Editoriales y Opiniones

“Me quieren vender la noche por luz, la calma por la tempestad… Me quieren vender la piedra por flor, la niebla por la claridad”, extracto de la canción La verdad, de Nito Mestre.

Es legítimo que un gobierno utilice recursos para la comunicación mediática o publicitaria de las obras que realiza. Lo que no es legítimo es ocultar la verdad con publicidad engañosa, donde lejos de comunicar con transparencia el manejo de fondos públicos o de una pandemia, se quiera vender lo contrario a la realidad.

Jamás para un buen gobierno la transparencia será enemiga. Al contrario, es la mejor aliada para la fiscalización de las instituciones y de la ciudadanía en cumplimiento con el derecho a la verdad. No hay mejor campaña publicitaria para el poder público que la capacidad de mostrar a la opinión pública sus criterios de decisión, si de verdad se hacen en favor de los intereses de las mayorías, porque quien nada debe, nada teme.

El Ejecutivo actual no es muy amigo de la transparencia, por tanto, tampoco de la verdad. Investigaciones periodísticas de distintos medios han puesto en duda la imagen de un gobierno que “no roba”, que tiene a la cabeza a las mejores personas para tomar las decisiones o que se busca el bienestar del pueblo, sin que pesen intereses particulares en detrimento de la legalidad o el bien común. Durante la pandemia de covid-19, especialmente cuando la Asamblea Legislativa aprobó la cuarentena amparada en una Ley de Emergencia, funcionarios del gabinete hicieron compras cuestionables, tanto por el precio como por el proveedor. En estas irregularidades, incluso se ha visto envuelto un diputado aliado del presidente Bukele. A eso se suma que el manejo de las cifras de contagios por el virus está en manos de asesores oscuros, el colapso de la red hospitalaria, discurso de odio con miras en las elecciones de 2021, etc.

En la narrativa de la publicidad gubernamental cualquier falla es por culpa de la Asamblea Legislativa, de los partidos de oposición, de la Sala de lo Constitucional o de cualquier otro actor que se considere crítico a la actual gestión del Ejecutivo. Ha sido casi nula la actitud de asumir errores, que incluso rayan en delitos, o de aceptar incapacidad para manejar la crisis por la pandemia. Así las cosas, la transparencia se ha vuelto una enemiga más para el gobierno central. ¿Qué tanto impacto en la opinión pública ha tenido esta falta de transparencia maquillada con publicidad gubernamental más emotiva que informativa?

El Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA (Iudop) presentó hace unas semanas los resultados de la encuesta que realizó entre el 6 y 13 de junio de 2020. En el sondeo, una de las preguntas fue la siguiente: ¿qué tan transparente cree usted que es el gobierno de Nayib Bukele? Cerca de un 30 % de las opiniones mencionaron que es poco o nada transparente. Para un gobierno que hace alarde de tener el 97 % de apoyo popular estas cifras deberían ser inquietantes. En comparación con los datos de la encuesta realizada por el Iudop en agosto-septiembre de 2019, el porcentaje de “nada transparente” fue de 3.6 %. En la encuesta más reciente este porcentaje subió a 16.1 %, lo cual indica que, por más publicidad, está creciendo la percepción del manejo poco transparente que ha caracterizado al gobierno de Nayib Bukele.

Estas cifras podrían aumentar si la Fiscalía General de la República (FGR) o la Corte de Cuentas toman en serio los hallazgos periodísticos que se han hecho sobre casos de corrupción o nepotismo. Las condenas legales o la absolución, la verdad jurídica, tiene un desafío actual impostergable frente a la opinión ciudadana, independientemente de las preferencias electorales que tenga.

* Carlos Hernández, docente del Departamento de Filosofía. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 9.

Para todos los cargos importantes dentro del Estado, especialmente aquellos que otorgan la capacidad de tomar decisiones que deben ser acatadas por otros, la Constitución exige “moralidad notoria”. Incluso prevé, en el artículo 67, la posibilidad de prohibir el ejercicio privado de la profesión de la salud a quienes proceden con “manifiesta inmoralidad o incapacidad”. Sin embargo, no aclara qué se debe entender por moralidad. Deja el tema de tal manera impreciso que al final los mismos funcionarios del Estado o los políticos terminan confundiendo moralidad con ausencia de delito comprobado, algo muy distinto de lo que en realidad significa moralidad, que, además de la referencia a la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, tiene una clara relación con determinados valores. Si se busca en cualquier cultura una lista de valores morales, se encuentran fácilmente la justicia, la generosidad, el agradecimiento, la compasión y la solidaridad. En general, estos valores se relacionan con la igual dignidad de la persona.

Desde estas ideas es importante analizar si la moralidad notoria exigida a nuestros gobernantes está ligada al respeto a la igual dignidad de las personas, y no de palabra, sino con hechos. Por ejemplo, es importante preguntarse por el salario de todos los que supuestamente están dotados de moralidad notoria y trabajan en el Estado. ¿Cobran un salario solidario con el ingreso promedio de los hogares salvadoreños? Todo parece indicar que no. Aunque, según la Dirección General de Estadística y Censos, el ingreso promedio nacional anda en torno a los 600 dólares mensuales y en el gran San Salvador cerca de los $800, los salarios de los funcionarios importantes al menos triplican esas cantidades. Y no solo eso: los hechos indican que no les preocupa luchar contra la desigualdad económica y social, crónica en el país, o contra la pobreza, que prácticamente afecta a una tercera parte de los salvadoreños. ¿Se le puede llamar moralidad notoria a la indiferencia ante la pobreza y la desigualdad?

En el terreno de la justicia el problema es semejante. Dedicar escasos recursos para investigar y enjuiciar crímenes de lesa humanidad muestra una desigualdad. La Fiscalía prefiere dar prioridad al caso de un supuesto delito contra la mujer negado por la supuesta víctima que atender e investigar casos claros de violación que corren el riesgo de quedar en la impunidad. Además, utiliza ese caso para atacar a un medio de información crítico con el poder político mientras relega u olvida miles de casos de violaciones reales. Si es que tiene, la moralidad de la Fiscalía es cualquier cosa menos notoria. Y cuando conviene a sus intereses, fiscales, jueces, diputados y gobernantes emulan a los fariseos del pasado, que colaban mosquitos y dejaban pasar camellos.

Quienes conocen de moral privilegian siempre las actitudes como camino de perfección en el campo del deber. La moralidad no puede ser considerada como una lista de acciones malvadas que no se deben practicar, sino como una actitud general de buscar seria y racionalmente el bien. Quien hace la ley hace la trampa, se dice. Y si no hay actitudes morales, es fácil convertirse en tramposo. Sobre todo si hay leyes, como la Constitución, en las que las palabras significan muy poco. Si moralidad no significa nada más que ausencia de condena por un delito, la corrupción está a la vuelta de la esquina, porque una moralidad sin actitudes y sin mayor contenido siempre la facilita.

El ministro de Agricultura y Ganadería no ha dado cuentas de su gestión millonaria bajo el argumento de estar dedicado a distribuir alimentos y paquetes agrícolas, o porque los empleados de su dependencia han caído enfermos. El ministro de Salud tampoco informa sobre su gestión por estar ocupado en salvar vidas. Además, informar es demasiado complicado, hay que valorar y considerar. Los voceros de Casa Presidencial se niegan a informar a los diputados y la prensa por la misma razón. El presidente Bukele rechaza la interpelación legislativa a su ministro de Defensa aduciendo que es el “que más trabaja por el pueblo”. El mismo Bukele necesitó una hora de video para “zanjar por fin el debate” sobre su acertada gestión de la pandemia con un único y sabido argumento: él salva vida, mientras sus adversarios conspiran para impedirlo. O más recientemente: “Salvás mil vidas a cambio de cinco”, en referencia a los denostados magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y así sucesivamente.

Más allá del conflicto de los poderes ejecutivo y legislativo, motivado por intereses electorales, y más allá de la idea de que los altos funcionarios, incluido el presidente, están investidos de una inmunidad que los exonera de cualquier tipo de control democrático, en el trasfondo de las excusas y evasivas subyace el conocido principio de que el fin justifica los medios. Los funcionarios estarían autorizados a actuar al margen, incluso en contra, de la ley, porque, en teoría, velan por el bienestar de la ciudadanía. La tesis es aparentemente convincente, pero jurídica y moralmente inaceptable. El funcionario del régimen democrático está constitucionalmente obligado a hacer aquello que la legislación ordena y no puede ir más allá, ni omitir, aun cuando, en sí mismo, sea provechoso. En consecuencia, los funcionarios no pueden negar la información sobre el estado de la salud nacional ni sobre el destino de centenares de millones de dólares. Argumentar que atender las necesidades de la población vulnerable y salvar sus vidas es impedimento para cumplir con las obligaciones constitucionales es delito.

La conducta de los funcionarios de nuevo cuño no difiere de la de los antiguos. Todos violentan la legislación impunemente, amparados por una institucionalidad débil e impotente. Hasta ahora, ningún funcionario obligado a controlar al poder ejecutivo se ha atrevido a poner coto a los desmanes del presidente de turno y sus allegados. Las averiguaciones, cuando las hacen, son política o personalmente selectivas. Es cierto que el ordenamiento jurídico tiene demasiadas lagunas, vacíos que favorecen el ejercicio arbitrario del poder. La debilidad y la impotencia institucional favorecen por igual tanto a los inquilinos de Casa Presidencial como a los magistrados, jueces y diputados. La anarquía que caracteriza la gestión estatal exige comenzar a pensar en una reforma constitucional que cierre los espacios para el ejercicio arbitrario y corrupto del poder, y así reforzar la institucionalidad.

Éticamente, el fin no justifica los medios. Sostener lo contrario es convertir el fin penúltimo en último y de esa manera legitimar los medios, aun cuando violenten la ley, atropellen a los demás y causen muerte. Males menores o bajas colaterales por un presunto bien mayor, alegan los amigos de absolutizar sus intereses particulares. Al absolutizar el triunfo total en las elecciones de febrero próximo, el Gobierno de Bukele ha colocado todas sus actividades, incluidas las relacionadas con la salud y la vida ciudadana, al servicio de esa finalidad. La salud y la vida constituyen excusas perfectas para ocultar esa absolutización. Despojadas de su ultimidad, han sido puestas al servicio de una finalidad antepenúltima. Ni siquiera penúltima, porque antes que el triunfo en las urnas hay otras fines mucho más importantes. Tal vez el presidente Bukele piense que el control total del Estado es el remedio eficaz para las décadas de desgobierno de Arena y del FMLN. Ciertamente, sus seguidores están convencidos de ello.

Cualquiera que sea la motivación subjetiva, cabe recordar que el ser humano tiene una capacidad infinita de autoengaño. Esa capacidad es tan inagotable que quien la promueve, más pronto que tarde, ni siquiera cae en la cuenta de su propio engaño. Por eso, el mayor enemigo de las novedades son sus mismos promotores. Los Gobiernos del FMLN, para sacar a colación un caso ampliamente aceptado por los seguidores de Bukele, ya han demostrado que el mayor enemigo de la revolución son los mismos revolucionarios. Desde la perspectiva de la tradición cristiana, la Biblia y los maestros de espiritualidad enseñan que la raíz más profunda de esa inmensa capacidad de autoengaño es el amor al dinero y al poder. El rico y poderoso es reconocido, admirado y aplaudido. Ignorar el impulso para satisfacer estos instintos humanos atávicos conduce al autoengaño y al engaño de los demás.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Hace ya años, los niveles más brutales de ausencia de valores y amoralidad se daban en el país cuando algunos sectores ultramontanos repetían como consigna: “Haga patria, mate un cura”. Y no porque matar curas fuera más grave que matar campesinos que pedían tierra o trabajo, sino porque al asesinar a un sacerdote se rompía uno de los pocos símbolos de credibilidad que quedaban en El Salvador. No quiere decir eso que los sacerdotes o los pastores de las Iglesias sean perfectos. Por supuesto, hay defectos, incluso en ocasiones muy graves. Pero en el conjunto de nuestras sociedades empobrecidas, es evidente que son ellos de los más cercanos a las necesidades de la gente. Los que consuelan en el dolor, los que se alegran con la gente y comparten la alegría, los que defienden al pobre y los que tratan de socorrer al necesitado de muy diversas maneras. En una sociedad en la que lo político ha estado demasiado marcado por la corrupción y la dependencia de ricos afanosos de enriquecerse más, o por los intereses de grupo y la ambición del poder, el que opta por estar cerca de la gente, más allá del simbolismo religioso y de la fe de nuestro pueblo, se convierten en fuente de esperanza y en muestra de la actitud de servicio que las instituciones debían tener.

La semana pasada fue asesinado un sacerdote, el P. Ricardo Cortez. Es el tercero que muere de esa manera desde hace dos años. Del P. Walter, el primero de los asesinados en estos tres años consecutivos, todavía no hay resultados en la investigación del crimen. A pesar de haber suficientes datos para ligar su asesinato con una red de sicariato y ejecuciones extrajudiciales, la Fiscalía no ha avanzado en la investigación. La conclusión de la gente, cuando la investigación no da resultados, es de desconfianza. Y la desconfianza en una Policía a veces implicada en redes de delincuencia o una Fiscalía temerosa y en ocasiones cómplice lleva a convertir en crónicas las situaciones de violencia. Investigar los crímenes que impactan más a la opinión pública y a los valores ciudadanos debería ser una urgencia para las instituciones protectoras de la legalidad. Y, en este caso, no porque sean sacerdotes los asesinados, sino por el hondo sentido de aprecio y respeto de la población hacia ellos. Para nuestra gente, matar impunemente a un cura significa que en este país se puede matar a cualquiera sin que pase nada.

La Constitución está llena de alusiones a valores y a derechos. Supuestamente, es el marco de nuestra convivencia. A los funcionarios se les exige honradez, conocimiento y moralidad notoria. Sin embargo, estas cualidades la gente las suele ver con mayor frecuencia en los maestros, en los médicos y enfermeras, y en los sacerdotes y pastores. Como personas, pueden tener y tienen, evidentemente, fallos. Pero como gremio y conjunto, son cada uno de estos grupos el mayor símbolo de los valores que pregona la Constitución. Los diputados, los funcionarios y, en menor cantidad, los jueces no son tenidos por ejemplo y símbolo de valores ni como personas rectas, aunque la Constitución les exige que lo sean, y aunque haya algunos que sí lo son. Pero como grupo no se confía en ellos. En ese sentido, cuando se asesina a un sacerdote, a un médico o a un maestro, se está atentando no solo contra personas, sino contra valores muy profundos, estipulados en nuestras normas de convivencia y, sobre todo, en el sentimiento popular. Dejar estos crímenes en la impunidad es burlarse de los valores del pueblo salvadoreño.

La pandemia y algunos esfuerzos gubernamentales han logrado que bajen los homicidios. Pero la cultura de la violencia continúa siendo predominante. Lo vemos en la delincuencia, en la corrupción, en el abuso contra la mujer y en la falta de escrúpulos para matar a cualquiera en el caso de que lo vean necesario los que odian y disfrutan teniendo armas de fuego. Escuchar el clamor del pueblo que quiere paz y convivencia pacífica es indispensable para el desarrollo de El Salvador. Y a partir de la escucha es necesario sanear la política, invertir en salud, trabajo, educación y seguridad, así como apoyar a todos los que desde su labor y posición en la vida son símbolo y ejemplo de solidaridad. El día que entiendan esto los funcionarios y las instituciones estatales y se comprometan a actuar, tendremos esperanza de un desarrollo humano fraterno.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La inconstitucionalidad del último decreto gubernamental (32) sobre el proceso de retorno a la vida productiva señala de nuevo la necesidad de acudir a la vía de la institucionalidad como único procedimiento válido para restringir derechos. El tema es muy claro y la ciudadanía crítica lo entiende perfectamente. La Sala de lo Constitucional ha aceptado, dada la gravedad de la situación, que el decreto inconstitucional continúe vigente hasta el 23 de agosto. Y da de plazo hasta esa fecha para que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se pongan de acuerdo en una ley que marque las etapas y condiciones del retorno a la vida social y productiva, así como las restricciones a derechos a lo largo de este período de emergencia sanitaria.

El problema es lograr dicho acuerdo dada la cercanía de las elecciones legislativas y municipales. Poco ayuda también la agresividad de las declaraciones de la mayoría de funcionarios del Gobierno, empezando por las del presidente. Los partidos políticos, aunque menos agresivos que el Ejecutivo, tampoco han estado abiertos del todo al diálogo y a la búsqueda de soluciones. En general, las partes en conflicto no han hecho propuestas de consenso ni, mucho menos, han llamado a mediadores y expertos que den lineamientos sobre el proceso de reincorporación a la vida social y productiva. Acudir a la Sala de lo Constitucional ha quedado como el único mecanismo para resolver la falta de acuerdos, especialmente cuando el Ejecutivo ha tomado decisiones más allá de una necesaria ley de la República a la hora de restringir derechos.

El Gobierno tiene que reflexionar y aceptar la necesidad de una ley, aprobada por la Asamblea Legislativa, que dé fundamento a su actividad a la hora de restringir derechos. Y la Asamblea debe tener conciencia de la necesidad de diálogo con el Ejecutivo, al que no puede amarrar con normas que le dificulten dar pasos en la lucha contra la pandemia. Ambas partes tienen que caer en la cuenta de que una ley funcional, aunque no sea perfecta, es más importante que la inexistencia de la misma. Cerrarse en la propia decisión e impedir la legislación adecuada deja en vulnerabilidad a la ciudadanía y puede propiciar un caos sanitario y social.

El Salvador urge diálogo, cooperación y solidaridad. Las necesidades son muchas. Y si se tiene en cuenta el crecimiento de la pobreza y la debilitación de la economía, es evidente que surgirán pronto otras crisis de igual gravedad que la actual. Superar las divisiones y lograr consensos poniendo en el centro a los más vulnerables y empobrecidos es la única manera de abonar al bien común. Nuestro pueblo desea cada vez con más fuerza igualdad sociocultural básica y mayor participación en la vida ciudadana y en la orientación del desarrollo. A los políticos les corresponde dar respuesta a esos deseos desde una mayor inversión en desarrollo humano y social, y desde la elaboración de una legislación que frene la desigualdad.

En el país, la función pública ha sido entendida como un modo de acceder a una vida de privilegios y mejorar el estatus económico personal. La pandemia, con todas sus repercusiones económicas y sociales, desnuda los fallos de los políticos y su irresponsabilidad social, así como su corrupción y ausencia de moral, que en buena parte son causa de la pobreza de tantos compatriotas. Dialogar a fondo sobre las necesidades de las grandes mayorías, sobre los proyectos de inversión en desarrollo, sobre quiénes pueden y deben aportar más vía impuestos es tarea urgente. Negarse al diálogo o a la acción solo conseguirá profundizar la crisis y aumentar la desconfianza ciudadana en la política. Solo la búsqueda de acuerdos y el buen funcionamiento de las instituciones, como lo han repetido las voces más sensatas y con mayor peso moral, abrirán las puertas a un futuro decente capaz de superar la crisis generada por esta pandemia y por la inadecuada gestión de la misma.

Desde hace algunos días, el Gobierno impulsa una intensa campaña propagandística sobre la Fuerza Amada, en la que se resalta que la de hoy es diferente a la de la guerra civil y se enaltece el papel que ha jugado la institución, en especial su titular, Francis Merino Monroy, durante las recientes emergencias. La campaña tiene, por lo menos, un doble propósito. El primero y más obvio es preparar un ambiente favorable para la interpelación de Merino Monroy por parte de la Asamblea Legislativa, por la participación del Ejército en la toma del hemiciclo legislativo en febrero de este año, un hecho que constituye el mayor error político de la presente administración y una de las acciones puntuales más atentatorias contra el régimen democrático.

El segundo propósito es más estratégico y va más allá de la defensa de un ministro al que le faltan luces para representar con dignidad a las mujeres y hombres de uniforme. Nayib Bukele quiere granjearse el apoyo incondicional de los militares en un momento en que hay voces de descontento al interior de las filas castrenses. Además, no existe régimen autoritario que no necesite al Ejército para consolidar y mantener su poder. La historia del país demuestra con claridad que la Fuerza Armada ha sido el principal instrumento para dar sostenibilidad a Gobiernos autoritarios, pero también para hacerlos a un lado cuando no responden a los intereses de los poderosos. De ahí que tenerla de aliada sea fundamental.

Los argumentos que esgrimirá el ministro en la interpelación pueden anticiparse con facilidad. Casi seguramente argumentará que la Fuerza Armada es una institución obediente, profesional, apolítica y no deliberante, como reza el artículo 211 de la Constitución, y que está bajo las órdenes directas del presidente de la República (art. 213). El problema es que en nombre de esa obediencia se han cometido atrocidades. De acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, “deliberar” significa “considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos de una decisión, antes de adoptarla, y la razón o sin razón de los votos antes de emitirlos”. Entre los sinónimos de “deliberar” aparecen “debatir”, “discutir”, “examinar”, “decidir”. Es decir, según su naturaleza, el Ejército y sus integrantes no debaten, ni discuten, ni examinan, ni deciden, solo obedecen, sin discernir sobre la moralidad o ética de lo mandado.

Así, cumpliendo su misión sin consideraciones de ningún tipo sobre las órdenes recibidas, se cometieron en el pasado muchos crímenes de guerra y de lesa humanidad, como las masacres en el Sumpul y El Mozote, o el asesinato de las religiosas norteamericanas y el de los periodistas holandeses, por citar solo unos ejemplos. Con equivalente razonamiento se participó en la toma de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de este año, siendo parte de lo que a todas luces fue una arenga partidaria y una violación al orden constitucional.

Si en realidad ahora se tiene una nueva Fuerza Armada, ¿por qué esta no abre sus archivos para aclarar de una vez por todas los crímenes en los que participaron elementos y unidades militares? Con ello se cerraría ese vergonzoso capítulo de la historia salvadoreña y se aliviaría el sufrimiento de las víctimas, cuya exigencia de verdad, justicia y reparación nunca ha sido escuchada. Eso sí dignificaría a la institución, mucho más que la onerosa publicidad. La negativa a hacerlo, tanto por parte del presidente como de los altos mandos militares, expresa que los nombres y las personas pueden cambiar, pero la doctrina sigue siendo la misma del pasado.

Reconocer y agradecer lo que las mujeres y hombres del Ejército han hecho por el país en estos tiempos no implica cerrar los ojos al rol político que ha jugado la Fuerza Armada y a la necesidad de limpiar su nombre. Por otro lado, mientras el gasto en publicidad sigue creciendo y la inversión en equipamiento para los militares se exhibe sin pudor, los trabajadores de la salud claman por equipos de bioprotección contra el virus y por el bono de $150 mensuales que se les prometió el 18 de marzo. Se invierte en publicidad y armas, no en salud. Ese es también uno de los viejos vicios del pasado.

Nuevos retos en Derechos Humanos

El Salvador tiene muchas deudas pendientes en el terreno de los Derechos Humanos. Hacer justicia, verdad, reparación a las víctimas de la guerra es una de ellas. Y muestra la facilidad con la que el tema de Derechos Humanos desaparece de la agenda política si todo se deja en manos de los políticos o de las instituciones. Solo la persistencia de las víctimas en sus justos reclamos mantiene la esperanza de que las deudas se paguen. Muchas cosas parecidas podríamos decir del derecho a la vida digna y sin pobreza, a la educación, a la salud o a la vivienda que permanecen pendientes. Pero el problema se agrava si miramos hacia el futuro. La pandemia de covid-19 ha dado un golpe tan fuerte a nuestro caminar hacia el desarrollo, que el futuro se ha vuelto a la vez más oscuro y más desafiante. La Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas ha calculado un grave crecimiento de la pobreza en todo nuestro continente. En El Salvador calculan que habrá un 7% más de población en pobreza, sobre el aproximadamente 33% que había en 2019. En otras palabras, que a los más de dos millones de pobres existentes en El Salvador se sumarán 462.000 nuevas personas en pobreza. La mayoría de ellas serán mujeres, niños y ancianos; los sectores más vulnerables del país.

Ya la gestión de la pandemia mostró una grave indiferencia ante la violación clara de Derechos Humanos (DDHH). En los llamados “Centros de Contención” gubernamentales se presentaron casos de detención ilegal, malos tratos e incluso contagios de Covid-19 por falta de prevención estatal. El derecho a la salud ha sido vulnerado en diversos aspectos en asilos de ancianos, centros de menores y cárceles. Las advertencias al respecto hechas por diversas instituciones han sido contestadas agresivamente con demasiada frecuencia por parte de funcionarios gubernamentales. El miedo, la necesidad de luchar por la propia supervivencia, el aislamiento y algunos servicios gubernamentales brindando ayuda económica y canastas familiares, dejaron en un lugar muy lejano la preocupación por los Derechos Humanos. Sólo sectores preocupados por perder privilegios, el sector profesional y grupos más comprometidos con los DDHH reclamaron ante la situación. La mezcla insólita de instituciones empresariales y Ong´s defensoras de derechos dieron pábulo a partidarios del Gobierno actual, incluidos funcionarios, a responder con insultos y calificar las coincidencias entre tan diversos grupos como manipulación de unos y traición de otros a los intereses populares, supuestamente protegidos en exclusiva por el actual liderazgo gubernamental.

Pero la problemática en DDHH no queda en la breve narración de lo acontecido. El aumento de la pobreza irá sin duda acompañado por el crecimiento de la desigualdad. A quienes perdieron el trabajo, a las pequeñas empresas, a quienes trabajan en el ejercicio libre de la profesión, les costará mucho más recuperarse que a quienes conservan capital e infraestructura. El fuerte endeudamiento del país, la baja en la recolección de impuestos e incluso algunos casos de corrupción o mala administración, ponen un lastre pesado a todo esfuerzo de desarrollo. Si ya con la situación precedente de pobreza y exclusión un fuerte sector de nuestra juventud se veía en la triple alternativa de resignarse a la pobreza, emigrar hacia otros países o caer en la delincuencia, en el futuro las cosas podrán ponerse más difíciles. Resulta indispensable un plan de recuperación bien estructurado, teniendo en cuenta a los sectores más vulnerables y abriendo nuevas posibilidades de trabajo decente. Y aunque se escuchan voces con propuestas interesantes, como la de la Reforma Fiscal, que sería solamente una parte de un plan de recuperación, la percepción ciudadana es que los políticos, de dentro y de fuera del gobierno, no han dado pasos hacia la elaboración de un plan racional para recuperar y acelerar nuestro camino hacia el desarrollo equitativo.

La pandemia dejará también como herencia un debilitamiento de las instituciones estatales. Durante estos meses, en efecto, hemos asistido al abandono de temáticas clave para el desarrollo humano y social de El Salvador. La ley de Reconciliación, la Ley de Aguas quedaron dormidas. La pandemia pasó a ocupar la mayor parte del tiempo legislativo sin que en realidad saliera nada de la Asamblea que realmente fuera de utilidad especial para solucionar los problemas sanitarios. El Ejecutivo actuó con arbitrariedad y nos acostumbró a que no pasara nada cuando determinados funcionarios faltaban a la ética. El grito y el insulto se convirtió en la forma preferida de “diálogo” gubernamental. El Sistema Judicial en su conjunto entró en una especie de letargo mientras la Sala de lo Constitucional se mostraba incapaz de obligar al cumplimiento de algunas de sus sentencias. La Fiscalía se dedicó a hacer equilibrios para no enfrentarse con el Ejecutivo y parecer que funcionaba imparcialmente, mientras mantenía formas arbitrarias de proceder. Este conjunto de actitudes y experiencias de diversas instancias estatales debilitan la institucionalidad y la necesaria coordinación entre ellas al tiempo que anuncian un funcionamiento deficiente del entramado estatal.

Y finalmente las elecciones. Si los salvadoreños estábamos acostumbrados a la promesa falsa y la polarización ridícula de los políticos, más construida desde sentimientos que a partir de ideas y programas, la pugna electoral, que ha estado presente durante todo el tiempo de la pandemia, augura un fuerte desgaste de la institucionalidad del país y de la convivencia democrática. Corregir este cúmulo de errores será difícil. Pero es necesario enrumbar al país en una nueva dirección, mucho más cimentada sobre la solidaridad, el apoyo sistemático a los más pobres, y la racionalidad institucional. La falta de proyectos y planes de desarrollo que enfrenten la situación no traerá más que mayor dolor y tensión. Todavía estamos a tiempo de crear caminos de salida. Si estos no se vislumbran en el quehacer de la sociedad política será la sociedad civil la que deba recoger el guante. Una sociedad civil que ha estado tradicionalmente dividida pero que ha encontrado elementos comunes en la defensa de la democracia. Si a la defensa de la democracia le añadiera una preocupación más clara en defensa de los derechos humanos, especialmente de los económicos, sociales, culturales y ecológicos, comenzaríamos a divisar un horizonte más esperanzador. Nuestro pueblo quiere desarrollo y paz, pero no lo conseguiremos en el contexto actual sin proyectos de desarrollo bien pensados y centrados especialmente en la lucha contra la pobreza y el adecuado funcionamiento de las instituciones.

La discusión del préstamo del BID, que parecía absolutamente rota a base de discusiones en las que se entreveían muy diversos intereses políticos, se ha reanudado. Al final una lección para todos de la importancia del diálogo y de la institucionalidad. Porque hubo errores de ambas partes, que gracias al diálogo parece se van subsanando mientras se escriben estas líneas. Empezar a caminar con diálogo resulta indispensable en esta pandemia. Nos lo recuerda nuestro Arzobispo, Mons. José Luis Escobar, y nos lo recuerda también la realidad que estamos viviendo, tan fracturada y tan vulnerable mientras nos tiramos los trastos a la cabeza unos y otros. Y no es solo la Asamblea y la Presidencia de la República quienes están llamados a funcionar institucionalmente, sino muchas otras dependencias estatales.

Por: José María Tojeira, director del Idhuca

Editorial UCA

13/07/2020

En medio de las intensas preocupaciones de la ciudadanía en torno a las implicaciones políticas y económicas del covid-19, se corre el riesgo de dejar de reflexionar sobre otros temas que son básicos para el futuro de El Salvador. Uno de ellos es el impacto de la pandemia en la familia. Generalmente se asume con facilidad que esta es clave para la sana incorporación de las personas en la sociedad, y por ello se reconoce la prioridad social de la familia. La Constitución salvadoreña recalca enfáticamente en su artículo 32 que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”.

Sin embargo, en situaciones de desastre, sean sanitarias, telúricas o climáticas, se tiende mucho más a ayudar a los individuos, dejando de lado el necesario apoyo a la familia. Por poner un ejemplo, cuando en el país se habla de la recuperación económica pospandemia, se insiste en la generación de trabajo, pero nadie propone establecer o impulsar un salario familiar, o definir las ayudas en función del número de miembros de la familia. También el apoyo sicológico se tiende a dar individualmente; muy rara vez se desarrollan procesos de asistencia que incluyan al grupo familiar.

Es evidente que durante la actual situación ha habido daños familiares. Sin duda, la pandemia ha generado en algunas familias dinamismos positivos de solidaridad, comprensión, diálogo y mayor unión. Pero también ha ocasionado graves sufrimientos por la muerte de seres queridos, tensiones sicológicas ante el miedo al contagio, dificultades económicas, agresividad generada por el encierro, cansancio por el aumento de responsabilidades de cuido, especialmente de niños y ancianos, e incluso diferentes formas de abuso. Estos daños permanecerán perjudicando la interioridad y sicología de las personas si no se dan formas de ayuda y apoyo.

La economía proviene en su origen y en su etimología de la administración de los bienes del hogar, que no está orientada por la lógica del mercado, sino por la solidaridad y la unión intergeneracional. La sicología, como ciencia, nos dice que en la familia se estructuran, para bien o para mal, muchos de los comportamientos, valores y capacidades del futuro adulto. Y por la sociología sabemos que la familia es el primer paso de la socialización, abriéndonos a la empatía y a la dimensión comunitaria. En ese sentido, invertir económica, sicológica y socioculturalmente en la familia es una necesidad imperiosa para el desarrollo de los países, en especial después de una crisis que golpea esas dimensiones. Una necesidad aún más urgente en El Salvador, donde la familia tradicional ha evolucionado en buena medida hacia una familia monoparental como resultado de la migración, dejando en mayor debilidad a sus miembros.

El Estado debe desarrollar, pues, una política familiar amplia en el entorno de la actual pandemia. Es cierto que lo más inmediato es curar y salvar vidas, pero la inmediatez no debe aplazar la planificación del largo plazo. En el proceso de discusión de esa política tiene que sopesarse el establecimiento de un salario familiar que permita una vida digna e incluso un margen de ahorro que dé estabilidad al grupo. El apoyo sicológico a las familias que han sufrido desgracias graves o conflictos internos durante la pandemia es también indispensable para un desarrollo digno en el país, al igual que el acompañamiento a las familias en pobreza, el acceso a un servicio médico de primer nivel y el apoyo a la primera infancia.

Porque va mucho más allá de una simple crisis sanitaria, la pandemia de covid-19 impone enormes desafíos para los años venideros. Apoyar a la familia no solo será clave para prevenir futuras crisis, sino también para salir con bien de la actual.

La estrategia militar con posibilidades de éxito se esfuerza por conocer las fortalezas y debilidades del enemigo; de lo contrario, está comprometida anticipadamente. El Gobierno de Bukele reprime a los pandilleros convencido de que puede acabar con ellos. El planteamiento implica encerrar, acaso matar, a los 60 mil que se estima existen. Encarcelar y asesinar a la mitad de ese total ya es cuantitativamente inviable. Ni las cárceles tienen capacidad para albergar tantos huéspedes, ni el país tiene dinero para ampliarlas. Tampoco parece viable deshacerse de varias decenas de miles de personas en enfrentamientos y ejecuciones sumarias. La oligarquía ya lo intentó en dos ocasiones, en 1932 y en las décadas de 1970-1980. Desde la perspectiva de los números, las posibilidades de éxito de la guerra contra las pandillas son exiguas. El constante anuncio de capturas y muertes debe ser contrastado con el de los que aún faltan.

La guerra contra las pandillas enfrenta otro obstáculo de envergadura social y religiosa. Los pandilleros no actúan en el vacío social (ver S. Offutt, Evangelizal and Gang Relationschips in El Salvador. Entangled: Evangelicals and Gangs in El Salvador, Social Forces, 19 de diciembre de 2019). Viven y operan en vinculación estrecha con las comunidades y se comunican a través de sus redes familiares y religiosas. Las conexiones son complejas y dinámicas. La comunicación entre pandilleros, familiares y grupos religiosos, en concreto, evangélicos, fluye transversalmente, lo cual cohesiona socialmente y facilita el entendimiento entre todos ellos. Esas conexiones crean también vulnerabilidades. El pandillero suele pedir colaboración a sus parientes y no todos pueden o aceptan rechazar esa presión. Asimismo, el pandillero anima a sus parientes a asistir al templo evangélico. De esa manera, influye y controla las familias y la comunidad religiosa.

La profusa presencia de evangélicos y pandilleros en los barrios populares hace inevitable la interacción continua. Las familias evangélicas acuden al templo y participan en sus ministerios. Los pandilleros asisten también al mismo culto, aunque de forma eventual. Pero sus hijos participan en los ministerios evangélicos. Las familias y los pastores dependen de la pandilla para resolver los problemas internos y comunitarios, y están convencidos de que su gestión es más eficaz que la de Bukele. De ahí que muchos pastores participen en el gobierno comunitario junto con la pandilla y protejan a los pandilleros de su comunidad de la violencia estatal.

Una buena proporción de pandilleros, cuatro de diez, proviene de un hogar evangélico. Algunos estimados son aún más elevados. Se trata de unidades familiares fracturadas y marginadas, cuyos integrantes asisten al templo evangélico y cuyos hijos, incluidos los de los pastores, se unen a la pandilla, por lo general, a los quince años, incluso con menos edad. Muchos de estos adolescentes tienen padres ausentes por razones diversas. La posibilidad de empleo es escasa. El sitio de residencia los descarta automáticamente. Los servicios públicos son disfuncionales. A menudo, huyen de la violencia intrafamiliar y buscan respeto, identidad y pertenencia. Pero, por otro lado, estos adolescentes se victimizan mutuamente, ya sea dentro de la pandilla o a causa de la rivalidad entre las diversas pandillas.

Las fuerzas de seguridad son percibidas por la comunidad como extrañas y hostiles, mientras que las pandillas y las iglesias son reconocidas no solo como parte de ella, sino también como autoridad. La enajenación de las fuerzas de seguridad, la amenaza que representan y la ineficiencia con la que, por lo general, defienden al Estado empujan a pandilleros y evangélicos al gobierno compartido. No es extraño, entonces, que comunidades y pastores interfieran en las redadas de policías y soldados. Ambos advierten a los pandilleros de estas y de cualquier movimiento sospechoso. Incluso niños de nueve años colaboran en esta tarea. A veces, los pastores defienden u ocultan a los pandilleros, jóvenes que han visto crecer en su comunidad, algunos de los cuales han asistido a sus iglesias o son compañeros de sus propios hijos pandilleros.

La exterminación de los pandilleros es quimérica. Proponérselo significaría arrasar con comunidades, familias e iglesias evangélicas. En una palabra, sería un genocidio. Pretender eliminar las pandillas es militarmente temerario y socialmente imposible. La estrategia gubernamental yerra al menospreciar la vinculación de los pandilleros con las comunidades, las familias y su religiosidad. Extrañamente, las comunidades no se identifican ni colaboran con unas fuerzas de seguridad que dicen defenderlas. Tampoco protegen a sus agentes y familiares de la violencia de las pandillas. Hay víctimas en ambos bandos, en una espiral de violencia interminable.

Sin la colaboración de las comunidades, ninguna estrategia es realista. En el mejor de los casos, el Plan de Control Territorial contiene el accionar de las pandillas, pero no es solución de mediano y largo plazo. Parece, pues, que ya es hora, sobre todo, para quien presume de novedad, de intentar otra aproximación, más integral e inclusiva.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.