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Un Grupo de Expertos Independientes para El Salvador ha concluido que, durante el Régimen de Excepción, autoridades estatales han cometido crímenes de lesa humanidad; y solicitan al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes denunciados y por tanto deduzca responsabilidades.

De la mano de Leticia, una activista por los migrantes de Louisiana, entramos al mundo del terror desatado por los operativos de ICE bajo el mandato de Trump: niños que quedaron solos, trailas vacías, gente que se duerme sin cenar, migrantes que se encierran en sus casas por más de dos meses, migrantes que eligen regresar a sus países antes de que los cacen y les quiten a sus hijos. Pero también redes de solidaridad entre ellos: chats colectivos donde quienes salen a patrullar informan si ICE anda cazando en la zona o si los migrantes pueden salir a trabajar. “Esto es terrorismo de Estado”, dice Leticia, líder de esta resistencia.

A cuatro años del régimen de excepción, el gobierno de Nayib Bukele responde a los señalamientos por abusos y posibles crímenes de lesa humanidad con un giro más duro en su política penal: la implementación de la cadena perpetua.

Las reformas, aprobadas sin discusión, no solo habilitan esta pena, sino que cambian reglas clave del sistema judicial: permiten juicios en ausencia, amplían la prisión preventiva hasta por dos años sin acusación formal y reorganizan tribunales sin explicar cómo operarán.

En este episodio también revisamos un estudio académico de académico de la Baruch College, la Universidad Pública de Nueva York, documenta un patrón: hombres salvadoreños deportados de Estados Unidos enfrentan un alto riesgo de detención al regresar al país. De 25 casos analizados, 19 hombres, muchos con tatuajes o antecedentes, permanecen encarcelados.

Un nuevo informe sobre consumo de medios, desinformación e inteligencia artificial en El Salvador, Guatemala y Honduras pone algo en el centro: la política es el principal motor de la desinformación en la región. Para entender cómo ha cambiado este fenómeno en el país desde 2019 hasta 2025, hablamos con Karla Ramos, docente e investigadora de la UCA.

En la Nota de Centroamérica, Gabriel Labrador reporta sobre sobre el nuevo acuerdo migratorio de Trump y Costa Rica

La oposición salvadoreña comienza a definir cómo llegará a las elecciones de 2027, en una contienda que también renovará la Asamblea Legislativa y las alcaldías, marcada por la ventaja del oficialismo y por cambios en la forma en que los partidos buscan a sus candidatos. Mientras ARENA y el FMLN ajustan sus mecanismos internos y abren sus procesos a nuevos perfiles, y Vamos decide no competir por la presidencia, el panorama electoral se configura bajo condiciones que, según algunos actores, complican la competencia. 

Esta semana la Asamblea Legislativa oficialista aprobó una reforma que permite la cadena perpetua para delitos como homicidio, violación y terrorismo, en un contexto atravesado por el régimen de excepción. Se cumplió un año de las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo, mejor conocido como CECOT.

En la Nota de Centroamérica hablamos sobre las nuevas evidencias que  vinculan a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, con una red de adopciones irregulares durante el conflicto armado. 

El Resumen es un podcast original de El Faro Audio. Este episodio fue editado por Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnionn. 

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Este episodio fue grabado el viernes 20 de marzo de 2026.

El Faro tuvo acceso a documentos que confirman que la actual Fiscal General de Guatemala firmó, a inicios de los años ochenta, al menos ocho adopciones irregulares. Este año, en el que busca su reelección, ya no aparece en su postulación una constancia de su tiempo como administradora del Hogar Elisa Martínez, puesto en el que las suscribió.

En El Salvador, hablar de crímenes de lesa humanidad solía remitir a la guerra civil: a las masacres, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos cometidos durante el conflicto armado. Tres décadas después, el término volvió a aparecer en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el régimen de excepción.

En el episodio abordamos que el Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS) anunció que donará 30 tipos de medicamentos a pacientes que no han recibido sus tratamientos debido al desabastecimiento en el Seguro Social. En nuestra edición de marzo también explicamos cómo el gobierno de Nayib Bukele sostiene el gasto público mediante un acelerado endeudamiento con organismos internacionales. Y en La Nota de Centroamérica analizamos el “Escudo de las Américas”, la nueva alianza militar impulsada por Donald Trump contra el narcotráfico, que genera dudas entre especialistas por la falta de marco legal y evidencia sobre su efectividad.

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Este episodio fue grabado el viernes 13 de marzo de 2026.

El discurso oficial vincula la seguridad de las mujeres al régimen de excepción, pero la violencia de género no se explica solo por la presencia de pandillas: está arraigada en relaciones de poder, en la dependencia económica, en la impunidad y en la falta de políticas públicas para proteger a las víctimas. El régimen de excepción no fue diseñado para enfrentar esas realidades. Y las cifras lo muestran: según ORMUSA, entre 2024 y 2025 la Fiscalía registró 50 denuncias diarias por violencia contra mujeres.

Frente a esta realidad, la Asamblea Legislativa tiene tres años sin aprobar nuevas leyes relacionadas con los derechos de las mujeres o la prevención de la violencia de género. Mientras que Ciudad Mujer, uno de los programas más visibles del Estado en esta área, ha enfrentado recortes en su presupuesto y cambios en su funcionamiento. 

Ninguno de estos hechos, por sí solo, anuncia el fin de estas políticas. Pero cuando se observan estos cambios aparece una pregunta inevitable: ¿qué ha pasado con la política pública dirigida a las mujeres en El Salvador?

Además, revisamos otras noticias de la semana: el informe de Cristosal sobre persecución política en El Salvador y la historia del empresario de transporte Catalino Miranda, quien pagó $35,000 a un narcotraficante que servía de intermediario con Centros Penales y así salir unos días de la cárcel. 

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Este episodio fue grabado el viernes 6 de marzo de 2026.

En los 7 años de gobierno de Nayib Bukele resurgió la persecución y la criminalización política contra voces disidentes en El Salvador, según un informe de la organización de derechos humanos. El documento describe un entramado de acciones judiciales y extrajudiciales que han provocado exilio, autocensura y en el peor de los casos muertes.

Los hermanos de Nayib Bukele, Karim y Yusef, compraron a través de su empresa Lagencia cuatro nuevas propiedades: tres en el Centro Histórico, incluido el edificio La Concordia, que sufrió daños en el incendio del 13 de febrero que dejó cinco muertos. Dos están en el circuito del Centro con exención fiscal y la cuarta en la colonia Escalón.

El vicepresidente de El Salvador Félix Ulloa emprendió una gira por Europa para propagar mentiras. Se instaló en Madrid durante varios días, con una intensa agenda de conferencias, entrevistas con medios españoles y reuniones con políticos de la derecha cada vez más a la derecha de ese país, para presentarles la ficción de El Salvador como el campeón de la democracia, los derechos humanos y el respeto a las instituciones.