Editoriales y Opiniones

Porque los principales focos de covid-19 están en las ciudades y en los barrios de mayor densidad poblacional, apenas se habla de los campesinos. Sin embargo, sería grave olvidarlos. Ellos constituyen un poco más del 15% del total de trabajadores del país, por lo general tienen un tipo de trabajo muy cooperativo a nivel familiar y son los que pueden proveer seguridad alimentaria a nivel nacional, a pesar de ser, en conjunto, el sector más afectado por la pobreza. Por ello, las familias, las cooperativas y las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al servicio agroalimentario deben ser beneficiarias de un plan de estímulo productivo, al igual que los pescadores artesanales.

El crecimiento de la pobreza previsto para América Latina a causa de la pandemia, que afectará también con fuerza a El Salvador, obliga a planificar el futuro alimentario. Invertir en quienes producen alimentos, favorecer y facilitar sus redes de suministro, y garantizar la producción interna es clave para enfrentar y frenar el aumento de la pobreza que nos acecha. En un país tan volcado a la importación, la pandemia nos recuerda la importancia de la seguridad alimentaria. Si no se invierte en quienes producen los alimentos y se les mantiene en la pobreza, forzándolos a la migración hacia la ciudad o hacia los países desarrollados, el futuro, ya hipotecado por este tiempo de enfermedad, podría volverse terriblemente duro.

La tasa de empleo informal agrícola ronda en el país el 80%. Aunque la producción de alimentos es una tarea esencial para mantener la vida y, en ese sentido, no tendría que estar sujeta a restricciones, el confinamiento y la dificultad de movilización impiden en muchos casos el acceso a implementos básicos como abonos y herramientas, al tiempo que dañan la capacidad de suministro. La informalidad, la pobreza y la falta de seguridad social y de servicios de salud dificultan aún más el trabajo de los campesinos. La juventud que vive en el agro sufrirá un aumento de su marginación, dado que los jóvenes son los que tienen tasas más altas de trabajo informal en el área rural. Y la escolaridad de los niños, pese a algunos esfuerzos del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, resultará severamente afectada, y podrían ser obligados a trabajar en labores agrícolas para apoyar a la familia. Las campesinas verán aumentar sus tareas de cuido, al permanecer más personas recluidas en el hogar.

Es indispensable implementar medidas que garanticen la cadena de suministros de productos agrícolas y apoyar con transferencias de alimentos o monetarias a los trabajadores informales del sector en momentos estacionales de escasez de trabajo, así como ofrecerles microseguros y financiamiento para la producción de alimentos. El apoyo con donación de semilla y materiales para la siembra debe sistematizarse todavía más. Favorecer medidas de protección frente a la pandemia dedicadas especialmente al sector agrícola; disponer de planes de apoyo específicos para los sectores más vulnerables del campo (mujeres, jóvenes y niños); apoyar sistemas de venta directa del productor al consumidor; y favorecer el trabajo con salario decente en el campo son medidas concretas que el Gobierno debería tomar ante la emergencia actual, sin esperar a que la crisis social y económica estalle como fruto de la crisis sanitaria.

El Salvador es un país de origen y tradición campesina. Una buena parte de las costumbres se generaron en el campo. Todavía es muy difícil encontrar a alguien de veinte años que no haya tenido algún abuelo o abuela vinculado al mundo rural. Sin embargo, los Gobiernos y los empresarios agrícolas se han caracterizado por lo general por despreocuparse por la situación del trabajador del campo. Cuando la pandemia nos muestra la importancia de la seguridad alimentaria, cuando el calentamiento global nos indica la necesidad de prevenir y cuidar la naturaleza, así como la importancia de garantizar el aporte alimentario, es tiempo de volver los ojos hacia el campo, reparar injusticias e invertir en el campesinado.

Una de las novedades más llamativas del Gobierno actual es que ha forzado a una buena parte de la población a enterarse de la coyuntura del país por medio de Twitter. Nayib no es el único gobernante que lo hace, pero podríamos pensar que junto con Trump, cada uno en un extremo del poder político mundial y de la extensión territorial, se han convertido en los dos exponentes más claros no tanto de gobernar por Twitter, sino de forzar a que asuntos coyunturales, e incluso estructurales, sean tratados preferentemente por este medio digital. Ambos presidentes, ligados al mundo de la publicidad, muestran así su tendencia al mensaje breve, cargado de propaganda y con alto impacto verbal. Sin embargo también muestran su debilidad y poca eficiencia a la hora de gobernar con base en proyectos nacionales claros, afincados en la legalidad, y con estructuras adecuadas de diálogo y debate democrático.

Decisiones que requieren estudio, debate serio y reflexión colectiva han sido manejadas desde el poder Ejecutivo con un grado alto de personalismo y una negativa intensa a dialogar frente a la crítica, por muy apoyada que esta estuviera en razones, leyes, o experiencias. Ya antes de que la pandemia incidiera con una trágica fuerza en el país, las decisiones se tomaban en Twitter, probablemente para producir la ilusión del cambio con la publicidad e inmediatez de la orden. El ejemplo clásico fue el tuit que ordenó borrar el nombre de Domingo Monterrosa del muro de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel. Aunque el nombre se borró y despertó emociones positivas, la realidad posterior dejó muy clara la falta de disposición para abrir los archivos militares y contribuir así al establecimiento de la verdad en casos como la masacre del Mozote y otros, fundamentales para abrir un verdadero proceso de justicia y reconciliación en la historia salvadoreña. Hasta el presente, el Twitter y la coyuntura salvadoreña no han logrado caminar a un ritmo al menos semejante.

La amenaza de la covid-19 y el creciente peso y presencia de la pandemia en El Salvador aumentaron el personalismo en el campo de las decisiones políticas y multiplicó la presencia del presidente en Twitter a la hora de dar explicaciones o atacar a quienes mostraban desacuerdos con decisiones o modos de actuar gubernamentales. Un ejército de troles y de funcionarios se sumaron rápidamente a esa especie de mercado de la opinión en la que se ha convertido esa red digital. Quien no cultiva la razón y la ciencia, decía Platón en la República “no seguirá el camino de la convicción por argumentos para llegar a los fines que se proponga”. Al contrario, “empleará en todas las ocasiones la fuerza y la violencia” para alcanzar sus fines. Twitter ofrece la oportunidad de que la fuerza de la propaganda y la violencia verbal se enseñoreen de la coyuntura, al menos momentáneamente.

Pero precisamente por su debilidad racional y su dependencia de la clase media, Twitter termina siendo un instrumento débil de Gobierno. En la evaluación de los seis primeros meses del período presidencial de Nayib Bukele, el Instituto de Opinión Pública de la UCA (Iudop) había mostrado la muy alta y bien conservada popularidad del mandatario. Seis meses después, en una nueva encuesta que otorga resultados positivos a la gestión del poder ejecutivo, se observa un claro descenso de la popularidad y aceptación del Gobierno en aproximadamente 20 puntos sobre los más de 90 de la encuesta anterior. Los tuits cambiaron inmediatamente de signo y la que anteriormente era una fuente seria y confiable (el Iudop) se convertía ahora en vocera del instrumento político-social de la empresa privada que todos conocemos como ANEP. Este intento de corregir la coyuntura nacional a golpe de tuits ejecutivos es la que conduce a la debilitación del propio Gobierno, aunque en el caso de la encuesta no pueda decirse que es una tragedia, dado el alto grado de aceptación que aún mantiene el Gobierno.

Para un pensamiento racional, y después de tanto problema, desorganización y muerte durante la gestión de la pandemia hasta el presente, se podría decir que el costo ha sido relativamente pequeño para el Gobierno. Pero muy probablemente es más grave de lo que parece. El Ejecutivo está perdiendo su guerra en Twitter, por su forma errática, propagandística e insultante. Y perder la guerra en esa red, dominada fundamentalmente por la clase media, significa también un claro alejamiento de este sector respecto a Nuevas Ideas. Y perder a la clase media nunca es bueno electoralmente, pues este sector suele ser el que más influye, en el mediano y largo plazo, en el imaginario político ciudadano. Como la propaganda bien hecha, un tuit puede deslumbrar al ciudadano. Pero con el paso del tiempo la racionalidad se impone.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 8

La otra guerra, la que el Gobierno de Bukele libra contra las pandillas, tampoco marcha tan bien como parece. Los homicidios se han desplomado hasta alcanzar la tasa más baja desde 1992. La misma tendencia se observa en los feminicidios, los desaparecidos y las extorsiones. Según los funcionarios, estos logros se deberían al llamado Plan de Control Territorial, una combinación de represión y prevención en los 22 municipios con mayor incidencia delincuencial, y de endurecimiento del confinamiento en los penales. La iniciativa gubernamental más emblemática es la construcción de centros recreativos y educativos para evitar que las pandillas recluten jóvenes.

Aunque ciertos, esos logros no son aún incontrovertibles. Sobre ellos se ciernen algunas sombras. La caída de la tasa de homicidios es más acusada en municipios donde no se ha aplicado el Plan y donde el descenso comenzó en el Gobierno anterior del FMLN. Probablemente, dicho plan, cuyos detalles son desconocidos, no es la única causa. La reducción del uso de la violencia letal por parte de las pandillas, la disminución de la rivalidad mutua y el liderazgo local cada vez más independiente del de las cárceles dan mejor cuenta de la reducción de la violencia social que el plan gubernamental. Otro factor verosímil es un entendimiento informal con las pandillas. El Gobierno lo niega tajantemente, pero encaja bien con la disminución de la violencia letal por parte de aquellas y con la orden girada, según una fuente acreditada, a las fuerzas de seguridad de reducir los enfrentamientos armados. La experiencia reciente demuestra que en esta materia, las negativas de Gobiernos y políticos son inverosímiles. La obsesión de Casa Presidencial con la imagen de su inquilino inclina a pensar que el entendimiento con las pandillas es factible. Más aún si está en pie de guerra contra sus enemigos políticos y judiciales. La estrategia de guerra no tiene reparos en negociar con quien haga falta para conseguir la victoria.

La pandemia, por otro lado, corrobora la fragilidad de los logros gubernamentales. El control de las pandillas en las comunidades y colonias está intacto. Han restringido la circulación, han impuesto toque de queda y uso obligatorio de mascarillas, han repartido provisiones, han asistido a los vecinos necesitados y han reducido el monto de la extorsión o han postergado su pago. El incremento súbito de los homicidios en abril, 80 asesinados en cinco días, evidencia la precariedad del control estatal. El poder territorial de las pandillas sigue inalterado. Por tanto, pueden, si así lo desean, revertir con relativa facilitad los avances gubernamentales. La iniciativa no la tiene el Gobierno de Bukele, sino las pandillas.

No obstante, el Gobierno puede avanzar con mayor seguridad y solidez en el control del territorio y la violencia social. Pero para ello debe cambiar el enfoque, al igual que en el caso de la covid-19. La aproximación a las comunidades golpeadas por la violencia social tiene más posibilidades para interrumpir su reproducción. Escuchar, comprender y abordar con eficacia sus necesidades más sentidas crearía confianza, seguridad y futuro. Garantizar la satisfacción de esas necesidades es una alternativa difícil de desconocer, estimularía la construcción de relaciones comunitarias no-violentas e integradoras, mejoraría la comunicación con la Policía y las autoridades, desincentivaría la militancia en las pandillas y brindaría una salida atractiva a quienes deseen abandonarlas. El Estado debe mostrar prácticamente que ofrece más posibilidades que las pandillas. La represión, en sí misma un mal, debe ser el último recurso, no la única opción.

El cambio de enfoque requiere renunciar a convertir la seguridad y la salud pública en arma arrojadiza contra los adversarios políticos. La beligerancia y la humillación minan el terreno para introducir reformas eficaces y sostenibles, que requieren de amplio apoyo sociopolítico. Casa Presidencial apuesta por un triunfo electoral legislativo arrollador que elimine temas polémicos como los préstamos y su supervisión, y la cuarentena total renovable. Pero si ese triunfo se materializa, solo será efectivo dentro de diez meses. Antes tendrá que buscar cómo contener la recesión económica y el deterioro de la vida de la población que dice defender. Aguardar hasta el 1 de mayo del año que viene, puede ser demasiado tarde.

La situación de las comunidades es desesperada. El hambre y la enfermedad, el abandono y la inseguridad son realidades cotidianas. La inminente recesión económica agudizará la angustia existente. Reprimir para contener la zozobra social es tentador y fácil, pero también contraproducente. La experiencia de los denostados Gobiernos anteriores no deja duda al respecto. La administración de Bukele está urgida de creatividad más allá de la imagen, de visión política de mediano y largo plazo, y de eficacia irreprochable.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador sufre con impotencia el avance de la pandemia ante la resistencia de las autoridades a buscar acuerdos para enfrentarla y la incapacidad manifiesta del Gobierno. El sufrimiento de tantas familias por sus parientes contagiados o fallecidos obliga a pronunciarse, así como la abnegación del personal de salud que lucha contra la enfermedad pese a no contar con todos los recursos de infraestructura y protección necesarios. Es fundamental pronunciarse en solidaridad con los trabajadores que no pueden ganarse la vida y aquellos que lo hacen a costa de su salud, los que han pasado a engrosar las estadísticas del desempleo y los que están en riesgo de perder el suyo.

Esta crítica situación se agrava por la ausencia de un rumbo claro para hacerle frente a la emergencia. Además de todos los efectos del covid-19 en la economía y en el sistema de salud, también deben atenderse inmediatamente los efectos subjetivos en la población. La sensación de inseguridad, desesperación, angustia y abandono, y la depresión son cada vez más frecuentes, tanto a nivel personal como familiar. En escenarios difíciles, ver una luz al final del túnel contribuye a la disposición interior de resiliencia y resistencia para seguir adelante. Pero en el caso de nuestro país, la irresponsabilidad en el manejo de la crisis, el choque permanente entre los tomadores de decisión y su oportunismo sumen en una oscuridad más profunda a la población.

Las acciones de la mayoría de actores políticos, oficialistas o de oposición, dejan claro que para ellos los intereses electorales están antes que la emergencia sanitaria. La luchas intestinas intrapartidarias en el contexto de las elecciones internas y el uso de recursos estatales para hacer proselitismo son actos vergonzantes y denotan que los peores vicios de la vieja política siguen haciendo daño al país. La relación entre los órganos del Estado está seriamente golpeada. Se descalifica al otro sin discutir razones. No querer implementar las medidas que, tal como aconsejan los expertos, deben acompañar a una cuarentena es tan irracional como reabrir la economía sin un plan que brinde seguridad y tranquilidad a la población.

Es alarmante que a la opacidad en el manejo de los recursos públicos y al exorbitante endeudamiento del país se sumen los cada vez más numerosos casos de corrupción, revelados gracias al esfuerzo del periodismo de investigación. Reaccionar con represalias contra medios o periodistas, o a través de la desacreditación, solo robustece los señalamientos de la prensa. Es indignante que en una situación tan crítica se utilice el Estado para beneficio propio, de familiares o allegados. Queda claro que estas acciones no son cosa del pasado en el ejercicio del poder. La epidemia de la corrupción es el mal que más daño ha causado históricamente a El Salvador y que lo mantiene postrado, porque ha llevado al descuido de la educación y la salud, y a perpetuar las deficientes condiciones de vida de la población.

Como universidad de inspiración cristiana y en el espíritu de Jesús de Nazaret, la UCA se solidariza con todas las familias de los hermanos y hermanas salvadoreñas fallecidas, con los trabajadores de salud que han ofrendado sus vidas y con aquellos otros que sigue luchando en las condiciones más adversas. Y por ello anima al gremio médico a seguir exigiendo que se cumplan todas las medidas de bioseguridad y que se les faciliten los equipos requeridos para combatir el virus. Además, exhorta al pueblo salvadoreño a respetar disciplinadamente las medidas de protección y a estar atento a lo que recomienda la ciencia. En este momento tan acuciante, la fe en el Hijo de Dios, quien siempre supo estar al lado de los humildes, los pobres y los enfermos, es la luz y la esperanza que debe animarnos a seguir adelante y reclamar lo que es justo.

A los gobernantes de nuestro país, Jesús también les habla: “Aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños. […] Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor […] y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos”. Con monseñor Romero, les exigimos, “en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo”, que cesen la confrontación y que construyan acuerdos que tenga en el centro la vida de todos los salvadoreños.

Antiguo Cuscatlán, 27 de julio de 2020

El más reciente sondeo de opinión del Iudop sobre el primer año de gobierno de Nayib Bukele1, arroja luces muy interesantes sobre lo que está caracterizando al país. Los resultados no son ni muy buenos como le gustan y los quisiera siempre el presidente, pero tampoco son tan malos como lo desean sus detractores. En honor a la verdad, la opinión de la mayoría de la gente encuestada sigue siendo buena. La población le adjudica una nota promedio de 7.69 en una escala de 0 a 10. Pero la verdad también es que la valoración de la población es menos buena que hace unos meses. A los 100 días de gobierno2 la población encuestada le dio un 8.37 de calificación y a los 6 meses3 un 7.8. Además, mientras que a los 100 días de gobierno el 93.6% de la población lo aprobaba (con una nota de 6 o mayor), ahora, al cumplir sus primeros 12 meses, ese porcentaje cayó en más de 13 puntos hasta llegar al 80%, porcentaje alto, sí, pero menor que hace unos meses. La pregunta de fondo es ¿a qué se debe esta caída en el apoyo al presidente y su gobierno?

La caída del respaldo popular a un gobierno se considera “normal” por la erosión que va teniendo con el paso del tiempo y la inherente dificultad de un gobierno para quedar bien con todos los sectores nacionales. Pero en el caso de Bukele, la pérdida de apoyo tiene que ver con factores que van más allá del desgaste normal a causa del tiempo.

Del sondeo de opinión, puede extraerse una triada de elementos que pueden iluminar lo que está pasando en el país y pueden ayudar a entender la suerte que está corriendo el actual gobierno. Los dos primeros elementos de esta triada responden al presente y el tercero apunta al futuro. El primer elemento es que, como era de esperarse, para la población encuestada el principal problema del país en estos momentos es la pandemia de covid-19 (43.3%), dejando en un segundo plano a los problemas de carácter económico (12.8%) y en un lejano lugar a los problemas relacionados con la violencia e inseguridad, que desde hace mucho tiempo habían ocupado el primer lugar. Un segundo elemento es que para la población consultada el principal logro del gobierno en este primer año tiene que ver con el combate a la delincuencia. Si agrupamos las variables que tienen que ver con esta dimensión, 56.3%4 de la gente piensa que el mayor logro está ahí. El tercer elemento es que cuando se le preguntó a la población por la principal tarea en la que debe enfocarse el gobierno en los próximos años, la población consultada se decantó por los temas económicos. 42.4% piensa que debe enfocarse en mejorar la economía nacional y 27.1% cree que debe focalizar sus esfuerzos en la creación de fuentes de empleo (69.5% en total). Un 16.2% cree que debe centrarse en el acceso a una mejor educación para toda la población. Resumiendo, a la gente le preocupa en estos momentos, sobre todo, la pandemia, pero reconoce en el gobierno un gran papel en la reducción de la violencia e inseguridad, y su preocupación para el futuro es la situación económica.

Una hipótesis explicativa de los resultados de la encuesta indicaría que el gobierno de Bukele sigue siendo muy bien evaluado por lo que la población percibe que ha hecho hasta ahora en la lucha contra las pandillas a pesar de las dudas y la nebulosa que se cierne sobre el plan implementado; sin embargo está perdiendo apoyo por la manera en que ha gestionado la pandemia de covid-19 y por la situación económica del país y de las familias. Es cierto que en la encuesta, el manejo de la pandemia ocupa un segundo lugar, después de la reducción de homicidios, como el mayor logro del gobierno con un 25.8% de opiniones. Pero también es cierto que si solo una cuarta parte de la población le reconoce ese logro, significa que, para los encuestados, el gobierno ha quedado a deber en esta materia. Lo que más le achaca la población al gobierno es su falta de entendimiento con otras instancias del Estado para trabajar conjuntamente. Tanto es así, que cuando se le preguntó a la población sobre el principal fracaso del primer año del gobierno de Bukele, el primer lugar lo ocupó la mala relación con otros poderes e instancias del Estado con un 36.7%. Además, en la lista de los principales problemas del país, la población ubicó a la confrontación con los poderes en el segundo lugar con un 24.1% de opiniones, solo por detrás de la pandemia. El primer clamor del pueblo salvadoreño en este momento, es enfrentar la pandemia de la mejor manera posible y ese clamor no está siendo escuchado. La población ve como cada día suben exponencialmente los contagiados, que más familias se llenan de luto y dolor, que la red hospitalaria está colapsada y que los trabajadores de la salud se están quedando en el camino en proporciones que se consideran demasiado altas según los parámetros internacionales. Pero lo peor es que en medio de este crítico momento que pone en peligro la vida de la población, no hay capacidad en el gobierno para encontrar, civilizadamente y en consenso, un camino fundado en la evidencia científica que dé seguridad y confianza a la población en que esta tormenta pronto escampará.

Otro aspecto que expresa lo que sucede en el país, es que un gran porcentaje de la población (73.3%) apoya que al gobierno se le haya autorizado gestionar tres mil millones de dólares para enfrentar la emergencia, pero un porcentaje semejante (72.3%) considera que el presidente debe rendir informes detallados sobre en qué y cómo ha invertido los recursos antes de solicitar otros fondos a la Asamblea Legislativa. Y el gobierno no lo ha hecho y no parece querer hacerlo. Esta actitud de opacidad genera sospechas en cada vez más población y es, sin duda, otra de las causas por las que Bukele y su gobierno está perdiendo apoyo.

La actitud intransigente ante el diálogo con otros poderes y con actores sociales, la incertidumbre que se ha generado en torno a la pandemia y la opacidad en el manejo multimillonario de recursos, estarían a la base del crecimiento del porcentaje de personas que han retirado su apoyo al presidente. Pese a ello, el mandatario todavía cuenta con mucho capital social, pero debe entender que este capital social está dejando de ser, por lo menos en crecientes sectores de la población, un apoyo incondicional o un cheque en blanco.

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1. Se puede consultar el sondeo completo en uca.edu.sv/iudop

2. Encuesta “Los Salvadoreños y salvadoreñas evalúan los primeros 100 días de gobierno del presidente Nayib Bukele”, boletín de prensa, Año XXXIII N° 4. Puede consultarse en uca.edu.sv/iudop

3. Encuesta “La población salvadoreña evalúa la situacion general del país a finales de 2019”, boletín de prensa, Año XXXIV N° 41. Puede consultarse en uca.edu.sv/iudop

4. 30.6% de las personas consultadas opinaron que el principal logro del gobierno es la baja de homicidios, 15.6% que es el combate a la delincuencia y la mejora de la seguridad y 10.1% que es el Plan Control Territorial.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 7.

Escuche el artículo aquí:

El perdón cristiano

La vista pública del caso jesuitas en España ha despertado en algunos cristianos la inquietud sobre cómo combinar la necesidad de la justicia con el perdón al enemigo mandado por Jesús, nuestro Señor. Generalmente no se suele tener este conflicto frente a los crímenes comunes. La gente sabe que ante cualquier crimen común que le afecte el cristiano debe pedir justicia y al mismo tiempo perdonar al ofensor. Pero resulta más difícil congeniar justicia y perdón en los crímenes provenientes de una guerra civil, donde los odios se han acrecentado por la propia sistematización de delitos que se da por parte de ambos bandos en este tipo de guerras. Por esa misma razón el Papa Juan Pablo II dedicó a este tema el mensaje trigésimo para la Celebración de la Jornada Mundial de la Paz en 1997.

En general todos los cristianos sabemos que tenemos que dar el perdón al enemigo y al que nos ofende. Como todo pecado es simultáneamente una ofensa a Dios y una ofensa al prójimo y a la Iglesia, esta última tiene instituido el sacramento de la reconciliación. Y para que ésta se logre y haya perdón de los pecados se pide que haya examen de conciencia, reconocimiento y confesión del pecado, propósito de la enmienda y cumplimiento de una penitencia. En caso de que se haya hecho un daño grave al honor o a los bienes de una persona, la reparación y restitución es también condición para el perdón eclesial. Es de hecho un sistema de justicia religioso en el que el reconocimiento de la verdad, el deseo de no repetición del mal y la confesión del mismo lleva a la imposición de una especie de castigo, que diríamos pedagógico, y al perdón del delito-pecado cometido. La comprensión de este sacramento debería llevarnos a todos a no considerar que haya contradicción entre justicia (imposición de una penitencia que hay que cumplir) y perdón del mal cometido.

Desde esta misma perspectiva Juan Pablo II dice enfáticame nte en el mensaje que hemos citado que el perdón, como dinamismo profundo e interior, es indispensable para la reconciliación. Pero que el perdón “lejos de excluir la búsqueda de la verdad, la exige”. Y justo después de decir lo que hemos citado añade: “Otro presupuesto esencial del perdón y de la reconciliación es la justicia”. Y redondea este aspecto diciendo: “no hay contradicción alguna entre perdón y justicia. En efecto, el perdón no elimina ni disminuye la exigencia de la reparación, que es propia de la justicia”. Todo esto, por supuesto, lo dice el Papa precisamente dentro de la opción cristiana a considerar el perdón como la obligación cristiana fundamental para que pueda haber una verdadera reconciliación. Y su mensaje es para todos, ofendidos y ofensores: “todos debemos estar dispuestos a perdonar y a pedir perdón”. Aunque lamentablemente es mucho más frecuente que la víctima perdone que el victimario pida perdón.

En El Salvador en estos momentos, en los que hay varios casos de violaciones graves de Derechos Humanos pendientes, debemos tener muy en cuenta los dicho por Juan Pablo II. Hay que purificar la memoria y el corazón de todo odio, resentimiento o deseo de venganza para no permanecer “prisioneros del pasado”. Pero al mismo tiempo debemos exigir justicia sin renunciar a la misericordia. Y la misericordia incluye, según Juan Pablo II, que “ningún castigo debe ofender la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal. La puerta hacia el arrepentimiento y la rehabilitación debe quedar siempre abierta”. El Papa menciona también formas legales que contribuyan a la reconciliación. Hoy podemos mencionar las leyes de justicia transicional, que deben cumplir con los cinco compromisos de verdad, justicia, reparación a las víctimas, garantía de no repetición y mecanismos de reducción de penas que recomiendan las Naciones Unidas.

Un ejemplo contemporáneo a nosotros nos puede iluminar sobre cómo debemos proceder con los crímenes de la guerra civil. Tenemos entre nosotros los crímenes de las maras o pandillas. Es lógico que exijamos verdad, tanto en la comisión de los crímenes como en las complicidades que puede haber habido en conversaciones de sectores políticos con estos grupos. Es totalmente natural que pidamos e insistamos en que haya justicia frente a los crímenes cometidos. Pero ¿podemos odiar a los pandilleros? La respuesta cristiana es muy simple. No les podemos odiar, ni a ellos ni a nadie. Otra cosa es que no nos agraden. Pero incluso aunque no nos agraden debemos rezar por ellos para que se conviertan, dejen su mal camino y logren su rehabilitación durante el tiempo de su justa condena. Y por supuesto, como dice San Juan PabloII, incluso debemos oponernos a castigos (por ejemplo la tortura o tratos degradantes) que ofrendan “la dignidad inalienable de quien ha obrado el mal”. Ese es el camino cristiano del perdón cristiano. Verdad, justicia, reparación y perdón son, todas ellas, tareas indispensables para los seguidores de Jesús. Estudiar, reflexionar, debatir y proponer sobre cómo esas responsabilidades cristianas se pueden aplicar en la tarea laica del Estado de hacer justicia es también una exigencia cristiana. Las formas de aplicar esos principios pueden ser diferentes, pero los principios no pueden cambiar.

El Salvador no es el único país en el que ha habido críticas a la gestión gubernamental del covid-19. Tampoco el único que tendrá elecciones en el marco de la enfermedad que hoy aflige al mundo entero. Pero sí es uno sumamente vulnerable en el terreno médico-hospitalario, en la dimensión ambiental y en el campo socioeconómico. La pobreza total alcanzará pronto el 40% de la población. Y otro 40% permanecerá en una situación que los economistas catalogan como no-pobres vulnerables. El hecho de que antes y a lo largo de la pandemia haya descendido sistemática y radicalmente el número de homicidios y de otros delitos graves da un poco de esperanza. Pese a ello, no cabe duda que la situación del próximo año será difícil, y podría volverse trágica si no se alcanzan acuerdos básicos sustanciales en favor de la población más vulnerable.

La campaña política, que ya ha empezado de hecho, aunque no de derecho, en vez de centrarse en los desafíos de futuro y plantear posibles soluciones, está generando más división que unión en torno a un ideario, incluso al interior de los partidos. La ambición personal parece imponerse sobre el diálogo y la consolidación de un proyecto común. Y mientras los políticos pelean entre sí, los salvadoreños luchan a diario por trabajo, comida y salud. Las campañas políticas deberían atender los problemas de esa lucha. En un tiempo en que los problemas se han agravado, el diálogo, la reflexión y la propuesta deberían primar de manera pública. Es llamativo que no se hable de cómo solucionar las dificultades que nos esperan, entre ellas la agudización de la desigualdad, tal como advierte la Cepal. Por ejemplo, ningún partido se atreve a hablar de una reforma fiscal que, independientemente de sus contenidos concretos, será indispensable para una recuperación adecuada.

La doctrina social de la Iglesia católica afirma que ante cualquier tipo de injusticia los responsables de la vida pública (los partidos, por lo general) deben implementar “las reformas sustanciales de las estructuras económicas, políticas, culturales y tecnológicas, y los cambios necesarios en las instituciones”. El pensamiento de las Iglesias evangélicas es semejante. En este período de elecciones, y en medio de la constatación de la gran vulnerabilidad del país en muy diversos aspectos, es preocupante que muy poca gente en el mundillo político plantee reformas tanto de estructuras como de instituciones, como si no existieran graves injusticias. No discutir reformas económicas y sociales nos condena a un subdesarrollo permanente y aún más grave que el actual.

El Salvador tiene los recursos humanos suficientes para emprender un camino de desarrollo digno y equitativo. Sin embargo, las rencillas políticas, la desconfianza infundada, el amparo que se le da a los aprovechados y cínicos con tal que ayuden a quien está en el poder, y la corrupción o evasión de impuestos de muchos de los económicamente fuertes mantienen al país estancado. Y en estos tiempos, estancarse es retroceder. Los partidos políticos, todos, tienen la obligación de reflexionar sobre la situación, dialogar serenamente y presentar proyectos de convivencia en justicia y solidaridad. La Iglesia nos dice que “el porvenir de la humanidad están en manos de quienes sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para esperar”. Pero en nuestra historia con demasiada frecuencia se le ha dado a una buena parte de la población razones para desesperarse y marcharse a vivir a otra parte. Hoy que la pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad y pobreza del país, queda en manos de todos, especialmente de los partidos, el desafío de buscar un futuro digno. ¿Están haciendo eso las instituciones políticas? Tanto los partidos como la ciudadanía deben hacerse esa pregunta.

Las tradicionales preocupaciones por la inseguridad, la violencia y la economía, sin dejar de ser importantes, han pasado a un segundo plano por la pandemia. El número de contagiados y fallecidos calan profundo en la población. Las familias de los que se van se sumen en un profundo dolor por no poder despedir a sus seres queridos apropiadamente. Los trabajadores de la salud combaten el virus sin contar con todo el equipamiento necesario y cargando a sus espaldas el agobio de enfrentar la muerte a diario y ver partir en el camino a compañeros y compañeras. El estrés, la ansiedad, la depresión y diversos problemas psicológicos están haciendo mella en cada vez más personas. Y a ello se añade la crisis económica, con la consecuente pérdida de empleos y el aumento de hogares en situación de pobreza.

Y en este momento crítico, los que dirigen el país le fallan a la gente. Cuando más unidad y cooperación urge entre las autoridades, sus pasos van en sentido contrario. Lo visto esta semana evidencia que a demasiados de ellos solo les importa la campaña electoral. Sus actitudes revelan profunda insensibilidad ante el sufrimiento. GANA desnuda en público sus miserias y su perverso modo de hacer política, que incluye el uso de armas. En Arena, las denuncias de un posible fraude en las internas y el comportamiento de los diputados cercanos a Nayib Bukele muestran la preeminencia de las urgencias electorales por sobre las de salud, tal como también sucede en el caso de los funcionarios del Gobierno que se valen de sus cargos para publicitar sus candidaturas. Aunque por el momento el FMLN se cuida de guardar las formas, no escapa a algunos de estos vicios.

Esta priorización de la política electoral añade tinieblas a un panorama de por sí gris. Los llamados a que los poderes del Estado se pongan de acuerdo para garantizar la salud de la población no encuentran eco. La necesaria coordinación entre ellos está prácticamente rota. La pretensión de centralizar las facultades y decisiones ha dado la pauta para fundados reclamos e iniciativas por parte de alcaldías, que ven cómo la situación se agrava en sus municipios mientras el Gobierno se enrosca en caprichos. Algunos ediles han planteado propuestas alternativas para ayudar a su gente e intentar mejorar el desastroso escenario que vivimos. Sin embargo, esas iniciativas han sido bloqueadas por los turbios intereses de los poderes superiores.

Tanto el presidente y su gabinete como los partidos políticos mayoritarios no solo evaden la responsabilidad que deberían asumir en esta crisis, sino que fomentan actitudes que abonan a la polarización social, que ya ha tomado dimensiones alarmantes. No se ve luz al final del túnel. Por el momento, la única y verdadera esperanza está en la población que lucha y echa el hombro día a día, que cuida con esmero de los suyos y se preocupa por los demás. Esos salvadoreños buenos y generosos a los que los políticos electoreros han dejado en el abandono.

Nayib Bukele ha formalizado que se encuentra en guerra abierta contra sus “enemigos”. En realidad, está en pie de guerra desde hace meses. Así, pues, esta ha vuelto de la mano de un mandatario que no experimentó la irracionalidad y la brutalidad de la guerra civil. E igual que entonces, el objetivo es el poder total y no parece dispuesto a escatimar medios para conseguirlo. La lógica guerrera somete la vida ciudadana, la economía y la política a la finalidad militar. El presidente ya ha demostrado que quienes obstaculizan la realización de sus deseos se exponen a la furia de sus redes sociales y, en cualquier momento, también a la agresión física.

A diferencia de la guerra librada por interés económico o material, a la cual se puede poner fin con dinero —a veces una cantidad desorbitada— o con la concesión del bien deseado, la movida por ambición de poder es insaciable, siempre quiere más. No repara en la destrucción y la muerte que deja en su avance hacia una meta, en sí misma, inalcanzable. El apetito de poder, en su enajenación, al final, aniquila también a los ambiciosos. Los pandilleros lo saben bien y lo asumen libremente. Libran una guerra que combina la apropiación económica, la práctica del terror y la ambición de poder. La omnipotencia derivada de la posesión de un arma de fuego es una experiencia inconmensurable. También pasajera, porque el pandillero sabe que si no termina en la cárcel, acaba en el cementerio. Aun así, pese a su fugacidad, es una experiencia única de totalidad e infinitud.

La guerra presidencial se libra en varios niveles. En las redes sociales, los incondicionales dedican tiempo y energía a la causa. En teoría, están también dispuestos a entregar sus vidas. GANA y Nuevas Ideas reproducen las órdenes de Casa Presidencial y movilizan a sus afiliados para impulsar su cumplimiento. Sin embargo, la base de poder más eficaz del presidente la constituyen el Ejército y la Policía. Ya se tomaron el recinto legislativo y el ministro de Defensa lo ha corroborado, cuando, en la juramentación de 49 mujeres, declaró que estas se habían alistado con “el único propósito de apoyar todos los planes del presidente”. La tergiversación de la finalidad constitucional de la Fuerza Armada es escandalosa, pero no novedosa. Expresa una tradición inveterada. La institución fue creada para respaldar al jefe de Estado de turno. Y así sigue, fiel a sus orígenes. No es extraño, entonces, que el director de una Policía que quiso ser “civil” se disfrace de militar.

Irónicamente, el presidente de lo nuevo se apoya en una Fuerza Armada cuyas interioridades han sido expuestas en la Audiencia Nacional de Madrid. Los testigos han demostrado que el Alto Mando es responsable directo de la masacre en la UCA y del encubrimiento institucional. La responsabilidad no es solo de los oficiales de entonces, sino también de los actuales, incluidos los comandantes en jefe, los presidentes de la República, quienes no solo se han negado a colaborar con la investigación, sino que también la han entorpecido, han protegido a los asesinos y han pagado su defensa. Muy a pesar de estos esfuerzos, los hechos ventilados en el tribunal español han encontrado amplio eco en la prensa internacional, que ha difundido la deshonra de la Fuerza Armada. Mientras los testigos hablaban, la cuenta presidencial en Twitter guardó silencio. Curioso, porque sus seguidores exigen responsabilidades al jefe de la fracción legislativa democratacristiana, pieza clave del encubrimiento institucional como abogado del Ejército, pero se olvidan de los asesinos.

Ante una declaración de guerra tan clara, cabe preguntar quiénes son los enemigos del presidente Bukele. No son fuerzas extranjeras, ni organizaciones criminales, ni siquiera los corruptos, sino Arena y el FMLN, la prensa crítica, la Sala de lo Constitucional y, en una palabra, el pensamiento libre. Si bien Hacienda ha denunciado a algunos evasores de impuestos grandes, la persecución no es general. Los acusa no tanto por evasores como por enemistad con el presidente. El adversario real no está fuera del ámbito presidencial, sino en su interior. Y muy a su pesar, puede prevalecer. Hasta ahora, el peor enemigo del presidente Bukele ha sido la improvisación, la desorganización y el afán centralizador. Muestra evidente de ello es la discusión sobre si existe o no planta de tratamiento de aguas servidas en el nuevo hospital, el desorden en el sistema de salud, las compras amañadas, la estadística imprecisa de la pandemia y la ausencia de planificación. Pero eso no es todo. Existe otro enemigo, este externo: el hambre, el desempleo, la vivienda precaria, el salario bajo, la desprotección social de la ciudadanía y el descuido de sus enfermedades crónicas, y la acumulación desmedida de riqueza en el uno por ciento de la población. Si el presidente no logra controlar la ambición de poder, tampoco podrá vencer a este otro enemigo. En definitiva, la guerra declarada es una forma, más o menos inconsciente, de defensa propia.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El Salvador continúa viviendo el crecimiento de la pandemia del COVID-19. Cada día más casos y más muertos. Hospitales saturados y poca información ponen de manifiesto dos grandes deudas estructurales que el Estado salvadoreño no ha saldado y que han posibilitado esta tormenta perfecta: el acceso desigual a la salud y a la educación. Mientras durante los últimos treinta años la discusión ha girado en torno a los problemas de seguridad, la violencia de las pandillas y las urgencias de la economía cotidiana, la salud y la educación han continuado un lento, pero continuo deterioro. Con una población que ha tenido poco acceso a la educación es difícil sentar las bases para combatir una pandemia de forma integral.

La pandemia implica movilizar lo que pensamos de nuestro cuerpo, del cuidado de nuestra salud, de la higiene personal y colectiva. Esta pandemia que enfrentamos implica además tener la capacidad de discutir, analizar y cuestionar la información que nos llega y ponerla a la luz de las discusiones científicas actuales. Combatir y encontrar soluciones a la pandemia requiere de un colectivo de profesionales de la salud y de investigadores que puedan planificar y proponer soluciones acordes a cada región. Nada de esto tenemos. La mirada y los análisis cortoplacistas han intentado que la sociedad salvadoreña responda reactivamente a un reduccionismo que funciona muy bien en cualquier melodrama: hay un grupo de personas malvadas y con mucho dinero que nos han robado desde hace mucho y quieren que todos muramos. Para ello, lo más importante es que la sociedad salvadoreña no tenga memoria.

La memoria política nos permite poner en perspectiva el análisis. No hay un grupo de personas malvadas, pero sí, durante larguísimos años, hemos sido un país sistemáticamente saqueado y con muy pocas soluciones a largo plazo. Las únicas propuestas que suelen aparecer son las que tienen rédito electoral o, en efecto, beneficio económico. La memoria política nos debe ayudar a entender el pasado pero sobre todo por sus efectos en el presente actual y en los posibles futuros.

Esta semana, a pesar de que el ruido de la pandemia y el concierto mediático que ahora se ha colocado ya, casi descaradamente, en función de las próximas elecciones municipales y legislativas, la sociedad salvadoreña ha vivido un acontecimiento central para entenderse y entender los posibles futuros que vienen. El juicio al Coronel Inocente Montano, implicado en la masacre de los seis jesuitas y dos de sus colaboradoras que se está llevando a cabo en Madrid, ha permitido que algunos coloquen la mirada social en perspectiva de larga duración. Un día tras otro, los testigos han declarado con detalle qué fue lo que sucedió durante esos largos días y noches de noviembre de 1989.

En México, después del asesinato de los 43 estudiantes normalistas una consigna empezó a circular por las redes sociales, como un grito de denuncia que incendiaba los caminos de la red: #FueElEstado. Esa frase hoy día puede decirse en El Salvador, durante esta semana, en el contexto que vivimos: fue el Estado.

Fue el Estado salvadoreño el que asesinó a los seis jesuitas y sus dos colaboradoras. Y fue el Estado salvadoreño quien encubrió los hechos. Nos queda claro. Fue el Estado, este que construyeron Arena, el FMLN y los distintos grupos que han gobernado el país quienes, con sus decisiones, empoderaron y fortalecieron a las pandillas, quienes privaron a buena parte de la población del acceso a la salud y a la educación que hoy podrían salvarnos la vida y la economía, no con una cuarentena estricta, sino a pesar de ella, pues ya muchos países están mostrando que las cuarentenas no resultan funcionales. Fue el Estado. El Estado es, pues, culpable.

Pero la frase puede tener también un segundo sentido, el del pasado en este presente sin memoria. El estado ya fue, el Estado no es más. Se ha terminado. Somos una sociedad sin Estado en donde la ley no se respeta. Un Estado en donde se ha negociado con criminales y se han incumplido los debidos procesos para contratar personal o comprar material para combatir la pandemia. No somos ya un Estado.

¿Es posible todavía encontrar esperanza de manera colectiva? Más que nunca es urgente que los movimientos sociales se fortalezcan. Los movimientos ecologistas, feministas, de inclusión racial, sexual, política tienen hoy la posibilidad de construir una historia diferente y una memoria en donde nuestros muertos, todos, los de 1989 y los de hoy puedan encontrar justicia, descanso y memoria. Que las políticas de la memoria nos permitan mirar al pasado para construir el futuro.