Editoriales y Opiniones

Según la Real Academia de la Lengua, el fanatismo consiste en el “apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas”. Cuando esa defensa se realiza de modo tal que se irrespetan las opiniones y derechos de los demás, se pone en riesgo la armonía y cohesión social. Hay varios signos de fanatismo que deben levantar alertas.

Las personas tienen ideas; los fanáticos, creencias. Estas son sobrevaloras afectivamente por el fanático, quien las vive con gran intensidad. Por eso se altera si se le contradice. De ahí a la violencia verbal o física hay muy poco trecho. Por ejemplo, se está ante un fanático cuando una persona no responde con argumentos a un planteamiento, sino con ofensas e insultos.

Los fanáticos dividen al mundo en dos: nosotros y ellos. Se adhieren incondicionalmente a una causa o ideología, y todo aquel que piensa diferente está en su contra. Frecuentemente, este pensamiento dicotómico también va acompañado de percibirse a sí mismo como víctima, como alguien bondadoso, y al resto como perversos victimarios.

Los fanáticos creen tener la verdad y recurren al odio para compensar su falta de racionalidad. En el fondo, el fanatismo supone un ahorro de energía psicológica, pues no requiere de un trabajo intelectual: no se cuestionan las propias ideas, no se duda, se está seguro siempre de aquello en lo que se cree, y eso les proporciona solaz emocional. Una fanática o fanático ni siquiera pone atención a los argumentos e ideas de otros; todo lo que venga de alguien que no piensa igual es rechazado, por acertado que sea.

Los fanáticos necesitan de un enemigo externo para culparlo de todo, y a ese enemigo atribuyen todas sus frustraciones. Por lo usual, es este un camino sin retorno. Un fanático difícilmente cambia; es más fácil que pase a fanatizarse con otra cosa que se convierta en tolerante. El que fue fanático de un partido político puede llegar a ser fanático de otro, pero difícilmente abandonará el fanatismo como estructura mental. Por eso Voltaire decía que “cuando el fanatismo ha gangrenado el cerebro, la enfermedad es incurable”.

Es fundamental mantenerse alerta ante signos de fanatismo, porque este mal lleva al extremismo sectario y a la violencia. Si bien el fanatismo es un problema psicológico, no debe perderse de vista sus dimensiones sociales, que en El Salvador se expresan de manera cruda gracias al clima de polarización política y la cultura de la violencia. El Salvador necesita racionalidad, diálogo; no fanatismo.

Cuando Ignacio Ellacuría planteaba la necesidad de un nuevo orden económico que garantizara la satisfacción universal de las necesidades básicas, señalaba que, paralelo a ese orden, debía surgir un ordenamiento social vigoroso y pluripolar, que posibilite que el pueblo sea cada vez más sujeto de su propio destino y tenga mayores posibilidades de libertad creativa y de participación. En un mundo donde lo político partidario predomina sobre lo social, Ellacuría abogaba por una dinámica inversa: que la dimensión social predomine sobre la dimensión política, aunque no la sustituya. Se trata de dar más vida y decisión a las instancias sociales y superar los dinamismos perturbadores del poder político. La dimensión pública de lo social busca, según Ellacuría, “el bien comunitario desde la presión comunitaria y por medios comunitarios sin delegar esta fuerza en instancias políticas, que se autonomizan y nunca pueden representar adecuadamente lo social”.

Pues bien, esta perspectiva ellacuriana de darle más peso a lo social que a lo político supone la existencia y desarrollo de una ciudadanía consciente, crítica, comprometida, plural y organizada que busque hacer de lo público un lugar de justicia, inclusión, solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana. Cuando esto ocurre, lo político se enfrenta a un verdadero contrapoder que pone límites, evita abusos y exige transparencia y honradez. La democracia, cuando es ejercicio operativo, empodera a las personas, no busca neutralizarlas, ni manipularlas, ni someterlas a los proyectos e intereses de las cúpulas de poder. Procurará, eso sí, valorarla y potenciarla.

En el contexto de la pandemia del coronavirus, podemos hablar de cierta historización de esa fuerza social de la que hablaba Ellacuría. El papa Francisco, por ejemplo, la ha actualizado y ponderado. En su carta del pasado 12 de abril a los movimientos populares, hace una descripción analítica, señalando, entre otros, los siguientes rasgos: “Si la lucha contra el COVID es una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad”. Constata que muchas veces no reconoce a los movimientos populares como es debido porque para este sistema son verdaderamente invisibles. Y cuando se les visibiliza, se hace con desconfianza por reclamar sus derechos a través de la organización.

Para el obispo de Roma, “los paradigmas tecnocráticos (sean estadocéntricos o mercadocéntricos) no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad”. De ahí su proclama: “Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir”. Por otra parte, invita al movimiento social a pensar en el “después” de la pandemia. A partir de lo que hay (“una civilización competitiva e individualista, con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos”), es imperativo buscar un cambio. Un proyecto de desarrollo humano integral que, centrado en el protagonismo de los pueblos, posibilite el acceso universal a las tres “T” que defiende el movimiento social: tierra, techo y trabajo.

Y frente a todos aquellos que viven el día a día sin ningún tipo de garantías, que no tienen un salario estable para resistir la crisis (trabajadores informales, independientes o de la economía popular), el papa considera que tal vez sea tiempo de pensar en un salario universal que reconozca y dignifique sus tareas, que haga realidad esa consigna tan humana y tan cristiana: “Ningún trabajador sin derechos”.

En el mismo contexto de pandemia, pero esta vez a nivel local, se han sentido las voces de la sociedad civil y del movimiento social en El Salvador. Un gran número de ellas (más de 50) han denunciado los mecanismos turbulentos del poder político. Señalan que “es desconcertante que en un momento tan crítico, que reclama la unidad de todos los actores de la sociedad, la confrontación entre dichos poderes desplace como prioridad al combate de la pandemia”. Asimismo, advierten que “no hay que perder de vista que la emergencia sanitaria se ensaña más en los sectores vulnerables”. Su planteamiento incluye tres llamados fundamentales.

En primer lugar, invocan a un diálogo tanto entre las instituciones públicas como entre estas y la ciudadanía. “Un diálogo que permita llegar pronto a consensos, en el que la evidencia científica y el enfoque técnico sean los criterios principales para la toma de decisiones”. En segundo lugar, exhortan a la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información, sobre todo porque se está en un contexto de emergencia y con unas instituciones débiles. En tercer lugar, convocan a repensar una agenda nacional que permita construir un país distinto y mejor después de la emergencia: “Con trabajo digno para todos; con un sistema de salud universal de calidad; con acceso a vivienda digna, agua potable y saneamiento como derechos humanos básicos; con un sistema de protección que impida que una nueva emergencia deje a miles de familias sin posibilidades de sobrevivir”.

De una ciudadanía como la descrita por el papa Francisco y la ejercida por gran parte de los movimientos sociales de El Salvador se espera una lucha constante por la justicia, entendida en el sentido propuesto por Ignacio Ellacuría: “Que cada uno sea, tenga y se le dé, no lo que se supone que ya es suyo porque lo posee, sino lo que es debido por su condición de persona humana y por su condición de socio de una determinada sociedad y, en definitiva, miembro de la familia humana”. La consecución de esa justicia es camino ineludible del protagonismo de los pueblos.

* Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología, de la Universidad de Santa Clara, docente jubilado de la UCA y exdirector de Radio YSUCA.

Hasta la llegada de la pandemia y de las inundaciones, mucha gente pensaba que El Salvador caminaba bien a pesar de la pobreza, la desigualdad y otras importantes limitaciones. Una serie de instituciones democráticas nuevas contribuían a mejorar la institucionalidad. Y aunque los políticos estaban sumamente desprestigiados, no faltaban quienes creían que la presión de la sociedad civil podía cambiarlos poco a poco. El triunfo de Nayib Bukele alegró también a muchos, ante la perspectiva de que contribuiría a mejorar los dinamismos políticos. Pero la toma presidencial de la Asamblea Legislativa, haciendo uso de soldados fuertemente armados, cambió de un solo golpe la situación. Después llegó la pandemia, el confinamiento, el desorden en los Centros de Contención, el estilo autoritario e impositivo. Y sobre esa realidad larga y angustiante, cayó la tormenta Amanda y la destrucción e inundaciones que creó a su paso. Hoy, endeudados, empobrecidos, con un aumento fuerte del desempleo y un simultáneo incremento del trabajo informal, casi siempre precario, el futuro se mira más complicado y difícil. Las pequeñas y medianas empresas enfrentan serios problemas y dificultades, y ya ha caído el volumen de remesas provenientes de Estados Unidos.

Sin embargo, sigue habiendo personas (e intereses) que piensan en volver a la situación previa a la pandemia, como si ello fuera positivo. Otros están convencidos de que hay que generar una nueva dinámica económica y social. No faltan los que creen que el presidente lo arreglará todo, así como los que creen que ni proponer algo nuevo, ni volver al pasado será posible mientras Nayib Bukele continúe en el Gobierno. Frente a estos modos de pensar, hay una cuarta posición que se presenta como una necesidad: repensar El Salvador. Los 30 años de relativa paz y bipartidismo tuvieron sus avances. Pero nos dejaron una sociedad hastiada del modo tradicional de hacer política y una situación estructural débil, sin preparación adecuada para enfrentar los retos del desarrollo e impotente para atender adecuadamente emergencias y desastres. La empresa privada, como parte de la sociedad civil, debe repensar su papel en el desarrollo más allá de su autocomplacencia. Volver a lo mismo de siempre no sirve. Como tampoco que un líder autoritario trate de imponer el pensamiento de un pequeño grupo, por mucha simpatía popular que pueda tener.

Repensar El Salvador es, en este momento de crisis, urgente para encontrar un camino de salida a una situación en la que no hay garantías para el pleno respeto a la dignidad humana de todos. En su reunión general de 2007, los obispos de todo el continente latinoamericano afirmaron: “Dentro de esta amplia preocupación por la dignidad humana, se sitúa nuestra angustia por los millones de latinoamericanos y latinoamericanas que no pueden llevar una vida que responda a esa dignidad”. Ahora son millones más. Si en El Salvador había aproximadamente dos millones de personas en pobreza antes de la pandemia y las tormentas, ahora pueden llegar a tres. Revertir esta catástrofe es hoy la tarea más urgente. Y para ello es esencial salirse de las promesas sin fundamento y de las añoranzas de un pasado que tampoco fue bueno ni decente.

Repensar El Salvador es introducir dinamismos nuevos en nuestra historia. Es pensar entre todos los sectores qué estructuras socioeconómicas son las más necesarias. Pensar en la igualdad en dignidad de todos los salvadoreños y procurar un bien común en el que estén incluidos los que están en situaciones económicas y sociales más vulnerables o débiles. Apropiarse de una conciencia ética que no tenga miedo a la generosidad estructural —no solo personal— de quienes tienen más en favor de quienes tienen menos. La tarea no será fácil, porque requiere consensos y sacrificios. Romper esquemas mentales, alejarnos de dogmatismos, superar el individualismo egoísta y consumista no son retos sencillos. Pero sin atenderlos no será posible entablar un diálogo abierto y llegar a consensos realistas frente a los problemas de El Salvador. Y ahí deben estar todos.

La sociedad civil, tan diversa y a veces tan crispada por la colisión de sus diversos grupos, debe encontrar plataformas comunes de pensamiento si quiere incidir en un cambio indispensable para el bien común y para un futuro mejor y más pacífico. Los políticos, Gobierno incluido, deben estar también presentes en el diálogo, dejando a un lado su negativa tendencia a buscar prioritariamente el ejercicio del poder y cómo mantenerse en él. Negarse a repensar El Salvador es optar por un futuro con muy poca ética ciudadana y democrática. Poner creatividad y pensamiento en el mañana es tarea de todos si queremos evitar los graves problemas del pasado y responder adecuadamente a las necesidades y la dignidad de todos los salvadoreños.

Los principios religiosos permiten orientar las acciones de los creyentes, sobre todo en ambientes llenos de desesperanza e injusticia, y también pueden ser una guía importante para un presidente en un país de mayoría cristiana. Mensajes con elementos religiosos han estado presentes en los discursos de los presidentes de El Salvador durante guerras, terremotos, tormentas, etc. Cristiani, en la firma de la paz, mencionó lo divino: “Por sobre todas las cosas, gracias a Dios que nos ha dado a los salvadoreños el don maravilloso de la paz […], que Dios nos bendiga a todos”. Invocar o mencionar a Dios no vuelve “mala” o “buena” a una persona, ya que es difícil evaluar su autenticidad. Sin embargo, para el caso, hay fuentes verificables de que, entre 1991 y 1993, Cristiani se hizo del control de buena parte de las acciones del banco Cuscatlán luego de privatizar la banca nacional, lo que le permitió aumentar su fortuna a costa del Estado.

Del mismo modo, en 1998, Calderón Sol durante el huracán Mitch dijo: “[Estamos] fortalecidos por la fe en el Divino Salvador del Mundo, enfrentamos el destructivo huracán Mitch, y una vez más nuestro pueblo demostró su solidaridad […]”. En su discurso apeló a una figura religiosa, pero en la crisis se dieron manejos oscuros de donativos. Casi al finalizar su período, en 1999, renunciaron cinco funcionarios de alto rango (en un corto lapso de tiempo) aduciendo razones personales, pero el asunto parecía estar más relacionado con la inconformidad por el mal manejo de los fondos. Un caso emblemático fue el de la ministra de Educación, Cecilia Gallardo de Cano, quien al parecer decidió abandonar su cargo por la extracción de fondos de educación para financiar la campaña presidencial de Arena (http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc836.html).

Otro presidente que se refirió a lo divino fue Francisco Flores. En su discurso de toma de posesión expresó: “Depositamos nuestra fe en Dios, a quien pedimos sabiduría y la constancia necesaria para emprender la tarea que nos ha sido encomendada”. Dicha sabiduría se iba a poner a prueba en los terremotos de 2001. Años después, Flores aseguró haber recibido cheques a su nombre del Gobierno de Taiwán para las víctimas de los sismos, sin poder explicar dónde fue a parar ese dinero, por lo que se le acusó de apropiación de fondos públicos.

En el caso del presidente Saca, en el contexto del huracán Stan, mandó un mensaje con referencias religiosas durante la crisis: “Como pueblo cristiano, rogamos a Dios que su mano poderosa nos libre de esta nueva prueba y que nos unamos en oración, para que no se incrementen las tormentas”. Mencionar a Dios fue recurrente en varios de sus discursos. A pesar de ello, luego de terminar su mandato, Saca admitió que cometió delitos de peculado y lavado de dinero, por lo que fue condenado y enviado a prisión.

Luego está el caso del presidente Mauricio Funes, quien gobernaba cuando aconteció la tormenta E12. Unos meses después de esta dijo: “Quiero ratificar este día mi compromiso por dejar al cabo de mi mandato un país mejor, preparado para enfrentar las crisis, las acechanzas, los desafíos, los desastres de la naturaleza que solo domina Dios”. A esta referencia a Dios se le suma el constante uso de la figura de monseñor Romero, a quien señaló como su guía espiritual en variedad de ocasiones. Sin embargo, después de su mandato, la Fiscalía General de la República lo acusó de una serie de delitos y el exmandatario huyó a Nicaragua, donde se encuentra prófugo de la justicia.

Por su parte, Sánchez Cerén utilizó un discurso religioso para intentar mejorar su popularidad. Al comienzo de su tercer discurso de rendición de cuentas, felicitó a monseñor Rosa Chávez por su nombramiento como cardenal, agregando: “Esperamos otras buenas noticias respecto al proceso de canonización del beato Oscar Romero y la beatificación del padre Rutilio Grande […] Que Dios nos bendiga”. En ese momento, su Gobierno estaba muy mal evaluado, había descontento ciudadano por la ineficiencia en seguridad y por acuerpar a funcionarios acusados de corrupción (incluido el expresidente Funes).

Como se observa, todos los presidentes de la posguerra han pasado por crisis, todos se han referido a Dios y todos han sido acusados de corrupción o la han asolapado. El presidente Bukele también ha utilizado figuras religiosas para justificar su proceder político. Cuando se le preguntó sobre un plan de financiamiento por la tormenta Amanda, afirmó que puede reconstruir todas las casas que sean necesarias ya que “Dios proveerá”. Esto se suma a la toma con militares de la Asamblea, donde aseguró que Dios le habló pidiéndole paciencia para no sacar a los diputados de sus puestos. Estos son ejemplos de acciones que han sido políticas, pero con justificaciones religiosas poco creíbles.

A los presidentes (todos) más les valdría haberse comportado como cristianos sin haber dicho nada, ya que las oraciones o menciones a Dios en la política han sido irrelevantes; lo que se necesita son prácticas de políticas públicas sin corrupción. El mensaje religioso es importante y lo deben llevar líderes de iglesias, familias y los individuos en el ámbito privado, ya que no se trata de descartarlo, sino de que los políticos no lo utilicen en sus discursos para reforzar su imagen pública (tal cual hace un falso profeta). Si un presidente usa recurrentemente el lenguaje religioso para justificarse, es una aceptación tácita de incapacidad, ya que por sí mismo no es competente para generar políticas públicas eficaces.

Ya lo dice la misma Biblia: “Cuando oréis, no seáis como los hipócritas; porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya han recibido su recompensa”. Es difícil saber si los presidentes creen o no en el mensaje de Dios, pero si hubiera forma de medirlo, sería con la promoción de la transparencia, la ética, el respeto al derecho ajeno y la tolerancia.

* Luis Eduardo Aguilar, docentes del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas.

No es lo mismo un fenómeno natural que un desastre natural. Cuando se emplean como sinónimos, consciente o inconscientemente, se atribuye toda la responsabilidad del daño a la naturaleza, eximiendo al ser humano. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, estos son resultado de la falta de prevención y planificación ante los fenómenos naturales. Es decir, los desastres se producen por la acción humana en el entorno. La tormenta Amanda, así como la amenaza de más lluvias, han venido a agravar el sufrimiento de los salvadoreños por la pandemia del covid-19. Esta tormenta ha desnudado por lo menos cuatro realidades del país.

La primera, las precarias condiciones de vida de miles de familias, con viviendas sin lo necesario para desarrollar una vida digna, levantadas a las orillas de ríos y quebradas, sobre o al pie de barrancos; sin agua potable y sin saneamiento, sin una organización comunitaria para responder en estos casos. La tormenta, pues, muestra algo a lo que se prefiere no poner atención: la vulnerabilidad de hábitat y del entorno ante las inclemencias del tiempo que padece gran parte de la población. La segunda, las consecuencias de la depredación medioambiental. En nombre del progreso se ha cegado bosques, tapiado el curso de quebradas y ríos, construido en zonas de vocación forestal o agrícola. Se ha descuidado el agua y el saneamiento de la población y se ha privilegiado el lujo y el comercio. Esa irresponsabilidad nos pasa factura en términos de destrucción y muerte.

La tercera, la plena vigencia de los vicios tradicionales de la política partidista. Como antes, el cinismo y el oportunismo buscan sacar partido del dolor y el sufrimiento de la población. Con vistas a las elecciones legislativas y municipales de 2021, se juega con la necesidad del pueblo para hacer proselitismo con recursos públicos, exhibiendo en los medios cualquier gesto pretendidamente solidario. Afortunadamente, esta emergencia, como muchas anteriores, ha sacado también la bondad de la gente. Organizaciones, iglesias, familias se han volcado a colaborar con campañas institucionales o iniciativas individuales para aliviar las necesidades de las familias damnificadas. En estos momentos es necesario mantener viva esta solidaridad.

Una vez concluya la crisis por las lluvias, la sociedad entera debe presionar a quienes conducen el país para que se construya una sociedad distinta, mejor que la que desnudan estas emergencias. Identificar todo aquello que facilita que los fenómenos naturales desemboquen en desastres es el primer paso para evitarlos en el futuro. Los factores de riesgo, la vulnerabilidad de la población y del territorio, y la resiliencia son fundamentales para prevenir desastres como el que vivimos. Es impostergable construir un país donde todos quepamos y vivamos dignamente, igualmente protegidos.

La prioridad del Gobierno de Bukele es la popularidad. La vida, la salud pública y la economía le están supeditadas. Casa Presidencial ha interpretado correctamente la coyuntura de la pandemia. Ha explotado con creces la añoranza del liderazgo autoritario y agresivo, que da seguridad en la incertidumbre. La popularidad proyecta la imagen de conducción segura, disimula incompetencias y errores, y promete réditos electorales. Bukele no es el único mandatario que se ha servido de la crisis para acumular poder y legitimidad. Sin embargo, las circunstancias de las que se ha valido para encumbrarse, entrañan amenazas.

La pandemia y la tormenta Amanda están a punto de malograr su Gobierno, a pesar de su elevada popularidad. Prisionero de miedos e inseguridades, el presidente agrede y castiga severamente. La devastación causada por la lluvia, que agudiza el temor al colapso del sistema de salud pública, ha robustecido sus diatribas y sus insultos. Mientras tanto, la maquinaria del poder ejecutivo se atasca en la centralización. El mismo presidente ha reconocido que “fue imposible contener el virus con el aislamiento de nexos epidemiológicos”. En realidad, la finalidad de la cuarentena es ganar tiempo para enfrentar el contagio con pruebas bien planificadas y programas que identifiquen los focos de contagio. La lluvia ha aumentado las presiones y miedos de una Casa Presidencial ya desbordada por falta de inteligencia, tecnología e infraestructura. No dispone de funcionarios, sino de meros voceros, cuyas habilidades, si las tienen, han sido inhibidas. Si algo han mostrado es incompetencia.

No es extraño, entonces, que Casa Presidencial actúe erráticamente. Mientras el presidente suscribe la nacionalización de las pensiones ante unos sindicalistas, su vocera asegura que los fondos no serán intervenidos sin “una resolución y una decisión ciudadana”, cualquier cosa que eso signifique. Un día denuncia que “la mayoría de los diputados son unos delincuentes”, pero al día siguiente les solicita “tengan a bien” reprogramar la sesión solemne del 1 de junio y “renuevo mi vocación de trabajar unidos […] convencido que juntos y de la mano de Dios saldremos adelante como país”. En un arrebato, ordena suspender el pago de los salarios de los diputados, pero al día siguiente hace la transferencia de los fondos, según ordena la ley. Uno de sus voceros más autorizados atribuye estas contradicciones a que el presidente Bukele es político.

Más allá de los devaneos, Casa Presidencial, entrampada por la falta de fondos y las crecientes demandas, tendrá que centrarse en la sobrevivencia. Grandes proyectos como el aeropuerto, el tren, las tecnologías de la información, etc., ya son pasado, por falta de financiamiento. El virus y la lluvia han llevado a aumentar la deuda prohibitivamente. Superadas las crisis, el presidente gobernará para cubrir el gasto corriente y pagar la deuda. Difícilmente podrá invertir en colocar los cimientos de un sistema de salud pública sólido y en una infraestructura resistente a las inclemencias del tiempo y los terremotos.

Casa Presidencial tendrá que enfrentar el desgaste de una reforma fiscal inevitable. El FMI ya condicionó el préstamo millonario recién ratificado a una reforma estructural, es decir, una subida de impuestos. El presidente tendrá que pedir más sacrificios a la población. Si opta por elevar el impuesto al valor agregado, la solución más fácil y socorrida, pero también la más desigual, arriesgará seriamente su popularidad. Si decide que los más ricos asuman el peso de la reforma fiscal, se enfrentará con los grandes capitales. Está por verse si los confrontará con la misma determinación con la que ahora los descalifica y los insulta. De hecho, son ellos los grandes responsables de la crisis sanitaria y de infraestructura. La reducción de impuestos, las privatizaciones y los recortes de los Gobiernos de Arena, y la corrupción han favorecido el crecimiento desproporcionado de su riqueza, al mismo tiempo que han profundizado la desigualdad y la pobreza. Pareciera que ha llegado el momento para que comiencen a devolver lo que legal y moralmente no les pertenece. Si el sistema de salud pública y la infraestructura fueran sólidos, los costos humanos y económicos de las crisis serían menores.

Una Casa Presidencial sin recursos financieros y sin crédito solo puede gobernar para subsistir, aun cuando controle la legislatura y la mayoría de municipalidades. El Gobierno de Bukele ya se ha malogrado. Es una oportunidad perdida. Perdida porque, pasadas las crisis biológica y climática, le aguarda una crisis financiera de grandes proporciones. Perdida porque el autoritarismo y su deriva represiva cerraron la posibilidad para fortalecer la institucionalidad, fomentar la educación ciudadana y cultivar la responsabilidad social. ¿Cómo “vamos a reformar el Estado de verdad” sin inversión, sin aportes técnicos y sin consenso social? ¿Solo con popularidad?

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Sin duda, a El Salvador le quedan por delante etapas duras a causa de la pandemia y la tensión innecesaria que alimenta continuamente el Ejecutivo. Pero los países ni mueren ni quiebran del todo. Más allá de deudas, enfermedades y del mal manejo gubernamental de situaciones socioeconómicas, nuestra gente tiene una enorme capacidad de resiliencia. Lamentablemente, buena parte del liderazgo salvadoreño sigue repitiendo los mismos esquemas de convivencia, producción y organización social y económica. Sería desolador que de nuevo una tercera parte de la gente tuviera que migrar para salir adelante. O que un porcentaje importante de nuestra juventud solo encontrara salida para sus vidas afiliándose a pandillas. O que la transmisión intergeneracional de la pobreza aumentara en el país en vez de disminuir. Sería desolador, pero es una posibilidad dada la escasa capacidad de diálogo de los liderazgos frente a problemas que nos afectan a todos.

El endeudamiento, en parte justificado, que estamos adquiriendo dificultará el retorno al de por sí escaso ritmo de crecimiento económico y de superación de la pobreza. Si continúan los enfrentamientos y la negativa al diálogo, tardaremos demasiado en volver a la situación anterior a la pandemia, que nunca fue ideal. Se podrá decir que ahora lo importante es combatir el covid-19 y que después ya se verá cómo se enfrenta el futuro. Pero ese tipo de posición no lleva a nada bueno. Porque la improvisación, la falta de planificación y el esperar a ver qué pasa para actuar llevan a la fragmentación social, a la ley del más fuerte y al enfrentamiento entre quienes se sienten marginados y quienes viven en el bienestar.

El Salvador tiene los recursos personales, intelectuales y empresariales suficientes para salir adelante. Sin embargo, los políticos, en su gran mayoría, desprecian esos recursos. Tienen puestas sus prioridades en acceder y permanecer en el poder. Han mostrado que si buscan gente independiente y capaz lo hacen no para resolver los problemas existentes, sino para provecho propio y acrecentar su estabilidad en el control del Estado y su éxito propagandístico. Hacen alianzas con intelectuales que venden pensamiento y palabra a quien les pague o con empresarios que entienden la política como un mecanismo para aumentar sus capitales. Las historias de corrupción tanto intelectual como empresarial son abundantes. En el pasado, la sociedad civil ha sido débil ante esa corrupción o fue reprimida cuando su crítica desveló la irracionalidad del poder.

Hoy la sociedad civil es más fuerte. Por eso urge su irrupción en la planificación del futuro. La crisis de la pandemia y sus efectos dejarán al país en una situación más catastrófica si quienes tienen el liderazgo de la reconstrucción buscan prioritariamente sus ventajas políticas y económicas. El recurso humano para enfrentar racionalmente el futuro está en la sociedad civil, por lo que resulta indispensable que esta inicie un diálogo amplio sobre lo que queremos para El Salvador. El liderazgo actual oscila entre un pensamiento socialista dogmático y un neoliberalismo elitista y ambicioso, y parece incapaz de dialogar desde el conocimiento y la racionalidad. En cambio, los sectores intelectuales ligados al liberalismo social y al socialismo democrático entienden la necesidad de avanzar hacia el bienestar e implementar reformas tendientes a eliminar la pobreza desde un Estado social y democrático de derecho. Urge que esta sociedad civil elabore agendas de país para reconstruirlo. Debatir ideas, lanzar propuestas a la opinión ciudadana y desde ella forzar a los políticos para que las asuman es lo que se merece el pueblo salvadoreño.

Nosotros y nosotras, organizaciones comunitarias, gremiales, religiosas, artísticas y sociales, instituciones, fundaciones y un amplio abanico de actores de la sociedad civil y del movimiento social, expresamos las siguientes reflexiones al pueblo salvadoreño y a los tres poderes del Estado.

Nos preocupa enormemente el constante deterioro de las relaciones entre los poderes del Estado, al grado de que ello está causando confusión, división y desánimo en muchos compatriotas. Es desconcertante que en un momento tan crítico, que reclama la unidad de todos los actores de la sociedad, la confrontación entre dichos poderes desplace como prioridad al combate de la pandemia. No hay que perder de vista que la emergencia sanitaria, que está causando estragos en la economía nacional, se ensaña más en los sectores vulnerables, en las familias que han padecido desde siempre precarias condiciones de hábitat, salubridad y empleo, que viven de economías de subsistencia. Son estas personas las que más sufren las consecuencias de este clima de confrontación.

En un contexto de emergencia es fundamental garantizar el buen uso de los recursos, más en un país pobre y endeudado como el nuestro. Por ello, la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información no pueden ser negociables. La Comisión Anticorrupción de El Salvador (CICIES) es en realidad un proyecto de asistencia técnica presidencial, debido a que carece de autonomía e independencia para ejercer su mandato con credibilidad. Ante esto, por la inobservancia de los mecanismos de control institucionalmente establecidos, urge un acompañamiento internacional para restaurar el orden democrático y fortalecer el Estado de derecho.

Los representantes del Estado deben ser los primeros en dar ejemplo de trabajo conjunto, en particular el presidente de la República: él tiene el deber de llamar a la unidad y al diálogo de forma sincera. No es honesto llamar a dialogar y a la vez descalificar e insultar a aquellos con los que debe dialogar, pues con ello dinamita cualquier posibilidad de entendimiento. Que la pandemia haya encontrado al país en una situación de clara indefensión y sin políticas de prevención, subraya la necesidad de impulsar un diálogo respetuoso tanto entre las instituciones públicas como entre estas y la ciudadanía. Un diálogo que permita llegar pronto a consensos, en el que la evidencia científica y el enfoque técnico sean los criterios principales para la toma de decisiones.

El distanciamiento social y el resguardo domiciliario son medidas importantes, pero no las únicas para evitar la propagación del virus. Para ello, cada familia debe disponer de las condiciones, materiales y sanitarias adecuadas, como también son fundamentales las campañas de educación. Creemos que después de más de dos meses de cuarentena es necesario reabrir paulatina y ordenadamente la economía. Por eso, se requiere que las autoridades tengan una voz consensuada que, con claridad y precisión, dé las orientaciones necesarias para proteger la salud y el trabajo. A la hora de pensar en la reapertura de la economía, el criterio fundamental debe ser aquello que sea mejor para los más vulnerables, más allá de los intereses políticos y económicos de otros sectores.

En esa línea, es esencial conformar y mantener un equipo coordinador con representación de los tres poderes del Estado, que se reúna periódicamente para evitar o resolver con rapidez toda situación que afecte los derechos básicos de los ciudadanos y genere tensiones inútiles al interior del aparato público. Este equipo debe buscar la asesoría tanto del gremio médico como de economistas y especialistas en desarrollo humano y gestión de riesgo, que con su conocimiento y experiencia puedan orientar las políticas para enfrentar el covid-19 de la forma más pertinente.

Por su lado, la PNC y los miembros de la Fuerza Armada que colaboran bajo las órdenes de agentes policiales deben proceder con pleno respeto a los derechos humanos. Las decisiones sobre las personas sospechosas de violar la legislación especial que rige este tiempo de pandemia no pueden depender del criterio de agentes y soldados, sino de miembros del sector sanitario, y deben ser prontas y estar sujetas a apelación.

Especial atención merece la situación de los Centros de Contención y otros espacios de cuarentena. La permanencia en ellos debe estar limitada a 15 días y sujeta a revisión y evaluación por parte de un grupo multidisciplinar de médicos, psicólogos y profesionales de las ciencias sociales. Solo así se evitarán las sistemáticas irregularidades reportadas por organizaciones de derechos humanos: elevadas posibilidades de contagio, retención prolongada e injustificada, negativa de dar información a los recluidos, falta de implementos para la higiene y traslados a lugares lejanos como forma de castigo ante las quejas. Mucho de esto aplica a los centros penitenciarios, donde el excesivo hacinamiento creará, tarde o temprano, un grave problema de salud. Por ello, creemos necesario permitir el ingreso a ellos de una comisión de representantes de instituciones de derechos humanos, a fin de que puedan tener información sobre la realidad y formular recomendaciones.

En un contexto más amplio, animamos al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa a conformar una comisión que revise las carencias existentes a la hora de enfrentar una emergencia, sea de salud o provocada por causas naturales. La falta de prevención, planificación y preparación aumenta la siniestralidad y letalidad de los desastres. El hecho de que la pandemia de covid-19, tal como advierten los expertos, puede tener una segunda etapa de rebrote convierte la prevención en una tarea urgente, para así evitar los errores cometidos en esta primera fase.

Finalmente, invitamos a las autoridades de los tres poderes del Estado y a toda la sociedad salvadoreña a pensar seriamente en una agenda de país que permita construir un país distinto y mejor después de esta emergencia. No podemos volver a la situación de antes. Debemos construir una sociedad con trabajo digno para todos; con un sistema de salud universal de calidad; con acceso a vivienda digna, agua potable y saneamiento como derechos humanos básicos; con un sistema de protección que impida que una nueva emergencia deje a miles de familias sin posibilidades de sobrevivir.

El Salvador, 30 de mayo de 2020

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto • Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales • Arpas • Artistas Unidos por Monseñor Romero • Asociación Azul Originario • Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador • Asociación de Capacitación e Investigación para la Salud Mental • Asociación de Centros Infantiles de Desarrollo • Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta • Asociación de Pobladores por la Paz • Asociación para el Desarrollo Integral de las Juventudes de San Salvador • Asociación Red Uniendo Manos de El Salvador • Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos • Asociación Salvadoreña para el Desarrollo Artístico y Cultural Comunitario • Asociación Solidaridad • Centro de Resiliencia y Formación Popular Juvenil • Colectiva Feminista • Colectiva Ni una Menos El Salvador • Colectivo Romeriano “P. Neto Barrera” • Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de El Salvador • Comisión Nacional de Pobladores • Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador • Comunidades de Fe Organizadas en Acción • Coordinadora Intergremial Rafael Aguiñada Carranza • Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares • Cristosal • Fe y Alegría El Salvador • Federación de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales • Fespad • Foro Nacional de la Salud • Foro Permanente por el Desarrollo Integral del Centro Histórico de San Salvador • Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho • Fundación Salvadoreña para la Promoción y el Desarrollo Social y Económico • Fundasal • Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador • Iglesia Luterana Salvadoreña • Instituto de Capacitación, Investigación y Desarrollo de la Mujer • Instituto Salvadoreño del Migrante • Las Dignas • Las Mélidas • Mesa de Soberanía Alimentaria • Movimiento de Artistas, Intelectuales y Trabajadores de la Cultura • Movimiento de Asentamientos Populares Urbanos • Movimiento Generación Romero • Movimiento Occidental por el Hábitat • Plataforma Nacional por el Hábitat • Red de Comunidades por la Vida • Red de Defensoras de Derechos Humanos • Red Internacional de Migración Scalabrini • Red Jesuita con Migrantes El Salvador • Red Nacional de Emprendedores Retornados de El Salvador • Red por el Derecho a la Comunicación • Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones Capítulo El Salvador • Red Sívar • Servicio Social Pasionista • UCA • Unidad Ecológica Salvadoreña.

El covid-19 ha revelado cuán vulnerable es la humanidad ante una enfermedad contagiosa y las grandes debilidades de los Estados para enfrentarla. Este nuevo coronavirus ha mostrado que muchas seguridades son vanas, pues en unas semanas una epidemia es capaz de trastocarlo todo y poner el mundo patas arriba. Con el covid-19 estamos aprendiendo que un virus puede hacer mucho daño y ser más peligroso que un terremoto, un huracán o incluso una guerra. Vemos que esta enfermedad está matando gente no tanto por su letalidad, sino por la incapacidad de los sistemas sanitarios para atender debidamente a todos los contagiados. Este el resultado de más de treinta años de abandono de los sistemas públicos de salud, fruto de la obediencia de muchos Gobiernos al afán neoliberal de privatizar los servicios públicos. Ahora queda al desnudo el grave error cometido.

Por otra parte, la lucha contra el covid-19 ha llevado a algo que parecía imposible: impedir que la gran mayoría de la gente acuda a sus lugares de trabajo durante semanas. Y con ello ha dejado clara la importancia social del trabajo. En un país que no goza de un sistema de previsión social amplio y sólido, si no se puede trabajar, el hambre y la pobreza crecen rápidamente. La pandemia nos ha mostrado que las personas que se ganan la vida en los lugares más vulnerables, vendiendo en las calles o en los mercados, y las que realizan las labores más operativas son las primeras y más afectadas cuando se les impide trabajar. Por tanto, es a ellas a quienes hay que cuidar y proteger en primer lugar, no como hasta ahora, que son siempre los últimos y no son tomados en cuenta en los planes de reapertura y rehabilitación económica.

El sistema educativo también ha sido puesto a prueba por la enfermedad. En El Salvador, solo 2 de cada 10 hogares con niños tienen acceso a Internet y cuentan con equipos para ello; el 56% solo tienen acceso a radio o televisión; y un 6% de los hogares ni siquiera eso. Ante esos datos, es evidente que demasiados de nuestros niños y niñas no están recibiendo hoy su educación por falta de medios. Los más afectados son los que estudian en las escuelas públicas de las zonas rurales, pues no tienen modo de continuar su proceso formativo. Después de años de la desaparición de la televisión educativa, ha sido necesaria recuperarla para llegar a la mayoría de los niños y niñas en edad escolar.

La pandemia ha dejado en evidencia que aunque todos estamos bajo la misma tormenta, no todos tenemos el mismo paraguas. Unos lo tienen muy grande y resistente, y pueden permanecer sin mayor dificultad bajo la tormenta, incluso si se prolonga por meses. Otros se defienden con un paraguas mediano, pero si la tempestad arrecia y se prolonga, acaban empapándose. Mientras que un tercer grupo dispone de un paraguas pequeño y frágil, el cual al primer embate los deja a la intemperie. Y, peor aún, un gran número de familias salvadoreñas no tienen ni siquiera un plástico para resguardarse. La desigualdad social salta de nuevo a la vista y muestra el resultado de unas políticas públicas que han beneficiado por años a unos pocos, olvidando a la mayoría.

La sociedad salvadoreña no se preocupa de los que tienen el paraguas pequeño y frágil ni de los que tratan de resguardarse bajo un plástico. El papa Francisco nos llama a cuidar de ellos en primer lugar, así como una familia se preocupa más por el miembro más débil. No podemos permitir que sigan bajo la tormenta sin protección alguna, y además culparles de no guardar la cuarentena domiciliaria, una medida que solo pueden cumplir los que reciben un salario regular aun quedándose en casa o los que tienen ahorros suficientes para sobrevivir sin ingresos. Difícilmente pueden guardar cuarentena los que viven hacinados en las pequeñas casas, sin patio ni jardín, de los barrios y colonias populares, porque literalmente se asfixian en ellas. Fácil es criticar y proponer castigos para los que supuestamente violan la cuarentena cuando se tiene un ingreso asegurado y el encierro se sobrelleva en un hogar con habitaciones amplias, múltiples baños, sala de estar y jardín espacioso.

Ignacio Ellacuría afirma que es necesario conocer la realidad para transformarla. El covid-19 nos ha ayudado a conocer mejor la nuestra y a darnos cuenta de la urgencia de transformarla. La primera lección es que para defendernos mejor de la siguiente tormenta, todos debemos estar bajo el mismo paraguas, uno amplio y resistente. Ello significa que deberá invertirse en salud pública y en su adecuada organización comunitaria, y en crear un robusto sistema universal de previsión social, que asegure el sostenimiento de las familias, especialmente de las más vulnerables, en este tipo de situaciones. Asimismo, habrá que garantizar el acceso a las nuevas tecnologías para todos, llevándolas hasta las más remotas áreas rurales. Habrá que trabajar para tener una sociedad organizada y participativa, capaz de implementar comités de prevención y ayuda a lo largo y ancho del país. Habrá que transformar el sistema educativo público para que pueda ofrecer formación aun cuando no sea posible ir a la escuela.

Estos deben ser los elementos de la nueva realidad que se deberá construir luego del covid-19. Ello solo ocurrirá si se asume como una responsabilidad de todos, una exigencia de la sociedad y un deber del Estado. Solo entonces, ante una nueva epidemia o un nuevo desastre, nadie pasará las penurias y necesidades de ahora, nadie quedará a la intemperie.

En la medida en que vamos avanzando hacia los dos meses y medio de cuarentena merece la pena reflexionar sobre actividades y actitudes de los operadores concretos y directos que enfrentan desde su profesión y trabajo estos largos día de preocupación prioritaria por los daños a la salud y la vida que puede causar la pandemia de Covid-19. Recordarles es una forma de agradecerles su labor. Los médicos y personal de enfermería del sistema público han realizado una labor ejemplar, incluso, sobre todo en los primeros días, sin recursos adecuados para protegerse a sí mismos del contagio. Algo queda todavía de ese poco cuidado que el Ministerio de Salud tiene de quienes nos cuidan. Incluso algunas órdenes del Ministerio no parecen legales, dada la tendencia casi automática de los médicos que evalúan a los detenidos a enviarlos a los centros de contención por violar la cuarentena; situación que debería corregirse inmediatamente. Agradecer y felicitar a nuestros médicos y personal de enfermería es un deber ciudadano básico. Cualquier forma de discriminación contra ellos no es más que un atentado suicida contra la salud de todos los salvadoreños.

Un segundo nivel importante del servicio médico lo ha desarrollado el Colegio Médico y algunos de sus miembros. Las aportaciones propias y oficiales del Colegio, así como las de especialistas, y en particular infectólogos y epidemiólogos, ha sido positiva, orientadora y provechosa para la ciudadanía. Lamentable ha sido que las instituciones estatales no les hayan prestado la debida atención. La displicencia del Ministro de Salud respecto a las ponderadas y correctas apreciaciones del Colegio Médico sólo pueden entenderse desde una administración de la crisis de salud manejada desde el campo de la política y no desde la ciencia y el conocimiento médico.

La apertura hacia el Colegio Médico y hacia sus especialistas será indispensable si la nueva ley que se pretende obtener fruto del consenso quiere tener un mayor éxito en el manejo exitoso de la pandemia.

Es interesante también evaluar a la Policía, así como a los miembros de la Fuerza Armada que colaboran bajo las órdenes de la Policía. En los retenes se observan policías, que tratan con respeto a quienes circulan a pesar del cansancio que producen jornadas de más de 48 horas. En general se advierte en ellos un nivel educativo mayor que el de los soldados. En casos particulares, y especialmente en la noche, han cometido abusos, en parte por las órdenes estrictas que reciben y por la falta de protocolos adecuados a la hora de manejar a las personas que supuesta o realmente incumplen la cuarentena domiciliar. Llevar personas a las bartolinas y mantenerlas allí un tiempo ni es justo ni contribuye a proteger a la ciudadanía de la pandemia. Los agentes de la PNC deben ser tratados con respeto y agradecimiento en sus funciones de preservar el orden y las medidas necesarias en la actual situación. Los agentes deben proceder con pleno respeto a los Derechos Humanos. Las decisiones sobre personas que se puedan tomar ante infracciones de la legislación especial que rige los tiempos de pandemia, no podrán depender de los miembros de la policía sino del sector sanitario, deben ser prontas, racionales y estar sujetas a apelación.