Editoriales y Opiniones

Desde el inicio de la declaración de emergencia, la multiplicación de normas y decretos, con frecuencia enfrentados, ha sido una causa de inseguridad jurídica. En primer lugar, porque entre tanto cambio y diversidad de normas, mucha gente no entiende bien cuáles son sus derechos, las restricciones vigentes y las penalidades por el incumplimiento de las segundas. La Sala de lo Constitucional ha emitido algunas sentencias de calidad, pero varias de ellas, por buenas o fundamentadas que fueran, no han sido ejecutadas. Las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa oscurecen todavía más la situación para el ciudadano común.

En los últimos días, la Sala de lo Constitucional ha tratado de mediar en estas discusiones extendiendo hasta el 29 de mayo el decreto 593, relativo a la emergencia nacional. Da tiempo así a la Asamblea Legislativa para emitir una nueva ley, que supuestamente tendrá elementos de desescalada gradual de las restricciones económicas, laborales y de movilidad existentes. Siendo el decreto 593 de calidad constitucional dudosa, su extensión por parte de la Sala solamente tendrá un efecto positivo si logra el diálogo y el consenso entre la Asamblea y el Ejecutivo para que se emita una nueva ley que mantenga en un mismo cuerpo legal, aceptado por todos, las medidas relativas a la emergencia, la protección civil y la reactivación económica.

El marasmo normativo, las omisiones y vacilaciones de la Asamblea, el autoritarismo del Ejecutivo, la lentitud de la Sala de lo Constitucional y el incumplimiento de algunas de sus sentencias han favorecido la violación sistemática de derechos humanos de la ciudadanía. El sector de clase media acomodada se ha centrado más en denunciar y quejarse por las restricciones a la libertad. Las organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos, por su parte, se han fijado más en los efectos de la inseguridad jurídica en los sectores pobres o vulnerables, generalmente sin voz para elevar sus quejas y que han sufrido serias afectaciones a sus derechos. Todavía hoy, pese a que la Organización Mundial de la Salud recomienda cuarentenas de 15 días, hay personas sanas que, sin saber por qué, llevan más de seis semanas retenidas en Centros de Contención. E incluso algunas han sido trasladadas de un lugar a otro como medida de castigo por sus legítimas protestas.

La confusión legal, unida a la larga cuarentena y a los duros enfrentamientos políticos, ha sido una fuente de sufrimiento y ha contribuido al cansancio y deterioro psicológico de muchas personas. Ello ha relegado al olvido a los privados de libertad, cuya situación ya le valió al país severas reprimendas por parte de instancias internacionales. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la relatora especial de ejecuciones extrajudiciales condenaron hace poco y enérgicamente la situación en algunas de nuestras prisiones. Las nuevas medidas impuestas como castigo generalizado en ciertas cárceles, que escandalizaron a la opinión pública internacional durante la cuarentena, han pasado al olvido a causa de la repetición de procedimientos poco humanos contra supuestos infractores de la cuarentena.

Más allá de la nueva ley que se emita, que debe ser coherente con el respeto a los derechos humanos básicos y eliminar los abusos y arbitrariedades de las autoridades, es importante que se unifiquen y aclaren las normativas, y que se llegue a un diálogo constructivo entre las instituciones estatales. Que las instituciones funcionen coordinada y adecuadamente, y que los ciudadanos tengan protección de sus derechos son dos principios básicos para sostener con eficacia el esfuerzo que se requiere para superar la pandemia. Si continúan las peleas al interior del Estado, aumentarán la tensión y el enfrentamiento ciudadano, dificultando mucho construir un futuro digno para todos.

En el actual contexto de crisis global sanitaria, el papa Francisco ha divulgado al menos tres documentos que recogen aspectos humanos y cristianos que no debemos pasar por alto, pues hacen pensar y replantear realidades fundamentales de la convivencia social, política, económica, cultural y ecológica de nuestro mundo. Una idea fuerza que atraviesa los textos es que una emergencia como la del covid-19 solo puede ser derrotada con los anticuerpos de la solidaridad, justicia y esperanza.

Echamos mano de documentos clave: la bendición Urbi et orbi (BUO), oración en tiempos de pandemia, divulgada el 27 de marzo; el mensaje pascual Urbi et orbi (MPUO) del 12 de abril; y la meditación titulada “Un plan para resucitar” (MPR), publicada en revista Vida Nueva el 17 de abril. Enunciamos siete rasgos de esos textos que, ciertamente, sitúan en la realidad, interpelan e inspiran.

Primero, el hecho social total y desolador. Hasta el 4 de mayo, las cifras oficiales hablaban de 170 países afectados (de 195 existentes); 4 mil millones de personas en cuarentena; más de 3 millones de contagiados; más de 250 mil muertos; y 1,250 millones en riesgo de perder el empleo a causa de la crisis mundial provocada por el coronavirus. Más allá de las frías cifras, el Papa visualiza el drama humano: “Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos” (BUO).

Segundo, la pandemia desenmascara nuestra vulnerabilidad. Francisco lo explica de manera gráfica: “Con [ella] se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de hermanos” (BUO).

Tercero, ¿dónde está Dios en la pandemia? ¿Qué hace y qué no hace? Desde su mirada de fe, el papa nos comunica una imagen sana de Dios, contraria al Dios del miedo que suele ser difundida frente a este tipo de crisis. Cuando el papa habla de Dios en estas circunstancias, habla de un Dios que es aliado nuestro, no del virus: “En esta tierra desolada, el Señor se empeña en regenerar la belleza y hacer renacer la esperanza: ‘Mirad que realizo algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notan?’ (Is 43, 18b). Dios jamás abandona a su pueblo, está siempre junto a él, especialmente cuando el dolor se hace más presente” (MPR).

Cuarto, los mártires de la pandemia, es decir, las personas que por cuidar a los contaminados por el coronavirus sufren rechazo, agotamiento, contagio y muerte. Frente a ellos, el papa tiene dos palabras: estima y gratitud:

Nuestras vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente olvidadas— […] pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo. (BUO.)

Quinto, ¿cómo revertir este mal? Mediante el otro “contagio” que se transmite de corazón a corazón: renaciendo la esperanza. Para Francisco, esto tiene implicaciones directas en las actitudes que podamos asumir en la vida personal, social o institucional. Por eso proclama:

Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar la pandemia… Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción de personas… No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas… Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. (MPUO.)

Sexto, después del coronavirus será necesario sembrar semillas de nueva civilización. La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar. Por eso el obispo de Roma propone la implementación de un proyecto alternativo que dé consistencia al cambio buscado. Un proyecto que efectivamente “civilice”, que nos haga mejores seres humanos y mejores sociedades. Que tenga como principio y fundamento que las mayorías alcancen unos niveles de vida aptos para satisfacer dignamente sus necesidades básicas fundamentales.

En esa línea, el papa afirma:

Ojalá [esa amenaza] nos encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa de la civilización del amor, que es “una civilización de la esperanza”: contra la angustia y el miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos. Supone, por eso, una comprometida comunidad de hermanos. (MPUO.)

Séptimo, con el coronavirus y después de él, hay preguntas que debemos retomar y cuyas respuestas no admiten dilación. El papa las deja sonando en la conciencia personal y colectiva, esperando un cambio de dirección:

¿Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente o seguiremos negando la evidencia? (MPUO.)

* Carlos Ayala Ramírez, profesor del Instituto Hispano de la Escuela Jesuitas de Teología, de la Universidad de Santa Clara, docente jubilado de la UCA y exdirector de Radio YSUCA.

Casa Presidencial comenzó a gestionar la pandemia con el patrón centralizador y autoritario que la caracteriza. Al cabo de más de dos meses, la gestión da muestras de agotamiento. Prueba de ello es la rabieta del presidente porque la Sala de lo Constitucional le desautorizó un decreto fraudulento; una exhibición en cámara de inmadurez, indigna de un presidente de la República. Casa Presidencial se enreda en su propio laberinto, mientras se lleva de encuentro a la población más vulnerable. Qué sentido tiene “encerrar” un mes cuando dos semanas es suficiente, según los especialistas. Las flagrantes contradicciones de los voceros presidenciales evidencian decisiones desafortunadas. Es así como el discurso oficial carece de credibilidad, tal como lamenta el ministro de Salud. El argumento de que trabajan incansablemente (24/7) para salvar vidas tiene cada vez menos aceptación. No porque la vida no se valore, sino porque Casa Presidencial no parece tener otra respuesta que la amenaza, el miedo, el insulto y el castigo. El hastío ciudadano comenzó a manifestarse hace algún tiempo, para irritación de los voceros presidenciales.

Las múltiples dimensiones y complejidades de la crisis de la covid-19 han desbordado la obsesión centralizadora de una Casa Presidencial desconfiada e insegura, que no sabe delegar. La crisis incluye la salud y la vida. No solo amenaza el virus, sino también el hambre. Decenas de miles ya padecen más hambre de la habitual. ¿Cómo conjugar el necesario distanciamiento social con la población que se rebusca para comer? El dinero y las canastas básicas no pueden satisfacer esa necesidad vital. En parte, por la centralización proverbial que no tolera la delegación. La complejidad del desafío hace del manejo centralizado una temeridad. La centralización y el sigilo pierden a una gestión presidencial que ha confundido el deseo —legítimo, por cierto— de mostrar al presidente Bukele al “frente de la emergencia” con el monopolio de la gestión.

La estadística de la pandemia no es fiable, porque los resultados de los test tienen un retraso de varios días, porque utiliza números absolutos en vez de tasas y porque no dispone de control independiente. Tampoco es fácil ubicar la cadena de contagio, porque no utiliza la dirección actual, sino la del DUI, y porque los test son palmariamente insuficientes. De ahí que los diagnósticos y las decisiones basadas en esos datos sean necesariamente equívocas, sino erradas. En opinión de los especialistas, el colapso del sistema de salud es una fabricación del Ministerio de Salud, ya que la inmensa mayoría de los pacientes son asintomáticos y estables y, en consecuencia, no necesitan hospitalización, sino un seguimiento cuidadoso.

Además de la falta de datos precisos, los diletantes asesoran las órdenes emanadas de Casa Presidencial. Los ignorantes ordenan en los hospitales. Una instancia desconocida y ajena a la realidad dirige los centros de “detención” de miles de personas. Y rigiéndolo todo, como mantra infalible, los “protocolos”. Los desatinos y los errores proliferan. Así lo ha debido reconocer en algunas ocasiones el ministro de Salud, aunque sin capacidad o poder para corregir el curso. No debe, pues, extrañarse de la poca credibilidad de su discurso. Casa Presidencial se defiende alegando que está en contacto con expertos extranjeros de lugares lejanos, ajenos a la realidad nacional. Los Gobiernos más exitosos en el control de la covid-19 han sido aquellos que han puesto a personal médico especializado al frente de la gestión de la crisis. Han sometido la decisión política al juicio de los especialistas. Aquí, en cambio, prevalece el criterio político, disfrazado de defensor de la vida, para que el presidente Bukele aparezca “al frente de la emergencia”.

Este rumbo es muy peligroso. El descontrol puede tener un costo en vidas humanas más elevado del razonablemente esperado. No solo por la pandemia, sino también por las enfermedades desatendidas, los desarreglos mentales y el hambre. El desempleo y el hambre se ciernen amenazadoramente sobre el futuro inmediato. El aumento descontrolado del gasto público, incluida la tenaz resistencia a rendir cuentas y la corrupción, están hipotecando el futuro de las generaciones jóvenes.

Aún es tiempo para rectificar, pero no hay apertura ni voluntad. Los llamados a la unidad y al diálogo, insistentes últimamente, son vacíos y poco creíbles. Hasta ahora, el llamado de Casa Presidencial a la unidad nacional es un emplazamiento para alinearse con su inquilino. El diálogo que ofrece viene acompañado de descalificaciones, algunas cargadas de machismo, e insultos. En el mejor de los casos, permite expresar opiniones, pero sin intención de considerarlas. La negociación ha sido un chantaje. El empecinamiento pareciera indicar una posición muy sólida. Pero no es suficiente para superar las crisis, tal como lo muestra la negociación con los grandes capitales. El primer paso para entablar un diálogo fecundo corresponde a quien detenta el poder, porque tiene la responsabilidad mayor. Más aún, la mala experiencia con “los diálogos” anteriores obliga al presidente Bukele a dar muestras claras de buena voluntad para abrir espacio a la búsqueda de un entendimiento, cuyo único interés sea el bien general.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En la conferencia de prensa del lunes 18 de mayo, a diferencia de sus anteriores intervenciones, el presidente arrojó algunas luces, aunque tenues, sobre este período de emergencia. Por supuesto, también hubo sombras. Una mirada a ambas permite retratar la situación en la que se encuentra el país.

Por primera vez durante esta crisis, el presidente salió de la burbuja de las redes sociales y de Casa Presidencial, y se expuso al escrutinio de los periodistas, como es normal en las democracias. Además, fue propositivo, a su manera: se refirió a los otros poderes del Estado para hacer una propuesta concreta de reapertura, con tiempo y fecha específicos. La propuesta supone una ruptura con la incertidumbre en la que ha estado sumida la población y aporta un poco de tranquilidad y esperanza. Asimismo, el presidente, aunque no se privó de lanzar sus críticas acostumbradas, afirmó que reconoce la última resolución de la Sala de lo Constitucional y que la acatará. Con ello, después de muchos desvaríos totalitaristas, dio una primera señal clara de que acepta que la nuestra es una democracia republicana, donde los contrapesos deben respetarse.

Sin embargo, Bukele sigue empeñado en su discurso maniqueo, que divide a los actores en buenos y malos, los que están a favor de la vida y los que están por la muerte; una división que responde a quiénes lo respaldan incondicionalmente y quiénes no. Este radical “conmigo o contra mí” atiza una polarización social nociva, que incita al odio, fomenta la intolerancia a la crítica e imposibilita reconocer méritos en los demás. Por otra parte, dejó claro que seguirá desconociendo al presidente de la principal gremial empresarial y que prefiere entenderse directamente con los representantes del gran capital. Condicionar la propuesta de reapertura a acuerdos con estos potentados refleja dónde están sus prioridades.

El presidente repitió que no ha recibido ni un centavo para esta emergencia, lo cual no es cierto. Un día antes, en la cadena nacional del 17 de mayo, enumeró (que no es lo mismo que presentar un informe oficial detallado) una serie de gastos realizados hasta la fecha, por un monto total de 1 mil 163 millones 910 mil dólares. Se argumenta que ese dinero se ha tomado del Presupuesto del año 2020 y que por eso no hay para pagar los salarios de los empleados públicos. Pero hay que saber que para la emergencia el Gobierno recibió una transferencia por 25 millones de dólares provenientes del ISSS, que se emitieron Letes a corto plazo por un monto de $491 millones y Certificados del Tesoro por $483 millones. Además, se contabiliza un préstamo de la Agencia Japonesa de Cooperación por $46 millones y la donación de $1 millón del BCIE. Es decir, el Gobierno sí ha tenido disponibilidad de efectivo para la emergencia, independientemente de que los miles de millones de dólares que le han autorizado estén por gestionarse. Gestión que será más difícil y onerosa si continúa la confrontación entre los poderes del Estado.

El discurso del presidente se vuelve en su contra. Acusa a la Asamblea Legislativa de recibir a la ANEP, pero él recibe a los multimillonarios del país. Acusa de irrespeto a las leyes y a la Constitución, de usurpación de poderes, de gobernar por decretos, etc., vicios que con toda propiedad se le pueden achacar a su Gobierno. Con sus actuaciones, revive a diario la imagen del 9 de febrero. El mensaje de “o hacen lo que yo digo, o lo hago por mi cuenta” debe ser revisado. El mandatario debe asesorarse mejor. De poco le servirá ganar votos en las próximas elecciones con su discurso polarizador si con ello profundiza el conflicto social y consolida su imagen autoritaria a nivel internacional.

Es lamentable que la ciudadanía esté tan o más preocupada por los conflictos entre los poderes del Estado que por la pandemia. También lo es que se genere confusión entre la población por la falta de acuerdos. Tan irracional es anunciar el veto a un proyecto de ley sin antes conocerlo y examinarlo detenidamente como cerrarse a un diálogo con el Ejecutivo. Después de este primer paso, el presidente debe seguir dando luces y abandonar definitivamente las sombras que oscurecen su gestión. Es urgente abrirse al diálogo, que prive la sensatez y que los intereses electorales, tanto del Gobierno como de la oposición, no se impongan sobre las necesidades de la sociedad.

La actual coyuntura nos obliga a hacer un examen profundo sobre la situación que experimentamos, que se destaca por una enorme incertidumbre acerca del futuro. Aunque a primera vista pueda parecer que la crisis en la que se está sumiendo El Salvador es fortuita, es decir, causada por el inesperado aparecimiento de una pandemia, también puede considerarse que es la pandemia la que nos encuentra sumidos en una crisis, determinada por la trayectoria que traía nuestro sistema social. Así, el hecho de que más del 70% de la fuerza laboral se encuentre en el sector informal y deba luchar por su supervivencia en el día a día no es en realidad una situación novedosa. Así como el alto índice de pobreza y violencia, o la enorme fragilidad ambiental en la que gestamos la vida. Hechos que en el fondo expresan el agotamiento del modo de organización social actual.

Ahora, con la pandemia de covid-19, estamos en un momento decisivo en el modo de gestionar la crisis. Siendo el primer responsable de ello el presidente. En ese sentido, lo que se ha visto hasta el momento nos hace pensar que esta gestión es insostenible en el tiempo. Con la paralización de la economía por las medidas de contención no solo se han desconfigurado las cadenas de producción y abastecimiento, sino que también está disminuyendo la capacidad del Estado para obtener ingresos, incrementando el déficit fiscal y haciendo más difícil la implementación de políticas públicas centradas en combatir la enfermedad.

La salida de recurrir a un mayor endeudamiento ya ha sido señalada por muchos expertos como excesiva, inviable y hasta peligrosa para la estabilidad financiera y macroeconómica del país. De hecho, la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuya creación tenía como objeto evitar precisamente este escenario, ha sido actualmente suspendida. A lo que se le agrega un marco de poca transparencia sobre el modo en que estos abultados préstamos serán empleados.

Por tanto, más que los propios gobernantes, que a menudo olvidan que son meros servidores públicos y que los elevados sueldos que muchos de ellos gozan provienen de los mismos impuestos recolectados, es la población la que debe comprender que estas inyecciones de liquidez por medio de nueva deuda se traducirán en un corto plazo en un aumento de la carga tributaria que todos pagamos, empezando por los más pobres. Y que además están conduciendo de forma trepidante a un aumento del riesgo país, que nos puede llevar a una situación de impago y al cierre del financiamiento externo.

En este momento es necesario asumir que la precaria situación de las finanzas públicas conducirá a que el Gobierno implemente una reestructuración presupuestaria, que implicará una reorganización de la estructura estatal y de su interacción con la base social de la cual depende para funcionar. De ello se derivaría un significativo recorte en el gasto social y corriente del Estado, así como una probable subida de impuestos. Aunque el Ministro de Hacienda ha señalado que de momento el Gobierno no contempla subir el IVA y a los tributos a los combustibles, estas medidas ya han sido sugeridas como condicionantes de los desembolsos que han hecho instituciones como el Fondo Monetario Internacional, que le acaba de prestar al país 389 millones de dólares para combatir la pandemia.

No se puede gobernar abstraído de los problemas de reproducción de la vida material que actualmente está enfrentando la población. Como ya ha sido señalado, la dicotomía entre salvar la salud pública y salvar la economía es falsa, y es desmentida día a día por los que en este momento se enfrentan no solo al contagio de covid-19, sino al severo problema del hambre y la bancarrota. Si la trayectoria en la gestión de la crisis continúa, no solo se pondrá en riesgo la institucionalidad que tanto ha costado construir, sino también se abrirá la puerta a una mayor inestabilidad social.

* Gabriel Escolán Romero, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Después de dos largos meses, estamos llegando al fin de una etapa. El país no puede permanecer indefinidamente cerrado ni subvencionar con deuda la suspensión de la mayoría de actividades económicas. Es indispensable implementar una apertura ordenada y gradual, manteniendo restricciones, lo cual requiere algo que ha estado ausente a lo largo de todo este período: diálogo. La prolongación de la cuarentena domiciliaria es muestra de desorden y falta de diálogo, especialmente en el Gobierno. Aunque es necesario que el estado de emergencia continúe, debe modificarse todo lo referido a movilidad, tiempo de cuarentena, acceso a la información, etc. Eso espera la población que hagan la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo esta semana.

El bien común, fin constitucional al que están obligadas todas las instituciones del Estado, no ha sido el factor decisivo a la hora de tomar decisiones. Lo que se ha hecho bien en estos meses no ha procedido tanto del Estado como de la labor sacrificada y abnegada de salvadoreños (enfermeros, doctoras, cajeras de supermercados, voluntarios de diverso tipo, personal de servicios indispensables) dispuestos a servir al resto de la población; ellos han materializado lo que llamamos bien común. A nivel estatal, únicamente la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han tratado de mantenerse de verdad abiertos a los clamores de la población.

A esta segunda etapa de la lucha contra el covid-19 llegamos, pues, con el lastre del enfrentamiento y la división. Una apertura ordenada y gradual, no reñida con el estado de emergencia, solamente será posible si los órganos del Estado dialogan entre sí, se abren con honestidad a las necesidades ciudadanas, rinden cuentas y ofrecen información veraz. Los trabajadores de la salud y otra gente sencilla han dado testimonio de que se puede trabajar ordenada y cuidadosamente en circunstancias adversas. La mayoría del pueblo salvadoreño es capaz de disciplina y responsabilidad cuando se le explican las razones de lo que se debe hacer.

No se trata de regresar a la dinámica previa a la llegada del coronavirus, sino de reanudar progresivamente la actividad social con una nueva cultura. Educar para la distancia social y regularla en calles, transporte, ocio y trabajo es clave para frenar el contagio. Dotar de agua a todos los hogares, indispensable para la higiene. Ambas medidas serán mucho más provechosas y eficaces que los desesperantes y fracasados Centros de Contención. La experiencia de otros países exitosos en el manejo de la pandemia deja clara la importancia de chequear sistemáticamente la salud de la gente. Ya lo hace el Ministerio de Salud en los mercados, y lo están haciendo por su cuenta los bancos, supermercados y algunas fábricas que permanecen abiertas. Tendrán que hacerlo, en coordinación con el sistema de salud, todas las industrias y oficinas que reanuden su actividad total o parcialmente.

A ese respecto, el procedimiento es claro: si hay síntomas, se hacen pruebas. Y la gente que da positivo debe aislarse en su casa si los síntomas no son graves y tiene posibilidad para ello, o en instalaciones públicas adecuadas. E inmediatamente se rastrean y definen sus contactos, y se hacen test entre ese círculo de personas. Si el Gobierno se empeña en seguir con el encierro autoritario, la amenaza de castigo y el manejo político en vez de un accionar coherente con lineamientos epidemiológicos y de salud pública, el país aumentará su sufrimiento y se profundizará la crisis producida por la pandemia.

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Una mujer sabia de mi pueblo decía que no todas las tormentas llegan para perturbar la vida; algunas llegan para limpiar el camino. En la actual coyuntura, hemos recibido, como universidad y como personas, innumerables muestras de apoyo y solidaridad. Mensajes que agradecemos profundamente. Compañeros de trabajo, amigos y amigas, gente que no hemos tratado personalmente, de fuera y dentro del país, desde jerarcas religiosos y defensores internacionales de los derechos humanos hasta nobles pobladores de barrios y colonias nos han expresado su cariño y, también importante, que comparten y comprenden nuestra actuación. Por supuesto, no han faltado las ofensas, insultos y calumnias, que denotan no solo falta de altura moral, sino también carencia de argumentos. Pero hay algunos cuestionamientos hacia la UCA que por transparencia vale la pena atender. Van esencialmente en dos líneas.

La primera es que la UCA se equivocó al aceptar ser parte del Comité del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica. A lo largo de sus 55 años de vida, la Universidad ha cometido errores. Pero lo que nadie puede negar sin mentir es que siempre ha actuado con el propósito de aportar a la dignificación de la existencia de los salvadoreños, especialmente de aquellos, como dice Jon Sobrino, para quienes la vida es un camino cuesta arriba. Por supuesto que nos hemos equivocado, pero no decir que siempre se ha tenido la decencia y honradez de rectificar institucionalmente es no honrar la verdad.

Como lo recordó una compañera a través de una publicación en una red social, Ignacio Ellacuría apostó en 1976 por una propuesta de reforma agraria en los tiempos en que el general Arturo Armando Molina era presidente del país. A pesar de las mordaces críticas, la UCA entendió que cambiar la estructura de la tenencia de la tierra, la principal fuente de riqueza de aquel tiempo, era la vía hacia la justicia social. ¿Un error? Tal vez. Pero la Universidad vio la oportunidad y apostó. Cuando el Gobierno de entonces se echó atrás por presiones de la oligarquía terrateniente, Ellacuría fue uno de los principales críticos de la medida y desde entonces se convirtió en blanco de ataques gubernamentales.

En octubre de 1979, el rector de la UCA, Román Mayorga Quirós, dejó su puesto para ser parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Mayorga Quirós dio el paso luego de vislumbrar un camino, a través de militares y jóvenes, para detener tanto las violaciones a los derechos humanos como un derramamiento de sangre que parecía inminente. ¿Se equivocó? Quizá. Como dijo después el antropólogo y jesuita Ricardo Falla, lo que parecía más realista resultó utópico e impracticable. Y cuando la violencia se impuso, la UCA se distanció de la Junta. A raíz de ello, Mayorga y otros miembros de la Universidad tuvieron que exiliarse para no perder la vida. El campus fue blanco de ataques. El 16 de febrero de 1980 la residencia de los jesuitas recibió 100 impactos de bala.

La segunda línea de cuestionamiento es que la UCA ha sido manipulada por la empresa privada, ya sea por ingenuidad o como parte un plan orquestado para boicotear al Gobierno. Este cuestionamiento no tiene sustento. De lo mismo se ha acusado a la Universidad a lo largo de su historia, en múltiples ocasiones. Que se diga hoy que la UCA, al criticar la falta de transparencia y las actuaciones autocráticas del Gobierno de Nayib Bukele, le hace el juego a la derecha o es su aliada es cerrar los ojos a lo evidente. Los que así piensan pretenden pintar al Gobierno como víctima de oscuros y malignos planes. Normalmente en la vida tengo más dudas que certezas, pero si de algo estoy seguro en este caso es que la víctima no es el Gobierno. Más bien creo lo contrario, que es victimario, sobre todo de la verdad, de la dignidad humana y de la racionalidad. Creo también que los hechos están a la vista, pero en un mundo de mentiras decir la verdad es causa de linchamiento mediático, de persecución y de expresiones de odio. Las descalificaciones y ataques no aportan nada al debate tan necesario como ausente en estos tiempos.

A los miembros del Comité, tanto de la sociedad civil como del Gobierno, les guardo mi consideración y respeto. Ellos lo saben. Y saben que eso no quiere decir que pensemos igual ni que la misión de la universidad para la que tengo la suerte de trabajar haya cambiado, como no cambió antes, aun enfrentando riesgos, amenazas y ataques. Aceptamos entrar al Comité siendo conscientes de los riesgos, pero con la esperanza de incidir para aliviar el sufrimiento de tanta gente. Quizás nuestro pecado fue pensar que podíamos ser escuchados y pretender transparencia en la noche oscura que embarga a nuestro sufrido país.

“Nunca discutas con un necio”, reza la conocida frase, “o te arrastrará a su nivel, y desde ahí te ganará por su experiencia”. Algo similar sucede respecto al combate de las pandillas. Frente a la irracionalidad del delito, la sangre y la violencia, no es posible oponer más locura y sinrazón, pues, aunque se venza al pandillero o al asesino en su terreno, ya se habrá sido derrotado.

Durante treinta años, los Gobiernos del FMLN y Arena, así como el resto de sectores que ostentan algún nivel de poder, desoyeron esta elemental lección de sentido común. El presidente Cristiani y Calderón Sol fortalecieron las bases de un sistema desigual, abusivo e injusto dentro del cual las maras o pandillas maduraron en su adolescencia. Francisco Flores, lejos de reparar estos errores, ofreció como principal salida detenciones masivas y una ley antimaras que criminalizaba “ser pandillero”. Finalmente, el último presidente de la derecha en el poder, Antonio Saca, ofreció las mismas cuotas de violencia, con un “super” de prefijo. Nada de esto funcionó.

Desde la izquierda, Mauricio Funes ofreció militares, más todavía que Saca, y Sánchez Cerén apostó a superar tal dureza con medidas más extremas, aumentos de pena y la creación de nuevos delitos. La Sala de lo Constitucional no se quedó rezagada y convirtió a los pandilleros en terroristas en el año 2015, tiempo después que la Asamblea Legislativa los declarara “crimen organizado” y desarrollara una jurisdicción especializada para aplicares penas. Nada de esto ha funcionado contra las maras. Nada de lo que viene desde el terreno del engaño o la violencia parece hacerlo, desde los seductores favores penitenciarios, negociaciones ocultas y financiamiento, hasta la severidad del policía, el soldado, el grupo de exterminio, las tanquetas en la plaza pública, e incluso los drones y helicópteros sobre nuestras cabezas.

Las pandillas son resistentes a la violencia, lo cual no es extraño: nacen de la violencia social y estructural que les rodea, y sobreviven gracias a ella en un entorno donde rige la ley del más violento. Más allá de lo anterior, cada embate furioso del Estado parece proporcionarles nuevas y peligrosas propiedades: lavar dinero, regentar narcomenudeo, participar en sectores económicos informales, incrementar o reducir estratégicamente su control territorial a conveniencia, e incluso negociar abiertamente, y en posición de paridad, con las cúpulas partidarias de todas las ideologías y tendencias.

Con lo anterior, llegamos al presente momento, uno que continúa desoyendo los gritos del pasado. Frente a la sinrazón del pandillero, el Gobierno de Nayib Bukele se propone ser tan o más violento que ellos: un renovado y más comprometido culto al fusil y a las milicias, el anuncio de fuerza letal ante cualquier atisbo de resistencia, la exhibición de supuestos pandilleros en espectáculos dignos de Auschwitz, e incluso la implementación de calabozos diseñados para ser más degradantes que las prisiones anteriores (esto ya era un verdadero reto). ¿Qué promete un plan que busca convertir al Estado y sus ideales en una maquinaria más letal e irracional que un pandillero? Sencillo, muy poco en lo pragmático, nada en lo ético.

*Oswaldo Feusier, docente del Departamento de Ciencias Jurídicas.

Las emergencias y crisis en democracias débiles conllevan el peligro de generar formas de autoritarismo que reducen los derechos ciudadanos. El abuso de autoridad se posibilita cuando se da la tendencia a unir opiniones y pareceres detrás del líder fuerte que actúa rápido y con decisión para enfrentar la crisis. Si en tiempos de bonanza la reducción de derechos levanta protestas, las crisis tienden a silenciarlas. Por ello es importante evaluar el estado de la democracia salvadoreña en este momento; una democracia que fue profundamente débil durante el siglo XX y que continúa siéndolo, a pesar de las importantes reformas que se han implementado desde la firma de la paz.

La profunda deficiencia de servicios fundamentales es signo evidente de una sociedad desigual, en la que coexisten niveles de vida muy diferentes. En El Salvador hay servicios de salud excelentes y de primer nivel, pero son privados: menos de un 10% de la población tiene acceso a ellos. Algo semejante pasa en educación. En el campo laboral, más del 50% de los salvadoreños tiene un trabajo precario o informal, cercano en una alta proporción al subempleo. En este escenario, la política se convierte no en un mecanismo de cambio, sino en una forma de incorporarse al bienestar de unos pocos y conservarlo en beneficio de esa minoría.

Las corporaciones y asociaciones del poder económico cuentan con un poder desproporcionado y mantienen situaciones de privilegio a la vez que se oponen a una democratización de los servicios de calidad. Ensalzan la meritocracia, aun sabiendo que esta en un país desigual perpetúa el inmovilismo social. En esa línea, es simbólico que en los últimos 35 años no haya llegado a la presidencia del país ninguna persona que haya obtenido su bachillerato en un instituto público. Preguntarse el porqué de ese hecho es fundamental para entender cómo funciona nuestra sociedad.

La llegada al poder de Nayib Bukele, que supo utilizar en su campaña las desigualdades socioeconómicas y la corrupción de los últimos 30 años, creó una situación inusual. Los partidos tradicionales estaban acostumbrados a repartirse franjas de poder y negociar las ventajas de tener a su gente en las instituciones del Estado. El nuevo Gobierno tiene únicamente el control del Ejecutivo. Y como mecanismo para suplir esa “debilidad”, comenzó a ejercer diversas formas autoritarias de presión, con frecuencia reñidas con la institucionalidad democrática. Entrar en la Asamblea Legislativa con un numeroso grupo de policías y militares armados fue la mayor expresión de ese estilo autoritario.

Durante la emergencia por el covid-19, los choques del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia no han hecho más que multiplicarse. Otras instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Instituto de Acceso a la Información Pública, están recibiendo presiones indebidas. Los choques autoritarios aumentaron también con organizaciones de la sociedad civil. El periodismo y las organizaciones defensoras de derechos humanos son públicamente menospreciados. Además, se ataca y descalifica a todo aquel que critica la gestión gubernamental de la pandemia.

Este ejercicio autoritario del poder por parte del Gobierno está mereciendo páginas en medios de comunicación internacionales, algunos incluso vinculados al liberalismo. La pregunta que flota es si tras la crisis del coronavirus continuará la tendencia del Ejecutivo al autoritarismo. Aunque por el momento es muy difícil pensar en la instalación de una dictadura, lo cierto es que tanto el poder legislativo como la Sala de lo Constitucional deben jugar un papel importante como frenos de esta peligrosa deriva. Y lo mismo la sociedad civil. De continuar, este estilo autoritario de gobernar solo agravará la situación económica, política y social que acompaña al covid-19. Lo que necesitaremos en el futuro inmediato no es autoritarismo, sino diálogo y solidaridad.