Editoriales y Opiniones

Hay comparaciones saludables; otras, enfermizas. Las primeras están enfocadas en la emulación de aquello que funciona bien en otros e impulsa a mejorar. Las segundas, a ensalzarse personalmente a costa de los demás. El Gobierno de Nayib Bukele tiene en estas últimas uno de sus principales recursos discursivos. El Salvador, dice, fue el primer país del mundo en prohibir la entrada de personas provenientes de China, Italia e Irán; el país que construirá el hospital más grande de América Latina para atender casos de coronavirus; se está haciendo la entrega más grande de la historia de semillas para la siembra; se está remodelando el sistema de hospitales como nunca nadie lo hizo… La estrategia parece ser la del pavo real: inflarse para esconder las debilidades. Pero estas afloran cuando se observa la realidad.

El Salvador destaca en la región por construir más lentamente y a mayor costo (70 millones de dólares) un hospital para atender la enfermedad. Costa Rica acondicionó una estructura ya existente para crear el Centro Especializado de Atención de Pacientes con Covid-19, con capacidad para tratar a 88 personas. Su adecuación demoró 11 días y en ello invirtió 16 millones de dólares. México, además de otros hospitales, levantó en la capital un hospital de campaña en 21días, con capacidad para 854 camas, gracias a la donación de empresas mexicanas con la coordinación del gobierno de la ciudad y la UNAM. Panamá, el país más golpeado por la pandemia en el istmo, construyó el Hospital Integrado Panamá Solidario, con capacidad para 100 camas (80 generales, 20 UCI), en 28 días a un costo de $6.9 millones. Por su parte, Guatemala adecuó en la ciudad capital, en 3 días y por menos de 800 mil dólares, el hospital temporal Parque de la Industria, con capacidad para 319 camas (48 UCI).

En cuanto a disponibilidad de recursos económicos para atender la emergencia, a pesar de ser el más pequeño y que otros países estaban en peores condiciones antes de la pandemia, El Salvador ocupa el puesto número uno de Centroamérica. De acuerdo al Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, nuestra nación es la que más ha aumentado el gasto público. Como porcentaje del producto interno bruto, Costa Rica ha incrementado su gasto entre 0.36% y 0.38%; Guatemala, entre 2.26% y 2.30%; Panamá, entre 6.36% y 6.78%; y Honduras, entre 9.64% y 10.16%. El Salvador lo ha hecho en un 11.1% y 11.7%. El endeudamiento de nuestro país alcanzará, de gestionarse todos los fondos autorizados, niveles sin precedentes; endeudamiento que pesará como una losa sobre las espaldas de generaciones de salvadoreños.

Por otra parte, El Salvador es el único país de la región que, como medida única, priva de libertad por 30 días a quienes violan la cuarentena domiciliaria. En Guatemala, según la legislación aprobada, se lleva a las personas a un juzgado de paz, que impone las sanciones establecidas en el Código Penal: desde multas que varían según la capacidad económica del retenido hasta el encarcelamiento, como medida extrema. Algo similar sucede en Costa Rica, donde las sanciones son graduales e impuestas por las autoridades de salud: desde multas económicas hasta, en casos de reincidencia, prisión. Honduras y Panamá sancionan con 24 de horas de retención, obligando a realizar servicios comunitarios públicos, como limpiar calles.

Quien compara debe estar abierto a la otra cara de la moneda, no solo a la que le beneficia para autocelebrarse. Frente a la epidemia de covid-19, lo realmente importante es que las medidas implementadas respondan a la realidad de nuestra sociedad y de su gente. Las comparaciones megalómanas no curan ni le quitan el hambre a nadie.

Los antiguos hablaban del eterno retorno. Algunas religiones hablaban de reencarnación. Pensaban que la historia se repetía. En general fue la esperanza de Israel la que introdujo en la historia direccionalidad y finalidad. El cristianismo universalizó esa idea de una historia que se perfecciona hasta llegar a su fin, al tiempo que tomaba de griegos y romanos la razón y el derecho como formas históricas de caminar. Hoy sabemos que la historia no tiene por qué repetirse. Y los acontecimientos que vivimos nos indican que las teorías del fin de la historia, que tuvieron cierto eco a finales del siglo pasado, están equivocadas.

Sin embargo, cuando el futuro no se trabaja e incluso no se planifica, algunas barbaridades históricas se pueden repetir. En el primer cuarto del siglo XX hubo una gripe que mató a 50 millones de personas y contagió a un tercio de la humanidad. La falta de preparación para el covid-19 recuerda aquella tragedia, aunque dado los adelantos de la ciencia es muy difícil que lleguemos a aquellos extremos. Pero lo que es evidente es que no planificar el futuro y no prepararse para los riesgos existentes lleva con frecuencia a que se repitan tragedias. En los millones de años que lleva existiendo la tierra hubo extinciones de la vida o la vegetación impresionantes. Hoy, con el calentamiento global provocado por nuestros modos de consumo, somos nosotros mismos los que estamos provocando una extinción, por no querer planificar un uso diferente de la energía.

Y es que es verdad, la historia puede en cierto modo repetirse. La masacre de 1932 en El Salvador tuvo causas parecidas a las que provocaron 70.000 muertes civiles durante nuestra guerra de los años ochenta. Planificar el futuro corrigiendo errores es indispensable para que las situaciones trágicas o dolorosas no se repitan. Estamos ahora sufriendo una pandemia para la que sanitariamente no estamos preparados. Nunca se ha querido hacer una reforma radical de nuestro débil y mal dotado sistema de salud. Ni siquiera al estilo de Costa Rica, que por cierto es de los países latinoamericanos que mejor se está defendiendo en estos momentos frente a la pandemia. Según los cálculos de algunos médicos, en el país existen unos cien ventiladores mecánicos en el sistema público. Y por supuesto no todos podrían ser utilizados para neumonías provocadas por la Covid-19, puesto que hay otras situaciones de enfermedad que requieren su utilización. Imaginemos que llegamos a los mil enfermos (lo cual es relativamente fácil, pues ya superamos los cuatrocientos. Y que el diez por ciento de esos enfermos necesitaran ventilador mecánico. Nuestro sistema quedaría fácilmente colapsado.

En todas las emergencias los Estados suelen recurrir a la deuda para solventar los problemas más urgentes. Nosotros hemos acumulado ya tanta que nos cuesta más conseguirla. Si pensáramos seriamente en una reforma fiscal tendríamos más recursos y más capacidad de pago cuando necesitáramos deuda. La población de tercera edad se va a multiplicar por tres en los próximos 40 años. ¿Podremos seguir con un sistema de pensiones que solo atiende al 24% de los que están en edad de recibir pensión? El salario digno es una de las mejores formas de salir de la pobreza, pero lo mantenemos en un mínimo que difícilmente posibilita salir de la pobreza. Nuestro sistema educativo solo gradúa de bachillerato al 40% de los jóvenes en edad de graduarse. Y de esos, casi la mitad han estudiado unos bachilleratos tan débiles que prácticamente les impide continuar con una formación seria tras su graduación. En esta sociedad de la inteligencia, ¿podremos llegar al desarrollo económico y social con un capital intelectual escaso? O cambiamos, o estaremos repitiendo cíclicamente los mismos males de siempre. Si no planificamos un futuro distinto, si no reformamos con seriedad la sanidad, la fiscalidad, la educación, las pensiones, los salarios, y una serie de temas más, nos veremos abocados al estancamiento y a la repetición de los males que tradicionalmente criticamos.

Hay personas que afirman que el derecho a la vida y la seguridad choca con los derechos humanos. Como si pudieran darse momentos en que la seguridad y la vida, o esta y los derechos fundamentales fueran opuestos y contradictorios. En este contexto es importante comenzar señalando que el derecho a la vida es siempre un derecho a una vida plena. Es cierto que los derechos se pueden restringir cuando se trata de salvar un bien mayor. Y la defensa de la vida, en su plenitud mayor posible, obliga en algunas circunstancias a restringir otro tipo de derechos. Pero eso tiene que hacerse siempre en el marco de las leyes propias de cada país y ciertamente respetando algunos derechos que no están sujetos a restricciones. Por poner un ejemplo grueso, no es posible autorizar que se mate a enfermos contagiosos para preservar la vida de los sanos. El derecho a la vida es de todos y la mejor calidad de vida posible debe defenderse para todos.

Sin embargo, cuesta entender que todos tengamos derecho, incluso dentro de restricciones necesarias, a la mejor calidad posible de vida. Cuando los defensores de DDHH abogamos por la calidad de vida básica de los presos suelen llamarnos defensores de criminales. Pero la situación de los presos bien puede servir de ejemplo para entender lo que decimos. Recientemente, con motivo de un aumento repentino de homicidios la semana pasada, el presidente dio orden de encierro total en las celdas durante 24 horas, supresión de tiendas y registros sistemáticos en las prisiones. La Dirección de Centros Penales, para mostrar el cumplimiento del twit presidencial, ofreció a los periódicos sendas fotografías donde se ve a un gran número de privados de libertad sentados en el suelo en fila, hacinados, semidesnudos y prácticamente en contacto físico, teniendo el cuerpo propio entre las piernas del que está sentado detrás, y entre las propias piernas el cuerpo del que está sentado delante. Todo un espectáculo digno de un campo de concentración. ¿Es necesario esto en una democracia?

¿Defienden la vida los castigos generales y humillantes? Fuentes de “inteligencia”, dicen las autoridades, llegaron a la conclusión de que las órdenes de aumentar el número de homicidios vino del interior de algunas cárceles. Démosle credibilidad a estos análisis de inteligencia y digamos que puede ser cierto. Pero es obvio que si hubo una orden desde el interior de una cárcel, no la dio todo el conjunto de presos, sino un grupo muy reducido que ni informa ni pide permiso al resto de los privados de libertad para tomar la decisión. Y un paso más; si lo dicho tiene lógica, castigar a todos los presos puede tener el efecto contrario al que debiera pretenderse, pues crea solidaridad entre ellos. Y cuanta más solidaridad tengan los privados de libertad entre sí, aunque brote del miedo, más difícil será llegar a la presunta célula que da las órdenes de asesinar. La “inteligencia” necesita siempre información para llegar a conclusiones. Y si llegó a deducir que la orden de matar salió del interior de una prisión es porque tuvo algún tipo de información. En un ambiente de normalidad carcelaria, esa misma inteligencia tendría más facilidad para conseguir información y llegar a los autores de la orden de matar, que en una situación de encierro total.

Salvar vidas es un objetivo bello, humano y necesario en El Salvador. No solo en tiempos de Covid-19, sino en tiempos de violencia, pobreza y desigualdad. Pero los castigos generales, reñidos con la dignidad humana, poco pensados y confiando en el efecto de la mano dura, no suelen dar buenos resultados. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos acaba de publicar dos informes de gran calidad.

Uno sobre la gestión de las normas de cuarentena y otro sobre la problemática de las mujeres en este mismo tiempo. En ambos se ve la necesidad de actuar, en estos tiempos difíciles, con exigencia clara, pero también con respeto a los derechos de las personas. No sería raro que el Procurador tuviera en algún momento que tocar de nuevo el problema carcelario. Porque la vida se defiende mejor con Derechos Humanos que con mano dura.

El combate a la pandemia de covid-19 y la crisis económica subsecuente se han convertido en un pozo sin fondo, al que el Gobierno está destinando enormes cantidades de recursos. A la fecha, además del dinero del que dispone a través del Presupuesto General, se han contraído deudas por miles de millones de dólares, que en teoría tienen su justificación en la lucha contra la enfermedad y la reactivación económica. Y es necesario remarcar el “en teoría”, porque una buena parte está sirviendo para suplir el déficit de ingresos del Estado.

El Salvador, ya antes de la pandemia, era un país altamente endeudado, pero en los dos meses que llevamos con el covid-19 el endeudamiento ha crecido a un ritmo trepidante, incrementando la deuda pública en un 20% A finales de marzo, el Gobierno anunció que requería dos mil millones de dólares de deuda para hacer frente a la pandemia a través del apoyo a la población económicamente más vulnerable (450 millones de dólares); la entrega de 600 millones de dólares a los municipios; la creación de un fondo especial para las micro, pequeñas y medianas empresas afectadas por el cierre de las actividades; y el fortalecimiento del Presupuesto.

Un mes después, gracias a una negociación a puerta cerrada con la ANEP y los votos de GANA, PCN y Arena, el Gobierno logró la aprobación de otros mil millones de dólares de deuda, aduciendo motivos muy similares a los de marzo: la creación de un fondo de 460 millones para la reactivación económica de las empresas afectadas, 140 millones para los empleados que han quedado desempleados por la crisis y 400 millones para que el Gobierno pague el IVA que les debe a los exportadores y los saldos pendientes que tiene con sus proveedores. Vale aclarar que estos últimos 400 millones ya estaban incluidos en el Presupuesto. De esta forma, más de 1,200 millones se acabarán destinando a fortalecer el Presupuesto General del Estado.

El Gobierno está enfrentando esta crisis sanitaria sin reparar en montos, como si El Salvador fuese un país rico cuando, en realidad, los recursos son muy limitados y el futuro viene cargado de gravísimos problemas económicos. Algunos de los gastos que se están haciendo no parecen ser del todo necesarios o podrían reducirse con una mejor gestión. Basten dos ejemplos. En primer lugar, si la cuarentena en los Centros de Contención, en los que hay más de 9 mil personas, fuese de 15 días, tal como recomienda la OPS, en lugar de 30 o más, el dinero que se destina a ellos se reduciría en al menos la mitad. En segundo lugar, continúa la construcción del nuevo hospital en el parqueo del Cifco, en lugar de utilizar infraestructuras ya existentes que solo habría que acondicionar y reforzar para la atención hospitalaria. El dinero para construir un hospital que estará listo dentro de meses está haciendo falta ya para contratar más personal médico y paramédico, mejorar la red nacional de hospitales y centros de salud, y educar a los ciudadanos (no atemorizarlos) para prevenir el contagio.

Gracias al covid-19, el Gobierno ha logrado sumar cientos de millones de dólares más para su presupuesto. Además, ha reasignado cerca de 1,000 millones que en el Presupuesto 2020 estaban destinados a inversiones, principalmente en obras públicas. También ha recibido ayudas de la Agencia de Cooperación Japonesa, la Unión Europea, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial, entre los más importantes. En total, el conjunto de recursos de los que dispone para enfrentar esta situación asciende a más de 2,400 millones de dólares, aparte de los 1,600 millones destinados a las transferencias monetarias, a los municipios y a la reactivación empresarial. Si todo este dinero será dedicado a la lucha contra la pandemia o no, es cuestión aparte, pues la opacidad con la que el Gobierno toma decisiones y asigna recursos no permite afirmar nada con seguridad.

Un país construido sobre la solidaridad

En el país, durante estos días, el debate público sobre la emergencia por el covid-19 tiene una doble dimensión. Se discute si la cuarentena debe alargarse y endurecerse, o si debe iniciar un retorno escalonado a la normalidad y cómo. La relativa escasez de pruebas realizadas no ofrece datos suficientes para tomar decisiones claras. En este contexto, la gente ha ido abriendo discretamente algunos de sus trabajos o negocios informales, porque las obligaciones son muchas y la ayuda entregada no da para cubrir todas las necesidades familiares. Se ve más gente en lugares públicos, y ello molesta al Gobierno. Pero las más de las veces es una cuestión de necesidad, no de irresponsabilidad. No se puede decir que hayamos llegado a una situación de vida ordinaria: el tráfico continúa siendo escaso y aunque se ve más personas en la calle que en los primeros 15 de cuarentena, no en número suficiente como para afirmar que se haya llegado a una situación de abuso generalizado.

La mayoría de las personas cumple racionalmente las medidas de prevención y distanciamiento social. Pero es normal que en un país con casi la mitad de la población económicamente activa trabajando en la informalidad, una cuarentena no pueda durar dos meses, al menos de manera absoluta. En ese sentido, hay que, por un lado, considerar las necesidades económicas y de mantenimiento de los pequeños negocios; y por otro, elaborar nuevas medidas sanitarias y continuar insistiendo en que la mayor parte del tiempo se debe permanecer en casa. Tomar decisiones y dictar normas teniendo en cuenta ambas realidades se vuelve cada vez más perentorio.

Más importante aún es comenzar a planificar un futuro postepidémico. La gran mayoría de países estaban escasamente preparados para enfrentar la pandemia. El sistema económico mundial centrado en la ganancia rápida ha hecho que muchos Estados descuiden los servicios básicos que ofrecen a la población. En el campo de la salud, El Salvador ya era muy frágil antes de esta emergencia, porque la inversión en el rubro ha sido históricamente insuficiente, incluso raquítica. Nuestro país se caracteriza por avanzar hacia el desarrollo de un modo lento y débil, más apoyado en el endeudamiento que en impuestos y aportes ciudadanos. De hecho, somos el tercer país latinoamericano con mayor deuda pública. Y esta realidad debe abordarse de manera seria y responsable, para cambiarla en el futuro próximo. Porque aumentando las deudas no se saldrá de esta crisis ni de ninguna otra.

El Salvador, por ubicación geográfica, está en riesgo permanente de emergencias. Los terremotos nos definen. Las inundaciones y sequías serán más fuertes con el calentamiento global. Enfermedades como el dengue y la chikungunya se convierten fácilmente en epidémicas. Las neumonías, sin necesidad de esperar al covid-19, han sido una de las principales causas de mortalidad, especialmente para los niños. La insuficiencia renal crónica y algunos tipos de cáncer se dan con más frecuencia de la normal. La falta de preparación y prevención, así como la débil respuesta sanitaria frente a estos problemas, ha sido tradicional. Pandemias como la del covid-19 podrían repetirse cada vez con más frecuencia. ¿Volveremos tras esta emergencia a lo mismo de siempre?

La única manera de abandonar la senda de la improvisación, el enfrentamiento y el cinismo que mira exclusivamente al bien propio y se olvida de los derechos de los demás es cambiar el sistema práctico de funcionamiento del país. Ese sistema ideológico que marca nuestras acciones, hábitos y costumbres, y que nos vuelve indiferentes ante la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. Como resultado del pensamiento neoliberal, hemos impregnado a la democracia salvadoreña de un profundo egoísmo individualista, con prácticas socialmente perniciosas en el ámbito personal, empresarial y político. La idea, tantas veces repetida, de que el mercado en solitario nos llevará al desarrollo y al bienestar no es más que una quimera y un engaño.

Necesitamos un país construido sobre la solidaridad. Un país con una reforma fiscal eficiente, en el que no haya empresas y capitales que evaden impuestos; con un sistema educativo que garantice oportunidades a las mayorías hasta hoy marginadas; con un sistema de salud único, eficiente y de calidad, que sepa permanecer preparado para los riesgos sanitarios. Construir solidaridad desde el diálogo es condición necesaria para vencer epidemias, calamidades y desastres, y alcanzar un desarrollo digno. Decir que vamos bien sin comenzar a discutir el futuro no es más que una manera de engañarse a sí mismo y al que escucha.

Muchos lo han visto claramente: después del coronavirus, ya no va a ser posible continuar el proyecto del capitalismo como modo de producción, ni del neoliberalismo como su expresión política. El capitalismo sólo es bueno para los ricos; para el resto es un purgatorio o un infierno, y para la naturaleza, una guerra sin tregua.

Lo que nos está salvando no es la competencia –su principal motor–, sino la cooperación; ni el individualismo –su expresión cultural–, sino la interdependencia de todos con todos.

Pero vayamos al punto central: hemos descubierto que el valor supremo es la vida, no la acumulación de bienes materiales. El aparato bélico montado, capaz de destruir varias veces la vida en la Tierra, ha demostrado ser ridículo, frente a un enemigo microscópico invisible que amenaza a toda la humanidad. ¿Podría ser el Next Big One (NBO), el que los biólogos temen que va a llegar, “el gordo?, “el próximo gran virus” que pueda destruir el futuro de la vida? No lo creemos. Esperamos que la Tierra siga teniendo compasión de nosotros y nos esté dando sólo una especie de ultimátum.

Dado que el virus amenazador proviene de la naturaleza, el aislamiento social nos ofrece la oportunidad de preguntarnos: ¿cuál fue y cómo debe ser nuestra relación con la naturaleza y, más en general, con la Tierra como Casa Común? La medicina y la técnica, aunque muy necesarias, no son suficientes. Su función es atacar al virus hasta exterminarlo. Pero si continuamos atacando a la Tierra viva, “nuestro hogar con una comunidad de vida única”, como dice la Carta de la Tierra (Preámbulo), ella contraatacará de nuevo con más pandemias letales, hasta una que nos exterminará.

Sucede que la mayor parte de la humanidad y de los jefes de estado no son conscientes de que estamos dentro de la sexta extinción masiva. Hasta ahora no nos sentíamos parte de la naturaleza ni tampoco como su parte consciente. Nuestra relación no es la relación que se tiene con un ser vivo, Gaia, que tiene valor en sí mismo y debe ser respetado, sino de mero uso según nuestra comodidad y enriquecimiento. Estamos explotando la Tierra violentamente, hasta el punto de que el 60% de los suelos han sido erosionados, en la misma proporción los bosques húmedos, y causamos una asombrosa devastación de especies, entre 70-100 mil al año. Esta es la realidad vigente del antropoceno y del necroceno. De seguir esta ruta vamos al encuentro de nuestra propia desaparición.

No tenemos otra alternativa que hacer, en palabras de la encíclica papal “sobre el cuidado de la Casa Común”, una conversión ecológica radical. En este sentido, el coronavirus no es una crisis como otras, sino la exigencia perentoria de una relación amistosa y cuidadosa con la naturaleza. ¿Cómo implementarla en un mundo que se dedica a la explotación de todos los ecosistemas? No hay respuestas listas. Todo el mundo está a la búsqueda. Lo peor que nos podría pasar sería, después de la pandemia, volver a lo de antes: las fábricas produciendo a todo vapor, aunque con cierto cuidado ecológico. Sabemos que las grandes corporaciones se están articulando para recuperar el tiempo perdido y las ganancias.

Pero hay que reconocer que esta conversión no puede ser repentina, sino gradual. Cuando el presidente francés Macron dijo que “la lección de la pandemia era que hay bienes y servicios que deben ser sacados del mercado”, provocó la carrera de decenas de grandes organizaciones ecologistas, como Oxfam, Attac y otras, pidiendo que los 750.000 millones de euros del Banco Central Europeo destinados a remediar las pérdidas de las empresas se destinaran a la reconversión social y ecológica del aparato productivo, en aras de un mayor cuidado de la naturaleza, así como de más justicia e igualdad sociales. Lógicamente, esto sólo se hará ampliando el debate, involucrando a todo tipo de grupos, desde la participación popular hasta el conocimiento científico, hasta que surjan una convicción y una responsabilidad colectivas.

Debemos ser plenamente conscientes de una cosa: al aumentar el calentamiento global y aumentar la población mundial devastando los hábitats naturales, acercando así los seres humanos a los animales, éstos transmitirán más virus a los que no seremos inmunes, que encontrarán en nosotros nuevos huéspedes. De ahí surgirán las pandemias devastadoras.

El punto esencial e irrenunciable es una nueva concepción de la Tierra, ya no como un mercado de negocios que nos coloca como sus señores (dominus), fuera y por encima de ella, sino como una superentidad viviente, un sistema autorregulado y autocreador, del que somos precisamente su parte consciente y responsable, junto con los demás seres como hermanos (fratres). El paso de dominus (dueño) a frater (hermano) requerirá una nueva mente y un nuevo corazón, es decir: ver a la Tierra de manera diferente, y sentir con el corazón nuestra pertenencia a ella y al Gran Todo. Unido a ello, el sentido de inter-retro-relación de todos con todos y una responsabilidad colectiva frente al futuro común. Sólo así llegaremos, como pronostica la Carta de la Tierra, a “un modo de vida sostenible”, y a una garantía para el futuro de la Vida y de la Madre Tierra.

La fase actual de recogimiento social, puede significar una especie de retiro reflexivo y humanista, para pensar en tales cosas y nuestra responsabilidad ante ellas. Es urgente, y el tiempo es corto, no podemos llegar demasiado tarde.

Este no será un 1 de mayo de marchas y movilizaciones. La pandemia de covid-19 ha logrado lo que las guerras y los desastres ambientales no: que los y las trabajadoras organizadas se queden sin revindicar en las calles sus derechos laborales. Esto cuando el mundo del trabajo está siendo duramente afectado por la crisis. Los efectos económicos y sociales de la pandemia ponen en peligro los medios de vida de millones de personas. Por el momento, en general, las personas con un trabajo formal han logrado mantener su nivel de vida. En muchos países, como en El Salvador, se están planificando o implementando medidas de soporte financiero a empresas para que los efectos de la crisis no sean tan contundentes. En este sentido, quienes tienen un empleo formal son privilegiados, aunque también sobre sus trabajos se ciernen sombras. En el país se están comenzando a construir proyecciones, todas provisionales, sobre los miles de empleos que se podrían perder. Pero la situación apremiante la viven los y las trabajadoras que no tienen un empleo formal.

A fines del siglo XX, en pleno auge de la globalización capitalista, Franz Hinkelammert afirmó que en estos tiempos “es un privilegio ser explotado”. Lo que Marx llamó el “ejército de reserva industrial”, la mano de obra desempleada y permanentemente dispuesta a vender su fuerza de trabajo a las empresas, ha pasado a ser, como sostiene el argentino Carlos Vilas, un ejército de sobrantes que no tiene cabida en el sistema. Los desempleados se han convertido en reserva de nada. No extraña, entonces, que la gran mayoría de la población en edad de trabajar se vea obligada a buscarse la vida en el sector de la economía informal, en caminos subterráneos o ilegales de sobrevivencia, o en la migración hacia otros países con mejores condiciones.

El sector más vulnerable del mercado laboral lo constituyen los trabajadores de la economía informal, y es a ellos y ellas a quienes la pandemia está golpeando con más fuerza. En El Salvador se estima que el 70% de las personas en edad de trabajar se gana la vida en ese sector. Quienes venden en los mercados, los que deambulan ofreciendo sus productos, los jardineros, paleteros, peluqueros, lavacarros... son los que la están pasando más difícil. Y si no cuentan con una fuente de ingresos alternativa, ellos y sus familias no tendrán medios de vida. En el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 1,600 millones de personas, la mitad de la población económicamente activa, corre un peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento por esta pandemia. Según la organización, los detonadores son dos: las medidas de confinamiento domiciliar y el hecho de trabajar en alguno de los sectores más afectados.

La pandemia ha puesto cruelmente en evidencia las agudas desigualdades mundiales, que condicionan tanto las posibilidades de contraer el virus como la capacidad de enfrentarse a sus consecuencias económicas. El mayor golpe recaerá en el bolsillo, la salud y la vida de los más vulnerables. Para ellos, como ha dicho Guy Ryder, director general de la OIT, “la ausencia de ingresos equivale a ausencia de alimentos, de seguridad y de futuro [...] A medida que la pandemia y la crisis del empleo evolucionan, más acuciante se vuelve la necesidad de proteger a la población más vulnerable". La respuesta de los Gobiernos, por tanto, debe estar dirigida principalmente a ese sector. De cara al futuro inmediato, en este 1 de mayo, el reclamo debería ser reorganizar la sociedad y la economía de modo que millones no se vean obligados a elegir entre cuidar la salud o llenar el estómago.

OPINIÓN POLÍTICA DE EXTERMINIO Y LIMPIEZA SOCIAL por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, (IDHUCA).

Duele profundamente el incremento de homicidios que sufre el país desde el viernes 24 de abril. En tres días se cometieron 69 asesinatos, superando a los 65 de todo marzo y duplicando los registrados en abril antes del último fin de semana. Es comprensible el estupor que ello ha causado en la sociedad salvadoreña. Pero esta violencia no es la única que se ha dado durante el tiempo de cuarentena. De acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, durante la cuarentena domiciliaria, que inició en la noche del 21 de marzo, se han contabilizado 54 asesinatos, 4 de ellos feminicidios. Además, se han acumulado 290 denuncias por violencia contra la mujer, 814 por amenazas y 323 por lesiones culposas. Estas cifras reflejan la magnitud del problema, pues, como es sabido, muchos de estos delitos no se denuncian, menos aún cuando la emergencia por la pandemia dificulta acercarse a una dependencia de la Fiscalía o la PNC.

Una vez más, los datos nos muestran que nuestra sociedad está atravesada por la violencia, una lacra que dificulta la convivencia en armonía. Sin embargo, lejos de combatirla, las autoridades fomentan la cultura de la violencia. La respuesta oficial a los asesinatos del fin de semana (autorizar y promover el uso de la fuerza letal, y castigar a todos los privados de libertad con encierro absoluto por tiempo indefinido) no es más que aplicar la violencia desde el Estado. Así, los defensores de la ley y del orden público se convierten nuevamente en actores de la violencia y violadores de las leyes que han prometido cumplir y respetar. Con estos actos, las autoridades están reivindicando la violencia como la mejor forma de resolver las crisis de seguridad, y con ello se ponen fuera de la ley y violan los derechos humanos, que deben ser respetados universalmente, para toda persona.

Por supuesto, la ley debe aplicarse a rajatabla y el crimen, perseguirse con rigor, pero siguiendo los procedimientos establecidos y con base en investigaciones y aportando pruebas. En contraste, las decisiones tomadas por el Ejecutivo parecen responder más a un caprichoso afán de venganza. Son propias de la Ley del Talión: ojo por ojo, diente por diente; un código superado desde hace siglos en los países civilizados. Fue precisamente para romper con la lógica de la venganza y la justicia por cuenta propia que se crearon los sistemas de justicia y los códigos penales, lo que significó un gran avance en el desarrollo social y en la lucha contra el crimen. Igualmente ocurrió con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Despreciarlos no solo es un retroceso, sino supone entrar en una espiral de violencia similar a la que consumió al país en los años ochenta.

El Ejecutivo se vale de que una parte de la sociedad salvadoreña no ha transitado a una cultura democrática y no comprende la importancia de promover la cultura de paz. Esos compatriotas aplauden las medidas inhumanas que se están aplicando en los centros penales y en las calles. Y no solo las aplauden, sino que atacan con virulencia a quienes para salvaguardar los derechos humanos de todos los salvadoreños se oponen a ellas. Por otra parte, lo que está ocurriendo confirma el fracaso de los planes de seguridad que dice haber implementado el presidente; es decir, que los territorios siguen bajo control de los grupos de crimen organizado y que no se ha podido desarticular o al menos debilitar las estructuras criminales. En menos de un año de gestión se está constatando que la inteligencia para combatir el crimen, prometida en campaña electoral, está ausente. La tónica implementada es la que misma que se ha aplicado y ha fracasado por más de 25 años: el uso de la violencia y la represión estatal. Seguir este camino conlleva graves peligros para todos y la liquidación del Estado de derecho, que ha permitido la paz y la estabilidad desde el fin de la guerra.

La semana pasada, el procurador de derechos humanos, José Apolonio Tobar, presentó el primer informe de derechos humanos solicitado por la Sala de lo Constitucional, después de recibir esta una serie de peticiones de habeas corpus y demandas de inconstitucionalidad. También presentó uno sobre la situación específica de los derechos de la mujer. A pesar del menosprecio a la labor de la Procuraduría mostrado por algunos funcionarios, lo cierto es que estos dos documentos son de gran importancia en el actual contexto de deriva hacia el autoritarismo y a violación a derechos humanos. Incluso desde la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos se han hecho observaciones al modo en que el Gobierno salvadoreño está respondiendo a la pandemia. Atender las observaciones de la Procuraduría para corregir errores ayudará sin duda a mejorar la gestión de las medidas de contención del coronavirus.

En el informe que el procurador presentó el viernes 24 de abril a la Sala de lo Constitucional, se informa que la Procuraduría registró entre el 21 de marzo y el 22 de abril 778 quejas de ciudadanos. De estos reclamos, el 67% se vincula a violaciones al derecho a la libertad personal, a la salud y a la información, lo cual es una muestra clara de los maltratos, cuando no violaciones a derechos humanos, que afectan a buena parte de nuestra gente, especialmente a los sectores de menos recursos. El informe insiste en que los miembros de la Fuerza Armada y de la PNC no suelen tomar en consideración las profundas desigualdades que sufren los salvadoreños, en particular la falta de acceso a agua potable y alimentos. Considerar las necesidades y problemas de quienes viven en pobreza (el 30% del total de la población, un porcentaje que aumentará en estos tiempos difíciles) es indispensable para una buena gestión de la contención de la pandemia.

En el caso de las detenciones por supuesto incumplimiento de la cuarentena domiciliar, con frecuencia primero se confina a personas en bartolinas en situación de hacinamiento, con el riesgo de contagio subsiguiente, para luego trasladarlas a instalaciones que carecen de servicios básicos. La Procuraduría advierte que con este modo de proceder se incumple el protocolo de actuación de la Policía Nacional Civil, según el cual los agentes deben pedir que la persona se identifique, establecer las causas de su permanencia fuera de su residencia y en caso de incumplimiento a las normas, conducirla a un centro de evaluación epidemiológico, a fin de que se le realice la prueba del covid-19 y, dependiendo del resultado del examen, sea enviada a su residencia o a un Centro de Contención. En vez de ello, el discurso oficial amenaza con detenciones por tiempo indefinido.

Por otra parte, dada la posibilidad de que los abusos contra la mujer aumenten debido a la extensión del tiempo que la familia permanece en el hogar, y frente a la posible desatención de los delitos de violencia de género por la suspensión de plazos judiciales, la Procuraduría señala la necesidad de implementar mecanismos judiciales extraordinarios para recoger tanto las denuncias como la evidencia forense en caso de agresión física, sexual o sicológica. En los hogares conducidos por mujeres solas se da otro tipo de problemática. Se registran quejas de abusos laborales en algunas empresas. Además, las madres solteras que trabajan se ven en apuros al tener que dejar desatendidos a sus hijos en la casa, teniendo que gastar mayor energía en las labores de cuido o contratar la ayuda de alguien. Este es el caso, por poner un ejemplo, de las agentes de la Policía que son madres solteras y tienen turnos de 12 horas, y de las mujeres que trabajan en la informalidad. A lo anterior se suma que ciertos trabajos están ampliamente feminizados y se vuelven más riesgosos al exigir un contacto permanente con público, como es el caso de las empleadas de las farmacias, las cajeras de supermercados, enfermeras, personal de limpieza y otros.

Es lógico que en sus esfuerzos por proteger a la población, el Estado imponga medidas enérgicas cuando un buen número de ciudadanos muestran una severa irresponsabilidad. Pero la gran mayoría de las mujeres trabajadoras son muy responsables laboral y familiarmente, y por la pandemia están expuestas a riesgos y problemas más graves. Protegerlas y tener en cuenta las circunstancias en las que se desenvuelven para que puedan combinar razonablemente su esfuerzo laboral y las labores de cuido en el hogar es fundamental para el bien común.