MiSindicato Radio

La Confederación Fenats Nacional definió la paralización de labores a nivel nacional para los días 13 y 14 de septiembre. Desde la organización de trabajadores de la salud acusan una serie de incumplimientos a los compromisos adoptados por el Ministerio de Salud (Minsal).

La semana pasada, la Fenats Nacional advirtió una falta de “diálogo formal con el nuevo subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, a pesar de los permanentes llamados que hemos realizado como organización”. Entre las demandas que se levantan desde la organización destacan el incentivo al retiro, asignación técnica, metas sanitarias y carrera funcionaria.

A lo anterior se suma el anuncio de despido de más del 60% de los funcionarios a honorarios que ingresaron al servicio durante la pandemia, por lo que se han conocido como “Honorarios Covid”.

Al respecto, la presidenta de Fenats Nacional, Karen Palma, señaló que “esta movilización es una acción de protesta por parte de las y los trabajadores de la salud que no vemos respuesta ni soluciones concretas del Gobierno a los problemas y a sus propios compromisos”.

582 mujeres dirigentas sindicales de 73 países pertenecientes a 202 sindicatos participaron en la 6ta Conferencia Mundial de UNI Mujeres de UNI Global Union realizada en Filadelfia, Estado Unidos, donde debatieron sobre Trabajo Decente en un mundo sostenible, violencia y acoso en lugares de trabajo, mujeres sindicalistas -entre otras temáticas- y eligieron a su nueva directiva a nivel mundial. Desde Chile viajó una delegación de mujeres sindicalistas de organizaciones afiliadas a UNI Américas, como Fenassap y Conatracops, entre otra.

Como parte de la delegación chilena, la Presidenta de Fenassap e integrante de Unidad por Trabajo Digno, Gloria Flores, señaló que han impulsado la igualdad salarial entre hombres y mujeres por igual trabajo, participación de los y las trabajadores en los directorios de las empresas por cuotas de género, reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados como fundamentales para la sostenibilidad de la vida y aporte a las cuentas nacionales, corresponsabilidad social y de género en la crianza de los hijos e hijas, conciliación de vida personal, familiar y laboral.

El presidente de la Federación Nacional de Sindicatos Unidos Walmart, Juan Álvarez, en entrevista a Radio Recabarren abordó el reciente proceso de incorporación a la CUT realizado el pasado 19 de junio, en el que por amplia mayoría las y los trabajadores decidieron adherir a la central. “Es súper importante ser parte de la CUT por lo que significa, dado que es la central más representativa de Chile, la central histórica que lleva los temas políticos, sindicales, los cambios, todo lo que queremos hacer como gremio, como sector”, dijo.

Asimismo, se refirió a los desafíos que se plantea el sector del comercio en materia de automatización y multifunción, afirmando que “los dos temas son complejos y lo abordamos con todas las organizaciones sindicales (…)”, señalando que en el caso de la multifuncionalidad “las cortes, inspecciones del Trabajo se han pronunciado sobre esta nueva forma de trabajo como el operador de tienda, ha salido a favor de los trabajadores, pero la compañía, pero la ley permite que la compañía pague las multas, ahora pagó 44 millones, lo que no es nada frente a las grandes recaudaciones. Es como sacarle un pelo a un buey”, remarcó.

En un comunicado, la agrupación que reúne a más de 100 mil trabajadores y trabajadoras, explica el riesgo de las enmiendas que se han presentado en el proceso constituyente, que buscan restringir derechos fundamentales ya adquiridos fruto de la lucha del movimiento sindical y social.

Frente a lo anterior, desde UTD declaran que continuarán trabajando en coordinación con la CUT y fortaleciendo redes con otras organizaciones de la sociedad civil, así como realizando acciones de movilización y comunicacionales para incidir a favor de la incorporación de las normas laborales propuestas por UTD en la propuesta de nueva constitución, quedando condicionada la posición de la agrupación sindical frente al plebiscito de salida a los resultados de este proceso.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, esta semana recibió las propuestas previsionales de la CUT encabezada por su directiva nacional.

La propuesta de la CUT incluye, entre otras medidas, que un 6% de cotización adicional por parte del empleador se destine a un pilar solidario, destinando un 4% a solidaridad intergeneracional y un 2% intrageneracional.

El presidente de la organización, David Acuña, indicó que “la CUT ha tenido como demanda histórica que las personas mayores tengan una vida digna libre de pobreza; es por eso que esta propuesta está enmarcada en la solidaridad”. Añadió que, por otro lado, “es fundamental que la PGU sea realmente universal, que no sea segmentada y con condicionantes”.

Por otro lado, la ministra Jara anunció una nueva sesión de la Mesa Técnica por la reforma de pensiones, instancia que reúne a expertos designados por los partidos políticos. La ministra señaló que la cita se concentrará en la evaluación de la propuesta de seguro de longevidad, mecanismo planteado en la instancia por representantes de partidos.

Esta semana la Comisión de Trabajo despachó a la sala el nuevo informe del proyecto que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de violencia en el trabajo. La propuesta también establece que las relaciones deberán hacerse siempre desde un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de las personas y con un enfoque inclusivo e integrado con perspectiva de género. Hay que recordar que el proyecto nombrado Ley Karin se presenta a raíz del suicidio de Karin Salgado en el 2019, una TENS que fue víctima de acoso laboral y violencia en su espacio de trabajo. 

Al respecto la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, comentó “Queremos agradecer la votación unánime de la Comisión Trabajo y Previsión Social, que lo que hace es avanzar poniéndonos al día en materia de acoso laboral a nuestra legislación, con el convenio 190 de la OIT sobre eliminación de la violencia y el acoso en el mundo laboral. La ley y la política hoy día se han puesto al servicio de un derecho fundamental de las personas, que es poder trabajar en un espacio libre de violencia”.

106 empresas del rubro energético están solicitando al Gobierno prohibir la huelga en sus instalaciones, buscando para ello ser calificadas como “servicios esenciales”. La decisión se basa en el artículo 362 del actual Código del Trabajo, el cual, por mandato de la Constitución de 1980, permite que ciertas empresas sean calificadas como servicios esenciales, restringiendo así el ejercicio esencial de la huelga de sus trabajadores.

Frente a esta situación, el Sindicato N°1 de Metrogas S.A., el Sindicato de Trabajadores Electrogas y el Sindicato Regional Interempresas de Trabajadores y Trabajadoras de Enel Generación Chile S.A, presentaron esta semana una carta defendiendo su derecho a huelga, dirigida a los ministros de Trabajo, Economía y Defensa, organismos encargados de realizar la calificación y decidir sobre el derecho a huelga de estos trabajadores y trabajadoras.

Los argumentos entregados en la carta, que cuenta con el apoyo jurídico de la Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores, apuntan a la inconstitucionalidad del artículo 362 y a su contravención de los tratados internacionales firmados por Chile, además de la existencia de otras instituciones en el Código del Trabajo, como los servicios mínimos, que permiten conjugar el respeto por el derecho huelga junto con la protección de otros intereses de la comunidad.

La ministra del trabajo Jeannette Jara abordó el incremento en los despidos por necesidad de la empresa, esto ya que en el informe de la dirección del trabajo se notificó que entre enero y junio los despidos por este motivo alcanzaron 229.589, el mayor nivel desde el 2020. Pese a que desde la entidad afirman que este reporte no debe ser considerado como cifra de desempleo los despidos van al alza ya que los datos que informó el instituto nacional de estadísticas dieron cuenta que en abril y mayo las personas cesantes subieron 18,3% y 15% anual. 

Al respecto la secretaria de estado contextualizó que hemos vivido un proceso de ajuste en la economía donde se ha ido enfriando a fin de también obtener una menor inflación, por eso jara sostuvo que en estos efectos que se han producido hay un alza en materia de despido por necesidades de la empresa que durante lo que va transcurrido del año ha tenido una lógica descendente. 

Una Constitución Política para las y los Trabajadores de Chile. Ese es el nombre de las dos iniciativas populares de norma (IPN) elaboradas por la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT Chile) y que alcanzaron – e incluso superaron – los 10 mil apoyos que necesitaban para ser discutidas en el Consejo Constitucional.

Y aunque fueron presentadas más de 1.300 iniciativas populares de norma, solo 31 alcanzaron el mínimo de firmas requeridas para ser discutidas y consideradas dentro del borrador de la propuesta constitucional. Entre ellas, por supuesto, las iniciativas de la Central.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad, en general y en particular, el proyecto de ley del Gobierno que fortalece los beneficios del Seguro de Cesantía y flexibiliza los requisitos de acceso a este instrumento de la seguridad social. El proyecto fue Originado en el acuerdo que alcanzó el Gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) el año pasado, en el marco de la negociación por el alza del salario mínimo.

El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo propone robustecer los beneficios que entrega el Seguro de Cesantía. En primer lugar, se plantea incrementar las tasas de reemplazo de las prestaciones con cargo a la Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Al mismo tiempo, la iniciativa formula incrementar las tasas de reemplazo y los límites mínimos y máximos de las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS).

La ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, destacó los aspectos de intermediación laboral contenidos en el proyecto, el que fortalece el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) otorgándole la administración y fiscalización de los programas financiados por el Fondo de Cesantía Solidario.