En nuestra política, reconocer un error casi nunca se percibe como un acto moral, sino como un costo estratégico. El gobierno teme que admitir una falla abra la puerta a castigos electorales, ofensivas de la oposición e incluso una cobertura mediática negativa. A este escenario se suma el hecho de que cuando estalla una crisis, como no hay asignadas responsabilidades claras, nadie quiere cargar con el costo completo, que acaba transfiriéndose a Sheinbaum. Además, la administración parece estar convencida de que admitir un error proyecta debilidad, sobre todo en contextos polarizados. Sin embargo, la presidentalla socava su propia autoridad por estos sucesivos malos manejos de las crisis. Lo paradójico es que reconocer cierta responsabilidad puede ser políticamente menos costoso de lo que el gobierno cree.

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