La consulta popular que valdría más de 240,000 millones de pesos no es una medida anticonstitucional, pero tampoco sirve para aprobar textos normativos sino para responder preguntas puntuales. Muchas voces de la política nacional han indicado que podría tener el efecto de intensificar la polarización y la ruptura en vez de lograr un acuerdo. Para Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista y fundador de Dejusticia, el gobierno debería concentrarse en sacar adelante su proyecto de cambio en lo que queda de su año y medio de mandato, en vez de embarcarse en la costosa e incierta ruta de la consulta.

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