Editoriales y Opiniones

Las maras o pandillas son tema de conversación frecuente, y simultáneamente un problema social y uno delictivo. El Estado hace muy poco para atender el problema social y enfrenta con serias irregularidades los problemas delictivos que se desprenden de su propia ineficiencia en el desarrollo social. La actitud cínica de los políticos, que en público las atacan pero que en privado negocian votos con sus líderes a cambio de favores, agrava todavía más la situación. La falta de control adecuado del uso y venta de armas de fuego, el fácil acceso de niños y jóvenes a drogas y alcohol, y el crecimiento urbano incontrolado que condena al hacinamiento a miles de personas, muchas de ellas sin trabajo decente, alimentan el crecimiento de las maras. A eso se suma la influencia de deportados, así como el ansia juvenil de asociarse y empoderarse frente a situaciones de marginación y descarte.

Por José María Tojeira, director del Idhuca

Hace décadas, la comunidad internacional se propuso erradicar el hambre en el mundo. Los Objetivos del Milenio, que debían alcanzarse en 2015, tenían como primera meta eliminarla, junto a la pobreza extrema. Como es obvio, ello no sucedió, y la fecha límite se fijó para 2030, denominando al objetivo Hambre Cero. Se calcula que a nivel global más de 820 millones de personas pasan hambre, es decir, 11 de cada 100 habitantes del planeta. El promedio de El Salvador es muy similar.

El actual proceso de elección del procurador de derechos humanos pareciera ser una muestra más de la desconexión de los partidos políticos con la realidad de los salvadoreños. Una realidad que mantiene latente problemas estructurales como pobreza, desigualdad, desplazamiento forzado, migración, inseguridad, etc. Y es que históricamente los salvadoreños han sido blancos de un Estado que, en lugar de apuntar a su dignificación, ha generado mecanismos maliciosos para favorecer a unos pocos antes que proteger a las mayorías. Incluso ha utilizado los mecanismos democráticos y legales para favorecer a la clase política antes que a la ciudadanía, como hoy es visible en el proceso de elección de quien ha de liderar una organización tan importante como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Wilson Sandoval, graduado UCA de la Maestría en Ciencia Política.

La figura del testigo criteriado —o su equivalente designado con otro nombre— existe en muchos sistemas judiciales. Es lógico rebajar la pena a quienes, habiendo cometido alguna falta, acusan a los que cometen, ordenan o dirigen delitos más graves. Sin embargo, en El Salvador se abusa de ese recurso. La tendencia a procesar a un grupo numeroso de personas con base en uno o dos testigos criteriados es irregular y peligrosa. Pensar que un solo testigo puede acusar eficazmente a más de cuatrocientas personas, como se está dando en la actualidad, no solo es absurdo, sino también ridículo, pues el procedimiento se realiza sin organizar una rueda de identificación de sospechosos bien hecha, en la que se presenta a cuatro o cinco personas de características físicas muy similares, entre la cuales se encuentra el acusado, como suelen recomendar los derechos procesales de los países que usan este sistema.

La salud mental es un tema que concierne a todas las personas y sociedades, pero poca gente lo comprende a cabalidad. En El Salvador, popularmente se manejan nociones de síntomas y diagnósticos como estrés, depresión y ansiedad, además de la vaga certeza de que nuestro entorno social influye en nuestra salud mental. Sin embargo, estas ideas todavía desembocan en la caracterización de “enfermos mentales” para explicar nuestros comportamientos como país. Esta caracterización implica, cuando menos, una visión patologizante y condescendiente; los términos “enfermo mental” y “loco” pertenecen más a la psicología pop que al vocabulario actual de expertos en salud mental. Sin ignorar las predisposiciones individuales a desarrollar síntomas o trastornos psicológicos o psiquiátricos, atender la salud mental de una población implica observar, y cuestionar, el contexto social en el que esta se encuentra.

La Opinión 11-10-19

(11-10-2019) INJUSTICIAS DE LA JUSTICIA

Opinión (10-10-19) La Cicíes y la impunidad, por el Padre José María Tojeira

El Presupuesto General del Estado 2020 ha sido presentado, y de entrada saltan a la vista algunas cosas. Aunque sean pequeños y no relacionados a la obtención de logros concretos, es positivo que se hayan fijado incrementos a educación y salud, dos áreas fundamentales para la población. También se ve con buenos ojos el incremento del gasto para seguridad, incluyendo a la Fiscalía General de la República, que recibe un aumento del 26% en su asignación, lo que es acorde a la tarea que tiene en la lucha contra el crimen. En cambio, es cuestionable el incremento para la Fuerza Armada, no proporcional al despliegue de la misma en materia de seguridad.

En el Salvador se ha abierto el debate sobre el salario mínimo. Un salario que fue vergonzoso y humillante hasta el último incremento, durante el Gobierno de Sánchez Cerén. Hasta entonces, había salarios mínimos de una indecencia absoluta, como los 109 dólares mensuales para ciertos trabajos ocasionales o de temporada. Que se subiera el salario mínimo urbano a 300 dólares mensuales y a 250 el del campo despertó protestas en algunos sectores del capital, que mostraron una vez más la desvergüenza de algunos empresarios, más dispuestos a explotar al trabajador que a retribuirle con decencia por sus esfuerzos y sudores. Sin embargo, aún no se puede decir que el salario mínimo sea decente, pues no es decente la cantidad que se paga ni que sea distinto para el ámbito rural y el urbano. Un paso hacia el salario decente sería subirlo, tanto para el campo como para la ciudad, a 400 dólares mensuales.

Rodolfo Cardenal

04/10/2019

Naciones Unidas ha caído en la obsolescencia no solo por preservar intacta durante décadas la estructura de su Asamblea General; la organización arrastra una burocracia pesada, lenta y cara, que le impide reaccionar diligentemente a las crisis mundiales. La Unión Europea es otra institución con una estructura burocrática pesada. Más importante aún es el poder absoluto que el Consejo de Seguridad ejerce sobre el conjunto de la organización. Los votos que realmente cuentan son los de los ganadores de la Segunda Guerra. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido matan con su poder de veto individual cualquier iniciativa contraria a sus intereses. Desde hace ya algún tiempo, algunas voces han pedido reformar esa anticuada estructura, pero los países con veto no están dispuestos a renunciar a su privilegio. Los demás cuentan poco. No es extraño, entonces, que cuando el presidente de El Salvador tomó la palabra, el recinto estaba desierto. No sucede así cuando el podio lo ocupa uno de los que mandan.