Editoriales y Opiniones

Los políticos son expertos en desarrollar frases agradables al oído pero alejadas de la realidad. En la primera administración de Arena, se decía gobernar para “los más pobres de los pobres”; en su turno, el FMLN habló del “buen vivir”. Mientras, la realidad estaba teñida de violencia, pobreza, vulnerabilidad y debilidad institucional. Hace pocos días, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa inauguró su gestión con un discurso del mismo género. Dijo lo siguiente: “Asumo la presidencia (…) comprometido con los grandes deseos de nuestro pueblo: un El Salvador en paz y prosperidad. Mi gestión descansará en el buen gobierno, la gobernabilidad, la concertación (…) la reconciliación”. Nada malo se puede observar en estas palabras. Sin embargo, cuando se profundiza en alguno de los conceptos, surgen de inmediato preguntas y contradicciones.

El anuncio sobre la prórroga del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para cerca de 200 mil salvadoreños que viven en Estados Unidos ha sido muy bien recibido, especialmente por los beneficiarios y sus familias, pues les da un respiro temporal. Dilucidar las razones y los alcances reales de la prórroga es asunto de especialistas en materia migratoria. Sin embargo, ya sea que la decisión del Gobierno estadounidense se deba a la lealtad mostrada por la administración de Nayib Bukele, o a las demandas pendientes de resolución, o a la presión de la Alianza TPS y las organizaciones defensoras de los migrantes en el país del norte, los efectos prácticos para las familias son los mismos. Los tepesianos gozarán de unos meses de tranquilidad legal y laboral, con todo lo que eso conlleva, y podrán profundizar su lucha en el Congreso por lograr una solución definitiva a su estatus migratorio.

Editorial UCA

30/10/2019

A nivel mundial, y con mayor fuerza en América Latina, la población se va concentrando en las ciudades en detrimento de las zonas rurales. Este proceso de urbanización ha creado ciudades enormes, que en algunos casos, como Ciudad de México, Sao Paulo (Brasil), Buenos Aires (Argentina), Santiago de Chile, Bogotá (Colombia) y Lima (Perú), llegan a tener más habitantes que algunos países centroamericanos. Se calcula que el 60% de la población mundial vive en zonas urbanas y se espera que la cifra llegue al 68% en los próximos 30 años. Esta dinámica supone nuevos y grandes retos.

Wilson Sandoval

23/10/2019

Octubre se ha convertido en un mes en el que ciudadanos de varios países latinoamericanos están mostrando su descontento con la situación política y social, que parece ser uniforme a nivel regional. En Colombia, estudiantes universitarios, maestros y movimientos sindicales protestaron en la capital, Bogotá, y ciudades como Medellín y Cali contra las políticas laborales del presidente, Iván Duque. En Chile, las protestas registraron cinco muertos el fin de semana. Todo se originó con la movilización de estudiantes en contra del alza del pasaje del metro, cuestión que evolucionó a manifestaciones en Santiago de Chile y las principales ciudades del país, como Valparaíso y Concepción, asociadas al malestar social con la situación de la salud, las pensiones, las seguridad y el empleo, llegando a olas de vandalismo que derivaron en la toma de las calles por parte de las Fuerzas Armadas. Por su parte, Ecuador registra desde el 1 de octubre protestas contra el recorte de subsidios a combustibles anunciado por Lenín Moreno. En las manifestaciones ciudadanas participan movimientos indígenas, estudiantes y trabajadores. Centroamérica no ha sido la excepción, puesto que en Honduras la ciudadanía decidió salir a las calles a manifestarse contra el presidente Juan Orlando Hernández, luego de que Tony Hernández, su hermano, fuera declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos.

Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Nicaragua, Brasil, Honduras y Colombia, entre otros países, muestran una profunda insatisfacción. Las manifestaciones de protesta se suceden unas a otras. Las explicaciones son diversas, pero la línea general de los análisis refuerza la tesis de Ignacio Ellacuría, que atribuía muchos de los problemas sociales de nuestras sociedades a la civilización del capital y a la búsqueda de maximización de los beneficios. Es evidente que los autores influidos por el marxismo insisten en la maldad del capitalismo, pero también pensadores liberales critican al capitalismo salvaje. Ya el papa Pío XI decía hace más de 80 años que en la ilimitada libertad de los competidores sobreviven “solo los más poderosos, lo que con frecuencia es tanto como decir los más violentos y los más desprovistos de conciencia”. De ahí a la frase de san Agustín “Posees lo ajeno cuando posees lo superfluo” no solo hay un paso, sino también un motivo de indignación. Porque quienes acumulan hoy bienes superfluos dejan en el desamparo y la vulnerabilidad a grandes sectores de la población.

Editorial UCA

25/10/2019

En los últimos días, parte de la atención mundial ha estado puesta en Ecuador y Chile, que han pasado a sumarse a la lista de países del Latino América que bullen socialmente, como Honduras y Nicaragua, a los que puede sumarse Bolivia. No faltan las interpretaciones ideologizadas y superficiales sobre la situación. Así como hace un año se quisieron explicar las masivas caravanas desde Centroamérica hacia Estados Unidos como fruto de manipulaciones y engaños, ahora se pretende culpar del estallido social en los dos países sudamericanos a un tercero: Venezuela. Ello es tan falso como afirmar que la acción del ser humano no tiene ninguna incidencia en el cambio climático del planeta. Y precisamente estas dos mentiras surgen desde los mismos sectores, aquellos que defienden el modelo excluyente y voraz que organiza la sociedad y la economía de la gran mayoría de países latinoamericanos.

Los estragos causados por las lluvias de la semana pasada pudieron haberse evitado en buena medida con una sólida cultura de prevención. La sociedad y los Gobiernos en particular alimentan la engañosa expectativa de que nada lamentable ocurrirá, en una especie de ruleta rusa. Y cuando la tragedia se hace presente, porque el riesgo es real y las crisis climáticas son cada vez más violentas, el esfuerzo se pone en remediar aquello que pudo evitarse o paliarse, salvando vidas humanas y ahorrando recursos económicos. El país continúa sin tomar nota del cambio climático ni de sus riesgos, y así transita de una catástrofe a otra.

Cuando la desigualdad parece natural, se hace invisible. Y al invisibilizarse, automáticamente se multiplica y expande. Por eso es imprescindible denunciarla, mostrarla y demostrarla. Hace muchos años ciertas desigualdades parecían naturales, y por eso resultaban invisibles. La conciencia crítica, la reflexión y el avance hacia los derechos humanos, la proclamación de los mismos, nos han ayudado a ver la irracionalidad de muchas desigualdades. Las disparidades en derechos entre hombres y mujeres, negros y blancos, adultos y niños, que hace años se veían como naturales, hoy se consideran absurdas, incluso delito. Pero continúa toda una serie de desigualdades que en ocasiones se defienden y en otras se ignoran y se ven como naturales. Y por lo mismo las mantenemos. Contemplar algunos casos de desigualdad injusta, desde los más estructurales a los más inmediatos del diario vivir, nos puede ayudar a ser más críticos.

* José María Tojeira, director del Idhuca.

El triunfo electoral de Bukele y el curso que ha impreso al poder ejecutivo no solo tienen en jaque a los partidos tradicionales, sino también a los analistas, que no encuentran explicación convincente del fenómeno. El poder ejecutivo no se atiene a las formalidades institucionales ni parece tener mucho aprecio por los principios clásicos de la democracia. Simultáneamente, la solución autoritaria de corte militarista es cada vez más seductora. Si bien el rechazo de la política convencional es evidente, excepto para los partidos y sus dirigencias, aún no se vislumbra en el horizonte una práctica que la sustituya.

La Asamblea Legislativa lo volvió hacer. Esta vez, los protagonistas fueron Arena y el FMLN, aunque otros partidos también participaron en el reparto. Después de casi un mes de retraso se nombró a José Apolonio Tobar Serrano como nuevo procurador de derechos humanos, en un marco de desacuerdos, acusaciones y aguda falta de vergüenza. A tal grado que 21 diputados propietarios fueron sustituidos por suplentes a fin de neutralizar su desacuerdo y alcanzar los votos (56) que se necesitaban para la elección. Esta acción demuestra que los esquemas mentales y procedimentales de los partidos y sus dirigentes siguen siendo los mismos que la población rechaza cada vez con mayor contundencia.