Editoriales y Opiniones

El silenciamiento de la memoria y las tentaciones autoritarias

La memoria, los estudios sobre memoria, las políticas de memoria son uno de esos campos apenas conocidos por algunos especialistas, militantes y familiares que han decidido dedicar su vida y su militancia a un tema ausente. Se habla poco. Se actúa menos. Casi todas las instituciones sociales y políticas de El Salvador tienen una deuda enorme con la memoria. Algunos dicen que la memoria se diferencia de la historia, porque esta última se basa en la narración de hechos, mientras que la primera trabaja con los recuerdos. Y los recuerdos no son fiables. Se construyen desde los afectos y estos pueden desordenarnos nuestro sentido de la realidad. Por eso, quizá, muchos le han temido a la memoria y desde 1992 decidieron desterrarla de las apuestas necesarias en la fundación del país de la postguerra.

La memoria se limitó a unos cuantos monumentos tangibles, en general impulsados por la sociedad civil, lugares de memoria que convoquen, pero de manera discreta. Que reivindiquen sin ruido. Pequeños altares dispuestos para el ritual, pero dispersos en un territorio sin mapas de memoria. La memoria tampoco ha tenido un lugar central en el currículo educativo nacional, en los debates de la política, o en los productos culturales, salvo algunas excepciones como en el cine más reciente de directores como Julio López (con La batalla del volcán) y Marcela Zamora (con Los ofendidos).

Esta semana, El Salvador volvió a ser noticia internacional por un acontecimiento vinculado directamente a la memoria. El juicio del coronel Inocente Montano terminó en 133 años y cuatro meses de cárcel por su participación en el asesinato de seis jesuitas y sus dos colaboradoras. Este juicio inédito y celebrado en España debería implicar una reflexión importante para el país. Lo que debe ponerse en discusión es la fragilidad institucional, el papel de la fuerza armada y los usos discrecionales de la violencia que permitieron una acción tan lamentable.

Como señaló el comunicado de nuestra universidad, "Las condenas judiciales por homicidio o terrorismo nunca son motivo de alegría. La resolución judicial de un crimen de lesa humanidad es un medio que permite avanzar hacia el ideal que la Compañía de Jesús expresó desde el primer momento que ocurrió la masacre en la Universidad: el camino de reparación pasa por el conocimiento de la verdad, la práctica de la justicia y el perdón".

Cuando no hay lugar para la memoria, los proyectos autoritarios pueden fácilmente instalarse. Se puede tener la ilusión que ahora es otra fuerza armada, así sea una institución cuyos representantes insisten en señalar que no se rigen por la Constitución sino por su comandante en jefe y que esto justifica sus acciones. Si no somos capaces de recordar el pasado este puede repetirse.

También se puede crear la ilusión que toda la nación se está refundando por un liderazgo, cuando en realidad lo único que se está consiguiendo es construir una narrativa de país y de nación que tiene como base en el olvido.

Los filósofos del siglo XX nombraron este tipo de olvido con varios nombres: reificación, alienación, fantasmagoría. El pensamiento del siglo pasado siempre se encontró preocupado ante la ligereza que podía borrar con un gesto ingenuo las lecciones que la humanidad no debía olvidar. Si cedemos a la tentación del olvido, construimos una sociedad con el centro por fuera, enajenada, que transita entonces de la esperanza a la locura.

El presidente pudo usar esta semana su liderazgo para reconocer y visibilizar los procesos de memoria que dan paso a la práctica de la justicia y el perdón. En lugar de eso, prefirió instrumentalizar el fallo histórico al coronel Montano para su vendettas electorales. El ejecutivo tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de desmilitarizar nuestra sociedad y hacer honor a los acuerdos de paz que refundaron nuestro país luego de una larguísima herida de la que no hemos terminado de sanar. Pero ha preferido recordar que esa institución que ha sido reconocida internacionalmente por sus graves violaciones a los derechos humanos es “la institución llena de héroes”.

Este mandatario salvadoreño actual ha sido el mismo que decidió que como sociedad mantendríamos la práctica de negociar con las pandillas por debajo de la mesa y sin contraloría social. Y que cuando cualquier institución le señale sus errores debe ser perseguida, ignorada, silenciada con la mayor rapidez. No es esta una práctica nueva. Más bien, en todo caso, es, como nos dice el evangelio, “vino nuevo en odres viejos”.

No existe en este momento una acción más revolucionaria que la memoria. Y un gesto más digno para celebrar nuestro 199 aniversario de independencia que el de cuestionar al poder, hacerle contraloría e insistir que todo su aparato debe estar al servicio de toda la sociedad. Solo así nos libraremos de las tentaciones autoritarias que, como en cada época electoral, parecen rondar las propuestas de nuestros líderes.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 14.

El discurso presidencial del 15 de septiembre tiene mucho de discurso del 1 de junio, uno que Bukele no pronunció este año. Enlista algunos logros y muchos proyectos, los mismos de la campaña electoral. Y como ya es usual, sus enemigos, ahora llamados “poderes invisibles” y “amenaza interna”, están muy presentes. No puede ser de otra manera, porque la identidad presidencial de Bukele se nutre de ellos. Pretende no ser lo que ellos han sido y son, sino todo lo contrario. Un discurso negativo y a la defensiva. Hasta no alcanzar el poder total en las elecciones de febrero próximo, esos poderes ocultos son su némesis. Ellos explican sus retrasos y fracasos.

Aparte de concluir su discurso con la clásica invocación de la bendición divina de los presidentes estadounidenses, Bukele imita a Trump. Según su discurso —en la misma línea que el del mandatario estadounidense—, nadie lo iguala en genialidad y grandeza; sus obras y promesas son incomparablemente excelsas; al país lo aguarda un “grandioso destino” con él al frente. De ahí que equipare los hechos del 15 de septiembre de 1821 con “la gesta del pueblo” del 4 de febrero de 2019, cuando “los salvadoreños luchamos por nuestra independencia y convertimos el miedo en esperanza” al darle el triunfo presidencial. Sin embargo, esa independencia no está consumada. Aguarda el “veredicto final” de febrero próximo, cuando “cumplimos 200 años de independencia”. Entonces, “los poderes de siempre”, la amenaza interna, serán derrotados definitivamente.

La independencia, según Bukele, consiste en que, bajo su mando, el país “ha comenzado a girar en la dirección correcta”. Sus obras son increíbles, afirma. Ha renovado la red hospitalaria y construido un hospital, dice, rellena cárcavas y lleva a cabo obras de mitigación, construye dos baipases y ha reducido drásticamente la inseguridad, un descenso que “nunca nadie lo imaginó”. Construirá una Surf City, carreteras de primer mundo, un viaducto y varios campos universitarios; remodelará la terminal de pasajeros y de carga del aeropuerto; reactivará la agricultura y la zona oriental, incluidos el puerto, el ferri, otro aeropuerto y el tren del Pacífico; recuperará la red de escuelas y la escuela de agricultura; relanzará la orquesta sinfónica y el ballet nacional. Finalmente, “¿quién iba a decir que El Salvador es un referente” en salud pública para la región y el continente? Ningún país del mundo ha observado las medidas sanitarias como él.

Esta clase de construcción ideológica suele tener fisuras. La exaltación de la singularidad patriótica es contradictoria. Los poderes invisibles son reales. Es sabido que los grandes capitales han puesto al Estado al servicio de sus intereses. Pero entre ellos se encuentra el grupo familiar del presidente y otros grupos que, aunque los considera amigos, no han renunciado a engrosar sus ya abultados capitales al amparo estatal. La cuidada selectividad con la que proceden las investigaciones de la corrupción no es casual.

No se puede olvidar que uno de los instrumentos más eficaces de la oligarquía ha sido la Fuerza Armada, la misma que Bukele colocó delante de su podio y a la que saludó como heroica. El Ejército sostuvo represivamente el régimen oligárquico, fue a la guerra por él y cometió innumerables crímenes de lesa humanidad en su nombre. Es la misma Fuerza Armada condenada en España por crímenes de guerra y la misma que se encuentra sentada ante el juez de El Mozote. Tampoco se puede olvidar que, no hace mucho, Casa Presidencial no solo arremetió contra la indisciplina ciudadana, sino que la esgrimió como argumento para exigir la prolongación del estado de emergencia. Y las sombras desde las cuales han operado los grandes capitales no se disipan; al contrario, el Gobierno de Bukele las vuelve todavía más densas por las mismas razones.

El presidente se cura en salud. Consciente de las contradicciones, adelanta que en quince meses “hemos comenzado a cambiar nuestra forma de pensar”. Aquellos que se atreven a opinar que sus proyectos son fantasiosos “no pueden estar más equivocados, este país está cambiando porque es una nación de héroes”. La retórica de la heroicidad alimenta el sentimiento patriótico, oculta las incoherencias y confirma las expectativas en el Gobierno de Bukele, pero no reduce la deuda nacional. Ningún acreedor aceptará como pago la heroicidad del pueblo salvadoreño. En la lista de obras extraordinarias, el presidente no incluye la amortización de la deuda. Si el Estado tiene cada vez menos crédito internacional y disponibilidad para el gasto ordinario, menos tendrá para invertir en los grandes proyectos presidenciales.

El optimismo del discurso presidencial es engañoso. Juega con el sentimiento nacional, mientras promete un “feliz porvenir”, en un escenario ocupado por el Ejército. Un espectáculo acorde con su deriva autoritaria. Sin embargo, en una cosa no le falta razón: la independencia es un proceso abierto y falta mucho por hacer…

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

Los simples desmentidos, acompañados de visitas a las cárceles, no invalidan la información de El Faro sobre la negociación de altos funcionarios de Bukele con una de las pandillas más poderosas. No se trata de cuestiones opinables, sino de hechos registrados. La documentación es abrumadora e incontrovertible, y no puede desestimarse como “ridícula” y “falsa”. Los funcionarios negociaron la disminución de homicidios y el acopio de votos a cambio de buen trato penitenciario y la promesa de beneficios no especificados si el partido oficial gana las elecciones de febrero. La supuesta invalidez judicial de la documentación, alegada por uno de los funcionarios, no desvanece los hechos. El embajador de Estados Unidos acepta implícitamente la existencia de la negociación. Y agrega, pragmáticamente, que lo importante es la reducción de los homicidios. Más aún, el diplomático aprovecha la ocasión para señalar que Washington ha contribuido a dicho descenso. Todo ello a pesar de que las pandillas figuran en su lista de organizaciones terroristas.

Negociar homicidios y votos por dinero y privilegios con las pandillas no es nuevo. El mismo Bukele negoció con ellas en la alcaldía de la capital. Los actores son los mismos: funcionarios y políticos impotentes para contrarrestar su poder. Lo negociado tampoco ha cambiado. Las descalifican como terroristas y dicen aborrecer pactar con ellas, pero eso no ha sido impedimento para volver a las andadas. Los hechos muestran que la negociación es inevitable, porque el poder detentado por las pandillas es superior al del Estado. Las capturas masivas y las decenas de miles de detenidos no las han debilitado. A pesar del Plan de Control Territorial, su presencia eficaz en los sectores populares en estos meses de pandemia es indiscutible. Las pandillas suben y bajan la tasa de homicidios a su antojo —esta es incluso menor en los municipios sin Plan de Control Territorial—.

La revelación de El Faro ha puesto en aprietos a Casa Presidencial. No solo “Arena y el FMLN son una basura”, pues no solo ellos “negociaron con la sangre de nuestro pueblo”. Mientras el tuit presidencial los maldecía “mil veces”, altos funcionarios del Gobierno actual, acompañados de encapuchados, ingresaban en las cárceles sin identificarse ni pasar por los controles de seguridad para negociar con los líderes detenidos. Esta negociación demuestra, una vez más, que el fenómeno de las pandillas es tan extenso y está tan arraigado en la estructura social que solo queda dialogar y negociar acuerdos. Los empecinados en la represión violenta se resisten a aceptar que las pandillas detentan un poder militar, político y económico superior al del Estado. El embajador estadounidense, más práctico, así lo reconoce, al destacar que lo importante no es el cómo, sino la disminución de los homicidios.

Aceptada la inevitabilidad de la negociación, lo que cabe es plantear con claridad sus términos y sus objetivos. El diálogo y la negociación deben ser abiertos, así como lo fueron los que condujeron al final de la guerra, y deben evitar que el Estado se convierta en rehén de las pandillas. La agenda de negociación debe abordar el desarme de estas, su integración pacífica en la sociedad y las fuentes económicas, sociales y políticas que alimentan la violencia social. En un segundo momento es menester dilucidar las responsabilidades penales y civiles, así como también la superación de los agravios personales en orden a la reconciliación comunitaria. Aparentemente, el Estado tiene la ventaja de ser más eficaz que las pandillas en estas materias.

Hasta ahora, ninguna negociación ha buscado entendimientos para salvaguardar el bienestar general, sino perniciosos intereses particulares. Precisamente por eso, todas han sido clandestinas. La Casa Presidencial de Bukele, al igual que antes las de Arena y del FMLN, solo está interesada en reducir los homicidios como muestra de eficacia y para obtener votos. Un objetivo oportunista y muy parcial. Además de los homicidios, la población sufre la extorsión y el desplazamiento forzado.

No todo está perdido, Casa Presidencial puede transformar su vergüenza y la humillación en una oportunidad si el bien general de mediano y largo plazo prevalece sobre el interés particular y partidista de corto plazo. Orientar la negociación hacia el bien común requiere de mucha audacia. Con todo, el momento parece propicio. Por un lado, el presidente Bukele dice gozar de un elevado índice de popularidad. Por otro lado, las pandillas han reducido los homicidios y han colaborado con las autoridades en el control de la pandemia. Si Bukele tuviera voluntad política y valor, podría cambiar el rumbo de la negociación, conseguir la colaboración de las comunidades y vencer la resistencia de los intransigentes. Un presidente que tiende a sorprender con sus atrevimientos no debiera tener reparos para aprovechar su posición única y negociar con las pandillas la pacificación y la convivencia social. La efeméride de septiembre es oportuna para liberar a la sociedad de la esclavitud de la violencia destructiva, brutal e inhumana.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

El 24 de marzo, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, conmemora también la fiesta de San Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por su evangélica defensa de víctimas de graves abusos y empobrecidos. La Asamblea General de la ONU declaró el día de su muerte como día internacional porque Romero, un convertido al prójimo oprimido, puso la verdad de los pobres y de las víctimas por encima de cualquier compromiso o presión. Muchos años después de su muerte, la verdad que predicó este obispo, se va abriendo paso con dificultad en El Salvador. La sentencia que la Audiencia Nacional de España ha dado ante uno de los acusados de ser autor intelectual del asesinato de los jesuitas y sus dos colaboradoras, es un paso más, solidariamente trabajado, para acceder a la verdad.

Que los militares salvadoreños, dirigidos desde el Estado Mayor del Ejército, habían sido los ejecutores del crimen lo sabíamos desde el primer momento. Las propias circunstancias y testigos visuales nos lo dijeron ya de madrugada el mismo día de los hechos. Los nombres de los ejecutores tardamos casi dos meses en conocerlos. Se llevaron a juicio gracias a una fuerte presión internacional. De los acusados como autores intelectuales, el coronel Montano es el primero en ser condenado, casi 31 años después de la masacre. Acceder a la verdad de los delitos cometidos desde el poder cuesta en todos los países. Pero en nuestros países en vías de desarrollo cuesta mucho más. La verdad se manipula, se negocia, se encubre o se usa políticamente en beneficio de intereses ajenos a la misma verdad. Por eso son indispensables personas como Mons. Romero o como los mismos jesuitas, asesinados también por defender la verdad de los pobres. Y por eso mismo la solidaridad con ellos es un acto de humanidad básico para la convivencia fraterna.

Los antiguos Padres de la Iglesia solían decir que “la Verdad está desnuda”, refiriéndose a Cristo clavado en la cruz. Esa misma verdad continúa desnuda, con demasiada poca ropa y protección, en los pobres de este mundo, y en todos los que se identifican con los pobres. Los jesuitas se unieron en su muerte a los más pobres y víctimas de este mundo, quedando tan destrozados como ellos, y generando en muchas partes indignación, solidaridad y deseo de justicia. Precisamente porque su verdad no tenía más intereses que servir a las víctimas de una guerra civil enloquecida y devolverles su dignidad, muy pronto, además de indignación, generaron en muchos de nosotros un espíritu festivo de alegría. Ellos son ya parte de la dimensión más profunda de la humanidad y así los festejamos muchos, año con año. El juicio en España es un paso más en esa lucha sin más armas que la palabra, que trata de establecer la dignidad humana como elemento fundamental de nuestro querer, sentir y actuar. La verdad judicial debe siempre hacer justicia a la víctima y refrendar su verdad. El castigo es siempre secundario, manejable incluso desde la misericordia, y hay que verlo como una más de las garantías de no repetición de hechos inhumanos. Pero la verdad de las víctimas y de todos los empobrecidos del mundo, la verdad de quienes luchan en favor de la dignidad humana, es siempre la tarea moral de la justicia en el campo de la democracia.

Don Quijote decía que “puede ser que un caballero sea desamorado, pero no puede ser, hablando en todo rigor, que sea desagradecido”. Agradecer hoy a quienes han trabajado y luchado en el caso de los jesuitas por la verdad y la justicia, es deber también de humanidad. Pero es necesario recordar al mismo tiempo que la lucha por estos valores básicos de humanidad no ha terminado. En El Salvador está abierto el caso contra el resto de los que creemos autores intelectuales. Está avanzando el caso judicial referido a la masacre de El Mozote, la más grande de América Latina en el siglo XX, donde fueron asesinados en torno a mil campesinos, muchos de ellos mujeres, ancianos y niños. No cerrar los ojos a la propia carne continúa siendo una labor indispensable en la construcción de un mundo más humano. Desde España o desde El Salvador, desde los países ricos o los pobres, la tarea continúa como una labor común. Si el caso jesuitas, con su victoria parcial en España, logra unirnos más en defensa de una dignidad humana muchas veces aplastada y desnuda, podremos afirmar con alegría que la justicia está dando sus frutos.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

Iglesia e independencia

José M. Tojeira

El 15 de septiembre se celebra la Independencia de Centroamérica y, por supuesto, la nuestra. Nuestras posteriores divisiones e incluso guerras nos han hecho olvidar, con frecuencia, la fuerte corriente humanista y religiosa que inundó aquellos años de construcción de la independencia. Centroamérica tenía un clero ilustrado, estudioso e inquieto que estuvo no solo en el corazón de los movimientos independentistas, sino también en la generación de un humanismo cristiano de mucha hondura. Es impactante releer hoy el discurso en el que proponía la abolición de la esclavitud el sacerdote salvadoreño José Simeón Cañas, Rector de la Universidad San Carlos de Guatemala y diputado de la Asamblea Constituyente de Centroamérica. Nuestros países, mucho antes que otras naciones que ahora calificamos del primer mundo, liberaron a los esclavos desde la conciencia de la igual dignidad de todos los seres humanos.

Como en muchos procesos independentistas, nuestros países heredaron dependencias económicas y sociales. Y las élites políticas con frecuencia se plegaron a las dependencias del pasado, ocupadas por nuevos contratos y países, y no supieron aprovechar los valores iniciales de la independencia e incluso formas tradicionales, muy presentes en los pueblos indígenas que tenían un gran sentido comunitario y muy diversas formas de solidaridad social. Hoy, a punto de celebrar los 200 años de independencia (exactamente dentro de un año), debemos hacer un serio examen de conciencia sobre los valores que heredamos, su negación, que solo atraso nos ha traído, y su permanencia, manifestada en comunidades y personas. Muchos de los fundadores de la patria grande centroamericana, a la que debemos retornar en muchos aspectos, consideraban desde sus valores cristianos a la libertad, la cultura y el bienestar de personas y comunidades, como los grandes objetivos de la independencia. Ésta no era solamente un acto político, sino sobre todo un proyecto de realización común. Los intereses particulares nos dividieron y limitaron los ideales poniéndolos al servicio de grupos más reducidos.

Hoy necesitamos volver a considerar El Salvador y la misma Centroamérica, como proyectos de realización común. Por supuesto en democracia y aceptando “la legítima pluralidad de opiniones discrepantes” de los diversos partidos políticos. Pero con una claridad enraizada en nuestros valores que no permite anteponer intereses particulares al bien común. Como miembros de una Iglesia seguidora del Señor corresponde sobre todo a los laicos impulsar, desde sus propias posiciones políticas, la integridad moral y la honestidad frente a las tendencias que con frecuencia nos llevan hacia la corrupción. La injusticia, el autoritarismo y la intolerancia, se oponen a los valores cristianos que tratan de construir la paz desde la fraternidad y la justicia social. El Concilio Vaticano II animaba y sigue animando a quienes entran en la política a consagrarse “con sinceridad y rectitud, más aún, con caridad y fortaleza política, al servicio de todos” (LG 75).

Afortunadamente en Centroamérica, y en El Salvador en particular, siempre hemos tenido personas que en medio de problemáticas muy intensas, incluso en guerras civiles y conflictos armados, han sabido dar testimonio de valores cristianos. En El Salvador, desde una posición explícitamente cristiana, hemos tenido la gracia de contar con Mons. Romero, cuyo pensamiento político, enmarcado en el bien común y en la Doctrina Social de la Iglesia, no solamente tuvo un efecto reparador y resistente frente a la locura de la guerra y de la violación de derechos humanos, sino que ha merecido, por la hondura y calidad de su mensaje cristiano, que haya sido nominado para ser declarado como Doctor de la Iglesia. Un hombre santo que sigue diciéndonos hoy que la independencia, como esfuerzo de la libertad en favor de un proyecto de realización común fraterno, no puede construirse desde las idolatrías del dinero, del poder o de la organización. En demasiadas ocasiones cantamos a la independencia como libertad frente a una tiranía externa. Pero la libertad, para ser vivida humana y racionalmente, necesita ponerse al servicio de ideales que, en el campo político, necesariamente deben ser solidarios y llevar al bien común. Como cristianos y como ciudadanos, celebremos la independencia una vez más, hoy con menos desfiles, pero con ideales más potentes, que destierren la injusticia y las desigualdades ofensivas, y nos conduzcan hacia la fraternidad, la justicia y el bien común.

La reciente publicación de una investigación periodística sobre negociaciones entre funcionarios del gobierno y líderes de pandillas pone, de nuevo, sobre el tapete de la discusión pública la necesidad del desempeño eficaz de las instituciones de control político. Eso que los especialistas denominan la rendición de cuentas horizontal. En esta ocasión la atención recae sobre la actuación de la Fiscalía General de la República pues, a esta le compete investigar si hay delito que perseguir y, si es el caso, ser la parte acusadora en los respectivos tribunales.

Sin embargo, otras investigaciones periodísticas publicadas en diferentes medios de comunicación han señalado hacia otros funcionarios del Ejecutivo implicados en presuntos actos de corrupción. Además de la Fiscalía, otras instituciones como la Corte de Cuentas de la República y el Tribunal de Ética Gubernamental tienen facultades de control político institucional para los casos publicados. En otra clase de casos como las controversias que se suscitan en relación a la legalidad de los actos de la administración pública o procesos especiales de impugnación es la Sala de lo Contencioso Administrativo la que tiene las facultades para ejercer el control.

Por su parte, la Asamblea Legislativa también ha activado los mecanismos de control sobre el Ejecutivo que tiene a su disposición, por ejemplo, la Comisión de antejuicio, las Comisiones Especiales, la elección de funcionarios (magistrados de la Corte de Cuentas), la aprobación o desaprobación de los informes de labores presentados por funcionarios del Ejecutivo y las interpelaciones. De igual manera, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de la República también ha tenido que ejercer su función de control constitucional ante demandas de inconstitucionalidad presentadas desde la ciudadanía, así como la resolución de Amparos y el conocimiento y resolución de controversias entre el Legislativo y el Ejecutivo. Adicionalmente, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral han declarado estar dispuestos a controlar el respeto a la legislación electoral en materia de propaganda. Aunque las elecciones se llevarán a cabo hasta el 28 de febrero del próximo año, algunos partidos y candidatos ya han comenzado a promocionarse pese a que solo lo tienen permitido dos meses antes de las elecciones, para el caso de los diputados, y un mes antes para el caso de los concejos municipales.

En este breve recuento de instituciones que tienen competencias constitucionales para ejercer el control político o rendición de cuentas horizontal hay que agregar, por supuesto, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que también fue activada por denuncias ciudadanas en el marco de la pandemia de covid-19. Por su parte, están pendientes los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia sobre el posible enriquecimiento ilícito de funcionarios de anteriores gobiernos.

A todo el entramado institucional mencionado hay que agregar, finalmente, al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la entidad de control político más reciente. Dado que la transparencia y la publicidad de los actos gubernamentales no forma parte de la cultura política salvadoreña, el IAIP ha tenido que enfrentar intentos por parte del Ejecutivo de controlarlo o neutralizarlo, desde su creación, o bien intentando modificar su reglamento, o bien nombrando comisionados sumisos. Los gobiernos municipales tampoco practican la cultura de la transparencia y, en su mayoría, se oponen a brindar información sensible a la ciudadanía que la solicita. No se niega que haya habido algún avance en esta materia en el país. Pero no se puede afirmar honradamente que la transparencia es una virtud de los gobernantes, funcionarios e instituciones públicas.

Un requisito indispensable para poder llevar a cabo de manera eficaz la rendición de cuentas horizontal es la existencia de una adecuada producción y gestión de la información pública. Tanto por parte de las instituciones que se ven sometidas al control político institucional como por las instituciones responsables de llevarlo a cabo. La información pública también puede resultar crucial para el ejercicio de la rendición de cuentas vertical, es decir, aquella que lleva a cabo la ciudadanía sobre sus gobernantes. A los cuales tiene ocasión de premiar o castigar cada vez que hay elecciones. La información es un recurso de poder y el acceso a ella es una manera de empoderar a la ciudadanía. En parte, quizá por ello los que han de ser controlados no se preocupan por producir información de calidad sobre su gestión. O dicho de otra forma, en parte quizá por ello la información que recibe la ciudadanía por parte de sus gobernantes y funcionarios públicos es publicidad o propaganda.

El control político horizontal no se agota en el control sobre el comportamiento de los gobernantes, funcionarios y empleados públicos. Así que la utilidad de la producción y gestión de la información tampoco se agota en expedientes y archivos personales. Dentro de las modalidades de la rendición de cuentas horizontal también está la evaluación de programas y proyectos de políticas públicas. Quizá porque esta evaluación tampoco forma parte de la cultura organizacional de nuestras instituciones públicas es que se ha descuidado la producción de información confiable y válida así como su gestión bajo estándares de calidad.

En la gestión de la pandemia tenemos un escenario donde ha salido a relucir el problema de la producción y gestión de la información. En esta ocasión, la necesidad de contar datos confiables y válidos para el registro de los casos. Voceros del Colegio Médico y algunos centros de investigación han manifestado sus dudas sobre la confiabilidad de los datos proporcionados por el Ministerio de Salud. Se duda también sobre la validez de los mismos. Si bien es cierto que pueden existir problemas de registro, los mismos deberían estar dentro de ciertos límites tolerables. Más allá de que datos adversos a la gestión gubernamental de la pandemia puedan ser utilizados por la oposición al gobierno, no se puede evadir, con honradez, responder ¿cómo se pueden tomar decisiones adecuadas sin contar con información confiable y válida? Al respecto, es conveniente recordar las dificultades y errores que las autoridades gubernamentales enfrentaron al momento de repartir ayuda monetaria y en especies a las familias para paliar los efectos de la pandemia.

Quizá sea el momento de hacer una evaluación de la producción y gestión de información en las diferentes instancias gubernamentales. La misma debe trascender el juego político inmediato. Instrumentos clave para la toma de decisiones como los censos de población, censos agropecuarios, las encuestas de hogares de propósitos múltiples, las cuentas nacionales, información sobre el recurso hídrico, electricidad, reportes epidemiológicos, etc. deben proporcionar información confiable y válida. Lo contrario, lo vamos a lamentar.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 13.

En Abril, tras un grave repunte de homicidios acontecido durante varios días, el Presidente de la República dio órdenes por Twiter de que se aplicaran en las cárceles en las que estaba detenidos miembros de maras diciendo lo siguiente: no verán ni un rayo de sol ni tendrán entrada de aire natural; no tendrán ningún tipo de comunicación con el exterior; las celdas estarán selladas; estarán en aislamiento de forma indefinida; no podrán salir de sus celdas; no tendrán derecho a utilizar la tienda institucional y los miembros de maras, que estaban separados por grupo de pertenencia, estarían de nuevo mezclados. Inmediatamente el director general de Centros Penales dijo públicamente que estaba obedeciendo la orden e incluso publicó fotografías de personas clavando paneles que impedían la entrada de aire natural y acentuaban el aislamiento, así como fotografías humillantes de privados de libertad hacinados, sentados en el suelo, pegados unos con otros, semidesnudos. Las medidas, según la información de personas internadas en las cárceles designadas, se aplicaban a 16.000 privados de libertad, algunos de ellos todavía no sentenciados y por tanto, aunque acusados, inocentes mientras no fueran condenados. Ante esta situación, además de hacer una serie de críticas a las medidas implementadas, publicadas en la pg web del Idhuca y en otros medios, el Rector de la UCA y el Director del Idhuca, con el apoyo del Idhuca, presentaron un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional alegando que las medidas tenían un impacto directo en contra del derecho a la vida e integridad personal de las personas y que podían constituir tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El 8 de Julio de este año la Sala de lo Constitucional admitió el habeas corpus y dictó medidas cautelares en favor de los privados de libertad anulando las medidas especiales ordenadas por el Presidente y ejecutadas por el Director General de Centro Penales. Exigió a las autoridades demandadas que presenten su posible defensa frente a la acusación de actuar inconstitucionalmente, y les ordenó informar la situación de los favorecidos (los privados de libertad), al tiempo que nombra un juez ejecutor del habeas corpus. Ordena la aplicación inmediata de medidas cautelares en favor de los privados de libertad, suprimiendo el aislamiento absoluto, pide a la Presidencia y a la Dirección de Centros Penales que informen de cómo aplicarán las medidas cautelares y envía la resolución a los jueces de vigilancia penitenciaria.

En este contexto, en los primeros días del mes de Septiembre y sin que tengamos de momento noticias del cumplimiento de las medidas cautelares o de la información que haya dado el juez ejecutor, se produce una especie de conmoción gubernamental ante la acusación del periódico digital El Faro de que el Gobierno actual ha tenido conversaciones y pactos con las maras. El Gobierno reaccionó rápidamente, centrándose especialmente en que la noticia dada por el medio digital mencionado afirmaba que en las conversaciones se había acordado separar de nuevo a los miembros de las diferentes maras. El Director General de Centros Penales convocó a una serie de periodistas para que le acompañaran a visitar tres centros penales. En su Twiter, así como en otros de instancias gubernamentales, se publicaban fotos de privados de libertad, siempre sin camiseta, para que se les vieran los tatuajes en el pecho o la espalda y se pudiera comprobar que todavía estaban mezclados los miembros de diferentes maras. A esas fotos acompañaban las fotos antiguas, humillantes y degradantes, que el Gobierno había exhibido anteriormente, cuando tomó las medidas especiales, con los privados de libertad.

Varios de los twits publicados, especialmente por el Director General de Centros Penitenciarios, muestran un total irrespeto a la Sala de lo Constitucional y una franca desobediencia a la misma. En uno de esos mensajes, dirigido al Presidente de la República, se le dice: “hemos concluido el recorrido en los centros penales de Quezaltepeque, Izalco III y Ciudad Barrios, donde medios nacionales e internacionales corroboraron que las medidas restrictivas en el sistema penitenciario se siguen ejecutando”. En otro de los twits se insiste en que “desde un inicio actuamos contundentemente contra los grupos terroristas, quitamos el control a los criminales, decretamos estados de emergencia, están incomunicados en las rejas y cumpliendo sus condenas. NO hay privilegios”. El mismo Director parece, según sus twits, considerar privilegios el tener un tiempo, aunque sea breve, de sol, o el recibir visitas.

Frente a estas posiciones oficiales tenemos la Constitución de El Salvador que prohíbe los tratos crueles y degradantes. Y también la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por El Salvador, que en el artículo 5 consagra la integridad personal, que incluye la integridad física, psíquica y moral. En el apartado dos de este artículo insiste en que no se pueden aplicar “penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. Añade, además, que “toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Y en el apartado cuatro recuerda que “los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas”. Algo que a pesar de ser de obligado cumplimiento nunca ha sido cumplido a cabalidad ni por el actual gobierno ni por cualquiera de los que gobiernos posteriores a la ratificación de la Convención Americana. La Sala de lo Constitucional se apoyó en el derecho constitucional a la integridad de la persona y en los tratados de Derechos Humanos ratificados por El Salvador para dictar medidas cautelares en favor de los privados de libertad a los que alude el habeas corpus. Pero la reacción gubernamental muestra claramente que existe una actitud de clara desobediencia a la Sala y por ende un irrespeto claro al artículo 185 de la Constitución que dice taxativamente que “corresponde a los tribunales declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Órganos contraria a los preceptos constitucionales”. Entendiendo los twits como disposiciones (evidentemente los twits del Presidente no son leyes, aunque algunos funcionarios los tomen como tales), es evidente según las declaraciones de funcionarios y noticias de medios, que miembros del Ejecutivo están incumpliendo no solo las disposiciones de la Sala sino la propia Constitución. Ante una manifestación de desobediencia tan patente, la Sala debía tomar cartas en el asunto con rapidez.

El caso de los privados de libertad que pertenecen a las maras ilustra a la perfección la falta de cultura de Derechos Humanos que impera en muchos representantes del Estado salvadoreño. La despreocupación por los derechos derivados de la dignidad humana que los encarcelados conservan es patente en los tres poderes del Estado. Y muestra la debilidad de las instituciones encargadas de vigilar el cumplimiento de derechos básicos. Los miedos a una opinión pública educada en el espíritu de venganza, en el menosprecio del más débil y en el ensañamiento con el vencido, son factores que pesan en las autoridades. La necesidad de impulsar los derechos humanos es una tarea urgente en El Salvador. El desprecio de la dignidad humana, fuente del irrespeto a los derechos humanos, se advierte en la indiferencia frente a la pobreza, en la baja responsabilidad del Estado frente a los derechos económicos y sociales, muchos de ellos garantizados por la Constitución, y en el frecuente abuso físico de detenidos o sospechosos por parte de agentes de autoridad. Es evidente que si las formas de proceder del ejecutivo se aplicaran a personas con amplio nivel educativo y con relativa abundancia de recursos, el escándalo sería clamoroso. Que se maltrate a los presos cuesta que parezca en los medios de comunicación. Por eso defender los derechos de los más débiles es la tarea más educativa si se desea promover los derechos humanos. Y los privados de libertad son, en general, más allá de los delitos cometidos en su momento, los que actualmente se encuentran más desprotegidos frente a la legislación existente.

El diálogo y las maras

Dialogar y negociar son dos cosas distintas. Se dialoga para buscar la solución de problemas comunes. Se negocia para obtener beneficios. Negociar con criminales no es legítimo, aunque no falta quien lo haga. Dialogar es otra cosa. Cuando la situación social y económica de un país es fuente de violencia, el diálogo es siempre necesario, si se pretende solucionar adecuadamente el problema. En el diálogo sobre violencia debe haber expertos, autoridades, políticos de diversas líneas ideológica y también delincuentes arrepentidos o incluso encarcelados. El diálogo es para buscar soluciones, no beneficios, y por eso, cuando se trata de solucionar un problema social, debe ser trasparente y abierto a la observación pública. Todo lo contrario de las negociaciones secretas de políticos. La negociación para obtener ventajas acaba siempre fortaleciendo a las dos partes que negocian y prolongando y agravando el conflicto. Incluso el ejemplo del Estado termina por incidir en la vida ciudadana, forzando a empresas, especialmente a algunas de las grandes, aunque lo nieguen, a pagar cantidades mensuales a las maras para obtener el permiso de distribuir sus productos en determinadas colonias.

En El Salvador el diálogo con las maras produce automáticamente aversión. En algunos porque tienen un concepto erróneo tanto de los problemas sociales como de los derechos básicos de la persona. En otros simplemente, y con toda razón, porque se sienten engañados por las negociaciones secretas de los políticos. Se emplea dinero público, se suavizan algunos de los conflictos o delitos existentes, pero permanecen otros. Y al final terminan fortalecidos quienes pactaron: Unos con votos o prestigio político, otros con impunidad y con fortalecimiento de sus propias estructuras. Con demasiada frecuencia la delincuencia organizada tiene más astucia que los negociadores gubernamentales. Éstos pretenden objetivos de corto plazo, mientras que la delincuencia organizada disfruta de un tiempo tranquilo para organizarse en el largo plazo.

Más allá de los conceptos erróneos de quienes son partidarios de tratar a los delincuentes como cosas y pretenden simplemente exterminarlos brutalmente, las negociaciones tramposas y parciales, que han sido frecuentes entre nosotros, indignan profundamente al ciudadano democrático. El Estado está para garantizar la paz social. Y si dialoga sobre un tema de violencia, lo que tiene que buscar es en primer lugar la erradicación de las causas de la violencia, al tiempo que la persigue en el día a día a todo nivel. Negociar a oscuras, sin diálogo y participación de otros sectores de la sociedad civil y política, conduce siempre al establecimiento de formas de proceder contrarias a la ética. El diálogo no puede nunca significar que se deja de perseguir el crimen. Es una oferta de paz condicionada a la no violación de las leyes y a la reforma de estructuras y situaciones sociales que producen o reproducen violencia. Lo contrario, una paz ficticia que solo hace disminuir un aspecto de la violencia, no puede ser tolerado.

Es evidente que los políticos de ARENA y el FMLN tuvieron conversaciones con las maras. Fueron secretas y no resolvieron el problema, por eso es lógico que se investiguen. Algunos de los actuales funcionarios de Nuevas Ideas también se reunieron con miembros de maras en algún momento. También ellos deben ser investigados. No los podemos condenar, anticipadamente, a ninguno de ellos. Pero la investigación es imprescindible, porque no faltan las interpretaciones e incluso datos o testimonios, que insisten en el tema de favores mutuos y formas ilegales de proceder. Salir de la tendencia a la negociación del beneficio inmediato, y construir diálogos de largo plazo, orientados a la solución de nuestros múltiples problemas económicos y sociales, es el único camino democrático. El resto es, simple y llanamente, corrupción.

A un año de conmemorar el bicentenario de la independencia centroamericana, más allá de los festejos que seguramente ocuparán buena parte de la atención, es también un buen momento para hacer un balance de cuánto hemos avanzado en el camino por construir una República independiente y una ciudadanía empoderada. El período que va desde la crisis de la monarquía española hasta la fundación de la República Federal (1808-1824) trajo consigo cambios en la condición de sus habitantes. Los derechos políticos emanados en Europa con la Revolución Francesa llegan a la América Hispana con la Constitución de Cádiz de 1812 y son reafirmados por la legislación federal de 1824. Conviene reflexionar brevemente cuál ha sido el camino para hacer efectivos esos derechos a lo largo de casi 200 años.

El derecho al voto, a la representación política y la igualdad jurídica significó el tránsito del absolutismo monárquico a un gobierno representativo y constitucional, pero con limitaciones. La constitución Federal reconoció el derecho generalizado de ciudadanía a todos los varones del territorio centroamericano, excluyendo a las mujeres. Hacia 1841 la constitución del Estado salvadoreño impuso restricciones censitarias a este derecho: para ser ciudadano se tenía que ser mayor a veintiún años, padre de familia o cabeza de casa, saber leer y escribir y contar con la propiedad que designara la ley.

Diversas prerrogativas limitaron la ciudadanía durante todo el siglo XIX. Esto aseguraba que en última instancia el poder continuara en manos de una élite propietaria. Fue hasta la constitución salvadoreña de 1950 que se otorga la ciudadanía universal sin distinción de sexo o condición económica, a todos los salvadoreños mayores de 18 años y por primera vez fue reconocido el derecho de sufragio de las mujeres. Posterior a ello se han realizado reformas al sistema electoral con miras a fortalecer la representación de todos los sectores y dar garantías democráticas. Por ejemplo la Ley de representación proporcional del poder legislativo de 1963 y las reformas al sistema electoral en 1992. Aunque en la actualidad se puede discutir la transparencia de los procesos, no se puede negar que el sistema electoral del siglo XXI permite la representación de todas las formas de pensamiento y la alternabilidad en el poder.

Pero la ciudadanía también puede entenderse desde la conquista de la libertad de expresión. La opinión pública como la libertad de un individuo a expresar su postura o pensamiento frente a determinado hecho de interés social fue también un derecho ganado con la constitución de 1812; pero fue hasta 1820 que aparecen los primeros periódicos no gubernamentales en Centroamérica: El Editor constitucional y El amigo de la Patria. Desde entonces se discutirán problemáticas económicas y la posibilidad de nuevas formas de gobierno desde los diversos medios impresos. No obstante, este derecho ciudadano era limitado por el poder de la iglesia, la cual, a través del Concordato con el poder civil (1862), podía censurar publicaciones que atentaran contra la moral y la fe cristiana. Es hasta 1886 que el decreto de libertad de imprenta permitió la publicación de textos y opiniones laicas.

En el campo político, los gobiernos del siglo XX censuraron el derecho a la libertad de expresión hacia aquellos sectores considerados enemigos políticos. En efecto, durante los regímenes militares y el conflicto armado de la década de 1980 el principal sector que fue objeto de censura fue la oposición (sindicatos, asociaciones universitarias, magisteriales y campesinas, comunidades eclesiales de base, partidos de izquierda, etc.). Se tuvo que esperar hasta los Acuerdos de Paz de 1992, para hacer efectivo el libre ejercicio de todas las ideologías y el derecho a manifestar posturas y opiniones políticas sin miedo a la censura o a la represión del Estado. En el siglo XXI la ciudadanía ha ganado mucho terreno con las nuevas tecnologías de la información que facilitan el acceso a diversos contenidos; sin embargo, el poder político aún ejerce ciertas prácticas de violencia contra el ejercicio libre de la expresión. Esto se evidencia en la descalificación de la opinión disidente y en el uso a conveniencia de la desinformación.

Para algunos todavía no queda clara la importancia que tuvo el proceso de independencia en las sociedades centroamericanas. Pero uno de los cambios de mayor trascendencia fue el paso de ser vasallos de un rey absoluto a ser ciudadanos de una república. Ello puede sonar a simple retórica; no obstante, significaba dejar de seguir la voluntad de un soberano, que se creía que gobernaba por derecho divino, a basarse en un gobierno de leyes, es decir, en un régimen constitucional que garantiza derechos a sus ciudadanos. Es claro que aún falta mucho camino por recorrer, pero no podemos renunciar a derechos y principios sustentados hace doscientos años, como el derecho de elegir libremente a nuestros representantes o de plantear libre y críticamente nuestro pensamiento, porque siguen siendo pilares fundamentales de nuestra débil democracia. Es importante advertir que estas libertades costaron incontables vidas. Por ello, es sano, como sociedad, volver la vista al pasado para asegurarnos que no se cometan los mismos errores.

Referencias

-Constitución política de la monarquía española. Promulgada en Cádiz a 19 de Marzo de 1812, art. 18.

-Constitución de la República Federal de Centroamérica, art 14.

-“Constitución del Estado del Salvador 1841”, art. 5. En Isidro Menéndez, Recopilación de Leyes de El Salvador en Centroamérica, vol. 1, (Guatemala: Imprenta de la Luna, 1856).

-“Título 3: los ciudadanos y el cuerpo electoral”, en Constitución política de El Salvador, 1950.

* Leonel Hernández Sánchez, colaborador de UCA Editores. Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 12.

La UCA ha opinado de un modo constante y sistemático sobre los problemas del país. Y siempre ha dicho que la solución a dichos problemas debe venir por la vía del diálogo informado, la racionalidad, el pleno acceso a la información pública y la búsqueda del bien común y de la verdad. Aunque haya divergencias y diferencias en las decisiones finales, que son normales, un diálogo sincero y bien estructurado abona al buen desarrollo de la democracia y al bienestar social. En la búsqueda de solución a los problemas suelen jugar un papel importante los periodistas. Están en contacto con la realidad, la indagan, contrastan la información con diferentes fuentes y, cuando hay profesionalismo, método y ética, proceden con la seguridad de que la verdad ayuda a construir democracia y valores morales. Los yerros del periodismo nacional han sido a causa de la agenda política e intereses sectoriales de los dueños de ciertos medios de comunicación, o de la falta de profesionalismo y ética de algunos periodistas. Del otro lado de la moneda, flaco favor ha hecho el poder político al sano ejercicio del periodismo cuando en vez de responder a los reportajes sobre irregularidades con diálogo e información, lo hace descalificando a sus autores o, en el peor de los casos, con insultos o agresiones.

En El Salvador la información veraz ha sido entendida con frecuencia como ataque al poder político o económico. Los largos tiempos de dictadura militar y de guerra civil crearon ese hábito. La tergiversación de la realidad ha sido frecuente no solo en el Estado, sino también en otras instancias particulares investidas de poder. Los escuadrones de la muerte tuvieron financistas que, a pesar de que sus nombres circularon incluso en informes internacionales, han conseguido conservar la apariencia de demócratas. Diputados o funcionarios de alto nivel que han cometido delitos acaban saliendo libres a base de mentir, cambiar los hechos y servirse de negociaciones espurias para conservar sus puestos. Quienes insisten en la verdad y en la necesidad de deducir responsabilidades sueles ser tratados como malos, inmisericordes o vengativos.

En la actualidad, tanto personas como instituciones ven con preocupación la tendencia gubernamental a impedir el acceso a la información pública Abundan las mentiras y se bloquea e insulta a periodistas y medios que buscan con honestidad la verdad y realizan una función crítica de positivo influjo para la democracia. De forma muy poco racional, algunos funcionarios de alto nivel tienden a enfrentar los derechos humanos de las víctimas con los derechos humanos de los victimarios, como si los derechos de los primeros anularán los derechos de los segundos. Acusan de mentirosos a quienes no piensan como ellos y tratan de quitar credibilidad a quienes ofrecen noticias en base a documentos. Utilizan las redes sociales para denigrar y, lo que es más grave, algunos medios controlados por el Estado a través del Conab para mentir y atacar sistemáticamente a opositores.

Las baterías se enfilan contra ciertos periodistas en particular, tratando de desprestigiarlos. No se investigan hurtos sospechosos cometidos contra periodistas y al mismo tiempo la Fiscalía abre investigaciones contra medios a partir de denuncias anónimas, ni siquiera aceptadas por las presuntas víctimas. Medios administrados por el Conab lanzan acusaciones falsas contra abogados que defienden a periodistas mientras aumenta la tensión entre el Gobierno y una buena proporción de profesionales de la información. El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que “hay indicios y acciones del Gobierno que afectan el ejercicio de libertad de expresión y el trabajo del periodismo en El Salvador”. Denuncia también “el uso de las redes sociales para acosar periodistas, sobre todo aquellos que investigan o presentan temas que involucran rendición de cuentas o cuestionan al Gobierno”. Y menciona como antecedentes de este tipo de abusos a los expresidentes Hugo Chávez y Alberto Fujimori. Quizás el Gobierno de Nayib Bukele no pretende emular a Chávez o a Fujimori de un modo sistemático, pero para que no se pueda sugerir esa tendencia es necesario que cambie de estilo, reaccione más con datos que con insultos y esté abierto a la crítica.