Editoriales y Opiniones

Mientras el presidente inauguraba el Hospital El Salvador, una plataforma periodística reveló la adquisición fraudulenta de protectores faciales. A pesar del cerco informativo, la prensa descubrió que el Gobierno compró dichos protectores a dos empresas propiedad de dos altos funcionarios por más del doble de su valor en el mercado, sumando en total más de medio millón de dólares. Uno de los beneficiados es un funcionario que circula en el entorno presidencial. El otro se desempeña como viceministro de Hacienda, y curiosamente también posee una empresa que asesora en materia impositiva. Además de los protectores, el Gobierno adquirió otros bienes cuyo detalle aún se desconoce.

El presidente suspendió al primer favorecido, anuló su candidatura a la alcaldía de Santa Tecla y ordenó dos auditorías. Sin embargo, el ministro de Salud, que autorizó las compras, es también responsable, tanto si sabía como si no, porque debiera haber sabido. Contradictoriamente, ese ministro defiende la transparencia gubernamental, pero diluye la responsabilidad en la burocracia ministerial.

Estos hechos son muy reveladores. Por un lado, confirman la sospecha de que en la gestión de los fondos públicos y las donaciones existe corrupción, y que en el círculo presidencial hay oportunistas. El funcionario suspendido también está relacionado con la materia prima de los protectores de plástico reciclado. Al parecer, esta proviene de las botellas repartidas, y luego recolectadas con dinero público, por el Gobierno durante la crisis del agua. Por otro lado, estos hechos ponen de manifiesto la importancia del cerco informativo levantado por Casa Presidencial, así como también la razón de la presión para disponer incontroladamente de los fondos públicos.

No son casos aislados, como tal vez algunos quisieran. Basta recordar los ya olvidados viajes del director de los centros penales. Los voluminosos contratos concedidos por ANDA para perforar y equipar pozos, y la relación del Seguro Social con Casa Presidencial tampoco están libres de sospechas de fraude. Muy probablemente, hay otros casos que se han aprovechado y encubierto con la emergencia. Es plausible que el presidente Bukele pueda haber sido engañado por algunos de sus colaboradores más cercanos, entre los cuales hay oportunistas, pero el silencio informativo, que favorece su proliferación y bonanza, es responsabilidad directa suya.

Asimismo, es comprensible que la envergadura de la crisis demande flexibilidad para atender rápida y eficazmente unas necesidades apremiantes. Pero justamente por eso, la información detallada y clara es la mejor garantía para el buen uso de unos fondos escasos. Si Casa Presidencial no tiene tiempo ni energías para controlar el gasto y mantener a raya a los oportunistas que deambulan por sus dependencias, y si la Corte de Cuentas, la gran ausente, no tiene capacidad ni voluntad política para auditar, la sociedad civil, en concreto, la prensa y algunas organizaciones privadas, ya ha demostrado interés y capacidad para descubrir las operaciones fraudulentas. La insistencia veraz en la preservación de la vida y la salud del pueblo se traduce en colaboración estrecha con la sociedad. Esta no solo debe cuidar de sí misma, sino también proteger los medios que preservan su vida.

Los incondicionales que con tanto celo velan por el éxito del Gobierno de Bukele debieran adoptar una postura beligerante ante la corrupción y los corruptos. Estos no tienen color político, pero poseen buen olfato para el dinero. Penetran hábilmente los círculos de poder, se disfrazan de incondicionales y medran donde se los tolera. En una Casa Presidencial afanada en la desinformación y la oscuridad, encuentran condiciones ideales para enriquecerse a costa de la miseria de la gente. Estos son los auténticos enemigos del pueblo, no los fantasmas que los incondicionales agitan ofuscada y ciegamente. Aquellos se embolsan el dinero de la ciudadanía, mientras que estos son simples construcciones fantásticas. Mientras se ensañan con ellos, aquellos otros prosperan al amparo del Gobierno. Bien harían, pues, en vigilar el gasto público y la conducta de los funcionarios; y si encuentran indicios suficientes, deberían denunciar la corrupción y a los corruptos. Prestarían así un invaluable servicio al Gobierno que tanto estiman. La pasividad y la autocomplacencia ponen en entredicho su fidelidad al presidente Bukele.

Los miles de millones en juego, la necesidad apremiante y la poca disponibilidad de dinero exigen auditar, interna y externamente, la actividad de Casa Presidencial y sus dependencias. No se trata de desprestigiarla ni de boicotearla, sino de ayudarla a cumplir con sus obligaciones de manera eficaz y honesta. No se trata de hacer fracasar al Gobierno de Bukele, sino de contribuir a liberarlo de dos de los demonios que lo habitan: la ambición y la codicia.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En el anuncio en Twiter del nuevo libro de la Comisión Económica para América Latina de la ONU se lee lo siguiente: “Las actuales crisis sanitaria y climática son parte de un modelo de desarrollo insostenible, vinculado a una elevada desigualdad con el predominio de las élites, es decir, con la cultura del privilegio, revela nueva publicación de la CEPAL”. Si la desigualdad es un fenómeno generalizado en América Latina, en este mismo libro se nos muestra la extrema vulnerabilidad de los cuatro países más norteños de Centroamérica. En otras palabras, que si el modelo de desarrollo latinoamericano es insostenible, el modelo centroamericano lo es más. Estamos peor en desarrollo económico, tenemos más pobreza y endeudamiento (nosotros), la desigualdad es mayor, la violencia también, la migración es sistemática y nuestra leyes, que debían proteger más a los pobres que a los ricos, hacen exactamente lo contrario. Basta ver las insuficiencias de la legislación dedicada a la seguridad social y compararla con la legislación protectora con la libertad. Y no es que estemos en contra de la libertad, que es necesaria para la vida personal y social. Pero cuando no hay protección del débil, la libertad termina siempre convirtiéndose en una ventaja para el fuerte. Hoy, las discusiones políticas coyunturales, que son importantes en tiempo de crisis, apenas nos dejan ver la crisis estructural de nuestro país que sin duda se agravará en los próximos meses.

En el periódico digital El Faro se anuncia una entrevista con el presidente de ANEP, Javier Simán y se entrecomilla también una de sus frases. En concreto la siguiente: “Cada empresa es libre para decidir de qué manera seguirá las fases de apertura”. Aunque por una frase no se puede juzgar a una persona, sería mucho más agradable al oído de las mayorías el escuchar algo así como que cada empresa debe seguir las fases de apertura incluso con mayor responsabilidad de lo que establecen los protocolos estatales, vigentes o no. Y añadir que en esta fase de apertura debe aumentarse el salario mínimo y ampliarse las prestaciones sociales del trabajador, incluidos los del sector informal. La ley es, o debe ser siempre, la defensa del débil. La libertad, cuando no hay ley que defienda al vulnerable, puede convertirse muy fácilmente en un arma y privilegio del fuerte para su propio beneficio.

Montesquieu, gran enemigo del despotismo autoritario y uno de los padres del moderno liberalismo político y de la democracia (lástima que no lo suelan leer nuestros políticos y diputados), decía en “El Espíritu de la Leyes” lo siguiente: “Desde siempre hemos visto que todo hombre con poder tiende abusar de él”. El mismo autor decía que un deseo es legítimo solamente si se puede convertir en el deseo de todos. En ese sentido moderar los deseos de los fuertes, sean económicos, políticos o intelectuales, y poner los recursos, de un modo equitativo, al servicio de todos, y especialmente de quienes carecen de ellos, es papel fundamental de las leyes.

Cuando el Presidente de El Salvador dice, más o menos, que quiere refundar el Estado salvadoreño tiene cierta razón. Porque este Estado nuestro elitista, que fomenta la desigualdad, que se desinteresa por el débil y vulnerable, y que vive de un discurso democrático bastante hueco y vacío, es necesario cambiarlo de orientación. El problema del Presidente y de Nuevas Ideas es que no se sabe qué significa refundación para ellos. No hay un proyecto claro y hay una lucha por almacenar poder que no se sabe a dónde nos puede llevar. La refundación del Estado salvadoreño, en todo caso, es tarea común. Y con polarización, insultos y ataques personales es difícil crear una democracia social, respetuosa de los Derechos Humanos. Tampoco ARENA y el FMLN, que jugaron juntos en el pasado el mismo juego que ahora juega Nuevas Ideas con ellos, dan garantías de poder refundar el Estado. Por ello, lo mejor sería comenzar una etapa de diálogo en torno a los Derechos Humanos y a la Constitución de la República. Si empezáramos a lograr acuerdos sobre cómo avanzar con seriedad hacia la justicia social y hacia la universalización del bienestar, que son obligaciones constitucionales, estaríamos avanzando hacia una refundación del estado salvadoreño, incluso sin necesidad de cambiar la Constitución.

Por José María Tojeira

Director del IDHUCA.

Acorralado y sin salida razonable —pues dialogar al parecer no lo era—, Nayib Bukele decidió perder con sonoridad y estruendo en su cadena nacional del sábado 13 de junio, llevándose de encuentro a muchos a quienes considera los causantes de una significativa derrota política, aquella que implica ceder un poco. Supuestamente atrapado, el presidente relató, con los detalles que le parecieron convenientes, la realización de una reunión secreta, en la que participaron dirigentes de la ANEP, magistrados de la Sala de lo Constitucional, el fiscal general de la República, un representante del partido Arena y el embajador de Estados Unidos, y en la que decidieron de forma conjunta la ley y hoja de ruta para transitar por el tosco camino de la emergencia nacional causada por el covid-19.

La historia de la reunión secreta, en caso de ser cierta, nos demuestra que en nuestra endeble democracia el problema más acuciante sigue siendo el mismo de siempre: el pueblo, que estorba.

La reunión secreta fue secreta precisamente para eso, para no ser vista u oída por la gente que opina, por la gente que piensa, por la gente que habla; y que por hablar, opinar y pensar, estorba. Se trata de ocultar la toma de decisión de los ojos curiosos de personas menos importantes que los figurones que participaron en ella, protagonistas con auténtico y demostrable poder político y económico, aquello de lo que carece el insustancial y humilde ciudadano promedio.

La reunión secreta nos habla de poder, del verdadero poder, el económico de la ANEP y el político del presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de un representante de un partido político, Arena, que no representaba a nadie porque nadie votó por él, pero igual ordenó qué hacer a los diputados de su bancada. Este poder desplegado en la reunión secreta no se rige por leyes o formas democráticas; es un poder que permite a jueces ser asesores del Ejecutivo, que no tiene objeción en que un presidente que constantemente fustiga diputados y empresarios se reúna alegremente con ellos para transar en las sombras de un cuarto lujoso, todo supervisado por la complacencia y beneplácito del país más pudiente de todos.

El poder exhibido por los integrantes de la reunión secreta es uno que no se comparte con el pueblo. Por eso la reunión rehúyo del pueblo, aunque en ella se decide en nombre del ciudadano común y todos sus intereses, o al menos eso se espera. Ahora bien, esto último es apenas un atisbo de esperanza, pues no puede decirse nada más de la reunión. ¡Precisamente por eso fue secreta! Para que no sepamos lo acordado por los poderosos. Aquello que lleguemos a conocer de la misma, de sus intenciones, dificultades, motivaciones, de su desarrollo o sus conclusiones, incluso de sus participantes, depende enteramente de la información que graciosamente nos quieran regalar quienes ostentan el poder real, ese que no tiene la gente.

* Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

La vulnerabilidad puede entenderse como la incapacidad de una población, comunidad o individuo para hacer frente, resistir y recuperarse de los impactos de un desastre. Es un concepto socioeconómico porque está relacionado con la pobreza, la educación, la voluntad política y el desarrollo sostenible; y es también un concepto ambiental porque los desastres pueden desencadenarse por la falta de prevención y de preparación ante los fenómenos naturales, y porque se ha comprobado que la degradación medioambiental hace más severos sus impactos. Sin embargo, no es una condición permanente.

En 2002, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer las fases del ciclo del manejo de desastres en el documento “Salud ambiental durante emergencias y desastres: una guía práctica”. Según la OMS, este es un enfoque sistemático e integrado que ha tenido éxito en muchos países y que se basa en la aplicación de una cadena continua de actividades antes y después de que ocurra un evento catastrófico. Entre sus objetivos se encuentran aumentar la preparación de los países ante los desastres naturales, mejorar la capacidad de generar advertencias, reducir la vulnerabilidad y fortalecer la prevención durante cada iteración del ciclo. No obstante, el mismo documento menciona que, aunque pueda ingresarse a la cadena en cualquier punto, la aplicación desordenada de las acciones de manejo puede resultar en el aumento de la vulnerabilidad y en la pérdida de preparación para enfrentar situaciones de emergencia.

Específicamente, la OMS señala que las acciones que deben realizarse antes de un desastre natural, catalogadas también como de desarrollo sostenible, incluyen la implementación secuencial de la evaluación de riesgos y de vulnerabilidad; la elaboración de planes de prevención y mitigación que respondan efectivamente a los hallazgos de dicha evaluación; la preparación para la emergencia, que consiste en crear un programa de actividades a largo plazo para gestionar eficientemente todos los tipos de emergencia, la transición de la crisis a la recuperación, y el regreso al desarrollo sostenible; y la creación de planes y políticas a nivel comunitario, nacional e internacional para garantizar que se lleven a cabo todos los programas de prevención y mitigación de desastres con objetivos claros, recursos suficientes, estructuras de gestión y asignación de roles para todos los actores involucrados, sin excluir la participación de los sectores que serán potencialmente afectados.

Entre las medidas que deben tomarse posteriormente, referidas también como de acción humanitaria, se encuentran la respuesta ante la emergencia, que dependerá de la naturaleza del desastre y de la efectividad con que se elaboró toda la logística previa; y la etapa de rehabilitación, reconstrucción y recuperación, que depende en igual medida de las acciones previas y que solamente puede impulsarse cuando la emergencia se encuentre bajo control. Esta última fase introducirá también la evaluación, en la cual se identificarán los puntos de mejora para dar paso nuevamente al consorcio de acciones previas o de desarrollo sostenible que deben estar siempre listas y correctamente formuladas. Con esto en mano, podría pensarse que reducir la vulnerabilidad depende solamente de mejorar las condiciones materiales de la población, elaborar planes de acción y apegarse a ellos, pero, como se mencionó antes, la degradación ambiental puede agravar cualquier desastre natural, y en la disminución de sus impactos todos tenemos responsabilidad, aunque unos más que otros.

A nivel estatal, la priorización histórica del capitalismo por encima de la vida y del medioambiente ha traído consecuencias desastrosas, que difícilmente podrán revertirse. Por poner un ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que, en 2015, El Salvador contaba solo con el 10% de sus bosques. Este alto grado de deforestación, que sigue vigente o que posiblemente ha empeorado en los últimos años, ha hecho que nuestros suelos sean más susceptibles a deslizamientos y que aumenten los riesgos de desbordamiento de ríos y de inundaciones. Además, pone de manifiesto lo que sucede cuando el Estado otorga permisos de construcción a diestra y siniestra para favorecer a élites económicas y empresariales; menosprecia los componentes ambientales, técnicos y sociales que siempre están presentes durante la implementación de cualquier proyecto; y se esfuerza por amarrarnos a un modelo de desarrollo que está totalmente alejado de la realidad del país. Por eso, cuando hayamos superado completamente la crisis por las recientes lluvias y entremos en la etapa de rehabilitación, reconstrucción y recuperación, debemos exigir un cambio radical del sistema y de la forma en que hasta hoy se ha conducido nuestra sociedad, de modo que la justicia y la vida en todas sus formas sean el centro del quehacer político, y no el bienestar desmesurado de unos pocos a costa de la muerte diaria y paulatina de las grandes mayorías pobres y excluidas.

A nivel ciudadano, o personal, debemos aprender a respetar el medioambiente y entender que dependemos de él, y no al revés. En esto tendrá que ver otra vez el Estado, a través de programas culturales y educativos de concientización. Se requerirá también la participación de todos los agentes que directa o indirectamente puedan ayudar a que deje de botarse la basura en las calles —en los casos más sencillos—, o que puedan hacer que un trabajador o trabajadora decida cambiar sus prácticas o denunciar las de sus empleadores si sabe que se está poniendo en riesgo el bienestar de la naturaleza. Esto último supondría la creación un sistema de regulación alternativo e impulsaría un cambio en el modo de producir y en el manejo de los recursos naturales. En estos momentos de mayor tragedia, que ya eran lo suficientemente graves con la pandemia y que ahora nos están dejando más hambre, luto y dolor, debemos saber que hay una salida, pero que solamente podremos sacar al país de las ruinas si sabemos usar la buena voluntad salvadoreña para exigir cambios en el modo de hacer las cosas y para que hagamos de la centralidad del medioambiente una lección aprendida, permanente e invulnerable.

* Violeta Martínez, docente del Departamento de Ingeniería de Procesos y Ciencias Ambientales.

En El Salvador, después de la guerra civil, se han manejado dos hipótesis sobre el desarrollo. La primera, generalmente representada por Arena, apuesta por la empresa privada como gran motor de desarrollo. La segunda, defendida por el FMLN al menos teóricamente, da más importancia al protagonismo del Estado. Hoy, con el actual Gobierno, hay poca claridad al respecto. Su liderazgo insiste en la importancia del Estado, representado especialmente en el Ejecutivo, en la gestión del país, pero no se observa animadversión hacia la empresa privada, salvo casos particulares concretos.

Que la empresa privada pueda gestionar el desarrollo es falso. Puede colaborar de un modo importante, pero gestionar es otra cosa: implica políticas públicas, planificación nacional, satisfacción de necesidades basada en derechos humanos. A la empresa le interesa la rentabilidad y la ganancia. El resto lo ve como secundario. Los Gobiernos de Arena fueron un buen exponente de ello. Durante su gestión, aumentó la desigualdad; y se legó una pesada herencia de corrupción e irrespeto a los derechos humanos.

Por el contrario, y siempre teóricamente, la tendencia estatista prioriza las estructuras de servicio a la persona. Sin embargo, el FMLN, a pesar de hablar de la urgencia de solventar los problemas de pobreza y poner en el centro a los sectores más débiles y vulnerables, apenas honró sus propios principios. La desigualdad y las principales estructuras que la generan, incluidas estatales, permanecieron incólumes durante los Gobierno de dicho partido, así como los efectos de violencia, migración, pobreza y corrupción que esa misma desigualdad produce.

Más allá del fracaso del FMLN en sus dos períodos, es claro que el Estado no puede gestionar por sí solo el desarrollo, mucho menos de un modo autoritario. El Estado necesita la colaboración de la empresa y de la sociedad civil. Y para ello es indispensable el diálogo. Política, trabajo, pensamiento y capital deben ponerse metas de construcción de futuro y evaluarlas conjuntamente. El Salvador tiene unos desafíos que superan las posibilidades de sectores o grupos pequeños gestionando el poder. Acaba de publicarse un estudio de la Cepal sobre el cambio climático que coloca a nuestro país como uno de los más vulnerables de América Latina. Además, la pandemia de covid-19, que tanto nos está haciendo sufrir y que puede tener nuevas oleadas, ha puesto al descubierto las profundas debilidades de los servicios públicos.

Por el momento, es difícil siquiera hablar de diálogo, pero es indispensable. Ni Arena, lastrada por su cortedad de ideas, su dependencia del poder económico y su corrupción; ni el FMLN, con su estatismo teórico obsoleto y una seria ineficiencia a la hora de gobernar; ni Nuevas Ideas, con su liderazgo autoritario y su falta de un proyecto nacional claro, pueden poner al país en una vía decente de desarrollo y justicia social. El Salvador puede salir adelante y alcanzar niveles de desarrollo digno porque tiene las personas y la capacidad para ello. Pero quienes gestionan la política, la empresa, la sociedad civil y el trabajo tienen que salir de esa tendencia a buscar primero la ventaja personal, gremial o institucional, y alcanzar un nivel de diálogo que lleve a la capacidad de sacrificar intereses personales y grupales, sobre todo de ese 20% que vive en la comodidad.

Es absurdo creer que podemos vencer la pobreza, la desigualdad y la vulnerabilidad del país ante las enfermedades, el cambio climático y el desastre sin diálogo, sin planificación conjunta del futuro y sin sacrificio. Y en ese diálogo será necesario que participen todos los partidos políticos, la empresa privada, el mundo del trabajo y la sociedad civil. Si cada uno busca su camino, la solución a nuestros problemas será cada vez más difícil y traumática.

Casa Presidencial atribuye la oposición de sus adversarios a la existencia de una agenda política de corte electoral, lo cual es indudable, pero insuficiente. Todos tienen la vista puesta en la elección de febrero. También el presidente. La gestión de la crisis del virus ha sido más política que sanitaria. Las cada vez más atrevidas hipérboles y metáforas presidenciales evidencian ese interés. La carrera electoral ha hecho que el desfase del discurso presidencial con la realidad sea cada vez más temerario, tal como lo muestra la última comparecencia en cadena nacional. Los creadores de imagen proyectan a un presidente víctima de conspiraciones oscuras y malévolas. Una conveniente construcción que desvía la responsabilidad de la crisis nacional hacia los adversarios.

Los fracasos en la gestión de la crisis no son tanto obra de estos, sino de las decisiones presidenciales. La realidad se ha filtrado subversivamente, pese al cerco informativo levantado por Casa Presidencial. El personal sanitario es insuficiente, carece de equipo de protección elemental y sufre acoso de asesores extranjeros. Los hospitales están tan abarrotados de pacientes con covid-19 que desatienden a los otros enfermos; falta espacio y equipo especializado, y en algunos la desorganización es desconcertante. Y las estadísticas no registran todos los contagios ni todos los fallecidos por falta de pruebas. El fracaso de “los protocolos” (un eufemismo del Ministerio de Salud) en el asilo Sara Zaldívar, donde ya acepta resignadamente que “por supuesto que tendremos fallecidos”, es obra del descuido y la incapacidad.

Incomprensiblemente, Casa Presidencial ha hecho lo contrario a lo indicado por el manual epidemiológico. La epidemiología es una ciencia de posibilidades y persuasión. El epidemiólogo ha de persuadir a la población para que altere sus rutinas de tal manera que estas no favorezcan la expansión del virus. Las alertas y las indicaciones han de ser claras y comprensibles, y su difusión, amplia y oportuna. El manual indica que en una emergencia de salud debe designarse un epidemiólogo como portavoz principal. Este ha de identificarse con los afectados, ha de comprender sus inquietudes y ha de saber colocarse en su lugar, para generar familiaridad y confianza. El objetivo es que el portavoz se convierta en referente obligado de una ciudadanía asustada, insegura o incrédula, cuya desconfianza o indiferencia puede colocarla en riesgo grave. El portavoz ha de esforzarse para explicar lo que se sabe y lo que se desconoce. Más aún, debe aprender a persuadir aun cuando cambie las orientaciones. En la labor de persuadir, la transparencia es esencial.

Cuando este espacio es ocupado por el político, lo más probable es que la mitad de la población le lleve la contraria. Si la respuesta se vuelve política, el desastre es casi seguro, porque la gente no sabe si las indicaciones o las órdenes se basan en la ciencia o en el interés político. La incredulidad y la desconfianza hacen que la población se desentienda de los riesgos. En una crisis como la actual, es imperioso persuadir para suscitar la cooperación ciudadana y así salvar vidas. Por eso, el manual invita al político a practicar la moderación y exhorta al portavoz a explicarse de forma detallada y clara.

El conocimiento y la experiencia para gestionar una pandemia como la de covid-19 existen. Pero Casa Presidencial los ignoró y optó por el tratamiento político. Encontró en la crisis una oportunidad para consolidar el liderazgo autoritario de su inquilino con vistas a la elección de febrero. La crisis de salud pública y sus implicaciones pasaron a segundo plano. Ayudas como “las canastas”, que llevan el nombre de la primera dama, y el paquete agrícola están marcadas por el interés electoral, aunque están financiadas con dinero público.

La estrategia arroja resultados positivos. Todo apunta a que el presidente y Nuevas Ideas controlarán la legislatura y muchas municipalidades. La mayoría legislativa le permitirá legislar y disponer de la hacienda pública sin los inconvenientes actuales. El control de las municipalidades le dará acceso directo a la población. No obstante, poco podrá hacer con tanto poder. En parte, porque todavía no ha podido articular un plan de gobierno consistente y viable. En parte, por falta de liquidez y las pesadas obligaciones de la deuda. En parte, por las secuelas del virus y las lluvias. En parte, por la recesión económica que se avecina y para la cual no parece tener respuesta. Ni siquiera la anunciada reforma del Estado está a su alcance, porque para ello necesita controlar dos legislaturas. No tiene mucho sentido sacrificar tanto para acumular tanto poder y poder hacer tan poco.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

OPINION (18-06-20 ) VIOLENCIA Y SEXO EN CUARENTENA por José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (Idhuca).

En un clima político muy enrarecido, los salvadoreños inician el regreso paulatino a la vida ordinaria. Y en este contexto, tan esencial es la reapertura ordenada y por etapas como la transparencia y el diálogo. Difícil será alcanzar alguna normalidad mientras comentaristas y personas en las redes sigan hablando de supuestos intentos de golpe de Estado. Mientras el Ejecutivo siga amenazando con vetar toda ley que sobre el retorno produzca la Asamblea Legislativa si la normativa no dice automática y textualmente lo que viene de Casa Presidencial. Los insultos y descalificaciones en las redes contribuyen a mantener una tensión y una desunión que no produce nada bueno de cara al esfuerzo común requerido para superar la crisis económica, que amenaza con intensificarse y producir más hambre y pobreza.

El tema del golpe de Estado es absurdo, pues en El Salvador la única institución que puede darlo es el Ejército. Y en las actuales circunstancias, es muy difícil que quiera hacerlo. Ciertamente, puede llamarse golpe de Estado al hecho de atentar contra uno de los tres poderes del Estado. Pero, de nuevo, eso solamente se puede hacer en el país con el apoyo del Ejército. Acusar a personas o a instituciones de propiciar un golpe de Estado es una maniobra política para desprestigiar a aquellos con los que no se está de acuerdo. Las condiciones nacionales e internacionales son tan adversas, y el país está en una crisis tan severa que pensar en golpes de Estado es un desatino, un imposible.

Es evidente que en muchas de sus acciones el actual Gobierno hace política electoral, incluso en medio de la pandemia, con el deseo de lograr en las elecciones de febrero del próximo una fuerte presencia en la Asamblea Legislativa. También los partidos de oposición, presionados por la difusión de encuestas favorables a la administración de Bukele, hacen sus maniobras. Para colmo de males, esa especie de propaganda electoral larvada está centrada en el insulto, las acusaciones falsas y la ruptura de la necesaria colaboración en estos tiempos de emergencia. Las teorías conspirativas y los bulos no hacen más que enturbiar el presente y anular las posibilidades de diálogo constructivo.

El Salvador necesita entrar en la etapa de reconstrucción del desastre por las tormentas y la prevención de la pandemia con los ánimos pacificados. El país está severamente endeudado. Y aunque toda deuda es posible justificarla, lo cierto es que todos los Gobiernos, independiemiente de su signo, han recurrido a ella con demasiada facilidad. El hambre, un problema casi controlado antes de estos tiempos de emergencia, ha vuelto a surgir con fuerza. Los severos problemas de vivienda y trabajo, la caída de las remesas, el calentamiento global, el aumento de la pobreza y los ánimos exaltados y polarizados no dibujan un panorama propicio para el desarrollo nacional. Es urgente poner alto a la confrontación, los insultos y la falta de colaboración como estrategia electoral.

Los desafíos son de tal tamaño que no basta un líder individual ni un solo partido, sea del color que sea, para enfrentarlos. Poner calma y sosiego, establecer mecanismos de cooperación y diálogo resulta indispensable si no queremos vivir en un país roto y sin futuro. Si en las encuestas se preguntara si los salvadoreños queremos vivir cuatro años más de gritos, mentiras y polarización constante y sistemática, seguramente la gran mayoría respondería que no. El retorno ordenado a la vida cotidiana solo puede lograrse si se atienden las necesidades de ese casi 80% de la población que vive en hambre, pobreza o vulnerabilidad, y si las instituciones políticas, estatales y sociales detienen la confrontación y llegan a consensos en torno a temas básicos de prevención y desarrollo.

A algunos les habrá llamado la atención el título de este escrito. Pueden pensar que sería más adecuado “La emergencia y la mujer”. Pero la palabra emergencia tiene distintos significados. Por las circunstancias, el que más nos impresiona ahora es, tomándolo de la Real Academia, “situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata”. Pero también significa surgimiento, “brotar, salir a la superficie”. Y en la actual emergencia ha emergido, salido a la superficie, el indispensable valor de la mujer. En el llamado trabajo reproductivo, tan poco valorado en las sociedades machistas, la mujer se revela como la experta en el cuidado, el ahorro, la compra de lo adecuado para el mantenimiento del hogar, la administración de las necesidades de la casa. En este tiempo de pandemia y de confinamiento hogareño, la mujer ha mostrado, de nuevo, su capacidad de enfrentar crisis y solucionar problemas complicados a la hora de abastecer las necesidades familiares.

Las enfermeras y las cuidadoras de ancianos han desarrollado y continúan desarrollando una labor extraordinaria. Aunque hay más hombres que son médicos que mujeres (otra muestra típica de una sociedad machista), en el campo de la enfermería la mayoría son mujeres. Y en el trato humano a los enfermos, ellas suelen tener mucha más sensibilidad, compasión y capacidad de inspirar sentimientos positivos. Los que por alguna razón hemos estado hospitalizados hemos visto al médico una o dos veces al día, y durante un espacio de tiempo limitado. Con las enfermeras se tiene una relación temporal mucho más amplia e incluso más cordial y humana. En estos meses de pandemia, ellas han estado muy cerca de los enfermos y han dado ejemplo de humanidad y espíritu solidario.

Sin embargo, aun teniendo tanto que agradecer a las mujeres, nuestra sociedad no se comporta con ellas como debiera. En una sociedad machista como la nuestra, les ha tocado a ellas soportar el maltrato, que aumenta siempre con el encerramiento. Si el abuso era ya una plaga en El Salvador, no hay garantías de que la situación haya sido mejor durante estos largos días de encierro hogareño, especialmente para las mujeres jóvenes y adolescentes. Solamente en el primer semestre de 2019 hubo 3,138 hechos registrados oficialmente de violencia contra la mujer, con el agravante de que el 67% de estos delitos fueron cometidos contra menores de edad. Si además tenemos en cuenta que normalmente nunca se denuncia más del 20% de los delitos de este tipo, la cantidad de abusos puede llegar a cifras escalofriantes. Con un sistema judicial semiparalizado y con una Policía ocupada en tareas más vinculadas a la pandemia, la mujer ha estado desprotegida.

El covid-19 sin duda pasará. Pero en el trato de la mujer no podemos volver a lo mismo. De un modo callado, han sido ellas las que con su trabajo nos han hecho soportables estos días tensos y pesados de encerramiento. Desarrollar una política de la mujer inclusiva y tendiente a la paridad es indispensable para el buen funcionamiento de El Salvador. En todas las dependencias estatales, al menos un 30% de los puestos deberían estar ocupados por mujeres. En el mundo de la empresa, del pensamiento y de las profesiones, y sobre todo en el campo de la dirección de las asociaciones y cargos de estos sectores, debe impulsarse una política semejante. Decir que no están preparadas es absolutamente falso. Con frecuencia, en las universidades tienen un mejor rendimiento que los hombres. Pero después, profesionalmente, tienden a tener menos ascensos. La experiencia de la pandemia nos pide a gritos cambiar una estructura política machista a fin de corregir y sancionar todo tipo de abuso, y dar real paridad a las mujeres en todas las responsabilidades sociales, culturales y económicas del país.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La comparecencia del presidente Bukele el 1 de junio en la legislatura fue pospuesta sine die. Si del presidente depende, no habrá comparecencia, ni informe. Cómo comparecer ante quienes ha descalificado sistemáticamente con numerosos epítetos. La mayoría de diputados no son ejemplares, pero la dignidad humana y la del cargo están reñidas con los libertinajes presidenciales. La negativa a informar ya es proverbial y cínica. Hasta ahora no ha habido poder institucional que obligue a Casa Presidencial a observar la rendición de cuentas, ordenada por la legislación. Las posibilidades del régimen presidencialista son explotadas hasta el extremo.

Más allá de la tradición y la costumbre, la no comparecencia del presidente ante los diputados es irrelevante. El discurso de los mandatarios, arropado por un elaborado protocolo, no puede ser considerado como rendición de cuentas, en sentido estricto. Los presidentes han utilizado la tribuna legislativa para proclamar la excepcionalidad de su gestión, mediante un listado tedioso de logros y proyectos. La evaluación y la autocrítica son desconocidas. Los diputados, por su lado, reciben pasivamente la perorata. El rito se repite, en tono menor, en la comparecencia de los ministros.

Sin embargo, el presidente no rompió radicalmente con esta tradición. Reunió una especie de “gabinete de crisis” en Casa Presidencial, en el cual los participantes enunciaron, una vez más, la indolencia de los Gobiernos anteriores para horror de Bukele. Atónito, este dio instrucciones genéricas para corregir el rumbo. Nada nuevo y tan insustancial como el discurso anual de sus antecesores. Un espectáculo informativo, montado en su propio terreno y estilo. La rendición de cuentas bien podría constituir el primer paso de la anunciada reforma radical del Estado. Pero la opacidad actual es tan densa como la de los Gobiernos anteriores. Y al igual que estos, muy probablemente esconde privilegios y beneficios para proveedores amigos. La ruptura y la innovación son aparentes.

En lugar de innovar para el bien general, las comparecencias del presidente se caracterizan por promesas fabulosas y por la exasperación y la diatriba desaforada contra presuntos enemigos. El ataque ha sido hasta ahora un recurso eficaz para ocultar la negligencia, la improvisación y la incompetencia. Bukele fustiga a la fanaticada, incluso irrespetando su propia cuarentena. Prometer, en medio de la devastación, “un plan económico post crisis, en donde no solo sorprendamos a nuestro pueblo, sino también al mundo entero”, deslumbra, pero es irreal. Ni siquiera tiene para pagar los salarios del sector público. Redujo el presupuesto de educación mientras la ministra pide más de cien millones para infraestructura y tecnología. Sorprender a propios y extraños con promesas como la del famoso hospital encandila. El insulto blinda la promesa. El incumplimiento será obra de sus denostados enemigos. Los críticos lo acusan de mentir, mientras sus voceros alegan que hace política.

La vulnerabilidad expuesta una vez más por las intensas lluvias es responsabilidad directa de los Gobiernos de Arena y del FMLN. Pero también de Bukele. En los seis primeros meses de su Gobierno no solo no le prestó atención a la vulnerabilidad que caracteriza al país, sino que desarticuló la estructura, ya de por sí frágil, que vinculaba el gobierno central y el local con el argumento de ahorrar salarios. El monto de estos es ahora muy superior, mientras Casa Presidencial carece de una articulación eficaz con las municipalidades. El virus y las lluvias han puesto de manifiesto este error estratégico.

A estas alturas, el presidente Bukele ya debiera haber entendido que el ataque, por más iracundo que sea, no tiene respuestas para una crisis nacional de gran envergadura y de consecuencias imprevisibles. Tal vez a eso se deba que sus allegados se quejen de trabajo excesivo y agotamiento. La altisonancia de la retórica no oculta la enfermedad y el hambre. El virus, las lluvias y la recesión económica se ciernen amenazadoramente sobre la imagen presidencial y han mostrado hasta dónde puede llegar la deriva autoritaria de un régimen presidencialista. Cabe preguntar, entonces, si no sería conveniente introducir en la institucionalidad actual un procedimiento para destituir, o al menos censurar, al mandatario que violente la Constitución de forma deliberada y sistemática. Es un último recurso para frenar al régimen presidencialista desbocado. La mayoría de las constituciones democráticas disponen de ese mecanismo. Es injustificable aguardar el final del mandato presidencial para pedir cuentas, tal como el mismo Bukele acaba de señalar desafiante. La intervención oportuna evita el daño irreparable. El peligro de manipulación por parte de la oposición política es real, pero la dictadura es peor.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.