Editoriales y Opiniones

En los últimos días se han multiplicado las voces que afirman que en las próximas elecciones habrá fraude; según la última encuesta del Iudop, el 37.9% de los encuestados lo cree. Quienes más han insistido en ello son el presidente de la República y sus seguidores, pese a que saben, o deberían saber, que cometer fraude durante el proceso de votación y conteo de votos es si no imposible, muy, muy difícil. Las Juntas Receptoras de Votos están integradas tanto por ciudadanos independientes como por afines de todos los partidos. Además, en cada mesa hay vigilantes partidarios. Por supuesto, Nuevas Ideas tendrá los suyos, quienes podrán estar presentes en las mesas durante todo el proceso de votación y conteo. Por tanto, por esa vía no tiene sentido hablar de fraude electoral. Desde los Acuerdos de Paz se han realizado seis elecciones presidenciales y nueve municipales y legislativas de forma limpia y transparente. No hay razón ni evidencia que permita afirmar que las del 28 de febrero serán la excepción.

Pero si de hablar de fraude se trata, hay que decir claramente que ya se ha consumado uno y que su principal responsable es Nayib Bukele. El presidente no solo ha intervenido en el proceso electoral a favor de Nuevas Ideas, lo que está prohibido por ley, sino que también ha trabajado conscientemente y usando todos los medios a su alcance para dañar a los demás partidos en contienda, a excepción de sus aliados de GANA. La negativa a entregar en tiempo y forma el Fodes a los municipios, además de ser inconstitucional, responde a una estrategia electoral. En la medida en que se quedan sin fondos, los municipios no pueden realizar sus funciones y, por tanto, incumplen con sus compromisos ante la población.

Con su estrategia, el presidente ha obstruido el trabajo de las alcaldías, dejándolas mal paradas ante la ciudadanía. Esto seguramente favoreció que, en la más reciente encuesta del Iudop, las municipalidades recibieran la peor evaluación de los últimos 22 años. Asimismo, sin necesidad de decirlo, Bukele ha enviado un contundente mensaje: las alcaldías que no sean de Nuevas Ideas enfrentarán graves dificultades. Otra de sus acciones contrarias a la ley y a la democracia es no haber entregado la deuda política a los partidos, restándoles así recursos para propaganda. En contraste, Nuevas Ideas cuenta con abundantes fondos y se aprovecha de los recursos del Estado.

Con todo, el componente más importante del fraude electoral cometido por el Ejecutivo es la entrega de los paquetes alimenticios, los cuales no se han distribuido con criterios objetivos y claros, y como parte de las obligaciones del Gobierno con la población, sino como obra de la discrecionalidad generosa del presidente y su Gabinete. En el colmo de la desvergüenza, en no pocas ocasiones los paquetes han sido repartidos por personas que visten distintivos de Nuevas Ideas. Por estas razones, la distribución de las ayudas constituye la principal estrategia electoral de Bukele para ganarse el apoyo mayoritario de la población.

Quienes suelen preocuparse de un posible fraude son los partidos y políticos minoritarios y vulnerables, no los fuertes y que gozan de alta popularidad, como Nayib Bukele y su partido. Carece de todo sustento su insistencia en el fraude electoral cuando es indudable que Nuevas Ideas compite en estas elecciones con todas las ventajas a su favor. La acusación del mandatario no obedece a un temor de que el Tribunal Supremo Electoral irrespete la voluntad popular. Más bien teme no obtener la contundente victoria que necesita para consolidar sus aspiraciones absolutistas. Como en otras muchas cosas, el presidente se limita a copiar un vicio ajeno; en esta ocasión, la estrategia Trump.

En El Salvador, los debates en torno al futuro y la política se han infantilizado. Cuando los niños se pelean verbalmente entre sí, el que replica a una crítica acusa al otro del mismo defecto que se le ha señalado, insistiendo en que el oponente es más feo, más tonto o más malo, por ejemplo. En el país, en las redes sociales se repiten sin cesar ese tipo de intercambios, sin que aparezcan mayores datos o argumentos. Quienes son acusados de ladrones responden que otros lo son más. Y la misma tónica se sigue ante las críticas por modos y afanes autoritarios o populistas. No hay reflexión sobre lo que puede haber de verdad en las acusaciones y mucho menos se reconocen defectos y fallos. Este infantilismo no solo ha invadido a los miembros de los partidos políticos, sino incluso a personas que en otros tiempos estaban más abiertas a dialogar y a reconocer la complejidad de los problemas nacionales.

Tan infantil es la posición del “o gano por mucho o hay fraude” como retocar fotos y emitir mensajes breves y sin contenido para posicionar candidatos. En contraste, no hay propuestas para universalizar las pensiones, reforzar los sistemas de control interno en la Policía, la Fiscalía y el sistema judicial, dar seguridad social a los trabajadores informales, frenar el proyecto El Ángel, proveer de acceso a Internet a todas las escuelas rurales, impulsar una reforma tributaria progresiva o bajar el IVA a alimentos básicos y medicinas. La apuesta es ganar el voto por una cara bonita o por afirmaciones que solo apelan a las emociones. Esta ausencia de razonamiento y claridad política es peligrosa para todos, gane quien gane.

A las puertas de las elecciones es difícil que esa lógica cambie, pero caer en la cuenta del problema es clave para reaccionar como ciudadanos decentes en la construcción de la convivencia. En una verdadera democracia, quien debe ganar en unos comicios no es un partido concreto, sino el pueblo en su amplitud y generalidad. Ganar porque el resultado de la votación contribuiye a eliminar la corrupción, la pobreza, el mal funcionamiento de los tribunales, la violencia, la brutalidad policial o el militarismo. Lamentablemente, las señales que dan los políticos en la contienda electoral apuntan a lo contrario. La pobreza continuará porque no se está pensando en cómo superarla. La corrupción seguirá imperando porque el interés es controlar las instituciones, no garantizar que estas ejerzan la función de control que les corresponde.

Llamar a la racionalidad es una necesidad más perentoria que antes, y es tarea de todos. Dado el panorama político actual, la crítica y la propuesta serias serán excepcionales. Permanecer en el ejercicio racional de la información y del debate a favor del bien común, que se refleja siempre en el pleno respeto a los derechos humanos, sigue siendo la tarea prioritaria para quienes desean el pleno desarrollo de El Salvador en justicia y libertad. Ojalá no pasen muchos años antes que la infantilización de la política sea solo parte de un momento tan injusto como irracional de nuestra historia.

Cuando las cosas van mal en El Salvador, hay una receta bastante probada para que la conversación cambie y la opinión de todos sea favorable: el líder debe volverse autoritario y mejor aún, arroparse con todos los gestos militares que pueda convocar.

Eso fue lo que la sociedad salvadoreña vivió el domingo 9 de febrero de 2020, hace poco más de un año. La irrupción en el recinto de la Asamblea de un presidente electo democráticamente y un ejército que lo siguió y se apropió del espacio con actitud amenazante. La confrontación que ahí tomó forma fue la respuesta a la primera crisis del gobierno: una crisis social y sanitaria por la distribución de agua potable contaminada, y una crisis política a raíz del cuestionamiento del Director de Centros Penales, Osiris Luna, involucrado en negocios poco transparentes con el Grupo SeguriTech Integral Security, una millonaria empresa mexicana de seguridad y videovigilancia. Para que pudiéramos olvidar con tranquilidad esos problemas, el equipo presidencial ideó un guion muy hábil y, antes de empezar la pandemia, la sociedad salvadoreña inauguró su primera temporada del reality show más querido por los salvadoreños. El autoritarismo más cool. La dictadura más linda. Nuestro sueño más anhelado.

Pero en realidad, el guión no es original. Esta película es un remake, con algunas variaciones gracias a las redes sociales, de la película más taquillera del último siglo de la república. La de los autoritarismos militares.

Los historiadores nos cuentan que la sociedad salvadoreña se ha visto seducida en distintos momentos por este performance del poder. Y no es para menos. Es un poder masculino, defensor, fuerte, leal a sus principios, disciplinado. Vale la pena recordar que, en sus inicios, las élites salvadoreñas tenían sus propios espacios de socialización en donde los militares no podían entrar. El Casino Salvadoreño, fundado en 1880 y el Club Internacional, en 1903 eran espacios exclusivos y excluyentes. Es por ello que algunos años después, en 1919, la Revista del Círculo Militar iniciaba su circulación y legitimaba un nuevo espacio social que no dependía de las rígidas normas del apellido y la clase social, sino de las heroicas hazañas de los tenientes y los coroneles, que empezaban a aparecer en los periódicos de la época como unos nuevos y aguerridos héroes. El mejor de ellos fue el general Maximiliano Hernández Martínez, que después de trece años en el poder dio pie a que distintos gobiernos militares se mantuvieran en el poder hasta 1979.

Antonio Gramsci, el comunista italiano, señaló en sus cuadernos desde la cárcel que en la hegemonía, es decir, en la dominación que un líder o un grupo de personas ejerce sobre un grupo social hay algo más que fuerza bruta. No basta con pegar, matar, o tener un arma, señalaba este pensador. Es necesario seducir, y para que exista la seducción, la complicidad es fundamental. Hay en los dominados una relación que no es consciente, pero que admira profundamente algo del dominador. Quizá sea la fuerza, o el vértigo del miedo, pero algo nos seduce.

Bukele y su equipo lo saben bien. Saben que si bien los acuerdos de Paz dijeron que había que reducir el poder del ejército, la seducción por la cultura militar viene de muy lejos para nuestra sociedad. Saben que el FMLN ha sido el partido que, después de la firma de los Acuerdos de Paz, dio más poder al ejército, quizá porque al final, el FMLN era un partido político nacido de un ejército. Y saben que los medios de comunicación celebraron este poder adquirido.

Bukele y su equipo saben que la sociedad salvadoreña ha valorado al ejército mucho más que a la democracia. Que a la gran mayoría de las personas, sin importar el nivel educativo o el lugar de proveniencia, les seduce la posibilidad de legitimar la pena de muerte, la proliferación de las armas, el servicio militar obligatorio como proceso de corrección y educación social.

Bukele y su equipo saben que somos lo que somos. Saben que el ojo por ojo, y que el diente por diente atrae. Que hay demasiado dolor. Y saben que de nuevo olvidaremos. Que no importará que lo que han hecho es mejorar el mismo guión propuesto por el FMLN. Saben que omitiremos el pequeño detalle de que son parte de “los mismos de siempre” y que solo necesitan una buena actuación militar-presidencial. Necesitan mostrar de nuevo que es él, Bukele, el hombre digno, fuerte, disciplinado, trabajador, el verdadero indignado, el nuevo guerrero junto a su nuevo ejército verde olivo. Y pensaremos que esas son las nuevas ideas, las únicas capaces de erradicar las pandillas y los males que nos aquejan.

Después del 9F de hace un año viene el 28F. Y lo más probable es que este remake consiga un Óscar a la película más taquillera por parte de nuestra sociedad. Y es posible que, a partir de ese momento, cuando tenga la mayoría en la Asamblea, no se necesite ya nada más. Algo sabe el siglo XX de lo fácil que es entrar a los regímenes militares, pero también lo difícil que es salir de ellos. Y Bukele y su equipo lo saben también.

Es fácil entrar a una dictadura, lo difícil es salir

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 32.

El populismo es una de las etiquetas más utilizada para caracterizar al régimen de Bukele, pero también a los de Trump, Maduro, Bolsonaro y otros similares. Aunque esta diversidad hace el concepto impreciso, todos esos regímenes coinciden en la convicción de que salvarán al pueblo de sus demonios. Una salvación engañosa. Habilidosamente, se fusiona las reivindicaciones populares con el presunto salvador y se inventa un vínculo directo entre este y el pueblo, en cuyo nombre se desautoriza a las elites responsables de la corrupción. En el caso de Bukele, a Arena y el FMLN, pero no a GANA ni al capital corporativo y financiero. El camino para erradicar los males sociales es la confianza absoluta en el salvador, el poseedor de la única verdad, que intenta legitimar con la invocación a la divinidad. Ejemplo de ello son las palabras de un candidato de Bukele para presidir la próxima legislatura: “Dios nos guiará y nos dará fortaleza”.

Este concepto de salvación convierte al pueblo en el absoluto y en la fuente de todo bien y de todo mal. En el caso de Bukele, el pueblo pediría tanto la reforma de la Constitución como violentar las leyes u obviar el asesinato político. Aupado en la exaltación abstracta del pueblo, el líder se coloca por encima y en contra de la institucionalidad. El pueblo imaginado se corresponde con un liderazgo fetiche, que se dirige a él desde lo alto de una tarima y desde la distancia del podio; a veces le habla entre cortinajes, flanqueado por banderas y rodeado de militares y funcionarios. Camina sobre alfombra roja, resguardada por cadetes vestidos de desfile. La otra cara de este liderazgo es que el pueblo se reconoce en ese fetiche.

El fenómeno es tan antiguo como la humanidad, tal como muestra la tradición bíblica en el relato de la torre de Babel, la cuna de los opresores. Los constructores de la torre aspiran al dominio universal del Estado totalitario, que impone la uniformidad repetitiva y donde todos son iguales. La torre que se levanta hasta el cielo desafía la alteridad de Dios, a quien pretende domesticar para que bendiga su proyecto totalitario. La ciudad totalitaria surge del miedo a la diferencia y a la incertidumbre. Sus constructores desean su seguridad, esto es, la ley del poder autoritario y de la violencia. Pero no llegan lejos. El poder que los une se despliega como egoísmo múltiple, que se traduce en confusión y enfrentamiento. Los constructores de la torre se creían dueños del mundo. Casi lo consiguen, pero su éxito los destruye. La identificación con el poder opresor les impide dialogar y entenderse. El proyecto es homicida desde su raíz: unos sacrifican a los otros. Babel revela una sociedad enferma.

Las babeles son posibles cuando las sociedades son cómplices de su propia esclavitud. La diferencia y la incertidumbre insufribles las empujan a buscar un jefe que suprima la alteridad y garantice la seguridad, aun a costa de caer en la esclavitud. El líder explota la aflicción para hacerse un nombre, consolidar su poder y dominar obsesivamente la totalidad. Entonces, el liderazgo se transforma en fetiche, cuyo culto tranquiliza. El fetiche es la respuesta al miedo a la libertad y a lo desconocido, y el totalitarismo resultante combina el desasosiego con la sed de poder. En contra del sentir de sus arquitectos, la construcción totalitaria arrastra consigo una maldición: la sociedad fundada en el temor es extremadamente injusta y violenta, y el ídolo al que da culto es incapaz de salvarla.

Pese a las apariencias, no todo está perdido. La maldición puede ser conjurada con la renuncia a los líderes fetiches, que prometen engañosamente paz, bienestar y seguridad mientras prevalece la injusticia y la violencia. No es tarea fácil denunciar los efectos devastadores ocasionados por los fetiches ocultos en la política, la economía, la administración de justicia y la interpretación de la ley, el último refugio del ídolo. La práctica de la justicia social y la defensa del débil constituyen los revulsivos más eficaces para desenmascarar los ídolos ocultos. La liberación o la verdadera salvación solo acontecen en esas prácticas.

El líder obsesivo que no tolera la diferencia ni respeta al ser humano y su diversidad conduce al fracaso babélico. La alternativa es la construcción de una sociedad igualitaria, solidaria y fraternal, respetuosa de la diversidad y sin miedo a la libertad. Un quehacer lento y trabajoso, también conflictivo, porque el respeto a la diferencia es la cuestión más difícil de la construcción social. El verdadero líder popular se reconoce en el pueblo y le pertenece al pueblo, lo escucha desde la cercanía y comparte con él desde la solidaridad, y el pueblo se reconoce en él y se apropia de él.

* Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.

En otros espacios he señalado que, en mi opinión, la popularidad de Bukele descansa en el descontento de las mayorías con el modelo de desarrollo que la población asocia principalmente con el partido Arena y FMLN. Ese descontento le ha bastado al partido del presidente para encabezar la intención de voto de las próximas elecciones. Ante la ausencia de propuestas —más allá de los materiales multimedia que se han convertido en prolegómenos eternos del país soñado que viene—, el presidente, sus funcionarios y muchos de los candidatos de Nuevas Ideas han necesitado de constantes ataques y señalamientos de odio contra “los mismos de siempre”.

A pesar de que este discurso parece ser efectivo para fines electores, también ha generado la idea de que todo el que no apoya al presidente es una especie de enemigo, incitando a la intolerancia y al irrespeto. El pasado 31 de enero esto llegó al extremo de generar un ataque armado contra una caravana del FMLN que terminó con la vida de Gloria Rogel del Cid y Juan de Dios Tejada, mientras que dejó a otras personas heridas.

Lejos de cumplir con sus obligaciones constitucionales de “procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores”, el presidente, acostumbrado a tuitear más rápido de lo que piensa y a convertir todo lo que sucede en proselitismo, hizo señalamientos sin ningún fundamento, en los que insinuó que lo ocurrido fue un autoatentado del FMLN. Por su parte, algunos seguidores de Bukele, que han cedido su capacidad de pensamiento a los tuis del presidente, no tardaron en replicar esta afirmación en las redes sociales mientras reaccionaban con “me divierte” a las noticias vinculadas con el atentado. Por supuesto, no se acusa al presidente de estar vinculado explícitamente en este suceso, sino de contribuir y liderar al ambiente de odio que ha dado lugar a que se repitan escenas que creíamos superadas con los Acuerdos de Paz.

Bukele, empecinado en demostrar que existe algún tipo de responsabilidad de los seguidores del FMLN, ha sido incapaz de reconocer su error. Por el contrario, ha procurado incidir en la opinión pública a través de videos presentados por la PNC en los que se intenta evidenciar que lo ocurrido fue un enfrentamiento. Lo anterior es alarmante al menos por dos motivos. En primer lugar, la PNC no debe responder a los intereses del Gobierno de turno; por el contrario, debe trabajar junto a la Fiscalía para esclarecer los hechos. En segundo lugar, el presidente mantiene su discurso de odio, pues parece buscar justificación a los homicidios ocurridos. El problema no es que ante la ausencia del odio el discurso sería menos efectivo, sino que ante la ausencia del odio el presidente se quedaría sin discurso y se evidenciaría la ausencia de propuestas.

De seguir este camino, Bukele pasará a la historia como un presidente muy similar a Maximiliano Hernández Martínez, quien puso los cimientos de la represión política y social militarizada que desembocó en la guerra civil salvadoreña. Triste horizonte: la buena imagen de Maximiliano que se mantiene hasta la actualidad se explica únicamente por las deficiencias en nuestro sistema educativo y por la falta de memoria histórica, la misma que el presidente, como previendo su destino, fomenta.

Los seguidores de Bukele deben reflexionar sobre lo sucedido. Aunque su descontento con la situación general del El Salvador puede estar justificada, deben cuestionarse si este es el rumbo que desean para el país. Además, deben empezar a exigir al presidente y al partido Nuevas Ideas propuestas claras para la solución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad; si no, serán cómplices del futuro poco alentador que se vislumbra.

* Armando Álvarez, docente del Departamento de Economía.

Desde hace años se viene hablando de grupos de exterminio en El Salvador, en los que participan tanto policías como civiles. Inicialmente se negaba su existencia, pero a partir de 2013 el accionar de los mismos fue innegable. En 2016 se produjo la primera detención de uno de sus miembros y a partir de entonces se ha venido desarticulando a un par de grupos cada año. 2019 batió el récord al registrarse cuatro grupos desarticulados. Aunque la pandemia puso un alto en el proceso de persecución a estas bandas criminales, recientemente se ha detenido a más personas acusadas de pertenecer a ellas. La problemática, pues, dista de estar solucionada.

El asesinato de la agente Carla Ayala fue cometido por un miembro de un grupo de exterminio tolerado y protegido desde el interior de la PNC. Que tomara nueve meses encontrar el cadáver y que aún no se haya arrestado al autor material del asesinato sugiere una protección formal a estos grupos por parte de, entre otros, algunos mandos policiales. El asesinato del sacerdote Walter Vázquez también continúa sin esclarecerse. Hay mucha evidencia que conduce a pensar que quienes lo mataron eran miembros de un grupo de exterminio. Lo mismo sucede con respecto al asesinato del sacerdote Ricardo Cortez y ciertos casos de desaparición de personas.

Al profundizar en el conocimiento de estos grupos se advierten indicios de vínculos de miembros de la PNC con comerciantes y empresarios, e incluso líderes locales de partidos políticos, que financian actividades de limpieza social. Jóvenes sospechosos de pertenecer a una pandilla o que colaboran con una en tareas de menores son quienes con más frecuencia sufren atentados, pero también son blanco quienes resultan molestos tanto para los policías que pertenecen a estos grupos como para sus financistas.

En este marco, es fundamental una depuración permanente y mucho más exigente de la PNC. No deberían tener mando operativo en la lucha contra el crimen aquellos oficiales que no hayan cumplido a cabalidad con su obligación de investigar este tipo de estructuras al interior de la institución, especialmente si han estado al mando de unidades infiltradas por los grupos de exterminio. Las bandas criminales insertadas dentro de la Policía corrompen a la institución, crean desconfianza ciudadana, dificultan la investigación del delito y golpean al Estado de derecho. Investigar estos grupos, procesarlos y erradicarlos, cortando todos sus vínculos con agentes u oficiales de la PNC, es una tarea urgente en El Salvador.

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Proceso

El año pasado dejó menos optimismo en la población de cara al futuro. Esa es la conclusión general que se puede sacar de la encuesta de evaluación del año 2020 del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop). La población está consciente de que el país no está bien, que el año de la pandemia causó estragos, como en el mundo entero. Una tercera parte de la población encuestada cree que el país está peor que hace un año, cuando a finales de 2019 solo el 5% se pronunció en esos términos. Por contrapartida, hace un año el 67.5% de la gente dijo que el país estaba mejor y en esta ocasión ese porcentaje se redujo en casi 20 puntos porcentuales (47%). La principal razón por la que la gente cree que la situación ha empeorado es la pandemia (64.8%) y la población que opina que el país está mejor lo atribuye, en primer lugar, a la gestión del presidente Bukele (67.5%). En consonancia con esta apreciación, el presidente es la persona a quien más confianza le tiene la población (66.7%), a la que consideran menos corrupto (51.1%) y la depositaria de la mejor evaluación de los encuestados (8.37).

Pero la gente tampoco cierra los ojos a la realidad que tiene enfrente. Cuando se le pide opinión sobre el principal problema del país, los temas de carácter económico (pobreza, desempleo, economía) ocupan el primer lugar para el 35.3% de la población; los problemas relacionados con la violencia y delincuencia ocupan el segundo lugar (18.8%) y el tercero lo ocupa la pandemia de covid-19 (18.1%). Como novedad, la corrupción y la falta de transparencia aparecen en cuarto lugar como principales problemas del país para el 10.4% de la población. La confrontación entre el presidente y los otros poderes del Estado ocupan la quinta posición con el 9.2% de las opiniones.

Sin dejar de ser motivo de preocupación, la inseguridad y la delincuencia han disminuido en la percepción de la población. Más de la mitad de la gente que participó en el sondeo de opinión ve en este rubro la principal mejora en el país. Por eso, tanto la Policía Nacional Civil como las Fuerzas Armadas, y las políticas ligadas a ellas, aparecen bien evaluadas. Sin embargo, el rubro de la economía es el que más está golpeando a la gente. 43.6% de las opiniones perciben que la pobreza aumentó en el último año frente a un 16.6% que piensa que disminuyó. Además, el 40.7% de la población encuestada piensa que la situación económica del país ha empeorado, mientras solo un 21% opina que ha mejorado. Estas opiniones se confirman cuando se pregunta por la situación familiar. 41.7% de la gente piensa que los precios de los productos básicos han aumentado, 85.6% cree que su situación económica familiar empeoró o sigue igual y el costo de la vida ha aumentado algo o mucho para 6 de cada 10 encuestados (59.9%). El menor optimismo se percibe en que el 53,5% piensa que en el 2021 la situación mejorará cuando hace un año pensaba eso el 69.7% de los encuestados. Por otro lado, ha crecido la gente que cree que la situación va para peor. El 19.5% piensa así, frente a un 4.7% que pensaba lo mismo al terminar 2019.

La encuesta deja claro que el presidente Bukele es la variable que suma. En un país tan polarizado como El Salvador de hoy, y con el respaldo masivo e irreflexivo del que goza el presidente, todo lo que la mayoría de la población identifica del lado del presidente, recibe una buena evaluación y todo lo que no se identifica con el mandatario, o peor, se identifica como contrario a él, se evalúa desfavorablemente. Así, prácticamente todas las instancias del Ejecutivo gozan de opiniones favorables. En cambio, las instituciones de control del poder con quienes el presidente ha tenido choques en todo lo que va de su administración, como la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República o la Corte de Cuentas, obtienen valoraciones negativas de la población. Especial mención merecen los partidos políticos y la Asamblea Legislativa. El que aparezcan en la base de la confianza ciudadana o en la cima de la desconfianza, que es lo mismo, no es algo novedoso; tampoco lo es el que la población las identifique como las más contaminadas por la corrupción. Probablemente estas opiniones con respecto a ambas representan mínimos históricos de aceptación. Pero en el fondo, lo que refleja esta encuesta y las precedentes desde hace algunos años, es la crisis en la que están sumergidos los partidos políticos tradicionales: crisis que probablemente solo sus dirigentes no han dimensionado en su justa medida o que quizá no han podido entender, lo que también es bastante probable.

Indudablemente, en un año electoral, estas valoraciones de la población estarán a la base de la decisión que tome el próximo 28 de febrero. Las percepciones de la gente se corresponden con las preferencias electorales a favor del partido de Bukele. Pero la solidez del apoyo que el presidente reclama al afirmar que tiene el 97% de respaldo popular, comienza a desvanecerse. Que a 18 meses de gobierno la corrupción figure como uno de los principales problemas del país, que el 20% de la gente piense que la corrupción también existe en la presidencia, que 37 de cada 100 encuestados (36.8%) opine que también hay alguna o mucha corrupción en el gobierno central, que 38.9% y 49.5% piensen lo mismo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Civil, respectivamente, refleja que la imagen del gobierno comienza a deteriorarse y no es tan inmaculada como la quiere hacer ver la propaganda oficial.

En definitiva, el estudio revela una disminución del optimismo con el que la población veía al país hace un año; una disminución en la que, sin duda, tienen que ver los muchos efectos de la pandemia, pero a la que también ha colaborado la erosión que ha comenzado a sufrir la presente administración. La encuesta también revela que esta erosión no será decisiva para los próximos comicios. Quizá pese más para los siguientes, si es que las reglas del juego democrático siguen vigentes en el país.

* Artículo publicado en el boletín Proceso N.° 30.

El periodismo de investigación tiene siempre una direccionalidad. Generalmente se orienta o bien a descubrir errores y problemas con los que la sociedad convive sin alarmarse, o bien a corregir los excesos del poder. Pero el periodismo noticioso, que transmite lo que sucede día a día, da una cantidad de noticias tan abundantes que con frecuencia puede dejarnos en la ignorancia de lo que pasa. Porque una noticia sucede rápidamente a la otra, y en medio de intensa variación diaria, la velocidad de la información no nos deja reflexionar ni advertir el rumbo que puede subyacer a la barahúnda noticiosa. Una pequeña muestra de tres noticias, ligeramente espaciadas en el tiempo, puede servirnos de ejemplo de esta confusión con dirección de la que hablamos.

Salió primero la noticia de que entre los cambios constitucionales que se pretende hacer está la de ampliar a seis años el mandato presidencial en el país. Después el vicepresidente de nuestro país salió con la peregrina idea de restablecer el servicio militar obligatorio. Y finalmente aparece el almirante ministro de Defensa diciendo que a los militares debe reconocérseles algún tipo de papel político. Fueron unas noticias no muy claras y casi sepultadas por otras noticias más relevantes sobre temas de corrupción, delitos, efectos de la pandemia y cambios gubernamentales en Estados Unidos. Sin embargo, aun en medio de la confusión, esas tres noticias señalan con claridad el rumbo que se le quiere dar a nuestra sociedad. Van hacia un estilo de Gobierno más autoritario y apoyado una vez más en los militares. Y decimos una vez más porque durante sesenta años del siglo pasado los militares mantuvieron a El Salvador en el subdesarrollo y en la cultura de la violencia.

Con seis años de Presidencia, militares con capacidad de papel político y servicio militar obligatorio, podemos encontrarnos con una reedición de lo que fueron los gobiernos del PCN que terminaron en la guerra civil. O si a eso le añadimos la reelección, un proyecto querido por el actual vicepresidente, alcanzaríamos a la dictadura sangrienta del general Hernández Martínez. Todavía hoy no faltan quienes lo mencionan como un gobernante que construyó la carretera panamericana en el tramo salvadoreño, creó el Banco Central y diversas instituciones de crédito estatales y cobró fama, hoy discutida, de reducir la violencia con mano dura. Sin embargo, el carácter y estilo gubernamental de dictador violento y genocida no se lo puede quitar nadie.

¿Vamos en una dirección abiertamente autoritaria? El gobierno actual tiene claros rasgos autoritarios, así como una cierta dependencia del ejército. Pero los gobiernos anteriores, más ARENA que el FMLN, no han sido en este aspecto muy diferentes. Ninguno se ha atrevido, en estos casi 30 años de los Acuerdos de Paz, a poner un Ministro de Defensa civil, como se sugería tímidamente en dichos Acuerdos. Pero más allá de la permanencia, con mayor o menor énfasis, de la tendencia autoritaria en el Gobierno actual, lo cierto es que las propuestas irresponsables de reforma constitucional, el apoyo creciente a la Fuerza Armada, la juventud e inexperiencia de muchos de los candidatos a diputados, el retraso, con trampas incluidas, en el cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la infame ley de amnistía, están poniendo la condiciones objetivas para una avance muy peligroso de la cultura autoritaria y el deterioro de la democracia. ¿Llegaremos a una dictadura? Es muy pronto para decirlo, pero estamos dando los pasos para avanzar hacia un tipo de gobierno cada vez más autoritario. Y eso es peligroso para todos.

Los Acuerdos de Paz de El Salvador están reunidos en un pequeño libro y muestran un trabajo continuado en favor de la paz. Generalmente se han celebrado como Día de la Paz en la fecha en que se firmaron los Acuerdos definitivos en Chapultepec, México. Leyendo los Acuerdos podemos encontrar diferentes compromisos, la mayoría de ellos centrados en los derechos políticos y civiles. La creación de una nueva policía, de índole civil, y la depuración del ejército, el compromiso de no dejar en la impunidad crímenes graves cometidos contra la guerra, la creación de la Procuraduría de Derechos Humanos, el reparto de tierras a ex combatientes son parte de este texto que dio origen al fin de la guerra. Fue un paso muy importante en nuestra historia y merece ser celebrado. Pero hubo posteriormente incumplimientos graves al dejar en la impunidad crímenes de guerra cometidos por ambos bandos, y al no depurar adecuadamente la Fuerza Armada. El intento de los Acuerdos de crear una institución de diálogo, llamado el Foro para la Concertación Económica y Social, fracasó en el mismo año que se firmó la paz. Monseñor Rivera, comentando los Acuerdos, solía decir a sus amigos que los Acuerdos nos libraron de una guerra, pero que no habían podido poner las bases para la eliminación de las causas de la guerra. Causas que él centraba en la pobreza injusta, la desigualdad escandalosa y la corrupción, que no se estaban tocando adecuadamente.

La Iglesia, durante los 11 años de guerra civil, y por supuesto también antes de la guerra, había clamado por la justicia social, defendido a los pobres y promovido sus derechos, como parte de su labor evangelizadora. Tanto Monseñor Chávez como Monseñor Romero y Mons. Rivera, cada uno de diferente forma, impulsaron intensamente la solidaridad con los empobrecidos y defendieron sus derechos casi durante medio siglo. Muchos laicos cristianos y sacerdotes participaron en este esfuerzo eclesial. Ya en tiempo de Monseñor Romero se veía venir la tragedia de la guerra y numerosos laicos y sacerdotes fueron llamados al martirio por defender el mensaje evangélico de solidaridad con quienes sufrían abusos, tanto económicos como sociales. Durante la guerra el trabajo por la paz fue muy intenso y decidido. El P. Ellacuría y sus compañeros dieron la vida trabajando por el diálogo y la paz, al tiempo que defendían los derechos de los pobres, que eran en definitiva los que más sufrían la guerra. Monseñor Rivera y nuestro Cardenal Rosa Chávez, fueron también amenazados en repetidas ocasiones, e incluso hubo un intento gubernamental de sacarlos del país.

Nuestra Iglesia actual es heredera de ese trabajo por la paz. De hecho, nunca dejó de trabajar en favor del diálogo, la reconciliación y la justicia social. El trabajo en favor de la paz, íntimamente ligado a los derechos de la población, es parte de la pastoral social de la Iglesia. Y así la vemos defendiendo el medio ambiente sano, impulsando la prohibición de la minería metálica, comprometida con el derecho universal al agua y protegiendo las zonas de recarga hídrica, así como impulsando, incluso mediante propuesta de ley, el derecho a la alimentación. Los Acuerdos de Paz no son ajenos a la Iglesia, porque ella siempre ha trabajado por la paz con justicia. Y es este último aspecto, el de la justicia, el que la Iglesia echa de menos en la historia que ha seguido a los Acuerdos. Desde la reunión de obispos del CELAM en Medellín (1968), nuestros pastores nos recordaron a todos los latinoamericanos, a la luz del Concilio Vaticano II, que “la paz es, ante todo, obra de la justicia”. En el Concilio la Iglesia había insistido en que “para edificar la paz, se requiere ante todo que se desarraiguen las causas de discordia entre los hombres”. Y mencionaba entre las causas que se debían superar a las “excesivas desigualdades económicas y la lentitud en la aplicación de las soluciones necesarias” (GS 83). Si no nos dijeran que es un texto del Concilio, hasta podríamos pensar que es parte de un análisis de El Salvador actual.

La celebración tradicional de los Acuerdos, centrada especialmente en el protagonismo de la firma por parte de quienes guerreaban, ha olvidado con demasiada frecuencia el trabajo de tanta gente de Iglesia en favor de la paz. Pero la Iglesia está acostumbrada a que no se le reconozcan sus méritos, y tampoco trabaja para que se le alaben sus esfuerzos. Pero como Madre y Maestra que peregrina junto con el pueblo salvadoreño, sí debe recordar a los políticos la necesidad y la urgencia de avanzar sistemáticamente y con mayor rapidez en el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población. Los Acuerdos de Paz fueron un paso importante en nuestra historia. Son parte también de la historia de la Iglesia salvadoreña. Pero ese paso dado hace 29 años no puede hacernos olvidar que la paz es un trabajo permanente, y que es urgente erradicar las causas de la violencia y la discordia, como bien nos decía nuestro arzobispo en su primera carta pastoral.