El Tribunal de Cuentas alerta de graves carencias en la Guardia Civil para combatir el narcotráfico, como les contamos. 

Según su informe, el 83% de las embarcaciones del Servicio Marítimo ha superado su vida útil y más del 40% está fuera de servicio por averías. 

La flota aérea tampoco se salva: tan solo cuentan con 36 helicópteros y 3 aviones con una antigüedad media de 16 años, algunos de ellos con más de 40 en activo. Esto se traduce en vehículos con más de 300.000 kilómetros, patrulleras averiadas y helicópteros que deberían estar retirados. 

El armamento también está obsoleto: casi la mitad de los fusiles tiene más de 35 años.

La falta de inversión es un problema de seguridad evidente para los agentes. Para que se hagan una idea, el Ministerio del Interior destinó en 2024 sólo 263 millones a renovar medios, frente a los 459 millones de 2008, es decir: hace unos 20 años se invertía más del doble en seguridad y lucha contra el narcotráfico.. 

Las asociaciones reclaman un plan plurianual para renovar 2.000 vehículos al año y dotar de chalecos, munición y medios adecuados.

Gallardo negocia con Ferraz ser senador para que sea el Supremo quien le juzgue

Continúan las negociaciones en Extremadura tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, para configurar la composición de la Junta. Y en el PSOE, continúan las tensiones.

Según publica ABC, Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE en Extremadura, negocia con Ferraz ser designado senador autonómico tras su dimisión por el mal resultado electoral del 21-D. Esta petición se planteó en la reunión previa a su salida, donde también se acordó crear una gestora con perfiles afines.

La clave de convertirse en senador es crucial para Miguel Ángel Gallardo, que está imputado en una causa judicial.

Y es que de conseguirlo, el caso contra David Azagra (el hermano del presidente del Gobierno) pasaría del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al Tribunal Supremo, previa solicitud de suplicatorio al Senado. 

Esto retrasaría el juicio oral previsto inicialmente para febrero y permitiría al exalcalde seguir cobrando del erario público mientras se dilata aún más el proceso, en el que se pide su inhabilitación.