Editoriales y Opiniones

La pandemia de Covid-19 marginó casi absolutamente el tema del enjuiciamiento de los casos muy graves de violaciones de Derechos Humanos durante nuestra guerra civil. Con dificultad el caso más importante y más avanzado, el de la masacre del Mozote, generó en estos meses algunas noticias. El enjuiciamiento del coronel Montano en España, precisamente por su carácter internacional y por estar en su fase final, puso de nuevo el tema en los medios y en las redes. La vista pública final, con una larga lista de testimonios, muchos de ellos sustanciales, impresionó a una buena cantidad de salvadoreños. Mencionar algunas conclusiones que pueden extraerse de lo que hemos visto resulta interesante para el desarrollo de la justicia al interior de nuestro país.

En primer lugar el caso nos deja ver la terrible presión que existe dentro del país, especialmente a los posibles testigos militares. Los ex-oficiales de la Fuerza Armada que declararon, Luis Parada y Yusshi Mendoza viven en el exterior y declararon desde sus lugares de residencia. Como ellos, hay militares salvadoreños, buenas personas, que piensan lo mismo y que saben de la brutalidad cometida en el Mozote, el Sumpul, la Quesera y tantos otros lugares y personas de El Salvador. Pero el miedo a ser asesinados, a quedar relegados económica y socialmente, a ser considerados traidores, les impide hablar. Cambiar ese pensamiento, más digno de una mafia que de un ejército profesional, es imprescindible para que la Fuerza Armada pueda cumplir una función democrática en El Salvador. Mientras la consigna sea mentir, ocultar crímenes, impedir el acceso a archivos, la Fuerza Armada no da garantía de ser una institución digna de la democracia. En el caso de los jesuitas todos en la sociedad civil sabíamos que no se podía cometer el crimen y encubrirlo posteriormente sin la colaboración y la aprobación del Estado Mayor y del Alto Mando militar.

El poder y la capacidad de presión antidemocrática de la “Tandona” era también evidente. Decir en defensa propia que se cumplían órdenes cuando el propio ordenamiento legal de la Fuerza Armada prohibía taxativamente el cumplimiento de órdenes ilegales es absurdo. Los pobres soldados cumplían órdenes para evitar que los mataran. Y precisamente por recordarle a los soldados el ordenamiento militar desde un punto de vista religioso, fue que mataron a Monseñor Romero.

El segundo aspecto que dejó vislumbrar el caso jesuitas es que la sociedad civil salvadoreña está cada vez más abierta a reconocer la realidad del pasado y favorecer la justicia. No podemos construir el futuro a base de mentiras de grupos al estilo mafioso, sean militares o civiles. El impacto de lo sucedido y visto en España, aunque es pronto para decirlo, tendrá sin duda un efecto en las instituciones de justicia salvadoreñas. El respaldo de la sociedad civil, perder el miedo en la búsqueda de la verdad, es importante como respaldo al sistema judicial.

Y por último, el Gobierno de El Salvador, que en parte ha utilizado el caso jesuitas para fustigar a sus supuestos o reales enemigos, debe dar un claro paso hacia la verdad y la justicia. Es absurdo que el ejército continúe pagando abogados de militares acusados, transportándoles en vehículos de la Fuerza Armada, cerrando o destruyendo archivos, negándose a la colaboración con el sistema judicial o con el Instituto de Acceso a la Información Pública. El actual Gobierno debe cambiar esa dinámica. Mantener una posición de apoyo a la verdad ha sido un déficit de todos los Gobiernos anteriores, incluidos los del FMLN. Y no se puede hablar de “los mismos de siempre” si se sigue con la costumbre de siempre de proteger crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La realidad no se ha doblegado a la victimización que Casa Presidencial hace de sí misma. Para el mandatario, el incremento de contagios y muertes, y la paralización de la apertura son responsabilidad exclusiva de “la oposición”. Sin embargo, la terquedad de la realidad lo ha forzado a echar mano de recursos mediáticos cada vez menos sofisticados para ocultarla. Pese a que la devastación de la pandemia cuestiona la eficacia de la larga cuarentena y pese a no existir razón epidemiológica, Casa Presidencial insiste en más encierro. Inconsistentemente, unos voceros piden dos semanas, otros un mes. La ineficacia de esa postura y la falta de liderazgo del presidente han hecho que algunas alcaldías tomen la iniciativa para combatir un mal fundamentalmente local. Los alcaldes intentan combinar su liderazgo, la información comunitaria y el rastreo de contagios.

La estadística epidemiológica oficial, un instrumento básico para combatir las epidemias, no es fiable. Los expertos señalan que registra contagios y muertes a la baja. El Ministerio de Salud habla de dos mil pruebas diarias, sin especificar dónde ni a quién, y no ha utilizado los instrumentos informáticos a su disposición. El colapso de la red de hospitales públicos, de los centros de salud y las morgues confirma la devastación. Diversas municipalidades hablan de más inhumaciones que las registradas por la estadística presidencial. Hasta el 22 de junio, los expertos calculan más de 700 muertes, es decir, una diferencia notable. Poco más de un tercio de ellas de personal sanitario. Una tasa demasiado elevada, que indica falta de equipo de bioseguridad o una estadística errada. El Asilo Sara y las dependencias del ISNA han sido víctimas de la ineficiencia del celo centralizador de Casa Presidencial.

El nuevo Hospital El Salvador fue saludado como solución ideal para aliviar la carga de la red hospitalaria; la “reserva” del sistema, según la comisionada presidencial. Dos semanas después de la inauguración, a duras penas opera por falta de personal. Solo admite pacientes leves y moderados. El Gobierno esperó hasta la inauguración para contratar un personal especializado escaso. Apremiado, ahora lo busca en el extranjero. El hospital tampoco cuenta con centro de esterilización, planta de tratamiento de aguas servidas, lavandería y morgue. Mientras tanto, los pacientes aguardan, en pasillos y áreas de recepción, incluso en aparcamientos, en sillas o tirados en el suelo sobre colchonetas, conectados a tanques de oxígeno, a que se libere una cama en algún nosocomio. Las otras patologías han sido desatendidas. Y el personal sanitario, saludado como “héroe” por Casa Presidencial, está reducido por las bajas causadas por el virus, sufre cansancio físico y emocional, y no dispone del equipo y material indispensable.

Las imágenes difundidas son tan elocuentes que la propaganda presidencial optó por divulgar fotografías editadas con salas de espera vacías. Asimismo, rebajó las expectativas que ella misma alimentó sobre el nuevo hospital. El Ministro de Salud huye hacia delante y sueña con lo que será, mientras deja entrever que el hospital no está habilitado. La comisionada presidencial agrega que los pacientes no son trasladados para evitar los riesgos del desplazamiento.

Casa Presidencial asume que el encierro contiene mecánicamente el contagio. Los especialistas advierten que eso no sucederá. El contagio persistirá mientras no haya inmunidad. De ahí que recomienden acompañar la cuarentena con pruebas masivas, modificar la conducta con campaña educativa (distancia social, mascarillas y lavado de manos) y aislamiento focalizado, ahí donde surgen brotes. Esto es precisamente lo que algunas alcaldías se disponen a poner en práctica, mientras Casa Presidencial, contrariada, lo descarta. Probablemente, porque desvía la atención del presidente Bukele a los gobiernos locales.

Los Gobiernos de Arena y del FMLN se desentendieron de la salud pública y de otras áreas sociales. El neoliberalismo declaró superfluo el gasto social e impuso severos recortes para evadir aumentar la carga fiscal de los más ricos. El Gobierno de Bukele no fue diferente hasta que llegó el virus. Entonces prestó atención a la salud pública. Al comienzo, el presidente actuó rápida y audazmente. Luego, al no disponer de un plan nacional de salud, improvisó. Lo anunció en septiembre del año pasado, pero en vísperas de la pandemia, el plan aún no estaba listo. La presentación fue otro acto mediático.

Algunas actuaciones de su Gobierno han sido acertadas, pero no se puede decir lo mismo de lo hecho frente a la pandemia, el desafío más grande que ha enfrentado hasta ahora. El presidente ha ido de una improvisación a otra, sin dirección, en el intento de preservar su popularidad. Sin embargo, la realidad amenaza con hacer naufragar su proyecto electoral. Tal vez por eso ya se ha puesto abiertamente en pie de guerra.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En medio de las intensas preocupaciones de la ciudadanía en torno a las implicaciones políticas y económicas del covid-19, se corre el riesgo de dejar de reflexionar sobre otros temas que son básicos para el futuro de El Salvador. Uno de ellos es el impacto de la pandemia en la familia. Generalmente se asume con facilidad que esta es clave para la sana incorporación de las personas en la sociedad, y por ello se reconoce la prioridad social de la familia. La Constitución salvadoreña recalca enfáticamente en su artículo 32 que “la familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico”.

Sin embargo, en situaciones de desastre, sean sanitarias, telúricas o climáticas, se tiende mucho más a ayudar a los individuos, dejando de lado el necesario apoyo a la familia. Por poner un ejemplo, cuando en el país se habla de la recuperación económica pospandemia, se insiste en la generación de trabajo, pero nadie propone establecer o impulsar un salario familiar, o definir las ayudas en función del número de miembros de la familia. También el apoyo sicológico se tiende a dar individualmente; muy rara vez se desarrollan procesos de asistencia que incluyan al grupo familiar.

Es evidente que durante la actual situación ha habido daños familiares. Sin duda, la pandemia ha generado en algunas familias dinamismos positivos de solidaridad, comprensión, diálogo y mayor unión. Pero también ha ocasionado graves sufrimientos por la muerte de seres queridos, tensiones sicológicas ante el miedo al contagio, dificultades económicas, agresividad generada por el encierro, cansancio por el aumento de responsabilidades de cuido, especialmente de niños y ancianos, e incluso diferentes formas de abuso. Estos daños permanecerán perjudicando la interioridad y sicología de las personas si no se dan formas de ayuda y apoyo.

La economía proviene en su origen y en su etimología de la administración de los bienes del hogar, que no está orientada por la lógica del mercado, sino por la solidaridad y la unión intergeneracional. La sicología, como ciencia, nos dice que en la familia se estructuran, para bien o para mal, muchos de los comportamientos, valores y capacidades del futuro adulto. Y por la sociología sabemos que la familia es el primer paso de la socialización, abriéndonos a la empatía y a la dimensión comunitaria. En ese sentido, invertir económica, sicológica y socioculturalmente en la familia es una necesidad imperiosa para el desarrollo de los países, en especial después de una crisis que golpea esas dimensiones. Una necesidad aún más urgente en El Salvador, donde la familia tradicional ha evolucionado en buena medida hacia una familia monoparental como resultado de la migración, dejando en mayor debilidad a sus miembros.

El Estado debe desarrollar, pues, una política familiar amplia en el entorno de la actual pandemia. Es cierto que lo más inmediato es curar y salvar vidas, pero la inmediatez no debe aplazar la planificación del largo plazo. En el proceso de discusión de esa política tiene que sopesarse el establecimiento de un salario familiar que permita una vida digna e incluso un margen de ahorro que dé estabilidad al grupo. El apoyo sicológico a las familias que han sufrido desgracias graves o conflictos internos durante la pandemia es también indispensable para un desarrollo digno en el país, al igual que el acompañamiento a las familias en pobreza, el acceso a un servicio médico de primer nivel y el apoyo a la primera infancia.

Porque va mucho más allá de una simple crisis sanitaria, la pandemia de covid-19 impone enormes desafíos para los años venideros. Apoyar a la familia no solo será clave para prevenir futuras crisis, sino también para salir con bien de la actual.

De alguna manera, todos los sectores del país tienen alguna responsabilidad en la preocupante situación que vive el país. Unos por no escuchar las posturas de los demás, otros por guardar un silencio obsequioso o aplaudir a todo sin criterio. Unos por criticar destructivamente, otros por no hacer nada. Unos por salir a la calle sin motivo, otros por condenar a los que lo hacen por necesidad apremiante. Sin embargo, quienes tienen la mayor cuota de responsabilidad en el desborde de la pandemia y en sus consecuencias en la economía familiar y nacional, y en la salud mental de la población son los que rigen los destinos del país. Pretender culpar de todos los males al adversario político sin asumir las propias responsabilidades, no es más que un insulto a la inteligencia de la ciudadanía. Pretender que cada quien ha actuado acertadamente y el equivocado es el otro, es mentir.

La situación demanda un alto al enfrentamiento entre los poderes del Estado. El creciente número de contagiados y las vidas que a diario se apagan exigen un cambio radical de actitud. El sufrimiento de cada vez más familias y el clamor de los trabajadores de salud que se ven impotentes obliga a hacer algo ya. No es hora de buscar culpables. No es hora de señalar al otro para salir mejor parado en las elecciones. Mucho menos es tiempo de una guerra, del tipo que sea. Precisamente esa mentalidad perversa y trasnochada es la que tiene a los salvadoreños entre la espada y la pared.

Quedarse en casa es la mejor manera de protegerse. Pero para más del 70% de la población económicamente activa que se gana la vida en el sector informal eso significa no comer y no poder honrar las obligaciones familiares. También lo es para el obrero que depende de un salario. ¿Cómo subsisten? Centrar las esperanzas en nuevas ayudas gubernamentales no parece ser una alternativa realista. Sin embargo, si salen para ganarse el sustento, entonces se exponen a la enfermedad. La frase “prefiero morir del virus que morir de hambre”, dicha en la calle por una persona que agitaba una bandera blanca, refleja a la perfección este dilema. La única salida duradera es una vacuna que aún no existe. ¿Qué queda? Aprender a convivir inteligentemente con el virus. Iniciar el camino para construir esa convivencia depende de los tomadores de decisión, y mantenerse en él, de una ciudadanía crítica, informada y consciente de su derecho a exigir lo mejor de los gobernantes, con independencia del color partidario.

Es hora de ponerse de acuerdo y consensuar ya un plan que brinde confianza a la población y que se tome con base en argumentos científicos. Eso es posible, como lo han demostrado otros países. Es impostergable que el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa dialoguen y se entiendan. No es necesario que lo hagan por nobleza, o por respeto al adversario, o para atender las críticas, ni siquiera por solidaridad con el dolor de las familias golpeadas por el covid-19. Eso sería pedirles demasiado. Tal como están las cosas y la irracionalidad mostrada, deberían hacerlo por una razón instrumental que sí entienden: difícilmente ganarán las elecciones a costa del bienestar de toda la población.

Estamos sufriendo una triple crisis. La primera, sanitaria, a la que debemos darle prioridad. La segunda, económica, que no podemos olvidar, porque este tipo de crisis acaba siempre produciendo hambre y llevando a la muerte en una proporción parecida a una pandemia, solo que a más largo plazo. Y la tercera, que no podemos dejar al margen, es una crisis social que se manifiesta en la pérdida de calidad educativa, agotamiento mental y psíquico, miedo y otros factores de violencia y abuso que pueden acompañar al deterioro humano. Frente a esta triple crisis en la que se acumulan demasiados problemas, debemos plantearnos un proyecto de salida y superación. Pensar en los recursos que tenemos, especificarlos y planificar su aprovechamiento constituye una parte indispensable para la superación de las crisis. Despreocuparse de los propios recursos y pensar que basta con que estén ahí para podernos recuperar, es una locura. En realidad, los recursos siempre han estado ahí, y no hemos sido capaces de aprovecharlos para enfrentar adecuadamente las crisis que estamos padeciendo. Cuidarlos, invertir en ellos, es la única manera de enfrentar el futuro con dignidad

Entre los recursos, el más importante es el humano. Hemos oído muchas veces decir que lo más valioso de El Salvador es su gente. Lo vemos en su constancia, en su laboriosidad, en su resiliencia frente a las desgracias. La despreocupación por las personas, la violencia y la falta de oportunidades obligaron a muchos de nuestros hermanos y hermanas a emigrar. Pero han continuado siendo solidarios con el país que les vio nacer, a pesar de que el liderazgo salvadoreño les negó oportunidades que tuvieron que buscar en otro lugar. Cuidar la salud física, emocional y ético-espiritual del recurso humano es tarea de todos. Pero el Estado tiene una enorme responsabilidad en ello desde su trabajo en educación y salud, que ha sido crónicamente deficitario y de baja calidad, a pesar de no carecer de capacidad quienes se dedican a estas labores. Comenzar ya a planificar un futuro diferente es indispensable

Además del humano, tenemos otros recursos importantes. A pesar de ser un país pequeño, el más pequeño de Centroamérica, tenemos una tierra fértil. Hace casi 300 años, cuando la mayor exportación centroamericana era el añil, El Salvador producía para exportación anualmente más que el resto de los países del istmo juntos. La producción cafetalera fue también impresionante. Sin embargo, la agricultura nunca fue prioridad nacional. La posesión de la tierra se convirtió muy pronto en una forma escandalosa y traumática de dividir a la población entre pobres y ricos. Con tierras fértiles en cantidad suficiente ni siquiera hemos podido garantizar la seguridad alimentaria del país. El agua es otro de nuestros grandes recursos. Por nuestra posición geográfica, tenemos una cantidad de lluvia anual que nos garantiza la posibilidad de abastecernos más que de sobra en nuestras necesidades de consumo y saneamiento. ¿La hemos aprovechado para satisfacer las necesidades de todos? La realidad nos dice que no. Y seguimos viendo, además de las fuertes carencias en el servicio del agua, la incapacidad política de determinar criterios para su distribución adecuada. El mar es otro de nuestros grandes patrimonios. Tenemos más mar que tierra. Pero casi se puede decir que consumimos más pescado de agua dulce, en cuenta la tilapia, que pescado de mar. Salvo los pescadores artesanales, muy desprotegidos estatalmente, el resto de inversión relativa al mar territorial está en manos no salvadoreñas sin prácticamente dejar beneficios.

Son ejemplos, no los únicos, de los recursos que desaprovechamos. La solidaridad externa, la capacidad de llegar a acuerdos dialogando y teniendo mediadores, la pericia técnica y científica de muchos profesionales, la generosidad de mucha gente en tiempos de desastre o emergencia son recursos que están pendientes de aprovechamiento. Empezar a pensar en ellos, así como en nuestras carencias y problemas, reflexionar sobre cómo superamos unas y aprovechamos las otras, es todavía una labor muy a medias. La triple crisis que sufrimos debe hacernos reflexionar, cambiar las actitudes del pasado y planificar un futuro más abierto a la justicia social.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publicó recientemente el resultado de una investigación sobre la situación del empleo en la región. Aunque las conclusiones son generales, la mayoría de ellas nos atañen directamente o nos sirven de advertencia. Algo es claro: cuidar el empleo y mejorarlo después del deterioro causado por la pandemia son claves para la recuperación y el desarrollo. Tanto el Estado como la empresa tienen una seria responsabilidad en la protección y promoción del empleo y el salario digno. Aunque el trabajo y el capital deben tener una relación complementaria, el primero es siempre prioritario sobre el segundo, porque el trabajo es una realidad profundamente humana, no instrumental. Por esa razón, la empresa debe tener una valoración y visión ética del trabajo, y el Estado una regulación que obligue, de diversos modos, a la retribución digna del trabajo e impida cualquier tipo de explotación o abuso.

Lo primero que la Cepal advierte es que el débil crecimiento económico de 2019 y la escasa generación de empleo hicieron que América Latina entrará en el año 2020 con una clara debilidad. La irrupción de la pandemia golpeó severamente el empleo, especialmente en la pequeña empresa y en el sector informal. El aislamiento y el distanciamiento social, indispensables para la protección de la vida, impusieron nuevas formas de trabajo que no en todas las áreas se han podido desarrollar adecuadamente. El teletrabajo, el trabajo con horario escalonado y las garantías de salario completo en casos de enfermedad o de inactividad forzada se han implementado en algunas empresas grandes o medianas estables. Pero la pequeña empresa y el trabajo informal han entrado en una severa crisis. A esto se añade el hecho de que en El Salvador prácticamente dos terceras partes de los trabajadores carecen de prestaciones de protección social y no existen ayudas por desempleo.

Además, si bien las empresas grandes salvadoreñas tienen mayor facilidad para implementar el teletrabajo y escalonar la presencia de sus empleados, la mayoría de pequeños negocios y empresas carecen de capacidad para cumplir adecuadamente los protocolos de retorno a las labores. El teletrabajo puede realizarlo, en el mejor de los casos, solo un 25% del sector formal. Por otra parte, el crecimiento de los contagios y la saturación de los hospitales, así como el enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, aumentan la dificultad de retornar al trabajo de un modo seguro. Pero el covid-19 ha venido para quedarse y el regreso al trabajo no puede posponerse demasiado. En ese sentido, el Estado debe tener una propuesta más clara que la habida hasta el presente.

En primer lugar, debe haber una ley de apoyo al trabajo clara y adecuadamente financiada, que incluya algunas normas especiales. Ante el hecho de que algunas empresas estarán tentadas a despedir personal, es mejor garantizar la posibilidad de reducir el tiempo de trabajo, al menos temporalmente, siempre que el costo salarial de dicha reducción no sea asumido solo por el trabajador. El trabajador, la empresa y el Estado deben cargar en conjunto con ese costo. En segundo lugar, debe avanzarse hacia la formalidad laboral y establecer un seguro de desempleo universal. El diálogo social y la negociación colectiva deben ser parte de este proceso. En tercer lugar, debe implementarse una reforma fiscal que permita avanzar en la construcción de un Estado con mayor dimensión social, capaz de dar subsidios a la micro, pequeña y mediana empresa para la reactivación del trabajo. Finalmente, para vencer la amenaza de una multiplicación de la pobreza y el hambre, se tiene que implementar un sistema de prestaciones no contributivas para desempleados o trabajadores informales, y apoyar la producción agrícola y al campesinado

Empleo, trabajo y salario decente son bases ineludibles para el desarrollo en justicia y paz, al igual que la colaboración entre Estado, empresa y sociedad civil. Ningún Gobierno puede sacar adelante un país si no se dan condiciones dignas de trabajo, fruto de la cooperación y el diálogo. Históricamente, El Salvador ha tenido serios déficits en el campo laboral. Por ello, volver a lo que había antes no es solución. Es tiempo de cooperación, no de pleito político. Toca repetirlo una vez más: ante las crisis sanitaria y económica, no hay más camino que el diálogo y la búsqueda de consensos.

La UCA no ha olvidado a sus mártires, tal como acusan las redes sociales del presidente Bukele. Prueba de ello es el juicio contra los autores intelectuales de la masacre que tiene lugar en España, algo que aquí no ha sido posible por la protección que el Ejército brinda a los asesinos. De hecho, sería oportuno conocer cuánto cuesta al Estado salvadoreño la defensa del excoronel sentado en el banquillo de los acusados en la Audiencia Nacional de España. Por su lado, una sala de la Corte Suprema tiene detenido el proceso. La UCA guarda la memoria de sus mártires, la de los de la Iglesia salvadoreña y la de las víctimas de los crímenes de guerra. Quienes afirman lo contrario no saben lo que dicen, se expresan sin reflexionar. Hablan o escriben más para ofender que para contribuir al debate sobre la realidad nacional. Esas voces pecan de excesiva emotividad y poca racionalidad.

Mientras tanto, el Gobierno al que intentan defender lidia con varios señalamientos de corrupción. Los primeros indicios cobran cada vez más fuerza gracias a la prensa. La vocera principal de Casa Presidencial tiene dos hermanos en dependencias estatales, una hermana en un consulado y otra ha sido favorecida con un contrato en el Ministerio de Hacienda y con un préstamo del banco donde uno de sus hermanos es gerente. El préstamo fue concedido pese a ser calificado de alto riesgo. A ninguna mujer sin una conexión similar le hubieran concedido el préstamo y el contrato. El marido de la vocera se libró de la purga de los parientes de la dirigencia del FMLN y conservó la embajada en Moscú.

El viceministro de Hacienda, un exdiputado de Arena y ahora del partido oficial, y otro alto funcionario han sido beneficiados con el negocio de los protectores faciales y las mascarillas. El ministro de Salud adquirió 200 servicios funerarios privados por más de mil dólares cada uno, pese a sepultar en cementerios municipales; y mascarillas valoradas en 3 millones de dólares a un proveedor de cerámica y porcelana. El ministro de Obras Públicas adjudicó a una empresa de publicidad un contrato para transportar personal y Casa Presidencial compra alimentos a una empresa vinculada al régimen de Caracas e investigada por corrupción en México y Estados Unidos.

En una palabra, el nepotismo y la corrupción de siempre. Sin embargo, el presidente no ha procedido con la radicalidad y la celeridad con la que fulminó a los parientes de la dirigencia del FMLN. Ni ha tenido coraje para impedir unos contratos, al menos, extravagantes. En cualquier caso, esa extravagancia tiene sentido si los beneficiarios son leales a Bukele. Un candidato y un presidente que prometió romper con el pasado de Arena y del FMLN no puede permitirse la más leve sospecha de nepotismo y corrupción. Menos aún cuando la hacienda pública está arruinada. Lamentablemente, el Gobierno de Bukele no ha pasado la prueba de la realidad. Se ha decantado por los antiguos mecanismos y se vale del secreto para esconder sus operaciones.

Funcionarios y allegados no solo asaltan la hacienda pública en tiempos de escasez, tanta que ha habido que endeudar al Estado por décadas, sino que se aprovechan de la crisis para enriquecerse ilícitamente. Sorprendida por la prensa, Casa Presidencial resta importancia a sus descubrimientos y alega justificaciones inadmisibles. Insultar y negar los hechos como ataque perverso no desvanece los señalamientos. Invocar el interés electoral es falaz, porque todos, incluido el presidente, apuntan a las elecciones de febrero próximo. Alegar la defensa de la vida es mejor argumento, aunque esta no se defiende con prácticas irracionales e inmorales.

Otra justificación interesante es el trabajo intenso. Los funcionarios emplean y contratan para preservar la vida, se afirma. Pero no es su dedicación la que está puesta en duda. Alegar el trabajo es desenfocar la cuestión. El narcotraficante, el contrabandista y el pandillero también trabajan. Trabajar no da licencia para violar la legislación y la ética, y mucho menos para desvalijar una hacienda pública arruinada. Aparte que los resultados no parecen estar a la altura de sus supuestos esfuerzos.

Las voces que insultan para defender al Gobierno libran una batalla inútil contra la perplejidad. Cansadas de Arena y del FMLN, se ilusionaron de tal manera con la alternativa Bukele que ahora, confrontadas con los hechos, se resisten a aceptar la realidad. Se aferran irreflexivamente a lo que quisieran que hubiera sido, porque lo que hay es demasiado duro. La conclusión obligada es la inexistencia de salida. La antigua forma de hacer política ya es pasado, pero la nueva tiene demasiado de aquella. La izquierda democratacristiana fracasó, la lucha revolucionaria y la guerra no llevaron a ninguna parte, el neoliberalismo tampoco. La opción Bukele surgió entonces como alternativa, pero, al cabo de un año, la realidad es desalentadora. Las crisis sanitaria, medioambiental y económica se han encargado de desvelar la verdadera naturaleza del Gobierno de Bukele.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Frente a los desastres que estamos viviendo es de suma importancia que nos aboquemos al pensamiento evangélico y eclesial. El Evangelio nos invita siempre a volcarnos en ayuda de nuestros hermanos, incluso en aspectos que en cierto modo contradicen valores de nuestra cultura centroamericana. La distancia social, por ejemplo, es ahora parte de la forma de amar a nuestros prójimos en estos tiempos de pandemia, al revés de nuestra costumbre de abrazar y compartir más sensiblemente el cariño y la amistad. Incluso el amor de la madre trabajadora, que tiene que salir para ganar el sustento de la casa, y que en tiempos ordinarios se expresa en el beso y el abrazo, se refrena ahora o por sequedad o falta de cariño sino por amor. El amor es siempre acción, y acción en la historia que nos toca vivir. Ahora toca proteger y luchar por la vida, con todo el nivel de sacrificio que ello conlleva. Y ahora además, cuando a la pandemia se unen inundaciones y desastres climáticos, salir de nosotros mismos, combatir el hambre, procurar techo y abrigo para quienes carecen de él, se vuelve una exigencia inmediata. Hoy toca combinar distanciamiento social con cercanía solidaria, dos formas de amar necesarias, aunque la combinación de ambas entrañe cierta dificultad. Pero en la tarea de amar y servir a nuestros prójimos, el cristiano tiene que asumir riesgos y buscar formas creativas para que el amor se vuelva efectivo. Ayudar al pobre, al que está en situación de peligro y vulnerabilidad es siempre tarea prioritaria.

Pero la Iglesia nos pide además que tengamos una mirada abierta a los problemas de fondo que contribuyen a que durante el desastre aumenten tan considerablemente la pobreza y la vulnerabilidad. La Iglesia nos invita así a fijarnos en las estructuras económicas, sociales y culturales que dificultan o no tienen adecuadamente en cuenta las legítimas exigencias de un auténtico desarrollo.

Los salarios deficientes, la educación escasa y con problemas, los sistemas públicos de salud con pocos recursos, las pensiones débiles y que dejan por fuera a la mayor parte de los ancianos, la vivienda pequeña con materiales de poca calidad y creando hacinamiento de personas, el agua potable sin instalación al interior de la vivienda para consumo y saneamiento, son parte de esas estructuras que cuando sobreviene una situación de desastre multiplican el sufrimiento de los más pobres y aumentan la pobreza en los países. Las palpamos hoy claramente y sería una irresponsabilidad cristiana olvidarlas mañana, cuando todo haya pasado

Frente a este tipo de problemas la Iglesia nos pide concretar nuestra capacidad de amar en la reflexión y en la acción. Y sobre todo recordándonos que frente a problemas comunes solamente la solidaridad que se concreta en formas de cooperación da resultados adecuados. Cooperar es responsabilidad de todos si queremos avanzar hacia el desarrollo, o si queremos superar cualquier tipo de problema social. Y en ese sentido la Iglesia nos anima a convertirnos en sociedad civil, es decir en personas que participan en asociaciones que busquen de diversas maneras el bien común. A veces pueden ser asociaciones que atienden problemas concretos de la sociedad, como la vivienda, el medio ambiente, etc., o también asociaciones profesionales. Toda forma de asociación en cooperación multiplica las posibilidades de resolver problemas. Y la sociedad civil está orientada básicamente a establecer formas de cooperación, aunque en ocasiones algunas asociaciones miren exclusivamente al bienestar o la adquisición de ventajas de sus asociados. La Iglesia recomienda esa participación porque entiende a la sociedad civil como una asociación intermedia entre la familia y el estado que mira, o debe mirar, hacia el bien común. La diversidad de asociaciones, sus diversos puntos de vista y preocupaciones garantizan al mismo tiempo el pluralismo y el diálogo, al tiempo que se complementan en la búsqueda del bien común.

Además, la sociedad civil, precisamente por el ámbito de libertad interna que tiene, contribuye de un modo excelente a acrecentar la dimensión social de la persona.

Y por eso la Iglesia le da prioridad a la sociedad civil incluso sobre la sociedad política que, aunque es indispensable, debe tener un papel subsidiario, una vez llega al poder del Estado, frente a lo que las instituciones civiles más pequeñas no puedan realizar o garantizar.

En la medida en que los cristianos estemos organizados, colaborando con Cáritas, con la organización parroquial o con otras instituciones que atienden a las múltiples necesidades del amplio mundo de los pobres en nuestro país, más fácilmente podremos enfrentar los desastres que se vayan dando en este nuestro El Salvador tan vulnerable. Y, por supuesto, podremos también colaborar con mayor eficacia en el cambio de estructuras que nuestro país necesita para acceder al desarrollo digno. Toda desgracia, desastre o emergencia social, es desafío para nuestro amor cristiano y también para la creatividad de nuestro amor. Porque los desastres, en la medida en que ocasionan un exceso de muerte, de dolor o de destrucción, son signos siempre de algo que tenemos que corregir. Son llamada a la conversión a la vida de Aquel que vino a servir y no a ser servido, y son llamada también a mejorar las estructuras de convivencia para que cualquier tipo de desastre produzca el menor daño posible.

OPINION 30-06-20

CORRUPCION Y PODER EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Por P. José María Tojeira, S.J. Director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA

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