, previendo un grave problema que puede llegar a darse por políticas económicas neoliberales. También se menciona la seguridad jurídica, para prevenir, al menos en algunos sectores de la convivencia, el capricho e impunidad de los poderosos. Pero si queremos realmente vivir en un país seguro (los estadounidenses usan la expresión sin entender el tema), tendríamos que hablar de seguridad humana. Las otras seguridades vienen después y son fruto de una buena planificación e implementación de políticas de seguridad humana.

El concepto de seguridad humana comenzó a extenderse desde que en 1994 el PNUD centró su informe de desarrollo humano en él. El premio Nóbel Amartya Sen y la profesora universitaria japonesa Sadako Ogata, posteriormente directora de ACNUR, trabajaron juntos en la tarea de hacer operativo y práctico el concepto. Para Sadako Ogata, la seguridad humana tiene cuatro ejes: capacidad de resolver pacíficamente los conflictos, goce de todos los derechos humanos (políticos, económicos, sociales y culturales), inclusión social (participación en toma de decisiones) y gobierno de leyes con independencia judicial. Si tuviéramos que medir la seguridad humana del país desde esos cuatro criterios, tendríamos un serio problema de calificación.

La toma militar-gubernamental de la Asamblea viola el primer criterio. Con un 75% de la población en situación vulnerable económica, social y educativamente, es muy difícil afirmar que entre nosotros se respetan los derechos humanos. La participación popular en la toma de decisiones se interpreta únicamente como resultado del éxito que pueda tener la propaganda del Gobierno de turno o la manipulación que este hace de la opinión pública. Y el imperio de la ley se pierde en favoritismos políticos, arbitrariedades del Ejecutivo o corrupción, tanto en el seno de poderes constitucionales como al interior de poderes fácticos.

En El Salvador nos fijamos con demasiada frecuencia y empeño en coyunturas particulares, pero rara vez logramos iniciar campañas de largo efecto en el desarrollo nacional. La prohibición de la minería metálica fue parte de esas excepciones. La dificultad de lograr acuerdos nacionales sigue siendo un desafío de una enorme dureza. Ponerse de acuerdo en convertir el derecho al agua, brindado por el Estado y sin fines de lucro, como un derecho constitucional, y emitir en consecuencia una ley de aguas que tenga como prioridad el servicio para consumo y saneamiento a todos los hogares salvadoreños, ha resultado una tarea que parece rozar lo imposible. Ahora, en estos tiempos de pandemia, las discusiones entre los poderes estatales muestran un panorama que se aproxima a la temática del Estado fallido. Y con la sombra de que a este Estado semifallido le pueda suceder un Estado autoritario.

Preguntarse qué clase de Estado queremos para superar los desastrosos efectos económicos y sociales de la pandemia parece que no interesa demasiado. Hoy nos movemos en unas pugnas de poder a las que parecen sumarse una buena parte de las instituciones estatales. Quienes desean un Estado social y democrático de derecho casi se ven condenados a repetir aquella frase del siglo XVIII contra el despotismo ilustrado: que nos gobiernen leyes, no personas. Con la diferencia de que el despotismo actual, de quienes ya estuvieron en el poder y de quienes lo están ahora, no parece demasiado ilustrado. Solo saldremos de este relajo, usando la terminología común de nuestro pueblo, cuando comencemos a trabajar con seriedad la seguridad humana.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

El lunes 24 aparece en las noticias como fecha de reapertura económica. Algunos hablan de retorno a la normalidad, aunque cada vez con menor énfasis, porque es cada vez más claro que si antes de la pandemia había incumplimiento de los derechos económicos y sociales, después de estos meses de encierro y desorden, el retorno será, en todo caso, a una anormalidad más profunda. Y lo que es peor, con menos instrumentos que antes para avanzar hacia un desarrollo equitativo y justo. De momento, la reapertura está amparada por una ley que está desfasada en fechas, lo cual significa que en realidad sigue el sálvese quien pueda. La Sala de lo Constitucional pidió al Ejecutivo que sancionara y publicara dicha ley, anteriormente vetada, y que lo hiciera cuanto antes. Y al Legislativo le pidió que le hiciera las imprescindibles reformas. Pero, para variar, ninguno de los dos poderes, embarcados en su guerra impopular prolongada, está haciendo gran cosa al respecto.

Además, una ley que señale fases no significa mucho; El Salvador necesita algo más que eso. Los largos meses de cuarentena han dejado una serie de problemas que es importante enfrentar. Sin embargo, hasta ahora no da la impresión de que quienes están al frente del Estado tomen en serio esos problemas. Antes de la pandemia, el país ya estaba seriamente endeudado. Los Gobiernos del FMLN incluso tuvieron problemas de caja, viéndose obligados a suspender provisionalmente algunos de sus proyectos estrella, como la pensión no contributiva a los ancianos de ciertos municipios. Hoy la deuda amenaza con llegar al 100% del producto interno bruto. Los desembolsos que deberán hacerse para pagarla reducirán drásticamente los recursos para inversión en desarrollo social si no se planifican ni legislan alternativas.

Por otra parte, algunas de las agencias de la ONU comprometidas con el desarrollo calculan que la pobreza en El Salvador puede alcanzar al 40% de la población, lo que significaría que más de 400 mil personas pasarían a sumarse a los más de dos millones que estaban en pobreza antes de la pandemia. Ni el Estado tiene un plan de desarrollo debidamente pensado para enfrentar el problema creciente de la pobreza, ni la empresa privada, incluso antes de estar debilitada por este tiempo de inacción, tenía la capacidad de dar trabajo a tanta gente necesitada. Demasiados quedarán en una situación precaria, o incluso de desnutrición, por largo tiempo.

El desarrollo será más difícil mientras los políticos, enredados en sus luchas, sigan interesados solo en las próximas elecciones. No parecen entender que hay desafíos más importantes que los torpes cálculos partidarios. Una vez más hay que repetirlo: un futuro para todos solo podrá construirse sobre la base de un diálogo racional y solidario. Y aunque el camino no ha sido expedito, las experiencias del mal manejo de la pandemia han acercado a diversos sectores de la sociedad civil. Médicos y maestros están más preocupados ahora por el mañana. Muchas personas e instituciones de la sociedad civil se han comprometido con la lucha y el repudio a toda forma de corrupción. Crece la idea de la necesidad de una reforma fiscal. Sectores de la sociedad antes enfrentados pueden dialogar ahora con mayor responsabilidad ante la situación.

A una polarización ideológica, muy falseada en su momento por Arena y el FMLN, le ha sucedido el culto a la apariencia prefabricada y a la mentira. Sin embargo, frente al espectáculo y el juego de espejos han surgido voces que ofrecen perspectivas viables de consenso. ¿Hay solución para un futuro que será muy complicado? Los salvadoreños volverán a tener esperanza si la sociedad civil logra crear ámbitos de diálogo, propone caminos de desarrollo racionales y solidarios, y presiona desde su diversidad y amplitud a los políticos y al Gobierno para que avancen en una nueva dirección.

No es lo mismo cometer un error que mentir: el que yerra puede hacerlo sin intención, el que miente lo hace por decisión. Por eso se puede ser comprensivo con quien comete errores, pero no con quien miente, peor aun cuando es funcionario y falta a la verdad para aprovecharse de la calamidad y el dolor de la gente. En Honduras y Guatemala, diversos sectores han manifestado descontento por el manejo de la pandemia, especialmente por el destino de los abundantes recursos de los que han dispuesto las autoridades. Grafitis, pancartas y movilizaciones exigen saber dónde está el dinero.

Honduras ha vivido numerosos escándalos por compras sobrevaloradas y se ha indignado ante la pérdida de 250 mil pruebas de covid-19 por manejo inadecuado. El colmo de la corrupción lo representa la adquisición de siete hospitales móviles para atender la emergencia por un monto de $48 millones de dólares. Hasta el momento, solo han llegado dos de esos hospitales; el Gobierno argumenta que fue estafado por una empresa fantasma. En Guatemala, el Ejecutivo también recibió cientos de millones de dólares para atender la emergencia, pero la población no ve los resultados de ese dinero y pide que se rinda cuentas.

La situación no ha sido muy diferente en El Salvador. Hay abundantes denuncias de compras a sobreprecio o irregulares para favorecer a familiares y amigos. El Gobierno afirma que ha repartido 3.4 millones de paquetes de alimentos, a igual número de hogares. ¿De dónde sale ese número? Ciertamente, las proyecciones de la Digestyc no son las mejores, pero es muy poco probable que en el país haya 3.4 millones de familias. Además, no se sabe cuánto se ha invertido en la red de salud, ni el costo del servicio de alimentación en los centros de contención, ni quiénes son los concesionarios de ese servicio, ni un largo etcétera. Ninguna mentira tiene sentido si no se considera que la verdad es peligrosa. Tampoco tiene sentido ocultar los gastos si todo se ha hecho bien.

La mentira es hoy parte fundamental de la estrategia comunicativa del Gobierno. Se miente tanto por nimiedades como en asuntos importantes, a todo nivel. Por ejemplo, a raíz de la captura del representante legal de Intratex, el presidente publicó que la empresa había evadido fiscalmente $293 millones de dólares. Como autómatas, algunos funcionarios, incluido el ministro de Hacienda, repitieron lo mismo, y en ese juego de ecos también participó la Fiscalía General de República, el ente encargado de la investigación en el país. Luego, el fiscal general tuvo que disculparse, pero para entonces la cifra ya estaba en la mente y en la boca de muchos. Estas acciones, aunque el fiscal lo niegue, tienen motivaciones políticas. Y al decir esta verdad no se busca defender a personas o grupos, sino honrar la realidad y ponerse del lado de la institucionalidad y el Estado de derecho.

Los países del Triángulo Norte son víctimas de la misma rapiña. La diferencia en estos momentos es el respaldo popular del que goza el mandatario salvadoreño. Ese es precisamente, hasta hoy, su mayor éxito político. Valiéndose de mentiras, ha hecho creer que es diferente, pero incurre en los mismos vicios que los “los mismos de siempre”.

El prolijo discurso del 9 de agosto deja al presidente Bukele ante tres opciones: dar un golpe de Estado, continuar como hasta ahora o asumir un liderazgo constructivo. El golpe militar es una posibilidad dado que la institucionalidad del Estado democrático es, para él, un impedimento para gobernar. El presidente no encuentra más que obstáculos jurídicos, enemigos y conspiradores. Planteado en estos términos, la alternativa es un golpe de fuerza que acabe de una buena vez con esos estorbos. Tiene el motivo y cuenta con los recursos. Aparentemente, el Ejército y la Policía, sus bases de poder, estarían bien dispuestas. El golpe es tentador para los poseídos de mesianismo. Indudablemente, el país demanda reformas drásticas y urgentes. Algunas incluso radicales, como la reforma fiscal. Otra cosa muy distinta es que el poder absoluto pueda realizarlas. En cualquier caso, esta opción es poco viable. La Casa Blanca de Trump, pese a su “invaluable” apoyo, no iría tan lejos. Tampoco la comunidad internacional, donde el presidente ya es conocido como un dictador latinoamericano más.

La segunda opción es mantener el rumbo actual: continuar con la centralización y la desorganización, la incompetencia y la ineficiencia, la administración malsana y el despilfarro. Un ejemplo típico es la gestión de la covid-19. Como Casa Presidencial no se salió con la suya, abre de un portazo la actividad económica y social, sin la gradualidad que aconsejan la ciencia y la prudencia. Otro caso ejemplar es la negación del agua potable a sectores populosos, mientras la propaganda difunde la apertura de nuevos pozos. La tasa insólitamente elevada de personal sanitario fallecido es otro dato que evidencia descuido e ineptitud gubernamental. La prensa independiente descubre cada vez más órdenes sospechosas para adquirir bienes y servicios, y contrataciones de personal vinculado familiar y políticamente con los altos funcionarios. Mientras el presidente eleva la deuda pública a cotas desconocidas y peligrosas, su ministro de Agricultura gasta millones de forma opaca y pretende convertir su dependencia en banco; y el de Salud invierte en su despacho-centro de monitoreo una suma inexplicable. El ataque sistemático a los detractores y adversarios políticos ha sido muy eficaz para disimular el desconcertante curso tomado por el Gobierno de Bukele. Pero cada vez es más difícil esconder la desorganización, la incompetencia y la corrupción.

La tercera opción es asumir un liderazgo constructivo que erradique el hambre; que universalice la cobertura del sistema de salud y la seguridad social; que eleve las pensiones; que aumente el salario mínimo hasta cubrir la canasta básica y garantice el ingreso mínimo vital; que establezca un ingreso máximo; que reemplace la tributación regresiva actual por otra que grave progresivamente a la mitad mejor situada de la sociedad, obligándola a devolver lo que ya no es suyo, porque tiene todas las necesidades suficientemente satisfechas; que cierre la brecha abismal entre el 1% que percibe el ingreso más alto y la mitad de la población; que someta el salario de los altos funcionarios al “mercado de trabajo” que aceptan para todos los demás salarios, menos para el suyo; que suprima la inviolabilidad de las transnacionales; y que reduzca la dependencia de los servicios y el consumo, y la sustituya por una economía productiva.

Trabajar para introducir estas reformas daría una razón de ser a un Gobierno de novedades como el que pretende el presidente Bukele. Incluso es muy probable que sus seguidores aspiren, inconscientemente, a esa clase de reformas. De lo contrario, la obsesión por romper con el pasado de algunos de los partidos tradicionales es incomprensible. No tiene sentido detentar el poder total del Estado si la mayor parte de la ciudadanía continúa sumida en la miseria, la enfermedad y la muerte temprana, y si la emigración y el crimen organizado son las alternativas.

Contrario a la desnortada propaganda de Casa Presidencial, el presidente Bukele no tiene la solución mágica para hacer de El Salvador “un gran país”. Los países no son grandes ni pequeños; más bien pasan por épocas de más grandeza y más miseria. De hecho, llama la atención que el mandatario no problematice el pasado del PCN y GANA. Los políticos de estos partidos, junto con los de Arena y el FMLN, han buscado esa solución mágica sin hallarla. El presidente Bukele tampoco la encontrará, porque no existe. Esa solución hay que construirla con visión, inteligencia, consensos amplios y sensibilidad solidaria. La sabiduría popular dice que algunos nacen estrellas y otros estrellados. Algunos hay, sin embargo, que, en lugar de pasar a la historia como estrellas, prefieren estrellarse ellos mismos.

Gobiernos anteriores sostenían que sus decisiones durante las crisis o problemas ayudaban al pueblo, pero muchas terminaron siendo un fracaso o solo beneficiando a los grupos más privilegiados. Por ejemplo, Calderón Sol tuvo el reto de consolidar la paz y recuperar la economía, para lo que planteó “hacer de El Salvador una gran maquila”. Sin embargo, se enfocó en el interés y las ganancias de las empresas, no en mejorar sustancialmente la calidad de vida de los trabajadores. Por su lado, Francisco Flores, ante el alza de la criminalidad, prometió “un plan de mano dura” que terminó siendo una estrategia punitiva de tipo populista, ineficiente e insostenible, que no logró reducir la violencia.

El siguiente en lista fue Antonio Saca, quien heredó el problema de violencia comprometiéndose a terminarlo (“A los malacates se les acabó la fiesta”), pero esto solo acabó siendo parte de una campaña publicitaria para la apropiación ilegal de fondos del Estado. A continuación, Funes ofreció crear “la fábrica de empleos”, pero nunca constituyó una institución como tal ni la tasa correspondiente creció lo suficiente como para dar por satisfecha esa promesa. Por último, Sánchez Cerén, ante el acceso desigual a la tecnología educativa, montó la campaña “Un niño, una computadora”. De este proyecto se conocen pocos resultados, por lo que no es posible saber su verdadero alcance, y pocos lo perciben como una política exitosa.

Con tales antecedentes, el nuevo Gobierno, ante la crisis sanitaria y económica, ha querido mostrarse cercano al pueblo y alejado de los partidos tradicionales, y se ha apoyado en discursos y políticas populares. Primero, la denuncia a la corrupción de los Gobiernos anteriores y el rechazo a la práctica política tradicional; segundo, el uso de la Fuerza Armada como defensora de la salud; tercero, la entrega de transferencias monetarias por $300 y de “bolsas solidarias”; y cuarto, la adecuación del Centro de Ferias y Convenciones en el Hospital El Salvador (“el más grande de Latinoamérica”), entre otras.

Sin embargo, tal como ha sucedido en el pasado, el hecho de que estas acciones se publiciten como "cercanas al pueblo" no significa que realmente lo sean o que se puedan sostener, ya que a la larga podrían generar mayor desigualdad social. Primero, aunque los funcionarios denuncian la corrupción de las administraciones anteriores y dicen estar del lado del pueblo, apoyan, por ejemplo, a Walter Araujo, que compite como diputado por el partido Nuevas Ideas. Araujo, cuando era diputado de Arena, firmó la ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y la dolarización, las cuales incrementaron las desigualdades económicas.

Segundo, al hacer uso de la Fuerza Armada para atender problemas políticos y de salud (como con los cercos sanitarios), el Ejecutivo ha mostrado incapacidad para dialogar, y más bien, ha amenazado la institucionalidad democrática, buscando hacer prevalecer su criterio para ampliar su propio poder. La resolución de los problemas por la fuerza es parte de la cultura violenta y autoritaria. Además, se han destinado grandes recursos para publicidad del ente militar (en el pasado, la propaganda excesiva fue propicia para el saqueo del Estado).

Tercero, la entrega de un subsidio de $300 y de bolsas solidarias es un beneficio y un alivio directo para la población que los ha recibido, pero no están correctamente focalizados hacia los más pobres, tampoco es sostenible ni es un regalo. Cada bolsa (con valor estimado de $50), en el largo plazo, terminará costando $924.60 por el préstamo a 32 años a una tasa de interés semestral del 9.5%. Este y los otros préstamos serán pagados por la población, y aquí los grupos más pobres son quienes sufrirán las mayores consecuencias. En cuanto al Hospital El Salvador, se discute la idoneidad del lugar, y aunque el Gobierno dice que ya funciona, se ha impedido a la prensa entrar libremente a las instalaciones. Además, se cuestiona si cuenta con el personal suficiente y con los recursos de bioseguridad necesarios. Por el momento, solo hay dudas. El tiempo determinará si termina ayudando a las grandes mayorías o solo es un ardid propagandístico.

Más allá de la palabra del presidente y la publicidad, es necesario cuestionarse continuamente si este Gobierno está implementado políticas que realmente beneficien a las mayorías, ya que los anteriores también dijeron estar del lado del pueblo, pero con el tiempo lo terminaron decepcionando.

* Luis Eduardo Aguilar, docente del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.